Jujuy: el modelo buitre

En Jujuy, como recomendaba el embajador Marc Stanley, gobierna una alianza de los dos grandes partidos. El litio se explota con concesiones escandalosas y se envía a EEUU. También en Jujuy se muestra la total subordinación de la justicia al proyecto extractivista-colonial y la apropiación por parte de las multinacionales de las tierra de las comunidades originarias. En Jujuy el estado provincial paga los sueldos estatales más bajos del país y la precarización de la vida afecta al conjunto de la población. Esta realidad explosiva se ha sostenido hasta el momento con un feroz corset represivo donde se asocian fuerzas estatales con empresas privadas.

Gerardo Morales llegó al gobierno de Jujuy en 2015 con el sello Cambia Jujuy (derecha) donde participaba el Partido Radical, Fuerza Republicana y el Frente Renovador. Su vicegobernador fue Carlos Haquim del Frente Renovador, liderado por Sergio Massa (peronista). La misma fórmula y la misma alianza ganó las elecciones de 2019. En las últimas elecciones provinciales, Morales y Haquim no pudieron presentarse para un tercer mandato, porque la ley lo impedía. Haquim fue elegido diputado nacional por Cambia Jujuy y Morales se anotó como candidato a Presidente.

La vinculación con el massismo, no ha sido el único vinculo de Morales con el peronismo. Más allá de algunos chispazos ocasionales, ha tejido una amable convivencia con el Partido justicialista liderado por el presidente del bloque de diputados, Rubén Armando Rivarola, y por Guillermo Raúl Jenefes, que encabeza el bloque de convencionales. Con solo dos deserciones, el Partido Justicialista apoyó la nueva Reforma Constitucional.

En abril de este año el presidente de Chile anunció la nacionalización del litio en su país. Este proyecto propone un control estatal sobre las empresas público-privadas que se encargan de explotar y comercializar este mineral. Esta tímida reforma, se encontró con críticas de las empresas multinacionales que se sintieron afectadas, y que propusieron a la Argentina como ejemplo del “modelo de negocios”.

Algunos analistas que actúan como voceros de las multinacionales extranjeras, advirtieron que si el gobierno de Chile seguía insistiendo con esas medidas “estatistas”, todas las inversiones se irían para la Argentina, un país que le daba a las empresas más ventajas y ponía menos controles.

Nuestro país es en la actualidad el cuarto productor mundial de litio (LCE), detrás de Australia, Chile y China. Tiene solamente dos proyectos en operación comercial: Salar de Olaroz, en Jujuy, de la empresa australiana Allkem (fusión de Galaxy Resources y Orocobre), que comenzó a operar en 2015, y Fénix en Catamarca, de la estadounidense Livent. Pero hay otros proyectos en desarrollo, 15 están en exploración inicial, ocho en exploración avanzada y seis en construcción.

Gracias al pacto Menem-Alfonsin, la constitución de 1994 otorgó a las provincias el derecho de negociar directamente con las multinacionales las concesiones para explotar los bienes naturales. O mejor dicho, facilitó a las multinacionales la posibilidad de chantaje, porque reemplazó en la mesa de negociación al Estado nacional por estados provinciales empobrecidos, en la mesa donde se discuten contratos y concesiones.

La Jefa del Comando Sur, la estadounidense Laura Richardson, en su última visita a la Argentina, no anduvo con rodeos: “¿Por qué es importante esta región? Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras poco comunes, tienes el triángulo del litio, que hoy en día es necesario para la tecnología. El 60 % del litio del mundo está en el triángulo de litio: Argentina, Bolivia, Chile… Tenemos 31 % del agua dulce del mundo en esta región… Con ese inventario, a EEUU le queda mucho por hacer, esta región importa, ya que tiene mucho que ver con nuestra seguridad nacional y tenemos que empezar nuestro juego”.

Frente a estas advertencias el gobierno nacional no hizo lo mínimo que se le podía exigir a un gobierno que se presenta como “nacional y popular”, que era asignar al litio el carácter de recurso estratégico, dando pie a la intervención del Estado nacional. La consecuencia es que Argentina es el país en el mundo donde el litio se saquea en forma más descarada. Para agravar esa situación, la reforma de Morales da herramientas jurídicas y represivas para remover el último obstáculo al saqueo desenfrenado, que es la resistencia de las comunidades originarias.

Ni bien asumió Morales su primer mandato, amplió el número de miembros del Supremo Tribunal Provincial de 5 a 9 miembros. Tres de los que fueron nombrados eran notorios abogados y políticos radicales (derecha): Beatriz Altamirano, Pablo Baca y Federico Otaola. El último de los mencionados fue precandidato a gobernador por el radicalismo. En junio de este año renunciaron en el Alto Tribunal las juezas Clara De Langhe de Falcone, Beatriz Altamirano y el juez Sergio González. El gobierno propuso para reemplazarlos a dos abogados con conocida militancia radical: Mariano Miranda, ex apoderado de la UCR; la abogada María Eugenia Nieva, ex diputada provincial por la UCR. Completa la terna el abogado Martín Llamas, apoderado del Partido Justicialista, y empleado de una empresa de Rubén Rivarola.

Con el control ejercido en el máximo Tribunal, Morales ha ido disciplinando desde arriba hacia abajo a toda la Justicia Provincial, imponiendo obedecer sus órdenes o arriesgarse a ser destituido. Los fallos de esa Justicia han avalado allanamientos ilegales, desalojo de comunidades, el encarcelamiento de Milagros Salas, persecuciones a líderes sociales y dirigentes sindicales. En Jujuy se sigue persiguiendo y sancionando por tenencia y consumo de marihuana, mientras el hijo del Gobernador es dueño de una empresa que produce cannabis a gran escala y ha hecho un convenio de exportación con una multinacional estadounidense.

Jujuy, por su ubicación geográfica lindera con Chile y Bolivia, dos países que son parte del triangulo de litio, juega un papel importante en las disputas geopolíticas de la región. El gobierno de Morales estuvo fuertemente comprometido con el golpe militar contra Evo Morales en Bolivia y fue proveedor de armas a las fuerzas golpistas. En plena agitación golpista contra el presidente Evo Morales, el 4 de setiembre de 2019, llegó a Jujuy Ivanka Trump, hija del entonces presidente de EEUU junto al Secretario de Estado Adjunto, John Sullivan; el Jefe Ejecutivo Interino de la Corporación Privada de Inversiones en el Extranjero (OPIC), David Bohigian; la Subsecretaria Interina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chung; y el Administrador de la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID), Mark Green.

El avión del cual desembarcó la delegación estadounidense compartió pista de aterrizaje con un avión Hércules de la Fuerza aérea Argentina, que poco después de la visita norteamericana partió a Santa Cruz, sin plan de vuelo, ni un motivo claro del viaje. Ese mismo avión fue utilizado en el mes de noviembre de ese mismo año para enviar municiones y armamento, supuestamente para proteger la embajada argentina. Esos insumos militares pasaron a engrosar las reservas de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y de la policía local, cuando ya se había producido el golpe de Estado. Quien actuó como articulador de ese envío ilegal fue quien era en ese momento embajador argentino en Bolivia, Normando Alvarez Garcìa, y es el actual ministro de Trabajo de Gerardo Morales.

Los sueldos que cobran en Jujuy los docentes, trabajadores estatales y trabajadores de la salud pública son de los más bajos del país. En San Salvador el sueldo promedio docente es de $54.831 [218 dólares]. El de un trabajador estatal administrativo es de $74.943 y para los agentes de salud públicos el sueldo promedio es de $91.549. En el mes de abril una familia de cuatro personas necesitaba cobrar $184.741 [734 dólares] para no ser pobre y $89.058 para ser indigente.

Si le sumamos una inflación del 8 % en mayo, se puede estimar que en Jujuy los sueldos promedios de docentes, estatales y agentes públicos de salud en junio de 2023 están por debajo de una canasta de indigencia. A la miseria de los salarios se agregan los faltantes de servicios básicos como es el agua potable. Ese bien imprescindible falta en distintos barrios de San Pedro, Perico, Libertador y Palpalá, como consecuencia de la falta de inversión en la infraestructura por parte de Agua Potable de Jujuy S.E y Xuma.

En la reforma constitucional aprobada por Morales bajo el título “Derecho a la Propiedad Privada” y “Tierras Fiscales”, se cuestionan la posesión de los territorios ancestrales que tienen los pueblos originarios según el art. 75 inciso 19 de la Constitución Nacional y la Ley Nacional 26.160. El gobierno va a utilizar esta nueva normativa para avanzar sobre territorio indígena aún no reconocido.

Se promulgan leyes especiales para criminalizar y perseguir a los comuneros poseedores de esas tierras y para legalizar nuevos desalojos y apropiaciones. En el Capítulo “Regímenes de agua” se quita toda participación a las comunidades en el manejo de las aguas. Esta normativa intenta legalizar con la firma de un par de funcionarios el derroche de agua de las multinacionales mineras, que la utilizan para la extracción del litio y otros minerales. Han sido las comunidades quienes desde hace años vienen denunciando esta situación y sus consecuencias: se secan ríos y vegas, y escasea el agua para las familias y el ganado.

Camioneta de una empresa privada utilizada por la policía en la represión de estos días.

En el hecho represivo producido en julio de 1977, en plena dictadura, conocido como “El apagón de Ledesma”, donde secuestraron a más de 400 trabajadores, estudiantes, militantes, sindicalistas y obreros, las fuerzas represivas contaron con el apoyo logístico de la empresa Ingenio Ledesma. Muchos de los secuestrados fueron trasladados por camionetas de la empresa. Su titular en ese momento, Juan Pedro Blaquier, fue imputado por crímenes de lesa humanidad, por este y otros hechos, pero falleció este año antes de ser condenado.

En el último hecho represivo producido en Jujuy, vuelven a aparecer camionetas, muchas de ellas sin patentes, donde se trasladó a detenidos, provistas por grandes empresas.

Entre las que sí pudieron identificarse por su patente, aparecen una camioneta cuyo dominio AA982GP está a nombre de Zarif, Marcelo Horacio, titular de Hormixa, empresa constructora que trabaja con los gobiernos de Jujuy y Salta. También se detectaron la camioneta patente NWX516 de la empresa Agua de los Andes, la camioneta patente AE841QN de Toyota Financiera SA, la camioneta patente AF3777ZI, de SIDERA SRL, y la camioneta AC671KA de la empresa Constructora Paredes.

Vuelve a repetirse en Juyuy que el combo represivo es estatal privado, que también tiene el sello del modelo norteamericano, que utiliza para sus operaciones bélicas fuerzas estatales y contratistas privados.

El espíritu de los cambios de la legislación sobre el derecho de protesta ya estaba presente en el Decreto Acuerdo N° 8464 de Morales, que amenazaba diciendo que “cualquier ciudadano que marche será sancionado con multas elevadísimas, el trabajador estatal que marche estará expuesto a ser cesanteado, y cualquier funcionario del Estado, incluido legisladores que quieran acompañar el reclamo, podrá ser removido de su puesto e inhabilitado para ocupar cargos públicos por dos años”. Este decreto fue derogado, pero sus objetivos volvieron a estar presentes en la reforma constitucional.

El gobierno se atribuye el derecho de calificar si las demandas son justas y apelando a caracterizaciones muy generales, que después quedaran libradas a su interpretación, limita el derecho a la protesta y al reclamo, violando normas constitucionales. El derecho a la propiedad y a la libre circulación se ponen por encima del derecho a la vida y la libre expresión.

Para quienes acostumbran a informarse por televisión, salvo que seleccionaran C5N y la Televisión Publica, no se habrán enterado de la represión en Jujuy. El blindaje mediático que protege a Morales funcionó a la perfección. No se informó, o se informó poco y mal. Las palmas se la llevó Crónica TV, que quedó fijada en la búsqueda del cuerpo de Cecilia Strzyzowski. El crimen cometido en el Chaco tiene el condimento político de la vinculación de la familia Sena con el gobernador Capitanich, pero no parece ser más ni menos que un femicidio.

Un hecho aberrante que merece ser investigado hasta las últimas consecuencias y castigado, pero no demasiado diferente a los que ocurren en un país donde se asesina a una mujer cada 30 horas. La versión de que el kirchnerismo organizó lo de Jujuy para tapar lo del Chaco nos recuerda otros momentos donde se abusó de nuestra credibilidad. Nos hizo acordar al “vamos ganando” de la Guerra de las Malvinas. Todas esas mentiras tienen un tufillo a dictadura.

El apoyo brindado por la Mesa de Juntos por el Cambio al gobernador de Jujuy es coherente con el pensamiento político que anima a halcones y palomas. Pero deben reconocerlo, el mejor alumno del modelo buitre promovido por EEUU es Gerardo Morales.

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