La farsa electoral en Chile consuma la traición del gobierno de Boric

Todos a una. Los partidos políticos chilenos se unen apoyando el voto para designar a quienes formarán parte del Consejo Constituyente. Atrás quedó el sueño de una constitución redactada por una Asamblea constituyente electa, cien por ciento, por el soberano. La voluntad general ha sido ninguneada. Para corroborar dicha afirmación, baste observar la coincidencia entre la diputada del Partido Comunista Karol Cariola y el neopinochetista José Antonio Kast. Para Cariola, votar nulo beneficia a la derecha; para Kast, votar nulo es votar por la izquierda.

Así se tiran la pelota en un partido donde el resultado está pactado. Mientras tanto, la realidad del país fluye por otros cauces. En Chile se invisibiliza, tapa, niega o descalifica la crítica. Asistimos a un gobierno cuyas políticas se escoran más a la derecha y cuyo presidente muestra un carácter débil y timorato. Veamos algunos hechos.

Mientras el pueblo mapuche sufre la represión del Estado, acusando- y encarcelando- a sus dirigentes de terroristas, los testigos de las madereras se presentan encapuchados. En un acto que le honra, la jueza solicita, bajo secreto de sumario, su identidad para que los abogados defensores puedan ejercer su alegato. El gobierno de Boric, por boca de su ministra de interior, Carolina Tohá, consideró dicha petición un exceso y lo tildó de un error que debía enmendarse. Así llamó a paralizar la petición y amonestar a la jueza. Objetivo cumplido. ¡Viva la independencia del Poder Judicial!

Por otro lado, Gabriel Boric presentó la creación de la empresa estatal del litio, olvidándose mencionar que 49 por ciento de la participación corresponderá a las trasnacionales y capital privado. La maniobra recuerda la chilenización del cobre, impulsada por el gobierno de Eduardo Frei Montalva en 1969. Salvador Allende deshizo el entuerto en 1971, nacionalizando la gran minería del cobre.

Pero aquí no se acaban las felonías del gobierno progresista. Desde abril de 2023, las fuerzas del orden público, los Carabineros, mediante la aprobación de la ley conocida como del gatillo fácil, contarán con subametralladoras Uzi para reprimir las protestas populares. Ya no dispararán balines de goma, ahora sus armas de guerra tienen fuerza letal.

Asimismo, el gobierno aprueba la jornada laboral a 40 horas, pero oculta la letra pequeña, mayor flexibilidad de contratación. Los empresarios se muestran satisfechos. Sin olvidarnos de que el Senado chileno lo preside, con los votos de los progresistas, Juan Antonio Coloma, ex presidente de UDI [Unión Demócrata Independiente] y pinochetista confeso.

Y en política internacional, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, el democristiano Alberto Van Klaveren, un defensor de la OTAN, muestra su apoyo al régimen de Zelenski a la par que fomenta leyes migratorias más apegadas al gobierno italiano de Giorgia Meloni que derivadas de un gobierno defensor de los DDHH. No debemos olvidar que fue uno de los operadores de la concertación ante el Ciade [Corporación de Investigación y Asesoría para el desarrollo y emprendimiento], cuya función fue negar el pago de la indemnización por la expropiación del diario Clarín por la dictadura.

Tras la derrota electoral del 4 de septiembre de 2022, el gobierno progresista no buscó rehacer la propuesta de forjar una Asamblea Constituyente, prefirió la traición. Se unió al reclamo de la derecha, dejar la elaboración de una nueva Carta Magna en manos de 'expertos'. El 12 de diciembre de 2022 se firmó el acta de rendición. El Pacto por Chile fue secundado por la casi totalidad de los partidos, desde el Partido Comunista hasta los pinochetistas de Renovación Nacional y UDI. Sólo el partido republicano y el partido de la gente se bajaron del carro. Pero hoy llaman a votar, uniendo fuerzas para sisar al pueblo chileno la voluntad soberana. El Pacto por Chile clausuró los espacios democráticos.

La nueva constitución será redactada a puerta cerrada por expertos, nombrados por los partidos con representación parlamentaria. Y hoy nos enfrentamos al último eslabón que engarza la cadena. Para que la traición se lleve a cabo, la convocatoria de un seudo referéndum para elegir a los 50 miembros del llamado Consejo Constitucional se presenta como unas elecciones a constituyentes.

Pero no nos engañemos, lo que se elige en Chile no son constituyentes; son la comparsa que acompañará a la comisión de expertos. Su papel se limitará a dar el Sí a la Constitución elaborada por una comisión de expertos. Ellos no redactan ni participan en su elaboración. Y, por si fuera poco, señala el historiador Sergio Grez, “para no correr el más mínimo riesgo de desborde de su plan de gobernabilidad sistémica, los parlamentarios agregaron un ‘comité técnico de admisibilidad’, también designado por ellos mismos, encargado de revisar las normas que se presenten en la Comisión de expertos o que se discutan en el Consejo Constitucional, a fin de decidir si son o no admisibles”.

Esta circunstancia ha provocado que una parte de la sociedad civil llame a anular el voto o abstenerse. En Chile habrá nueva Constitución, pero será el resultado espurio de una propuesta elaborada a espaldas del pueblo. Sin embargo, si el voto nulo es significativo, la legitimidad de las elecciones se verá cuestionada.

Nuevamente la plutocracia gobernante traiciona las esperanzas de abrir las alamedas, ese legado con el cual Salvador Allende cerró su discurso el 11 de septiembre de 1973 y con el cual sueña el pueblo chileno. Parece ser que un cartel, a 50 años del golpe del Estado cívico-militar cubre el frontis del palacio de La Moneda: Prohibido el paso a la dignidad.

La Jornada