La derecha peruana no logra derrocar ni destituir al presidente Pedro Castillo

Tras renunciar a Perú Libre, el partido con el que llegó a la presidencia, el presidente peruano Pedro Castillo se enfrenta ahora a una izquierda que lo acusa de traicionar las promesa de cambio y a una derecha que sigue buscando alejarlo del poder, por las buenas, por las malas o por las peores también.

Tras las votaciones en el Congreso el viernes 15 de julio quedó en claro que la coalición de las bancadas de las derechas no pudo alcanzar los 87 votos que requerían para cambiar la Constitución sin participación popular. Solo les queda el camino del golpe de Estado.

Pero en el Congreso solo alcanzaron 71 votos. Esos son todos los votos que puede acumular. No tienen más, señala Víctor Caballero en La Otra Mirada. Este es un mal gobierno, pero será el pueblo con sus movilizaciones y luchas el que debe decidir el cambio de rumbo de la política nacional y no la derecha con sus campañas de desprestigio y desestabilización desde el Congreso y los medios.

Fallaron en la investigación fiscal para acusar al presidente de delitos comunes, olvidando que el tiempo de investigación puede durar más de lo que ellos esperan; y, porque la denuncia se basaba en acusaciones de personajes de dudosa credibilidad como Karelin López y Villaverde,

La derecha se trazó metas irrealizables como que Castillo no duraba un mes de gobierno; que no pasaba de fin del 2021, y finalmente que no llegaba a julio de 2022. Fallaron en todo, porque su objetivo era irreal y su estrategia desastrosa, y lograron poner en su contra a los trabajadores, las comunidades campesinas, los pueblos indígenas, las colectividades gay, y empleados de la administración púbica.

Mientras, desde la Fiscalía de la Nación, tras medio año reanudaron el bombardeo contra Castillo para dificultarle la tarea de gobernar, al anunciar que le iniciará investigación preliminar por presunto tráfico de influencias por su supuesta intervención en la compra de Biodiesel en favor de la empresa Heaven Petroleum Operators S.A.

La izquierda

Hoy la izquierda peruana se encuentra en una disyuntiva: seguir apoyando a Castillo, a pesar de su idas y venidas, o sumarse a la derecha, que planea destituirlo en el Congreso («vacarlo») desde el primer día para así llegar al poder.

Un sondeo publicado en junio, mostró que solo 25% de los peruanos con una identificación ideológica de izquierda aprueba la gestión presidencial, pero lo cierto es que el rechazo al gobierno no encuentra aún cómo materializarse. Y es que Este dilema lo han experimentado, con mucha mayor intensidad, fuerzas progresistas como Nuevo Perú. Sus discrepancias, en algunos casos, han terminado en rupturas públicas. 

La progresista Veronika Mendoza, presidenta del movimiento político Nuevo Perú, había hecho público su alejamiento con el gobierno a inicios de este año y había llamado a tomar las calles, pues no habría «proceso de cambio sin un pueblo consciente, organizado y movilizado».

La última semana, la Coordinadora de Organizaciones de Izquierda y Progresistas del Perú presentó la última semana al primer ministro Aníbal Torres un Plan Anticrisis con 36 propuestas de políticas públicas, con medidas urgentes para enfrentar el alza de precios de alimentos, combustibles y fertilizantes y entre sus ejes destaca el apoyo a la agricultura familiar y el apoyo a las ollas comunes.

El plan ha sido elaborado por un conjunto de fuerzas de izquierda que no están en el gobierno de Pedro Castillo y que buscan plantear alternativas de solución a la crisis que vive el país, sin caer en el golpismo de la derecha ni buscar arreglos políticos bajo la mesa.

Asimismo, enfatiza la necesidad de construir soberanía energética con la masificación del gas y las energías renovables, impulsar una reforma tributaria e implementar programas de empleo temporal. En reunión con el primer ministro la comitiva de izquierda pidió retomar la lucha contra la corrupción y proteger los derechos de las mujeres.

CLAE

----

Miles de trabajadores marchan en defensa de conquistas

Prensa Latina

Miles de trabajadores marcharon el miércoles por el centro de Lima en defensa de dos decretos gubernamentales que restauran derechos sindicales y pidieron el cierre del Parlamento, al que calificaron como golpista.

La movilización sindical llegó hasta ubicarse frente al Congreso de la República y reclamó además una nueva constitución, para la cual plantea un referendo sobre la aceptación ciudadana a una asamblea constituyente, consulta rechazada por el Legislativo.

La manifestación se realizó cuando la mayoría conservadora del Legislativo se propone destituir al presidente Pedro Castillo por graves pero infundadas acusaciones de corrupción y apartar también a la vicepresidenta, Dina Boluarte, para que la sucesión presidencial recaiga sobre quien el Legislativo elija como nuevo presidente.

La marcha, que no se pronunció sobre los problemas de Castillo, fue convocada por la Confederación General de Trabajadores (CGTP) en una Jornada Nacional de Lucha y se sumaron diversas organizaciones, como el Movimiento Nuevo Perú (NP).

La congresista de NP Isabel Cortez, líder sindical de los trabajadores de limpieza pública, marchó en la vanguardia, junto a dirigentes de la CGTP y sus bases.

La manifestación salió para hacer frente a una campaña de parlamentarios derechistas, organizaciones empresariales y medios de prensa afines, contra dos decretos del Gobierno que restablecen plenamente los derechos de sindicalización y de huelga y el de la negociación colectiva de mejoras por ramas de actividad.

También limita el derecho otorgado a los empresarios, de tercerización laboral, es decir contratar personal con salarios y derechos recortados y sin estabilidad y determina que la modalidad solo se usará en actividades no centrales de las empresas.

Los derechos sindicales fueron eliminados o limitados hasta volverlos ineficaces en ejecución del programa neoliberal del gobierno de Alberto Fujimori, hace tres décadas.

En un mensaje público, la CGTP deploró que los grupos de poder económico, sus medios de prensa y sus operadores en el Congreso lancen una campaña de mentiras, al sostener que los decretos atentan contra la inversión, en realidad frenan el abuso laboral y el enriquecimiento a costa de la explotación.

La central sindical afirmó que los decretos son “una conquista histórica de la clase trabajadora y debemos defenderlos en todos los espacios y formas necesarias”.