Jujuy y el intento fallido de «limpiar» calles y rutas

Las clases dominantes argentinas y la dirigencia política y las agencias mediáticas que les responden quieren el espacio público “limpio” de protestas populares. Lxs trabajadores y pobres de nuestro país tienen una larga tradición de lucha callejera. La que desde los últimos años de 1990 alcanzó elevada expresión en los cortes de calles y rutas. Los “piquetes” que fueron vehículo de las voces de los más perjudicados por las privatizaciones y otras reformas regresivas del menemismo.

Desde entonces y cada vez más, terminar con esa modalidad combativa y vaciar de protestas las calles ha sido una finalidad permanente de las distintas encarnaciones del poder. La dirigencia política ha entrado a menudo en disputa sobre los modos más o menos drásticos de conseguirlo, sin lograr avances definitivos ni por el camino de la “domesticación” ni por los atajos represivos.

Un itinerario adicional ha sido la búsqueda de contacto con un sentido común conservador e individualista, respetuoso de cualquier autoridad y propenso al conformismo. Desde allí se pretende construir un consenso ampliado en dirección a la “limpieza” de los ámbitos de conflicto. Acuerdo susceptible de obtenerse de parte de aquellos sectores propicios a exclamar “vayan a trabajar” ante cualquier manifestación callejera.

El “experimento” de Morales

El gobernador jujeño Gerardo Morales ideó llevar la restricción o prohibición de los “cortes” a la constitución provincial. Pensó tal vez que cierta superstición de la jerarquía de la “ley suprema” iba a constituirse en respaldo no sólo legal sino simbólico hacia la veda del espacio público para las organizaciones populares. Y dejar asentado que la facultad de libre circulación prevalece en cualquier caso sobre la libertad de expresión.

Lo que en realidad consiguió fue condensar el descontento creciente de diferentes sectores sociales, expresados en luchas ya en curso, que se potenciaron y concentraron: El reclamo por salarios de docentes y otros asalariados, el batallar de los originarios por sus tierras y contra el extractivismo. El conjunto tuvo proyección a un repudio general de lo que han significado las gestiones de Morales en cuanto a entrega de recursos y miseria popular.

Se le sumó el espíritu de rechazo a las presiones que apuntan a someter por medio del temor. Y la rebeldía difusa que traen las injusticias viejas y los maltratos duraderos. El resultado: La imponente pueblada de los últimos días en la capital jujeña y en el resto de la provincia.

La táctica del desprestigio

Hoy, a propósito de los hechos de Jujuy, se busca deslegitimar a la organización popular, y con ella a la protesta pública. Allí van, asociados, los oportunistas recuerdos sobre Milagro Sala y las constantes referencias al femicidio de Chaco que implicaría a Emerenciano Sena y a Marcela Acuña. El mensaje es claro. Los movimientos sociales aparecen como monumentos de la inmoralidad. Corrupción, extorsíón, incluso el crimen serían sus instrumentos. La “república” requiere para consumarse que se excluya a quienes así atentan contra las instituciones. Sólo deben habitarla los “republicanos” de una república que tiene al derecho de propiedad como fundamento incontrastable.

Se escamotea la existencia de los luchadores honestos, laboriosos, incluso heroicos. Sólo habría parásitos que viven a costa del dinero público. Seguidos por incautos a quienes explotan gracias a sus múltiples carencias. El “pobrismo” acerca del que les gusta predicar. Duro con ellos, jefes y seguidores.

El manejo es claro. Se atribuye a todo el movimiento obrero y popular los rasgos más penosos de las dirigencias cooptadas por el Estado y articuladas en proyectos de poder que privilegian el beneficio propio.

Sin elementos que atajen el descrédito de la dirigencia política se busca contrarrestarlo con el desprestigio generalizado de la militancia combativa. La ajada imagen propia del “arriba” de la sociedad aspira a revitalizarse a partir del deterioro inducido de la imagen “de abajo”. Que a su vez pueda ramificarse en el aislamiento y el desaliento provocados por un aparente “cambalache” frente al que el asco es más asequible que el entusiasmo.

El gran ensayo

Los poderosos prevén la resistencia popular a las agresiones frontales que piensan emprender en el futuro cercano contra las condiciones de vida y trabajo y los derechos de trabajadores y pobres. Y buscan aplicar golpes preventivos a la legalidad y legitimación social de las protestas. Son conscientes de que en este campo como en otros, la disputa se dirime en el día a día, quitándole apoyo a las acciones de protesta o reprimiéndolas una vez que se producen. O con distintas combinaciones de uno u otro camino.

En orden a privar a las acciones de legitimidad recurren a una artimaña favorita, “engrietar” la discusión. Así se expresó en la conferencia política conjunta del liderazgo de Juntos por el Cambio a propósito de los sucesos de Jujuy. No habría auténticos reclamos sino operaciones del kirchnerismo para hostigar la llegada de reformas que el país necesita. Lo de Jujuy sería un presagio de lo que ocurrirá a partir del 10 de diciembre próximo, por parte del peronismo ya en la oposición y la izquierda según ellos siempre “funcional”.

El núcleo del poder económico, la derecha política, los conglomerados comunicacionales, están inclinados a jugar una confrontación estratégica en el próximo período presidencial. Apuestan a un auge de los grandes negocios de la exportación y a una campaña activa para remover obstáculos a la plena realización de los beneficios.

Y en una mirada más estratégica, a sentar las bases para una reconfiguración de largo alcance de las relaciones de fuerza en el conjunto de la sociedad.

Existen al interior de ese bloque divergencias tácticas. Como la generada entre adoptar una política más “consensualista” en alianza con el peronismo más “promercado” o avanzar sin apelar a acuerdos, con mayor velocidad y profundidad. Pero no hay que llamarse a engaño, todos los objetivos principales son compartidos. Y la apelación a la represión para imponerlos constituye un acuerdo explícito de todo el bloque de poder, tal como se escenificó en estos días.

Quieren una sociedad argentina más “silenciosa”, con mayor reclusión en el individualismo, más “anestesiada” por pérdida de expectativas y reducción de aspiraciones para la mayoría de la población. Sobre todo, que pierda confianza en la organización y la acción colectiva, y con ello acepte la inevitabilidad del orden social y la estructura de clases realmente existentes.

Saben que es una batalla que se dará en las calles y en las mentes. Y para ello necesitan infligir derrotas que paralicen y castigos que infundan temor. Para así debilitar la organización y desactivar la movilización. E inducir la expansión de las mil formas del conformismo.

La pueblada jujeña indica un camino de respuesta popular articulada y eficaz a las presiones del poder: Convergencia de sectores y reivindicaciones diferentes, ocupación de la calle, avance sobre los reductos “institucionales”, defensa cerrada frente a los atropellos. Señalamiento amplio de los culpables, incluida la estrecha articulación entre la dirigencia política y el gran capital y la “transversalidad” UCR-PJ a la hora de hacer avanzar reformas regresivas.

La entente radical-peronista de la provincia norteña hizo un ensayo. Pensó que la preparación jurídica de la represión pasaría en silencio… y la respuesta popular fue estruendosa. El reciente triunfo electoral parecía un aval incontrastable. Prueba no superada.

El enfrentamiento de estos días contra el gobierno de Gerardo Morales es probable que dibuje las características del choque con los poderes nacionales y sus soportes internacionales que se ampliará un poco más adelante. Lo de todas maneras previsible es un horizonte de lucha, que requerirá una articulación popular en todo el país, en la línea ya transitada en el norte.

La Haine