La autogestión en Argentina a 20 años del 2001

El 2001 llamó la atención por primera vez sobre un fenómeno que venían protagonizando sectores del movimiento obrero desde por lo menos diez años antes del estallido: la lucha por la recuperación y autogestión de diversas fábricas y unidades productivas, proceso conocido posteriormente como las empresas recuperadas por sus trabajadores (ERT). En este texto proponemos un balance crítico de las limitaciones y potencialidades de esta importante experiencia argentina.

Es bastante común que, para referir al movimiento de empresas recuperadas en la Argentina se establezca una relación con los sucesos del 2001 o, directamente, se lo identifique como surgido en aquellos momentos. Las fábricas recuperadas, junto con los piqueteros y las asambleas populares, aparecieron como los nuevos movimientos sociales que representaban una ruptura con todo lo previo, paridos por la rebelión del 19 y 20 de diciembre.

Esa relación aparece en todo tipo de relatos e imaginarios, tanto en la militancia como en los medios, e incluso en trabajos académicos. Y si bien no es estrictamente cierto, pues el proceso de recuperación de empresas tiene numerosos antecedentes en décadas anteriores y un desarrollo que podemos rastrear desde fines de los 80, hay un claro momento de irrupción de estas experiencias en la vida política y social de nuestro pueblo que no puede separarse de la crisis que provocó la caída del gobierno de Fernando De la Rúa y abrió una nueva etapa en la historia reciente de la Argentina. Y esto es así porque el 2001 dio una visibilidad notoria a un fenómeno previamente existente pero circunscripto al microespacio de la fábrica (un puñado de ellas) y lo convirtió en una referencia para la lucha de amplios sectores en una coyuntura de enorme movilización social.

Esa visibilidad no fue solo circunstancial o mediatizada, sino que dio impulso a un movimiento que rescató del olvido a la idea misma de la autogestión del trabajo –muy difundida entre la “nueva izquierda” de los 60 y 70 y caída en desuso para los 2000– y le dio una potencia que de otro modo hubiera sido difícil de alcanzar. Esa fuerza llegó a impactar hasta las instituciones estatales, que se vieron en la obligación de dar respuesta a un reclamo que distaba de ser masivo: las empresas “ocupadas” –hubo también una disputa conceptual y política por la denominación del proceso– se aproximaban a un centenar y no sumaban más que a unos pocos miles de trabajadores y (menos) trabajadoras, en un momento en que los movimientos de desocupados movilizaban a cientos de miles y un cuarto de la población había perdido sus empleos. ¿Cómo fue que un movimiento de tan pequeñas dimensiones llegó a ocupar un lugar tan importante en el imaginario de una crisis gigantesca, que hizo crujir el sistema económico y que puso en cuestión la misma institucionalidad estatal del país? ¿Por qué impactó tan fuertemente en la simbología de una de las mayores crisis del modelo neoliberal en el mundo antes de la crisis global de 2008? ¿Qué vieron (vimos) miles de militantes populares que apoyaron el proceso con entusiasmo y qué relación tiene esto con la relativa tolerancia del sistema político y de las fuerzas represivas contra situaciones que en otros momentos históricos (pasados y, quizá, futuros) hubieran sido feroz y velozmente desmontados?

Una respuesta primera a estos interrogantes pasa justamente por la ligazón que rápidamente se hizo entre crisis y recuperación. Los trabajadores que ocupaban fábricas fueron identificados como una ruptura con los viejos movimientos anquilosados y burocratizados –empezando por los sindicatos–, incapaces de ofrecer resistencia al neoliberalismo, parte del gran movimiento desatado por el 2001 a la par de las asambleas y los piqueteros. Sus características de resistencia por una causa justa –la defensa del trabajo en un contexto de crisis económica brutal y desempleo masivo–, su reclamo en los lugares de trabajo, rara vez cortando calles o invadiendo espacios de sectores sociales más acomodados, despertaron la simpatía de sectores medios que, salvo los breves instantes de “piquete y cacerola”, no suelen empatizar con las luchas de los que presumen por debajo de su propia condición social. Por otra parte, la debilidad de la institucionalidad política producida por el “que se vayan todos” impulsó a funcionarios públicos de todos los niveles, incluyendo a legisladores y jueces, a ceder circunstancialmente a demandas que hubieran sido descartadas de plano apenas unos meses antes, votando leyes de expropiación, otorgando permisos judiciales, dando subsidios, comprometiendo apoyo, etc. Todas, cuestiones que le dieron al movimiento una fuerza impensada y que tuvieron como resultado avances concretos en la resolución de los conflictos. Como consecuencia, el promedio de duración de las ocupaciones que antes del año 2002 era de casi un año se redujo a menos de cinco meses en los años siguientes, y se votaron más de cien leyes de expropiación en las distintas legislaturas provinciales e, incluso, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El grueso de la militancia vio en las empresas y fábricas que eran ocupadas y vueltas a poner en producción bajo autogestión un fenómeno de enorme significación, por su potencia simbólica y proyección política. Después de la tierra arrasada del neoliberalismo de los 90, con sindicatos en su mayoría cómplices o debilitados – a tal punto que salvo contadas excepciones habían sido reducidos a una capacidad de resistencia casi igual a cero -, la repentina aparición de decenas de fábricas tomadas y con trabajadores dispuestos a formar cooperativas o, en los casos que habían logrado conducir los partidos de la izquierda trotskista, a luchar por la estatización y el control obrero, representaba una suerte de resurrección de la clase obrera. Hilando un poco más fino y proyectando más, se entreveía una posibilidad impensada de un futuro autogestionario, una alternativa que aparecía casi milagrosamente para retomar la lucha anticapitalista. Esta idea se retroalimentó con la atención prestada por el movimiento antiglobalización en auge en los países centrales, con un flujo constante de activistas viniendo a una Argentina repentinamente barata para quienes llegaban con divisas a ver el laboratorio de la sociedad futura en el terreno. El documental The take (“La Toma”) de Naomi Klein y Avi Lewis, hizo célebres mundialmente a fábricas como Zanón, Brukman o Forja San Martín. Otro mundo era posible y las fábricas tomadas lo demostraban.

Pero, efectivamente y más allá de los sueños altermundialistas, en las empresas recuperadas se estaba formando algo diferente. Pequeños grupos de trabajadores y trabajadoras arrancaban del Estado la posibilidad de apropiarse de los medios de producción de los antiguos patrones, conformaban cooperativas de trabajo que recibían en mayor o menor medida apoyos gubernamentales para su funcionamiento, practicaban, sin manuales, una gestión colectiva y asamblearia que reemplazaba al manejo capitalista del proceso de trabajo. En algunos casos, con suma conciencia de lo que se estaba haciendo, en otras simplemente dejándose llevar por los acontecimientos. En general, los sindicatos veían hacer y se retiraban, en otros eran una parte más del esquema de vaciamiento y saqueo de los activos de la empresa, en algunas excepciones, como la UOM Quilmes o la Federación Gráfica Bonaerense, eran parte esencial e impulsora de los procesos. La autogestión del trabajo, como proceso alternativo a la gestión económica tradicional, empezó a incorporarse a la caja de herramientas de la clase trabajadora para defenderse del desempleo y de las condiciones abusivas de las patronales y, de esa manera, se rescataba un concepto clave para cualquier proyecto para una economía y una sociedad superadora de la explotación capitalista.

A diferencia de otros fenómenos ligados estrechamente a la crisis del 2001, que fueron disminuyendo rápidamente hasta casi desaparecer o convertirse en procesos residuales a medida que el país se iba recuperando de los aspectos más traumáticos del estallido (como los clubes del trueque o las asambleas); o se iban reconvirtiendo en movimientos de base territorial (como las expresiones mayoritarias de los piqueteros); o también, siendo absorbidos por el sistema político, las empresas recuperadas continuaron existiendo en formas no muy diferentes a su origen. Aunque algunas llevan más de dos décadas funcionando y han logrado consolidarse en tanto unidades productivas, continuando simultáneamente como organizaciones obreras de gestión colectiva, en la mayoría de los casos los avances con respecto a lo logrado en los meses posteriores a la recuperación han sido pocos. Los problemas de base debidos a las limitaciones de una legislación que no contempla el trabajo autogestionado como una posibilidad real de gestión productiva, las disputas no resueltas por la propiedad, los derechos laborales perdidos con respecto al trabajo en relación de dependencia o las dificultades para un compromiso relativamente parejo de los trabajadores para asumir las responsabilidades de gestión que antes correspondía a las patronales, continúan y se suman a los problemas estructurales típicos de la autogestión en el marco del capitalismo y, en los últimos años del macrismo en el gobierno, a una agresividad estatal no vista anteriormente.

Pasada la fascinación por el movimiento novedoso de los obreros que tomaban las fábricas que los patrones abandonaban, las empresas recuperadas, veinte años después, muestran un panorama que implica viejos y nuevos problemas y numerosas enseñanzas que deberían ser debatidas y atendidas. Generalmente dejamos estas cuestiones en un discreto segundo plano para no afectar la defensa de un movimiento que queremos y reivindicamos, pero un balance crítico no debe pasar por alto los desafíos y las limitaciones de un movimiento al que, para hacerle justicia, pocos nos imaginábamos que iba no solo a sobrevivir veinte años después, sino a crecer y multiplicarse.

Un breve recorrido por la historia del movimiento

Como señalamos al principio de este artículo, el movimiento de empresas recuperadas es preexistente a la crisis del 2001, a pesar de haber sido asociado repetidamente con ésta. Una de las claves para ver estos antecedentes pasa por la definición: una empresa recuperada es un proceso en que se pasa de la gestión capitalista de una empresa a una gestión colectiva por parte de sus trabajadores. Es decir, de la empresa de capital, jerarquizada verticalmente, a la autogestión. Con este concepto, relativamente simple, dejamos de lado definiciones de tipo normativo –si es cooperativa de trabajo, si está expropiada, si tiene la titularidad de la planta, etc.– que son la forma mayoritaria de identificar las “recuperaciones” o de tipo ideológico –calificándolas en función de una idea previa a la organización o asumiendo como criterio de realidad la autoadscripción, como se consideren a sí mismas. Ambas categorías de análisis pueden estar incluidas en el concepto según los casos, pero priorizamos un proceso y una definición a partir del modo de organización social y económica.

Desde este punto de vista, la empresa recuperada se yuxtapone en ocasiones con el movimiento cooperativo o con la “economía social”, entendiéndola como el sector de la economía ni público ni privado, sino de gestión social (y últimamente, solidario), pero desde un proceso de transformación a partir de una unidad económica capitalista basada en el trabajo asalariado. Los antecedentes no abundan pero existen, incluso hay todavía funcionando algunas empresas “recuperadas” (si bien nadie las llamaba así) ya en los años 50, como la cooperativa de transporte La Calera, en Córdoba, o la gráfica Cogtal, ahora en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, que en su momento fue el taller del dirigente de la CGT de los Argentinos, Raimundo Ongaro.

Pero el proceso actual arrancó a fines de los 80 con las primeras resistencias al cierre de empresas que empezaba a ser la característica del proceso de desindustrialización que había empezado con la dictadura y se aceleró en los últimos tiempos del gobierno de Alfonsín, para convertirse en una brutal reconversión de la estructura productiva e industrial de la Argentina durante el gobierno de Carlos Menem. Es entonces que los primeros casos empezaron a surgir, algunos impulsados por la seccional Quilmes de la Unión Obrera Metalúrgica, que conducía el dirigente Francisco “Barba” Gutiérrez, como las fábricas Adabor, Mosconi, Vélez Sarsfield o Polimec[1]; en otros, por la Federación Gráfica Bonaerense a partir del ejemplo de Cogtal, como en la imprenta Campichuelo. En la mayoría de los otros casos, en cierto aislamiento, como la textil Inimbó en el Chaco, la fábrica de ladrillos Coceramic en Entre Ríos, el frigorífico Santa Isabel en Santa Fe o el frigorífico Yaguané en La Matanza. Algunos referentes y activistas empezaron a despuntar y ya hacia el final de la década, algunos casos muy notorios fueron sentando las bases de lo que después sería el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), como la fábrica de tractores Zanello en Las Varillas[2], Córdoba, la metalúrgica IMPA en la ciudad de Buenos Aires o Gip Metal en Avellaneda[3].

Para el momento en que estalla la crisis, varios de estos casos y corrientes ya se habían vinculado entre sí y el papel del 19 y 20 de diciembre ofició de catalizador de un movimiento en ciernes, que iba a encontrar una resonancia inesperada en un clima social y político en ebullición. Este primer momento de organización, si bien endeble, fue clave para que el estallido de diciembre de 2001 actuara como aglutinador del proceso y consolidara a ocupaciones y conflictos, en su absoluta mayoría independientes entre sí, como un movimiento que se planteó la autogestión de las empresas que cerraban y lograra generar un camino hacia lo que ya se empezaba a nombrar como “la recuperación”. Un camino zigzagueante a través de los problemas que la situación ponía por delante y que eran enormes, y no exento de debates, como el que enfrentó a la perspectiva de la cooperativa con el de la estatización bajo control obrero que planteaban las organizaciones de un sector de la izquierda. A lo largo del año 2002, con más de un centenar de empresas ocupadas y luchando para entrar en producción autogestionaria, el movimiento se consolidó, se hizo visible para la sociedad argentina y para el mundo, y conformó una organización, el mencionado MNER, que logró agrupar a la mayor parte de las ERT (algunas nunca lo hicieron y otras continuaron ligadas a otras opciones políticas, como Zanón y Brukman).

De la fragmentación al movimiento: las recuperadas en el 2001

Las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 fueron una bisagra en la historia reciente de nuestro país, una enorme crisis económica, política y social que también implicó el cierre de miles de empresas y fábricas de todo tipo. Mientras los ahorristas protestaban en los bancos por el corralito, los saqueos se propagaban en los barrios periféricos –y no tanto– y las cacerolas repiqueteaban en el resto de la ciudad de Buenos Aires, también había trabajadores y trabajadoras en diversas fábricas, talleres y empresas que veían como perdían sus empleos y pasaban a ser desocupados de un día para otro. En algunos casos, ocupaban las plantas para defender sus puestos de trabajo, como las obreras de la textil Brukman que el 18 de diciembre se encontraron en soledad en su fábrica o los obreros de Zanón que estaban en plena ocupación desde meses antes. En otros, como los trabajadores del Hotel Bauen, se iban resignados a sus casas mientras tapiaban la entrada del edificio que recuperarían, con el apoyo del MNER, un año y algunos meses después.

El giro dramático de los acontecimientos aceleró el proceso de acercamiento entre estos diferentes casos y rompió el relativo aislamiento entre ellos. Si el país entero se movilizaba, las empresas recuperadas no iban a ser la excepción. Los meses siguientes vieron eclosionar el movimiento, que no sólo se empezó a organizar (con centro en el AMBA pero también en provincias como Santa Fe, Córdoba o Neuquén y con casos en casi todas las provincias del país) sino a crear lazos de solidaridad con los demás movimientos y articular un discurso coherente hacia el Estado.

La atracción que generó cada conflicto en una sociedad movilizada fue en muchos de estos casos la llave que posibilitó torcer una correlación de fuerzas desfavorable. Un caso ejemplar en esto fue la imprenta Chilavert, que venía de un típico proceso de vaciamiento que había dejado a sólo ocho obreros en un taller moribundo y que la policía hubiera desalojado sin ninguna duda de no haberse generado un amplísimo entramado de solidaridad: la fábrica IMPA aportó su experiencia y un camión que taponó la puerta, y miles de personas convocadas por la asamblea de Pompeya formaron un cordón humano que disuadió a la policía de provocar un enfrentamiento que era políticamente inconducente en aquel contexto. A los pocos meses, la Legislatura porteña votó la expropiación de Chilavert por unanimidad. Incluso empresas con colectivos de trabajadores poco decididos se beneficiaron de este impulso, obteniendo sus expropiaciones bajo el paraguas del movimiento y con legisladores dispuestos a sacarse de encima el problema lo antes posible. Tal fuerza, a medida que la crisis política se fue alejando, se fue debilitando y provocando que, en los años posteriores, las cosas no fueran tan expeditivas y los procesos quedaran inconclusos.

Tener el control de las plantas y las maquinarias es solucionar una parte del problema, pero está lejos de ser todo. La autogestión, más aún en una economía en crisis profunda, implica resolver cuestiones complejas, para las que no basta simplemente con que “los obreros dirijan”. Una mirada predominante en la época era la romantización de la ocupación, que llevaba (y en parte lo sigue haciendo) a sobrevalorar esa etapa del proceso. Es obvio que se trata de un momento fundacional, que significa la tan deseada “apropiación de los medios de producción”, pero partiendo del hecho insoslayable de que fueron los capitalistas los que tomaron la decisión de abandonar la empresa y, antes que ser apropiados por la ofensiva de clase, abandonaron medios de producción en gran parte inservibles o inutilizados. Pronto quedó claro que la “fábrica ocupada” sin un colectivo de trabajadores organizado para ponerla en producción, sin capital, sin redes solidarias y de apoyo a su alrededor, y sin un entramado económico que construir o reconstruir, puede ser un hermoso centro cultural pero si no logra generar fuentes dignas de trabajo, no cumplirá el objetivo por la que se la tomó. La recuperación del trabajo es, desde la perspectiva de los protagonistas, la meta principal, el piso sin el cual el resto de las cosas no tiene sentido. Pero, al mismo tiempo, se da la paradoja de que, si el proceso se queda en ese objetivo primario –aunque se logre el “éxito” económico– sin trascenderlo en un entramado social y políticamente más amplio, es cuestión de tiempo que la potencialidad de transformación de la empresa recuperada se reduzca al mínimo.

Esta problemática esencial para todos los procesos de autogestión del trabajo era algo que se vislumbraba en esos primeros meses y años pero que la urgencia por solucionar la etapa más aguda de los conflictos postergaba para momentos más estables. El debate se centró entre las alternativas de estatización con control obrero o de la expropiación y la formación de cooperativas. La práctica se encargó de saldarlo: ninguna fábrica ocupada se estatizó[4], y mucho menos bajo control obrero, en un Estado quebrado y sin rumbo, por lo menos hasta la asunción de Néstor Kirchner en 2003. Y posteriormente, tampoco fue ésta la opción tomada por el gobierno. En cambio, el camino más sinuoso ensayado por el resto de las empresas recuperadas probó su eficacia, que estaba basada en la flexibilidad táctica y en la experiencia.

La relación con el Estado y, en ese sentido, el acceso a programas de apoyo y a herramientas políticas de resolución de los conflictos fue la siguiente fuente de debates y diferencias entre dirigentes y organizaciones, así como las disputas por el liderazgo de un movimiento con amplia visibilidad pública. La unidad del MNER duró poco: un abogado que se especializó en las recuperadas, Luis Caro –un personaje ambicioso y bastante lejos de cualquier planteo revolucionario, pero eficaz para manejarse en los juzgados–, fracturó el movimiento ya en enero de 2003. Posteriormente, se fueron separando distintos sectores y, con el correr del tiempo, las ERT se fueron disgregando en varias organizaciones y federaciones. Sus problemas de base, sin embargo, siguieron siendo muy similares.

La evolución posterior, una vez que se fue estabilizando la situación del país, vio la consolidación de un proceso que, a diferencia de otros movimientos sociales, necesitó asentarse económicamente y concentrarse en resolver en cada caso sus situaciones particulares. No era el territorio ni la movilización permanente, ni siquiera el acceso a recursos estatales, lo que garantizaba la supervivencia, sino la producción y la generación de ingresos. Ello implicaba la reinserción de empresas previamente quebradas o abandonadas por sus patrones en el mercado. El apoyo estatal, por más importante que fuera, no aseguraba ni podía hacerlo –a menos que se hubiera dado la hipotética “estatización con control obrero”– el flujo de ingresos que pagaría salarios, cubriría costos e inversiones. Eso debía hacerse a través de la inserción en el mercado, lo que obligaba, sí o sí, a suplantar a la patronal y a la estructura gerencial que llevaba a cabo esa función sin apartarse de la gestión colectiva o, de lo contrario, convertirse de a poco en una fábrica en que la autogestión sería vuelta a reemplazar por una estructura vertical. La realidad se encargó de mostrar que esta lucha, mucho menos llamativa y ajena a las movilizaciones y momentos heroicos de la toma, iba a ser el gran desafío a superar.

Lecciones de veinte años de autogestión obrera

Las cerca de un centenar de empresas recuperadas que se expresaron en el primer MNER, surgido directamente de las jornadas del 2001 y el 2002, se convirtieron en más de 400 que, atravesando el macrismo y la pandemia, continúan funcionando hasta el momento de escribir estas líneas[5]. Algo más de 15000 trabajadores y trabajadoras conforman un movimiento que, con muchas cosas en común, hace rato que no logra una unidad orgánica mínima, con agrupaciones por lo general débiles y que responden a liderazgos que exhiben como credenciales su capacidad de interlocución con diferentes organismos públicos y funcionarios gubernamentales. Algunas organizaciones más pequeñas y compactas muestran más unidad y, en algunos casos, ciertas constantes organizativas y criterios que pueden ser tomados como modelos diferenciados. Pero, tomado en su conjunto, el movimiento sobrevive a pesar de estas fragilidades.

A veinte años del momento clave para la constitución de una identidad como empresas recuperadas, diferenciadas de las demás cooperativas o de otros movimientos más efímeros o fluctuantes, y a unos treinta de los primeros casos que dieron los pasos iniciales, podemos esbozar una serie de elementos de análisis que pueden dar pie para un balance crítico de esta experiencia de autogestión obrera en la Argentina. En un aspecto general, desde el punto de vista de la construcción alternativa, podemos hacer un esbozo de las principales potencialidades y logros de la experiencia autogestionaria que encabezan en nuestro país las ERT.

En primer lugar, la experiencia de las empresas recuperadas argentinas muestra, una vez más, que la autogestión es un proceso económico, social y político que puede tener impacto en la restitución y generación del empleo arrasado por las políticas económicas neoliberales. Si bien se trata de condiciones bastante particulares, pues presuponen la existencia de una empresa anterior que es abandonada o quebrada por las patronales, las ERT demuestran que trabajadores que conocen su oficio y son capaces de organizarse para reanudar y mantener la actividad productiva pueden además generar mecanismos de gestión eficaces.

Esos mecanismos de gestión no son otra cosa que la democratización de las relaciones sociales de producción, si bien en el marco de un espacio productivo delimitado y circunscripto a una unidad productiva particular. Sin embargo, muestran la potencialidad de la clase trabajadora para prescindir de las estructuras patronales. Como ya afirmó Marx hace más de un siglo y medio,[6] en las fábricas cooperativas (en este caso, nuestras ERT), la explotación del trabajo en forma directa por el capital se encuentra abolida, aunque los trabajadores no consiguen independizarse de la explotación indirecta por la vía del mercado.

A su vez, como fenómeno económico la autogestión del trabajo es una herramienta hasta ahora poco desarrollada por el movimiento popular para la disputa de la distribución de la riqueza. La economía popular, en general, no consigue reproducir -en conjuntos mayores a pocos miles de personas y en espacios muy puntuales- las condiciones de funcionamiento que se logran en las ERT y en otros procesos cooperativos con capacidad de inversión de capital; incluso, en forma muy limitada. Esto se debe principalmente a dos elementos fundantes de las recuperadas que no se encuentran en la mayoría de las experiencias de la economía popular: la existencia de un colectivo previamente estructurado y con experiencia y disciplina laboral (lo que en algunas ocasiones se denomina “cultura del trabajo”) y un capital preservado del fracaso patronal previo en forma de instalaciones, maquinarias y en ocasiones entramados de valor. Ambas condiciones no son garantía, como hemos visto, del éxito, pero sí un punto de partida que las organizaciones de la economía popular no suelen tener y, habitualmente, tampoco se lo proponen.

Como fenómeno social, la empresa autogestionada es un poderoso aglutinante de redes sociales y de solidaridad, un organizador colectivo poco aprovechado. La diferencia con otras organizaciones es su base económica más que territorial. Pero a su vez, la empresa, en especial las ERT, tienen en su haber espacios poco utilizados u ociosos que pueden servir de base a otras iniciativas populares y su propia naturaleza como organización laboral puede funcionar como concentrador de una red de relaciones sociales que fortalece a la comunidad que la rodea. Sin embargo, son pocos los casos en que esto se ha logrado, o se lo ha hecho en base a una estrategia de construcción de poder popular.

En este último sentido, ha sido poco explorada la potencialidad del proceso político de las ERT, que podrían convertirse, en base a los puntos anteriores, en un interesante ejercicio de poder popular. La tendencia de las cooperativas en general y de las empresas recuperadas en particular a cerrarse sobre sí mismas, tendencia sustentada en la imperiosa necesidad de sostener los ingresos mediante la actividad económica en el mercado y por la poca profundidad del tejido organizativo conseguido, limita el alcance de las experiencias en esta dirección.

Estas consideraciones generales deben ser complementadas con otras relacionadas con las dificultades y limitaciones de la experiencia, directamente ligadas al proceso de estos años en las ERT.

Lo primero en este sentido es que la consolidación de las empresas autogestionadas debe tener un correlato a nivel estatal en programas de apoyo y legislación que aseguren los derechos y las conquistas de la autogestión. El movimiento de empresas recuperadas y autogestionadas, en todas sus variantes, se ha mostrado hasta el momento ineficaz en generar las condiciones para avanzar en esta materia después de los logros de los primeros años. La reforma de la ley de concursos y quiebras del año 2011 fue el último avance en ese sentido, y con muchas limitaciones. Esto no tiene porqué ir en desmedro de su autonomía, se trata de la consolidación de derechos conseguidos por la fuerza y la lucha de un movimiento que ya lleva décadas de lucha, como en su momento fueron la jornada laboral de ocho horas, la legalización de los sindicatos o el derecho a la seguridad social. La clase trabajadora que se desempeña en la autogestión está en un ángulo muerto de la legislación: se las reconoce como asociaciones para el trabajo, pero no como un sujeto laboral. Deben cumplir las formalidades impositivas y administrativas de las sociedades económicas, pero no pueden recibir créditos y son sistemáticamente dejadas fuera de las políticas públicas (algo de esto se empezó a revertir en el último tiempo, pero falta aún recorrer un largo camino). Lograr un piso de derechos laborales y económicos puede ser un enorme impulso para la consolidación y la ampliación de la autogestión.

Otra materia pendiente es la escasa formación política e incluso profesional, específica, en procesos de gestión, de sus trabajadores, lo que es casi exclusiva responsabilidad de las organizaciones. Los trabajadores de las ERT están a mitad de camino entre el obrero sindicalizado y el trabajador de la economía popular: espera soluciones de un patrón ausente (en ocasiones reemplazado por la dirigencia de la propia organización) o del Estado. Esta situación, que habla de la dificultad en generar una dirección colectiva de la producción, se transforma en la mayoría de los casos en la demora o incluso el fracaso para la construcción de una organización realmente colectiva de lo económico.

A su vez, la autogestión no logra -y es lógicamente muy difícil en un contexto tan desfavorable- superar los condicionamientos del mercado, en mucha menor medida que los obstáculos que pueda ofrecer el Estado. Pero para avanzar en autonomía frente al mercado (es decir, lograr la capacidad de definir en parte sus propias reglas y condiciones de producción) debe tener herramientas económicas que le den la “espalda” necesaria para hacerlo, es decir, capital y capacidad de generar innovación productiva, además de social (lo que está por lo general relacionado con la inversión que se pueda hacer). Y acá aparece uno de los principales desafíos estratégicos de la autogestión en el marco del capitalismo: cómo generar capital sin explotación y sin una red de respaldo social y político amplia que proporcione lo que la propia actividad productiva demora o no puede generar. Esta red puede incluir el apoyo activo del Estado, para lo cual hace falta un gobierno que quiera hacerlo; y por otra parte, un activo social que apueste a esto y que se vea fortalecido por el éxito de estos intentos.

En este sentido, la experiencia de las empresas recuperadas se diferencia poco de la mayoría de los recorridos históricos en nuestra región y en otras latitudes, especialmente del movimiento cooperativo. Es el desafío que el economista polaco Jaroslav Vanek sintetizó en “el peligro de usurpación de la autogestión por trabajadores-propietarios”, que subyace en el desarrollo de una organización autogestionaria autocentrada y autofinanciada sin nexos con estructuras mayores que le den sentido. La paradoja es que el éxito económico derive en una pérdida del proceso de autogestión, mientras que una politización sin lograr objetivos en la generación de un ingreso digno para todos los miembros de la organización corre el riesgo de no poder asegurar su supervivencia. La respuesta a este desafío puede pasar, intuimos, por la ampliación de las redes que contienen a la autogestión, la diversificación de las fuentes de financiamiento y capitalización y la existencia de una estructura política de formación y conducción del proceso.

Esto último es especialmente válido en las fábricas y empresas de ciertas dimensiones, que no pueden generar las condiciones de reproducción de su circuito económico a mediano plazo ni de inversión para asegurar el largo, cosa que suele aparecer con la necesidad de la renovación de bienes de capital y actualización tecnológica. La precariedad jurídica es un elemento clave en esa limitación, ya que son pocas las empresas que disponen títulos de propiedad y pueden acceder a un crédito bancario y para peor, en la Argentina son hasta ahora escasas las alternativas de financiamiento. Pero incluso si lo hubiera, la gran empresa capitalista hace rato que basa su expansión en el crédito, en el apoyo estatal, en la inversión financiera y en la valorización en grandes conglomerados concentrados con la capacidad de ofrecer los recursos para la unidad de negocios que lo requiera, y de cerrar sin más trámite la que no encaja en el esquema. El aislamiento de las empresas autogestionadas hace casi imposible superar estas situaciones.

Por último, y volviendo a lo afirmado anteriormente, el crecimiento de estas experiencias es fundamental para el desarrollo de alternativas para la economía popular que logren, por un lado, superar el recurso único de la disputa por recursos del Estado y, por otro, la hiperexplotación mediante su subordinación a las cadenas productivas del capital concentrado.

En síntesis, veinte años de autogestión proporcionan una buena base para superar algunas de las limitaciones apuntadas, si podemos debatirlas sin temor a debilitar el movimiento o a ofrecer flancos débiles al poderoso enemigo que es, sin lugar a dudas, el capital, generalmente acompañado fielmente por el Estado. Como conjunto, y a pesar de estas limitaciones, las empresas recuperadas no son otra cosa que la revitalización del proceso autogestionario como herramienta de construcción económica y social de la clase trabajadora, un instrumento abandonado en el proceso histórico por sindicatos y organizaciones políticas. Una idea olvidada en los rincones de la memoria histórica, pero que vive y resurge en cada experiencia de organización económica colectiva como son, sin duda, las empresas recuperadas por sus trabajadores. La rebelión popular del 19 y 20 de diciembre del 2001 contribuyó decisivamente a que esto fuera posible.

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Notas

[1] Ahora Cooperativa de trabajo Felipe Vallese.

[2] Ahora Pauny, uno de los pocos casos en que la recuperación no derivó en una cooperativa sino en una sociedad anónima tripartita que incluye la participación de la cooperativa de trabajadores.

[3] Actual Cooperativa Unión y Fuerza.

[4] El único caso documentado fue la clínica Medrano estatizado por la legislatura porteña en el año 2004. El resultado fue el cierre del establecimiento y la absorción de los empleados por el área de Salud del GCBA.

[5] Datos del programa Facultad Abierta de la UBA y del Registro Nacional de Empresas Recuperadas del INAES.

[6] En el capítulo 27 del Volumen III de El Capital.