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La Doctrina Biden en Centroamérica
La región centroamericana es una de las principales áreas de influencia política de EEUU. Sus relaciones están caracterizadas por ser interdependientes pero profundamente asimétricas; para EEUU es clave garantizar el control político de Centroamérica en tanto asegura rutas geoestratégicas para el comercio y seguridad.[i] Esta condición atraviesa a cualquier Gobierno estadounidense y convierte a Centroamérica en una región sensible a los cambios en EEUU
Este artículo repasa las estrategias centrales que impulsará Biden en Centroamérica, donde se prevén algunos cambios de táctica mas no de objetivos, y las distancias con Trump podrían interpretarse como claves discursivas pero parecen acortarse en las acciones concretas. Prueba de ello son las medidas tomadas por Biden a menos de un mes en la Casa Blanca: revocatoria del decreto de Trump de 2017 que criminalizaba la presencia indocumentada, memorándum para preservar y fortalecer la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), la eliminación de los Acuerdos del Tercer País Seguro,[ii] a la vez que enfatiza que la seguridad fronteriza y los “desafíos humanitarios” de la frontera sur son claves en su Administración.
La seguridad como punto de partida
La prosperidad de América Latina y la seguridad nacional de EEUU es considerada por el Gobierno estadounidense como de interés mutuo.[iii], lo que implica que toda su política exterior hacia la región parte del objetivo y/o interés de garantizar la seguridad estadounidense a través de estrategias de poder suave o duro, pero con la seguridad como punto de partida.
Para Centroamérica, Biden marca su prioridad en el Triángulo Norte: Guatemala, El Salvador y Honduras, identificando al flujo migratorio como uno de los principales desafíos a contrarrestar y ubicando el fortalecimiento del Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción como las claves para atacar las raíces de la migración forzada. Así, se identifica a la corrupción como el “cáncer” que al Triángulo Norte le “impide progresar significativamente en cualquiera de los otros desafíos”[iv], por lo que es necesario poner “la lucha contra la corrupción en el centro de la política de EEUU en Centroamérica”.[v]
Será clave la asistencia para el desarrollo -vinculada a la seguridad nacional- en función de la mejora de la “gobernanza” y la asistencia técnica en los aparatos judiciales, lo cual se instrumentalizará a través de reformas en las fuerzas de seguridad, del Poder Judicial y la asistencia técnica a jueces y fiscales para el combate de delitos financieros. Se prevé la creación de una nueva agencia como parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para investigar la corrupción en el Triángulo Norte y una mayor presencia de los agregados de los departamentos de Justicia y Tesoro en las embajadas centroamericanas.[vi]
De esta forma, esta especie de “lawfare a la inversa” podría constituirse en la punta de lanza de la política estadounidense hacia Centroamérica.[vii] Esta cuestión no es nueva para Biden, quien como vicepresidente de la Administración Obama impulsó la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La CICIG llevó a cabo la investigación, junto a la Fiscalía General de la República, del caso sobre el sistema de corrupción encabezado por el expresidente Otto Pérez Molina, quien posteriormente fue obligado a renunciar y encarcelado junto a la vicepresidenta Baldetti. Sin embargo, estas destituciones no implicaron un cambio político para Guatemala, y en su lugar provocaron el blindaje del Pacto de Corruptos; ello da cuenta de la dinámica de “lawfare a la inversa”, es decir, la intromisión estadounidense en diferentes países en función de fortalecer gobiernos neoliberales.
Hoy la CICIG sigue expulsada del territorio guatemalteco, mientras que Nayib Bukele creó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) en conjunto a la OEA -un organismo internacional con alta injerencia estadounidense.- Son de público conocimiento las declaraciones bipartidistas del Congreso saliente en rechazo a distintas acciones autoritarias impulsadas por Bukele, además de que el hermano de Juan Orlando Hernández está siendo juzgado en EEUU[viii] Así, es probable que las herramientas del lawfare proliferen en la región o que los gobernantes centroamericanos decidan alinearse –nuevamente– a las políticas hegemónicas de EEUU El lawfare estaría en la extensión de la jurisdicción estadounidense a través de las reformas al Poder Judicial y la cooperación en términos judiciales.
Asimismo, aunque por el momento la Administración Biden no haya explicitado cómo se llevarán a cabo las políticas de seguridad enmarcadas en el poder duro (bélico-militar), hay que tener en cuenta que las estrategias de mediano-largo plazo y el modus operandi del Pentágono (articulado al complejo industrial militar) trascienden al “color” de las administraciones (republicanas o demócratas).[ix] Ciertamente, habrá una continuidad respecto a la presencia militar de EEUU (ejercicios conjuntos, capacitación, bases militares, etc.) en Centroamérica para contrarrestar el narcotráfico, responder a desastres naturales y detener la influencia china y rusa.[x]
Cuestión migratoria: asistencia para el desarrollo y seguridad
En su primer día en la Casa Blanca, Biden revocó el decreto[xi] emitido por Trump el 25 de enero de 2017 que, entre otras medidas, criminalizaba la permanencia indocumentada, considerándola como una amenaza a la seguridad pública y nacional. A través de la Orden Ejecutiva[xii] se plantea que los inmigrantes han ayudado a fortalecer las familias, las comunidades, las empresas, la fuerza laboral y la economía de EEUU y reitera que la política de la Administración entrante se enfocará en proteger la seguridad nacional y fronteriza, abordar los desafíos humanitarios en la frontera sur y garantizar la salud y la seguridad pública. Biden también emitió un memorándum para preservar y fortalecer DACA[xiii] y proclamó la interrupción de los fondos de emergencia para la construcción del muro fronterizo con México.[xiv]
Las políticas migratorias son un ejemplo claro de la articulación entre la asistencia para el desarrollo y la seguridad. Se supone que Biden apostará por una política migratoria integral, pero que no necesariamente será menos securitizada. La Estrategia Integral para América Central tiene un presupuesto previsto de cuatro mil millones de dólares, obtenidos por fondos del Homeland Security e inversión del sector privado, así como mayor participación del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el desarrollo de infraestructura e IED en la región.
El 2 de febrero, el nuevo presidente ratificó por medio de tres órdenes ejecutivas i) las medidas migratorias vinculadas a la reunificación familiar, ii) la creación de un marco regional integral para abordar las causas y mejorar la administración de los flujos migratorios desde América del Norte y Centroamérica, y iii) la posibilidad de proporcionar un procesamiento seguro y ordenado de los solicitantes de asilo de quienes migran por la frontera sur de EEUU [xv] Ese mismo día, la Presidencia comunicó la culminación de los Acuerdos del Tercer País Seguro con el Triángulo Norte. Aun así, en el comunicado oficial se establece que esas acciones no significan que las fronteras estén abiertas sino que son un paso más de la estrategia que pretende detener la migración forzada a través de la cooperación en la lucha contra la corrupción y la impunidad.[xvi]
A lo largo de la campaña, Biden se posicionó en las antípodas de la gestión realizada por Trump, en particular en lo referente a la cuestión migratoria. Sin embargo, es clave remarcar que la política migratoria “línea dura” no es exclusiva de la Administración republicana. Con el pretexto de solucionar la “crisis humanitaria” suscitada por el incremento de la migración, Obama propuso la creación de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica y Biden fue uno de sus principales articuladores, reuniéndose a menudo con los líderes del Triángulo Norte para redactar las directrices de la Alianza. Asimismo, el nombramiento del cubanoamericano Alejandro Mayorkas como secretario del Homeland Security, retrotrae a las acciones más sombrías de la Administración Obama-Biden, como el inicio del uso de instalaciones para detención de migrantes similares a cárceles, política que fue continuada por la Administración Trump.
Asistencia para el desarrollo recargada
La Administración demócrata reubicará la asistencia para el desarrollo como uno de los pilares fundamentales de la política exterior estadounidense, otorgando un rol político más protagónico a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).[xvii] Se espera, incluso, la incorporación de la USAID al Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, algo que no se ha hecho antes.[xviii]
Expertos de think tanks y asesores de Biden afirman que la asistencia a los países subdesarrollados significará más seguridad para EEUU, y que mientras Trump redujo los fondos para Centroamérica durante la crisis migratoria, Biden planea aumentar significativamente el presupuesto orientado a la región, que pasaría de 750 millones de dólares a 4 mil millones de dólares[xix].
Diversos sectores coinciden en que es la vía más efectiva para reducir la llegada de migrantes a la frontera de EEUU y reducir las actividades criminales. En este punto, la asistencia para el desarrollo y la cuestión migratoria “son una misma cosa”. Esa es la visión de los principales think tanks estadounidenses, que han planteado lo mismo durante la Administración Trump.[xx]Se parte del común acuerdo de que es necesario que EEUU sea “proveedor” de asistencia, aunque en los hechos la asistencia no ha demostrado cambios sustanciales en las condiciones estructurales en los países centroamericanos. Esta situación se debe, en parte, a que los intereses concretos de organismos como USAID se orientan a garantizar la expansión de las empresas y el complejo industrial-militar estadounidense. El resultado es la dependencia de las economías centroamericanas y un rol protagónico de EEUU en la toma de decisión de asuntos domésticos de estos países, desde del ámbito del ordenamiento jurídico, hasta aspectos de seguridad, salud, educación, etc. en un esquema asimétrico en el que EEUU condiciona la ayuda.
No se avecinan cambios estructurales en la política exterior de EEUU hacia Centroamérica. Más allá del uso político y propagandístico que el Gobierno de Biden haga de una asistencia para el desarrollo más abultada y de una política migratoria “más humana”, es claro que éstas estarán aún más articuladas a políticas de seguridad, principalmente en relación a políticas anticorrupción (lawfare) y antinarcóticos. La política exterior, por tanto, sería una extensión de la política de seguridad en EEUU, estrategias que no han demostrado efectos positivos, sino todo lo contrario. De igual manera, el incremento de esquemas de cooperación en la región implican una mayor incidencia política (sobre todo que conforman el Triángulo Norte) con organismos multilaterales y de préstamo que hacen de la región, una región endeudada y dependiente.
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Notas
[i] Según los planteamientos del geopolítico Nicolas Spykman.
[ii] https://www.celag.org/trump-mesoamerica-y-los-acuerdos-de-tercer-pais-seguro/
[vii] Por lawfare a la inversa se entienden a las estrategias jurídicas utilizadas para fortalecer y/o asegurar Gobiernos neoliberales o bien para dar una buena imagen a la intervención jurídica de Estados Unidos. Los casos de Colombia, Perú y Guatemala parecen enmarcarse en esa línea. https://www.celag.org/leer-lawfare-online/
[ix] Lajtman, Tamara (2020) “Trump y la renovación del militarismo imperial en ALC”. En Romano, Silvina Trumperialismo: Estados Unidos y la guerra permanente contra América Latina. Madrid: CELAG-Mármol-Izquierdo.
[xi] https://www.govinfo.gov/app/details/DCPD-201700072
[xii] https://www.govinfo.gov/app/details/DCPD-201700072
[xx] https://www.celag.org/ee-uu-y-la-asistencia-para-centroamerica/
celag.org
