Israel también libra una guerra económica contra los palestinos

[Foto: El ministro de Finanzas Bezalel Smotrich y el primer ministro Netanyahu asisten a la reunión semanal del gabinete en el Ministerio de Defensa en Tel Aviv.]

Desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel comenzó su asalto a Gaza en respuesta al ataque sorpresa de Hamás, los periódicos de todo el mundo se centraron, con razón, en los crímenes del primer ministro Benjamin Netanyahu en Gaza. Sin embargo, se le prestó relativamente poca atención a sus abusos de poder en Cisjordania, donde a cientos de miles de trabajadores palestinos se les niega el salario, además de sus libertades civiles y otros componentes de una existencia digna. Al igual que la brutal campaña de Netanyahu en el extranjero, actualmente investigada como genocidio por la Corte Penal Internacional, la negación por parte de Israel a reconocer estas políticas de privación de sus derechos contra cientos de miles de palestinos también atrajo la atención jurídica internacional.

El 27 de septiembre de 2024, las federaciones sindicales internacionales presentaron una queja contra Israel ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), uno de los reguladores internacionales más antiguos, basado en la colaboración tripartita entre el trabajo, el capital y los régimens. En su queja, los sindicatos sostienen que desde el 7 de octubre del año pasado el régimen israelí privó de sus derechos a la subsistencia y a una existencia digna a millones de palestinos que habían estado empleados en Israel durante años, hasta el inicio de la nueva ofensiva.

El debate sobre el caso, que se celebrará en un tribunal tripartito en una fecha aún por determinar, examinará las violaciones por parte de Israel de los convenios internacionales que suscribió, principalmente el que garantiza el derecho a un salario básico. En su solicitud, los sindicatos argumentan que los trabajadores palestinos, que llevan sin trabajar desde el 7 de octubre de 2023, siguen estando empleados de hecho y, por tanto, tienen derecho a sus salarios y, en consecuencia, a acceder a su trabajo. Aunque la OIT carece de autoridad para imponer sanciones, ese debate afectará a la posición de Israel en el mundo desarrollado. Mientras tanto, en territorio israelí reina un silencio ensordecedor sobre el asunto.

La responsabilidad de Israel sobre los medios de subsistencia de los palestinos se deriva de su control militar de los territorios, tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza. Durante décadas, la política de Israel garantizó la dependencia de los palestinos del mercado laboral israelí, al tiempo que impedía deliberada y sistemáticamente el desarrollo y la independencia de la economía palestina. Desde restricciones draconianas a la circulación de bienes y personas hasta el bloqueo del desarrollo de zonas industriales, estas políticas hicieron que el trabajo en Israel sea la alternativa más lucrativa y, por tanto, la preferida por muchos palestinos.

Esta situación hace que la decisión de impedirle a los palestinos trabajar en Israel, en empleos de los que no fueron despedidos, o la negativa a pagar los aportes correspondientes para una pensión o las indemnizaciones por despido, constituyan una violación flagrante de los convenios internacionales, principalmente el Convenio sobre la Protección del Salario de 1949. La duración de la guerra en curso y la falta de voluntad del régimen israelí para acordar un alto el fuego, tuvieron como consecuencia la prolongación de las penurias de muchos palestinos que no se ven directamente afectados por la violencia en Gaza.

Los hechos en los que se basa el procedimiento judicial son graves: desde el 7 de octubre del año pasado, el régimen israelí le impidió la entrada a Israel a más de 150.000 trabajadores palestinos, principalmente provenientes de Cisjordania (pero también de la Franja de Gaza) que antes de la ofensiva tenían empleos en territorio israelí. Con esta acción, el régimen está creando pobreza y angustia para cientos de miles de trabajadores hoy desempleados, así como para sus familias. En general, se trata de los trabajadores más ricos de los territorios de la Autoridad Palestina, que hasta el 7 de octubre ganaban salarios relativamente altos en Israel.

Su exclusión del mercado laboral israelí perjudica no sólo a sus familias sino a la economía palestina de conjunto, que depende de la mano de obra de los palestinos que trabajan en Israel desde 1967. Desde la creación de la Autoridad Palestina, los salarios de los trabajadores palestinos empleados en Israel es una de sus principales fuentes de ingreso, representando alrededor del 20% de los ingresos fiscales totales.

Muchos funcionarios del régimen (como el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich o el ministro de Policía Itamar Ben-Gvir, ambos de partidos de colonos de extrema derecha) se enorgullecen de esta política de exclusión y prevención y se comprometen públicamente a continuarla. Al mismo tiempo, los datos indican que esta política ya provocó un aumento vertiginoso de las tasas de desempleo en Cisjordania, un fuerte deterioro de los ingresos y un agravamiento de la penuria material y la pobreza. Frente a la espeluznante situación de hambre y pobreza en Gaza, estos duros datos palidecen. Sin embargo, la combinación de guerra y exclusión económica tiene el efecto de empobrecer y matar de hambre simultáneamente a los palestinos de Gaza y Cisjordania.

Esta política no tiene ningún fundamento económico o de seguridad. El establishment financiero y de seguridad --desde el Banco de Israel y altos funcionarios de los servicios militares y secretos hasta grupos de reflexión relacionados con la seguridad (como el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional)-- vienen planteando desde los días posteriores al 7 de octubre que se debe permitir a los trabajadores palestinos entrar en Israel para cumplir con sus labores. Así lo reiteró recientemente el ministro del Interior (Moshe Arbel, del partido ultraortodoxo Shas). Permitir que los palestinos trabajen en Israel, argumentan, reduciría la angustia material en los territorios ocupados y evitaría el consiguiente malestar social y los riesgos en materia de seguridad.

Los empresarios de sectores como los de la construcción, la industria, la enfermería y el turismo también necesitan desesperadamente de trabajadores y hoy pasan dificultades sin mano de obra palestina disponible (barata y poco protegida). Los intentos del régimen de sustituir esa fuerza laboral con trabajadores inmigrantes, hasta el momento sólo tuvo un éxito parcial. De los continuos llamamientos de los empresarios para que vuelvan los trabajadores palestinos se desprende que éste es otro frente en el que el tenaz compromiso del régimen con la guerra está creando una crisis generalizada a nivel nacional.

Desde un punto de vista puramente económico, las acciones de Netanyahu son irracionales. Sin embargo, la lógica que motiva al primer ministro y a los de su calaña es algo más complicada y no puede entenderse en términos estrictamente económicos o de seguridad. Netanyahu, junto con sus fanáticos socios políticos de derecha --Smotrich y Ben-Gvir son sólo dos de ellos-- está motivado por el deseo de destruir a la sociedad palestina, de desmantelar la Autoridad Palestina y de expandir los asentamientos judíos, utilizando la opresión económica y política de los palestinos para estos fines.

Por ello, el régimen israelí socava la coordinación con la Autoridad Palestina en materia de seguridad y, mientras impide a los palestinos entrar en Israel, habilita el empleo de miles de palestinos en los asentamientos. Esta política deja al descubierto la verdadera cara del régimen: ni seguridad, ni economía, sino una ideología de desposesión y destrucción.

Los reclamos legales en la OIT exponen no sólo el enorme daño económico que implican estas políticas sino principalmente la existencia de un crimen moral que contradice los valores en los que se basó la economía global desde la Segunda Guerra Mundial. Este crimen contrasta fuertemente con las convenciones internacionales a las que Israel se comprometió voluntariamente durante décadas, convenciones que conforman las leyes laborales básicas y la legislación laboral en la misma Israel.

* Assaf S. Bondy es profesor en la Bristol Business School de la Universidad de Bristol, Inglaterra.
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