¿Por qué el pueblo ganó a los golpistas bolivianos?

(Álvaro García Linera, 2019).

 Los golpes de Estado no son nada nuevo en América Latina y representan una realidad latente en el transcurso de toda la historia republicana del continente. Siempre han sido sangrientos, y los gobiernos instalados de esta manera permanecían en el poder durante muchos años.

Por eso el rápido final del último golpe de Estado en Bolivia, que duró apenas 11 meses, sorprendió y dejó atónitos a todos los analistas del mundo que pronosticaban una vida larga al nuevo Gobierno de facto en el país instalado con el auspicio de Washington. 

El golpe militar en Brasil duró 21 años, en Chile 17 años, en Uruguay 12 años, en Argentina 7 años y el Gobierno de Banzer en Bolivia 7 años.

Entonces, ¿qué es lo que pasó realmente para que el Gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez tuviera que ceder el poder al Movimiento Al Socialismo (MAS) a través de las elecciones que los golpistas trataron de posponer tres veces y finalmente tuvieron que retirarse después de un rotundo triunfo del partido azul (MAS) en la contienda presidencial?

Para tratar de descifrar el fracaso rápido de la derecha boliviana, que llegó al poder por medio de un golpe de Estado, habría que recalcar que la élite boliviana apenas obtuvo el poder que se olvidó enseguida de su consigna de "recuperar la democracia de la dictadura masista". En vez de la tal democracia los golpistas impusieron una dictadura real en pro de las clases medias urbanas tradicionales, burguesas y de las élites económicas 'blancas' excluyendo a los indígenas rurales y las clases populares urbanas que son la inmensa mayoría. 

Se produjo enseguida un intento de retroceso de Bolivia al período anterior a Evo Morales que el estudioso boliviano René Zavaleta Mercado (1937-1984) definió como prevalencia de la sociedad abigarrada caracterizada por la yuxtaposición en relaciones asimétricas de poder entre distintas culturas que producía "un desfase entre el Estado y la sociedad civil, una reducción histórica oligárquica, ciega señorial y ajena a las cualidades sociales reales de la sociedad boliviana marcadamente indígena".

Por supuesto, la mayoría de los ciudadanos bolivianos no estaba lista para aceptar el retroceso drástico en todas las conquistas populares alcanzadas durante casi 14 años bajo el liderazgo de Evo Morales. En solo 11 meses el Gobierno de facto destruyó los adelantos económicos y eliminó los programas sociales del Gobierno del MAS y dejó la economía, según el nuevo presidente de Bolivia, Luis Arce, "con cifras que no se veían ni en una de las peores crisis en la década de los ochenta del siglo pasado. Han aumentado el desempleo, la pobreza y las desigualdades".

A la vez, la fuerte represión desatada tras el golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019 contra el legítimo presidente Evo Morales por la Policía y fuerzas militares que se solidarizaron con la extrema derecha persiguiendo a los militantes del MAS y a los miles de manifestantes que protestaban, provocó un rechazo y repudio de la mayoría de los bolivianos. 

Todo lo relacionado con el concepto de un Estado plurinacional fue rechazado por el Gobierno de facto, calificando Jeanine Áñez a los masistas de "indios y bestias salvajes". Los grupos paramilitares haciendo gala de su impunidad se encargaron de hostigar no solamente a los exdirigentes y militantes del MAS, sino a cualquier persona que expresaba su simpatía a este partido.

No hay que olvidar que el primer anuncio de Jeanine Áñez al entrar al Palacio Quemado fue: "Gracias a Dios, ha permitido que la Biblia vuelva a entrar al palacio presidencial. Que él nos bendiga y nos ilumine".

Precisamente usando esta iluminación y bendición el Gobierno firmó el Decreto Supremo 4078 bajo el cual las fuerzas militares y policiales desataron una masacre de bolivianos en noviembre de 2019 que protestaban contra este Gobierno ilegítimo en Sencata (El Alto), Sacaba (Cochabamba) y Yapacani (Santa Cruz) segando la vida de los 37 ciudadanos del país y dejando heridos. Desde aquel trágico noviembre el Gobierno adoptó una política de violación sistemática de los derechos humanos de su pueblo y la persecución judicial de sus opositores políticos acusándolos sin ninguna prueba de actividades terroristas. 

Uno de los casos de la impiedad de la dictadura del Gobierno de facto que recibió la cobertura internacional fue cuando una turba el día 6 de noviembre de 2019 detuvo a la alcaldesa del poblado de Vinto de Cochabamba, Patricia Arce, y después los exaltados miembros de grupos paramilitares la golpearon, le cortaron el cabello, le pintaron la cara de rojo y la obligaron a caminar descalza, escupiéndole y vejándola durante horas. 

Por supuesto, estas aberraciones del poder produjeron el rechazo inclusive de los sectores de la clase media, que dieron la bienvenida al golpe de Estado promovido por la cúpula de la Iglesia católica y la evangélica boliviana, la élite nacional, los partidos de la oposición, la embajada de Brasilia, la Fundación Jubilee y en especial, por Washington, que tuvo un apoyo incondicional en esta tarea de Bruselas.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, "tuvo una responsabilidad mayúscula en la caída de Evo Morales que él admite sin ruborizarse y hasta se enorgullece de haber contribuido a los cambios de régimen en Bolivia".

EEUU estaba interesado en una de las reservas más grandes del planeta de litio que poseía Bolivia, de unos 21 millones de toneladas certificadas, y estaba preocupado por el anuncio de Evo Morales al comienzo de 2019 sobre la pronta firma de un contrato entre Bolivia y China (Xinjiang TBEA Group Baocheng) para la extracción de este mineral y la producción de baterías y otros productos utilizando litio y dejando el 51% de las acciones para Bolivia y el 49% para China. La inversión inicial era de 2.300 millones de dólares. Washington no podía permitir que China lo adelantase en este negocio, e instigó un golpe de Estado presionando a los militares bolivianos.

Como declaró el congresista republicano estadounidense Richard Black en junio de 2020, "hubo preocupación de nuestra parte de que los chinos podrían comenzar a ejercer influencia dentro de Bolivia y que de alguna manera podría haber hecho más difícil que EEUU obtenga litio en Bolivia". Elon Musk, el magnate multimillonario (el quinto hombre en el mundo con más de 100.000 millones de dólares), emprendedor sudafricano nacionalizado canadiense y estadounidense y dueño de fábricas de carros eléctricos, fue más directo al declarar sobre el golpe de Estado en Bolivia que "daremos un golpe de Estado a quien queramos. Y que lo tomen como un hecho, así no más".

Mucho antes de la preparación del contrato con los chinos, el Gobierno de Evo Morales había firmado un contrato con la empresa alemana ACI Systems con el fin de instalar una planta de materiales catódicos y baterías de ion litio destinados al mercado europeo, dejando prácticamente fuera a EEUU del proyecto de industrialización de litio boliviano. El primero de octubre del año pasado, Evo Morales sorprendió al mundo entero al presentar el primer carro eléctrico producido en Bolivia por la empresa nacional Industrias Quontum Motors, que funcionaba con baterías de litio procedente del salar Uyuni Potosí. 

No es de extrañar que el Gobierno de facto de Jeanine Áñez se deshiciese del contrato con ACI Systems y se quedasen en nada las conversaciones con la empresa china Xinjiang TBEA.

También el Gobierno cerró la planta de urea y amoniaco en Bulo-Bulo, Cochabamba, inaugurada en 2017 que también producía oxígeno, tan necesario en estos tiempos de pandemia, ocasionando una pérdida de 120 millones de dólares. El proyecto entre Bolivia y Rosatom de Rusia de construcción de un centro de investigación nuclear en la ciudad El Alto ubicado a casi 4.100 metros de altura firmado en 2017 fue también paralizado.

No obstante, al día siguiente de la partida de Evo Morales al exilio en México el 12 de noviembre de 2019, el Gobierno de facto, según la publicación Global Research, saqueó el Banco Central su oro y grandes cantidades de dólares y, se supone, los envió a EEUU para comprar armas para reprimir a su pueblo.

Ya en los primeros días de su Gobierno Jeanine Áñez se empeñó en restablecer relaciones diplomáticas con EEUU e Israel, y solicitó al departamento de Estado norteamericano el retorno de la Usaid y de la DEA a suelo boliviano. En marzo pasado los expertos de inteligencia de América del Sur y de EEUU se dieron cita en La Paz para el Primer Congreso Internacional de Agencias de Seguridad de América para proteger el continente del crimen organizado y el terrorismo.

Los golpistas esperaban ayuda inmediata norteamericana tanto financiera como moral y técnica, pero sus deseos no se cumplieron porque EEUU estaba enfrascado en su lucha electoral y en su revolución de colores. Simplemente Washington no tenía tiempo para prestar una atención detallada a Bolivia. Lo mismo pasó con Bruselas, sumergida en su lucha contra la pandemia y la crisis económica. De esta forma el Gobierno de facto se quedó desprotegido y prácticamente abandonado por los grandes y poderosos de este planeta.

Esperaban privatizar todo lo que pudieran y entregar los recursos naturales, pero en las condiciones de una severa crisis económica mundial no pudieron hacerlo. Lo único que les quedaba era robar el dinero público y aprovecharse de la pandemia para hacer un negocio redondo con respiradores y con todos los utensilios médicos que se necesitaban para combatir el COVID-19 que estaba azotando al país. Actualmente hay 43 procesos judiciales por robo del dinero relacionado con la salud de la población. 

Después del golpe, Áñez y su Gobierno no supieron gestionar el Estado, no tenían un plan de Gobierno y la única idea que los iluminaba era imponer el neoliberalismo en Bolivia sin saber claramente cómo hacerlo. Así el país entró en una crisis interna caracterizada por el desgobierno. En nueve meses de administración de la presidenta interina se registraron 13 cambios de ministros por renuncia, destitución y sustitución de estas autoridades. También Jeanine Áñez determinó la eliminación de tres ministerios: el de Cultura, el de Comunicación y el de Deportes. Después de los primeros tres meses de gestión de los golpistas, se inició una destrucción económica del país, sumergido en una severa crisis económica agravada por la pandemia.

El PIB, que en 2019 alcanzó los 40.000 millones de dólares, cayó un 11% tras 11 meses de Gobierno de facto. La deuda externa aumentó en 1.500 millones de dólares y las reservas internacionales bajaron de 8.900 millones a 6.800 millones de dólares. La informalidad está rondando el 80% de la Población Económicamente Activa (PEA) y el desempleo aumentó del 4% al 30%. Ello se tradujo en dos millones de nuevos pobres, y la clase media tanto tradicional como nueva entró en una etapa de empobrecimiento.

Todo esto provocó el renacimiento de la lucha popular que se había replegado durante los primeros meses del golpe y la represión. Finalmente se logró tomar las calles y obligar al Gobierno de facto a convocar elecciones para el 18 de octubre pasado. El candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) renovado, el economista Luis Arce, y su compañero de fórmula David Choquehuanca ganaron la Presidencia y vicepresidencia de Bolivia con el 55,1% de los votos. Ahora les toca reconstruir un país saqueado.

En su discurso de inauguración del nuevo Gobierno, Luis Arce, quien fue el autor y el ejecutor del programa económico de desarrollo de Bolivia en el Gobierno de Evo Morales desde 2006, declaró que "venceremos a la pandemia y a la crisis económica, como lo hicimos antes (...) Gobernaremos con responsabilidad e inclusión (...) Nos comprometemos a rectificar lo que estuvo mal y profundizar lo que estuvo bien".

Así se cumplió en Bolivia el mensaje de la canción de Piero: Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó.

Sputnik