¿Por qué no han intervenido en Venezuela?

La cuestión Venezuela ha ingresado en una zona de tensión donde los filos de las palabras son el terreno público de los desacuerdos que existen tras las puertas. En términos sintetizados: intervención si o no, qué tipo de acción, quiénes a la cabeza.

Las condiciones están en construcción permanente desde hace años. Funciona al igual que el ataque sobre la economía: cada más fuerza, volumen, actores. El epicentro de la matriz se ha centrado en la crisis humanitaria/éxodo/violación de derechos humanos. La multiplicación y posicionamiento diario de este imaginario se ha hecho a través de grandes medios de comunicación, presidentes y diversos funcionarios de gobiernos de derecha, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales.

Apuntan y disparan de manera coordinada palabras claves, acompañadas de imágenes, relatos. Se trata de convencer que Venezuela es una dictadura que se niega a recibir ayuda humanitaria y crea pobreza como parte de su plan de control político. Esa construcción tiene tiempo y estamos en una nueva etapa: el post 20 de mayo, fecha a partir de la cual el abanico de gobiernos articulado contra Venezuela no reconoce al presidente como legítimo.

El objetivo es generar el punto de apoyo que justifique nuevas acciones en los pasillos donde se toman decisiones y en la opinión pública. Ataques sobre la economía, de manera a presionar con un bloqueo creciente, y sobre lo internacional, como el intento, por ejemplo, de llevar a Nicolás Maduro a la Corte Penal Internacional, una acción que los cancilleres de Argentina, Perú, Chile, Colombia y Paraguay buscarán activar desde la asamblea general de Naciones Unidas. Es parte del plan, lo esperable, los velos caídos. Para algunos no es suficiente: si esto es una dictadura entonces se debe recurrir a otras vías. Allí los consensos que no alcanzan, las disputas sobre objetivos y métodos.

La frontera entre Colombia y Venezuela a la altura de Cúcuta se ha vuelto epicentro de actuaciones y anuncios. Desde ahí el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, afirmó que no se debía descartar ninguna opción contra Venezuela, incluyendo la “intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro”. Ante esa afirmación el Grupo de Lima, que agrupa los países del continente que encabezan las acciones contra Venezuela, manifestó su “rechazo ante cualquier curso de acción o declaración que implique una intervención militar o el ejercicio de la violencia, la amenaza o el uso de la fuerza en Venezuela”.

El mismo Almagro afirmó luego que sus palabras habían sido malinterpretadas, que su mensaje era “integralmente de no violencia”. Cruzó una línea que no tiene consenso. La misma tensión había ocurrido el año pasado cuando luego del anuncio de Donald Trump de no descartar una intervención militar contra Venezuela, varios presidentes del continente, como el entonces mandatario de Colombia, Juan Manuel Santos, tuvieron que despegarse públicamente de esa posibilidad.

Es justamente en Colombia donde esa situación quedó expuesta. El gobierno no firmó el mencionado comunicado del Grupo de Lima, luego el embajador de Colombia ante los EEUU afirmó que, refiriéndose a Venezuela, “todas las opciones deben ser consideradas”, y el presidente Iván Duque declaró: “Me reafirmo: esto no es un espíritu belicista”, en una continuidad de su declaración anterior, donde había dio no ser “patrocinador de intervenciones militar”. Líneas cruzadas, dichos y desmentidas, una evidencia de falta de consenso público, y, sobre todo, de acuerdo interno.

Ese escenario debe rastrearse hasta su punto decisorio: los EEUU. Es allí donde tomó luz pública las divisiones respecto a las vías a seguir contra Venezuela. El periódico New York Time (NYT) quien destapó/señaló a la administración de Trump de estar reunida con sectores golpistas, y luego, en una editorial, se posicionó en contra de una intervención armada contra Venezuela. No solamente quedó expuesta el plan intervencionista de un sector del gobierno de Trump, sino también las disputas internas, y con demócratas.

Los artículos del NYT se dieron luego de un alzamiento verbal pro-intervencionista, encarnado entre otros por el senador norteamericano Marco Rubio, y a poco de las elecciones legislativas y de gobernadores del mes de noviembre. La posición del NYT expresó la mirada del sector que sostiene que las acciones contra Venezuela -que también califican de dictadura- deben centrarse en lo económico, diplomático, en el plan de colapso.

La hipótesis de la intervención militar se debilita sin acuerdo en los EEUU ni en Colombia. Su implementación no depende de la derecha venezolana que atraviesa un momento de debilidad profunda, y que, según el mismo artículo del NYT es poco confiable -en referencia a quienes conversaban con el gobierno de Trump para lograr el asalto-. La oposición sabe que depende del frente internacional, pero no tiene acuerdo interno acerca del camino a seguir, como lo expresó J.J Rendón en una reciente entrevista, donde afirmó que la única posibilidad de derrocar al gobierno de Maduro es a través de una intervención -según él sería quirúrgica, limpia, veloz.

La realidad no sería esa, y abrir un escenario de intervención trae aparejada varias preguntas. En primer lugar, la conveniencia en la misma lógica del conflicto: un cuadro de caotización prolongado favorece a la estrategia de mediano plazo en la lógica de reconfiguración de territorios y sujetos, y a quienes se enriquecen con el contrabando de extracción, o con el negocio de la crisis humanitaria. El embajador de EEUU en Colombia, Kevin Whitaker, afirmó que el director de la Usaid -Agencia para el Desarrollo Internacional de EEUU, dependiente del Departamento de Estado- firmó un memorando para llegar a un total de 60 millones de dólares a Colombia para hacer frente a la inmigración venezolana. Esa es solamente una de las fuentes de financiamiento.

Almagro subrayó desde Cúcuta la necesidad de “captar recursos adicionales, nuevos, que significan un aporte financiero a este proceso, este proceso requiere muchísimos recursos”, y el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, pidió ante la ONU “un fondo humanitario de emergencia para fortalecer la capacidad presupuestal”.

Cada acción presentada como bienintencionada es dinero, como los más de tres mil dólares iniciales pagados a cada médico integrante de los Cascos Blancos enviados desde Argentina a Cúcuta, financiados por el gobierno argentino, operado a través de un seguro de salud privado -la carpa de Cascos está actualmente cerrada, según informaciones en el terreno, debido a que el gobierno colombiano no puso los insumos y el dinero para las derivaciones al hospital de primer nivel.

En segundo lugar, la pregunta es cuál sería la vía para esa acción de fuerza que buscaría un desenlace. La hipótesis más probable es que el territorio a través del cuál detonaría sería Colombia. Whitaker, ante la pregunta de si EEUU apoyaron a Colombia ante una “agresión militar venezolana” respondió que el presidente Duque y el secretario de Defensa de los EEUU, James Mattis, discutieron el tema recientemente, y que “Colombia puede contar con nosotros”. En esa línea de construcción de escenario se enmarcan las recientes denuncias del gobierno colombiano acerca de la supuesta incursión -negada por Venezuela- de veinte miembros de la Guardia Nacional Bolivariana en Colombia.

Crear condiciones, traspasar consensos y dar marcha atrás, habituar a imaginarios de frontera y enfrentamientos, esa dinámica está instalada, acelerada, es pública con una evidencia frontal. Los sectores que planifican acciones como las del magnicidio frustrado continúan sus planes, y un nuevo episodio de esas características no debe sorprender. Una resolución a favor de una intervención conducida abiertamente a través de Colombia, manejada por los EEUU, acordada en ambos frentes internos, parece en cambio más lejana. ¿Es necesaria una acción de esa naturaleza de resolución incierta y alto costo político? Los métodos para la fuerza seguramente serán por otros caminos, las formas de la guerra mutan.

teleSUR