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La deuda infame… éramos pocos y llegó Carrió
Una ambigua jugada del partido fundado por Elisa Carrió busca el apartamiento del Congreso del campo de las decisiones.
El gobierno nacional sigue entre idas y vueltas en la negociación de la deuda externa. La intención de presentar el proyecto de aprobación del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante esta semana, antes de la apertura de sesiones del Congreso, parece quedar en suspenso. Ahora trasciende que sería presentado recién la semana próxima, después del feriado de carnaval.
La tan mentada “letra chica” alberga un camino tortuoso que puede incluir un importante ajuste de las tarifas de luz y gas (ya se habla del 60 por ciento de aumento). Asimismo aparece en el horizonte una reforma de los regímenes jubilatorios llamados “especiales”. Se mencionan en primer lugar el de los jueces y el de los diplomáticos, pero nada garantiza que no se extienda a otros.
Las exigencias del FMI podrían extenderse sobre la jubilación de los docentes, quizás el más gravitante de los regímenes especiales.
Al mismo tiempo se ha confirmado por completo que no habrá reducción de sobretasas ni mucho menos extensión de plazos. El FMI no admite de un modo efectivo sus responsabilidades en la firma del stand by impagable de 2018. Ni de su convalidación de la fuga de capitales de la que aquél sirvió de cobertura. Quiere cobrar y, sobre todo, ansía ejercer una férrea tutela sobre la economía argentina y la sociedad en general.
El FMI revisaría cada tres meses la economía nacional para ver si se avanza en el ajuste fiscal. Ajuste que podría comprender otros puntos. Tales como el establecimiento de alguna modalidad de ataque a los salarios estatales y/o a la estabilidad de los empleados públicos o alguna maniobra para postergar la edad jubilatoria, en aras de hacer “sustentable” al sistema previsional. Y por supuesto no se pueden descartar variantes explícitas o vergonzantes de la “reforma laboral”.
Al gobierno le interesa fomentar la creencia ilusoria de que los dólares generados por eventuales mejores precios y mayores volúmenes de las exportaciones bastarán para cumplir con el Fondo sin afectar los gastos e inversiones del Estado. Los completaría una mayor eficiencia en la recaudación impositiva, al parecer sin establecer nuevos tributos. Lo que no iría a afectar en ninguna proporción los ingresos, el nivel de vida y los derechos de trabajadorxs, jubilados y receptores de prestaciones sociales.
El presidente enunció lo anterior en el anuncio del nuevo pacto el 28 de enero. Cada nuevo “detalle” que se conoce del acuerdo todavía en trámite es una desmentida adicional. Lo prometido está en trance de pasar del terreno de las ilusiones al de los engaños lisos y llanos.
La Coalición Cívica entra en escena.
La Coalición Cívica (CC), con Elisa Carrió a la cabeza, anuncia, al parecer de improviso, un proyecto para que el Congreso sólo vote una genérica autorización para que el poder ejecutivo tome nueva deuda.
Todas las acciones concretas en la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) quedarían así en manos del Poder Ejecutivo. Y frustrado el objetivo de la ley vigente, la 27.612, que prevé una mayor intervención del Poder Legislativo.
Lo que por añadidura acarrea el incumplimiento de una cláusula de la Constitución Nacional, el artículo 75, que incluye entre las atribuciones del Congreso Nacional “contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación; arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación.”
En el documento que da los fundamentos del proyecto mencionado puede leerse que su propósito es “… evitarle a la sociedad el trauma que provocaría en la economía un default con el Fondo; estar a la altura de la responsabilidad histórica; y honrar las deudas para no hacernos más daño frente al mundo«
En los términos de la ley No 27.612, conocida como de “fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública” el proyecto autoriza en el plano formal al Gobierno a suscribir programas de financiamiento y/o operaciones de crédito público con el FMI. Para alcanzar un nuevo plan de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Acuerdo Stand-By de 2018. «Sin perjuicio del control posterior por parte del Honorable Congreso de la Nación».
Una autorización general de ese tipo sería meramente de forma y las decisiones efectivas volverían a manos del Poder Ejecutivo. Al menos en ese plano, se reproducirían las malas prácticas en el tratamiento de la deuda. Cuyo último exponente fue el absurdo préstamo gestionado en 2018, bajo la presidencia de Mauricio Macri.
En aquel año no se cumplió con el mandato constitucional. Y se desnaturalizó el carácter de la operación, al destinar la mayor parte de sus fondos a financiar la fuga de los capitales por parte de grandes empresarios locales e internacionales.
La propuesta puede tener asidero en el interés de la CC de eludir responsabilidades en las políticas “impopulares” que sigan al “arreglo” de la deuda. Pero de avanzarse en esa dirección podría derivar en que el gobierno se libre de un álgido debate punto por punto en los ámbitos legislativos.
En el elenco gobernante hay quien le teme a una discusión ardua. Sobre todo porque pueda dejar expuestas fuertes discrepancias en el interior del propio FdT.
La agrupación fundada por Carrió viste de altruista “republicanismo” su decisión. Y en Juntos por el Cambio (JxC) varias voces salieron a cuestionar que se haya “cortado sola” y a enrostrarle que, de prosperar la iniciativa, le haría un favor al gobierno.
Sin embargo, los dirigentes de la CC no son los primeros en avanzar en esa dirección en JxC. La propia presidenta de PRO, Patricia Bullrich propuso en su momento la lisa y llana derogación de la ley 27.612. Y dos “intelectuales orgánicos” de la oposición de derecha, cada uno por su lado, se pronunciaron por la aprobación por vía de decreto. Nos referimos al politólogo y encuestador Alejandro Catterberg, y al economista y directivo de la Fundación Mediterránea Carlos Melconian.
Nada para escandalizarse entonces, salvo la contrariedad porque la lideresa de la CC los haya “primereado” con una propuesta que varios querrían que emanara del conjunto de la alianza opositora.
¿Y el oficialismo?
En diversos espacios del FdT que aparecen como críticos se sigue en el terreno de las discrepancias más o menos públicas, los “silencios significativos”, las entrevistas con economistas de otros países que cuestionan al FMI. A lo sumo emiten algún documento condenatorio del acuerdo que no tiene ulterioridades en materia de movilización.
Todo esto podría tener efectos políticos concretos si se traduce en llamados a la protesta colectiva y a la movilización callejera. Nada de eso ha ocurrido hasta ahora.
Las importantes manifestaciones en las calles en contra del pago de la deuda ilegítima no han contado con la concurrencia de sindicatos, organizaciones sociales ni agrupaciones partidarias que están hasta ahora alineadas con el gobierno. Son en cambio las agrupaciones y partidos que despliegan la denuncia de la deuda desde hace años las que han llevado todo el peso de la movilización.
Ello constituye una limitación nada desdeñable. En 2017 el debate en el Congreso de reformas por el sistema jubilatorio atrajo el repudio frente al “palacio legislativo” de centenares de miles de personas. Alcanzar una demostración de esa magnitud se vuelve ahora más difícil si los espacios sociales con liderazgo peronista se autoexcluyen de la protesta en el espacio público.
Habrá una responsabilidad central del kirchnerismo, en caso de aprobación legislativa del “entendimiento” con el FMI. Será la de haber permitido que se legitime, por parte de los supuestos “representantes del pueblo”, una ofensiva contra el nivel de vida popular. Y nada menos que en un país con la mayor parte de sus niñxs en la pobreza y con enormes niveles de precariedad laboral.
El no involucrarse en la lucha contra el “arreglo” de la deuda no constituirá un mero error o una ligereza, sino una complicidad inexcusable con la continuidad y agravamiento del saqueo de la sociedad argentina. Con el conjunto de las clases populares como víctima propiciatoria.
Ello incluirá la aceptación de una de las mayores claudicaciones que acarrea el pacto. Se trata de la pérdida de soberanía que muestra la ya mencionada cláusula que señala que el FMI mandará a sus emisarios cada tres meses a que revisen las cuentas nacionales. Y quedarán facultados para diagnosticar “desvíos”, lo que a su vez puede derivar en más y peores medidas de “ajuste”.
El espectáculo de un gobierno acorralado, hasta el límite de su disolución por los emisarios del Fondo puede remontarse a la presidencia de Raúl Alfonsín. Es sabido como terminó esa historia. Algo similar podría suceder ahora, con el gobierno de Alberto Fernández como sujeto “sufriente”.
Cae de su peso que hagan lo que hagan quienes revistan en el oficialismo y la oposición de derecha, la protesta iniciada hace ya tiempo seguirá su curso. El de repudio consecuente al despojo de que se pretende hacer víctima a nuestra sociedad y a las clases populares en particular.
El camino está trazado y las medidas de lucha seguirán una progresión. Que tendrá un hito muy importante en la marcha sobre el Congreso cuando se debata el acuerdo de sometimiento al organismo internacional. Y en caso de que esa ley pase, o (lo que no puede descartarse) que se soslaye el instrumento legal, tendrá continuidad en la defensa de la vida y los derechos de las clases explotadas.
Si hay algo seguro es que la lucha continúa… y crece.
