Julian Assange y el colapso del Estado de derecho

Este artículo reproduce la intervención de Chris Hedges en un acto celebrado el pasado jueves en Nueva York en apoyo de Julian Assange. Dicho acto forma parte de una gira por EEUU que durará un mes y en la que intervienen entre otros el padre y el hermano de Julian y Roger Waters (Pink Floyd).

Una sociedad que prohíbe la posibilidad de decir la verdad anula la posibilidad de vivir en la justicia.

Esa es la razón por la que esta noche estamos aquí. Todos los que conocemos y admiramos a Julian condenamos su prolongado sufrimiento y el de su familia. Exigimos que se ponga fin a los muchos errores e injusticias que se han cometido con su persona. Le respetamos por su valor y su integridad.

Pero la batalla por la libertad de Julian nunca ha sido solo por la persecución a la que se sometía a un editor. Es la batalla por la libertad de prensa más importante de nuestra era. Y si perdemos esa batalla las consecuencias serán devastadoras, no solo para Julian y su familia sino para todos nosotros.

Las tiranías invierten el Estado de derecho. Convierten la ley en un instrumento de injusticia. Esconden sus crímenes mediante una falsa legalidad. Utilizan la dignidad de tribunales y juicios para ocultar su criminalidad. Aquellos que, como Julian, exponen ante el público esa criminalidad son personas peligrosas, porque sin el pretexto de la legitimidad la tiranía pierde credibilidad y lo único que le queda es el miedo, la coacción y la violencia.

La prolongada campaña contra Julian y Wikileaks es una ventana hacia la demolición del Estado de derecho, un paso más hacia lo que el filósofo político Sheldon Wolin llama nuestro sistema de totalitarismo invertido, una forma de totalitarismo que mantiene la ficción de la antigua democracia capitalista, incluyendo sus instituciones, iconografía, símbolos patrióticos y retórica, pero que internamente ha entregado todo el control a los dictados de las corporaciones globales.

Yo estaba en la sala del tribunal cuando Julian Assange fue juzgado por la juez Vanessa Baraitser, una versión moderna de la Reina de Corazones de Alicia en el País de las Maravillas, que exigía la sentencia antes de declarar el veredicto. Fue una farsa judicial. No existía base legal alguna para mantenerle en prisión. No había base legal alguna para juzgarle, siendo un ciudadano australiano, según la Ley de Espionaje de EEUU La CIA le estuvo espiando en la embajada ecuatoriana a través de una compañía española, UC Global, contratada para proporcionar la seguridad a la embajada. Este espionaje incluyó las conversaciones confidenciales entre Assange y sus abogados cuando discutían los términos de su defensa. Este mero hecho debería haber invalidado el juicio. Julian está prisionero en una cárcel de alta seguridad para que el Estado pueda continuar los abusos degradantes y la tortura que espera provoquen su desintegración psicológica o incluso física, tal y como ha testificado el relator Especial de la ONU para la Tortura, Nils Melzer.

El gobierno de EEUU ha dado instrucciones al fiscal londinense James Lewis, tal y como ha documentado con elocuencia [el exdiplomático, periodista y defensor de derechos humanos británico] Craig Murray. Lewis presentó dichas directrices a la juez Baraitser, que las adoptó como su decisión legal. Todo el show fue una pantomima judicial. Lewis y la juez insistieron en que no estaban intentando criminalizar a los periodistas y amordazar a la prensa, al mismo tiempo que se afanaban en establecer un marco legal para criminalizar a los periodistas y amordazar a la prensa. Y esa es la razón por la que el tribunal se esforzó tanto por ocultar el proceso judicial a la opinión pública, limitando el acceso a la sala del tribunal a un puñado de observadores y poniendo todas las dificultades posibles para imposibilitar su visionado en línea. Fue un oscuro juicio amañado, más típico de la Lubianka que de la jurisprudencia británica.

Yo sé que muchos de los que estamos hoy aquí nos consideramos radicales, puede que hasta revolucionarios. Pero lo que estamos exigiendo tiene de hecho un tinte conservador, dentro del espectro político. Exigimos la restauración del Estado de derecho. Algo tan sencillo y básico que no debería resultar incendiario en una democracia en funcionamiento. Pero vivir en la verdad en un sistema despótico es un acto supremo de desafío. Esa verdad aterroriza a quienes detentan el poder.

Los arquitectos del imperialismo, los señores de la guerra, las ramas legislativa, judicial y ejecutiva del gobierno, controladas por las grandes empresas, y sus serviles cortesanos de los medios de comunicación son ilegítimos. Si pronuncias esta sencilla verdad quedas desterrado, como hemos estado muchos de nosotros, a los márgenes del panorama mediático. Si demuestras esa verdad, como han hecho Julian Assange, Chelsea Manning, Jeremy Hammond y Edward Snowden al permitirnos fisgar en las interioridades del poder, serás perseguido y procesado.

Poco después de que Wikileaks publicara los archivos de la Guerra de Irak en octubre de 2010, que documentaban numerosos crímenes de guerra de EEUU –incluyendo imágenes del ametrallamiento de dos periodistas de Reuters y otros 10 civiles desarmados en el video Asesinato Colateral, la tortura sistemática de prisioneros iraquíes, el ocultamiento de miles de muertes de civiles y el asesinato de cerca de 700 civiles que se habían acercado demasiado a los puestos de control estadounidenses–, los destacados abogados de derechos civiles Len Weinglass y mi buen amigo Michael Ratner (a quien acompañaría posteriormente para reunirse con Julian en la embajada ecuatoriana) se reunieron con Julian en un apartamento de Londres Central. Las tarjetas bancarias personales de Assange habían sido bloqueadas.

Tres ordenadores encriptados habían desaparecido de su equipaje durante su viaje a Londres. La policía sueca estaba fabricando un caso en su contra con la intención, le advirtió Ratner, de extraditarle a EEUU.

“Wikileaks y tú personalmente os enfrentáis a una batalla que es tanto legal como política”, le dijo Weinglass a Assange. “Como aprendimos en el caso de los Papeles del Pentágono, al gobierno de EEUU no le gusta que se haga pública la verdad. Y no le gusta que le humillen.

No importa que sea Nixon, Bush u Obama, un Republicano o un Demócrata, quien ocupe la Casa Blanca. El gobierno de EEUU intentará evitar que publiques sus repugnantes secretos. Y si tienen que destruirte a ti, y destruir al mismo tiempo la Primera Enmienda y los derechos de los editores, están dispuestos a hacerlo. Creemos que van a perseguir a Wikileaks y a ti, Julian, por publicarlos”.

“Que van a perseguirme, ¿por qué razón?”, preguntó Julian.

“Por espionaje”, continuó Weinglass. “Van a acusar a Bradley Manning por traición, acogiéndose a la Ley de Espionaje de 1917. No creemos que se le pueda aplicar porque es un denunciante de conciencia, no un espía. Pero van a intentar obligar a Manning a que te implique a ti como colaborador”.

“Que van a perseguirme, ¿por qué razón?”

Esa es la cuestión.

Han perseguido a Julian por sus virtudes, no por sus defectos.

Han perseguido a Julian porque sacó a la luz más de 15.000 muertes no denunciadas de civiles iraquíes; porque hizo públicas la tortura y los malos tratos a unos 800 hombres y muchachos de entre 14 y 89 años en Guantánamo; porque publicó que Hillary Clinton ordenó en 2009 a los diplomáticos estadounidenses que espiaran al Secretario General de la ONU Ban Ki Moon y a otros representantes de China, Francia, Rusia y Reino Unido, un espionaje que incluía obtener su ADN, el escaneo de su iris, sus huellas dactilares y sus contraseñas personales, continuando métodos habituales de vigilancia ilegal como las escuchas ilegales al Secretario General de la ONU Kofi Annan las semanas previas a la invasión de Irak de 2003 dirigida por EEUU; le han perseguido porque divulgó que Barack Obama, Hillary Clinton y la CIA orquestaron el golpe militar de 2009 en Honduras que derrocó al presidente elegido democráticamente, Manuel Zelaya, y lo reemplazó con un régimen militar corrupto y asesino; porque reveló que George Bush hijo, Barack Obama y el general Davis Petrous llevaron a cabo una guerra en Iraq que, según las leyes posteriores al proceso de Núremberg, se considera una guerra criminal de agresión, un crimen de guerra y porque autorizaron cientos de asesinatos selectivos, incluyendo los de ciudadanos estadounidenses en Yemen, donde también lanzaron secretamente misiles, bombas y ataques con drones que acabaron con la vida de decenas de civiles; porque reveló que Goldman Sachs pagó a Hillary Clinton 657.000 dólares por dar conferencias, una suma tan enorme que solo puede considerarse un soborno, y que Clinton aseguró en privado a los líderes empresariales que cumpliría sus ordenes, mientras prometía a la opinión pública una regulación y una reforma financiera; porque sacó a la luz la campaña interna para desacreditar y destruir a Jeremy Corbyn por parte de miembros de su propio Partido Laborista; porque mostró cómo la CIA y la Agencia Nacional de Seguridad utilizan herramientas de hackeo que permiten al gobierno la vigilancia al por mayor a través de nuestros televisores, ordenadores, smartphones y programas antivirus, lo que permite al gobierno registrar y almacenar nuestras conversaciones, imágenes y mensajes de texto privados, incluso si están encriptados.

Julian sacó a la luz la verdad. La desveló una y otra y otra vez, hasta que no quedó la menor duda de la ilegalidad, corrupción y mendacidad endémicas que definen a la élite gobernante global. Y por descubrir esas verdades es por lo que han perseguido a Assange, como han perseguido a todos aquellos que se atrevieron a rasgar el velo que cubre al poder. “La Rosa Roja ahora también ha desaparecido…”, escribió Bertolt Bretch cuando la socialista alemana Rosa Luxemburgo fue asesinada. “Porque ella a los pobres la verdad ha dicho, los ricos del mundo la han extinguido”.

Hemos experimentado un golpe de Estado empresarial, mediante el cual los pobres y los hombres y mujeres trabajadores se ven reducidos al desempleo y el hambre; la guerra, la especulación financiera y la vigilancia interna son las únicas ocupaciones del Estado; por el cual ya ni siquiera existe el habeas corpus; por el que los ciudadanos no somos más que mercancías que se usan, se despluman y se descartan para los sistemas corporativos del poder. Negarse a contraatacar, a tender lazos y ayudar al débil, al oprimido y al que sufre, a salvar el planeta del ecocidio, a denunciar los crímenes internos e internacionales de la clase dominante, ea xigir justicia, a vivir en la verdad es llevar la marca de Caín.

Quienes detentan el poder deben sentir nuestra ira, y eso significa realizar actos constantes de desobediencia civil, significa acciones constantes de protesta social y política, porque este poder organizado desde abajo es el único que nos salvará y el único poder que liberará a Julian. La política es un juego de temor.

Es nuestro deber moral y cívico hacer sentir miedo a los que están en el poder, mucho miedo.

La clase dominante criminal nos tiene a todos sujetos por el miedo. No puede reformarse. Ha abolido el Estado de derecho. Oscurece y falsea la verdad. Busca la consolidación de su obsceno poder y su obscena riqueza. Por tanto, citando a la Reina de Corazones, metafóricamente, claro, yo digo: “¡Que les corten la cabeza!”.

scheerpost.com. Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo