La guerra secreta de Israel contra la Corte Penal Internacional

Fue para frustrar la investigación de la Corte Penal Internacional sobre presuntos crímenes de guerra, según revela una investigación conjunta de la revista +972, Local Call y The Guardian.

Esta operación con múltiples agencias, que se remonta a 2015, ha hecho que la comunidad de inteligencia de Israel vigilase rutinariamente al actual fiscal jefe de la corte, Karim Khan, a su predecesor Fatou Bensouda, y a docenas de otros funcionarios de la CPI y de la ONU. La inteligencia israelí también supervisó los materiales que la Autoridad Palestina presentó a la oficina del fiscal y vigiló a los empleados de cuatro organizaciones palestinas de DDHH cuyos testimonios son fundamentales para la investigación.

Según las fuentes, la operación encubierta movilizó a los departamentos más importantes del régimen de Israel, a la comunidad de inteligencia y a los sistemas legales civiles y militares para hacer descarrilar la investigación de la CPI.

La información de inteligencia obtenida a través de esta vigilancia se transmitió a un equipo secreto de altos abogados y diplomáticos del régimen israelí, que viajaron a La Haya para reuniones confidenciales con funcionarios de la CPI en un intento de "dar [al fiscal jefe] información que la haría dudar del fundamento legal de su derecho a lidiar con esta cuestión". La inteligencia también fue utilizada por el ejército israelí para abrir de forma retroactiva investigaciones sobre incidentes que eran de interés para la CPI, para tratar de demostrar que el sistema legal de Israel es capaz de rendir cuentas.

Además, como informó The Guardian hoy, el Mossad, la agencia de inteligencia exterior de Israel, realizó su propia operación paralela que buscaba información comprometedora sobre Bensouda y sus familiares cercanos en un aparente intento de sabotear la investigación de la CPI. El exjefe de la agencia, Yossi Cohen, intentó personalmente "reclutar" a Bensouda y manipularla para que cumpliera con los deseos de Israel, según fuentes familiarizadas con sus actividades, lo que hizo que la entonces fiscal temiera por su seguridad personal.

El primer ministro Benjamin Netanyahu, visto con Yossi Cohen, entonces jefe del Consejo de Seguridad Nacional, en una conferencia de prensa en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Jerusalén, el 15 de octubre de 2015.

Nuestra investigación se basa en entrevistas con más de dos docenas de oficiales de inteligencia israelíes en activo y retirados y funcionarios del régimen, ex funcionarios de la CPI, diplomáticos y abogados familiarizados con el caso de la CPI y los esfuerzos de Israel para socavarlo. Según estas fuentes, inicialmente, la operación israelí intentó evitar que el tribunal abriera una investigación penal completa; después de que se pusiera en marcha una investigación completa en 2021, Israel trató de asegurarse de que no llegara a nada.

Además, según varias fuentes, los esfuerzos clandestinos de Israel para interferir en la investigación, que podría equivaler a delitos contra la administración de justicia, punibles con una sentencia de prisión, se han gestionado desde el principio desde lo más alto. Se dice que el primer ministro Benjamin Netanyahu se ha interesado en la operación, incluso ha enviado a los equipos de inteligencia "instrucciones" y señalado "áreas de interés" con respecto a su seguimiento de los funcionarios de la CPI. Una fuente hizo hincapié en que Netanyahu estaba "obsesionado, obsesionado, obsesionado" con averiguar qué materiales estaba recibiendo la CPI.

El primer ministro tenía buenas razones para preocuparse: la semana pasada, Khan anunció que su oficina está solicitando órdenes de arresto contra Netanyahu y el ministro de Defensa Yoav Gallant, así como para tres líderes en las alas políticas y militares de Hamas, en relación con los presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos desde el 7 de octubre. El anuncio señala que se pueden solicitar órdenes de detención adicionales, que exponen a las personas procesadas a la detención en caso de que visiten cualquiera de los 124 estados miembros de la CPI.

Para los altos funcionarios de Israel, el anuncio de Khan no fue una sorpresa. En los últimos meses, la campaña de vigilancia dirigida al fiscal jefe "escaló la cima de la agenda", según una fuente, dando así al régimen un conocimiento previo de sus intenciones.

De manera significativa, Khan emitió una advertencia críptica en sus comentarios: "Insisto en que todos los intentos de impedir, intimidar o influir indebidamente en los funcionarios de este tribunal deben cesar de inmediato". Ahora, podemos revelar detalles de parte de lo que estaba advirtiendo: la "guerra" de nueve años de Israel contra la CPI.

"Los generales tenían un gran interés personal en la operación"

A diferencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que se ocupa de la legalidad de las acciones de los estados, y que la semana pasada emitió un fallo que se considera un llamamiento a Israel para detener su ofensiva en la ciudad de Rafah, la más meridional de Gaza, en el contexto de la petición de Sudáfrica que acusa a Israel de cometer genocidio en la Franja, la CPI se ocupa de personas específicas sospechosas de haber cometido crímenes de guerra.

Israel ha sostenido durante mucho tiempo que la CPI no tiene jurisdicción para procesar a los líderes israelíes porque, al igual que los EEUU, Rusia y China, Israel no es estado signatario del Estatuto de Roma que estableció la Corte, y Palestina no es un estado miembro de pleno derecho de la ONU. Sin embargo, Palestina fue reconocida como miembro de la CPI al firmar la convención en 2015, después de haber sido admitida en la Asamblea General de las Naciones Unidas como estado observador, pero no de pleno derecho, tres años antes.

Los palestinos se reúnen para ver el discurso del presidente Mahmoud Abbas en el intento por el estatus de "estado observador no miembro" de Palestina en las Naciones Unidas, proyectado en el muro de separación israelí en la ciudad de Belén, en Cisjordania, el 29 de noviembre de 2012.

La entrada de Palestina en la CPI fue condenada por los líderes israelíes como una forma de "terrorismo diplomático". "Fue percibido como el cruce de una línea roja, y tal vez la cosa más agresiva que la Autoridad Palestina haya hecho contra Israel en el ámbito internacional", explicó un funcionario israelí. "Ser reconocido como estado en la ONU es agradable, pero la CPI es un mecanismo con dientes".

Inmediatamente después de convertirse en estado parte de la corte, la Autoridad Palestina pidió a la oficina del fiscal que investigara los crímenes cometidos en la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, a partir de la fecha en que el Estado de Palestina aceptó la jurisdicción de la corte: 13 de julio de 2014. Fatou Bensouda, la fiscal jefe en ese momento, abrió un examen preliminar para determinar si se cumplian los criterios para una investigación completa.

Temiendo las consecuencias legales y políticas de los posibles enjuiciamientos, Israel se apresuró a preparar equipos de inteligencia en el ejército, el Shin Bet (inteligencia nacional) y el Mossad (inteligencia en el extranjero), junto con un equipo encubierto de abogados militares y civiles, para liderar el esfuerzo para prevenir una investigación completa de la CPI. Todo esto fue coordinado por el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) de Israel, cuya autoridad deriva de la Oficina del Primer Ministro.

"Todo el mundo, todo el establishment militar y político, estaba buscando formas de dañar el caso de la Autoridad Palestina", dijo una fuente de inteligencia. "Todos participaron: el Ministerio de Justicia, el Departamento de Derecho Internacional Militar [parte de la Oficina del Abogado General Militar], el Shin Bet, el NSC. [Todo el mundo] veía a la CPI como algo muy importante, como una guerra que había que librar, y contra la que Israel tenía que ser defendido. Se describió en términos militares".

El ejército no era un candidato obvio para unirse a los esfuerzos de recopilación de inteligencia del Shin Bet, pero tenía una fuerte motivación: evitar que sus comandantes fueran juzgados. "Los que realmente querían [unirse al esfuerzo] eran los propios generales de las FDI, que tenían un gran interés personal", explicó una fuente. "Nos dijeron que los oficiales de alto rango tienen miedo de aceptar puestos en Cisjordania porque tienen miedo de ser procesados en La Haya", recordó otro.

Según numerosas fuentes, el Ministerio de Asuntos Estratégicos de Israel, cuyo objetivo declarado en ese momento era luchar contra la "deslegitimación" de Israel, participó en la vigilancia de las organizaciones palestinas de DDHH que estaban presentando informes a la CPI. Gilad Erdan, jefe del ministerio en ese momento y ahora representante de Israel ante la ONU, describió recientemente la petición por parte de la CPI de órdenes de arresto contra líderes israelíes como "una caza de brujas impulsada por puro odio a los judíos".

"El ejército se ocupó de cosas que no eran completamente militares"

La guerra encubierta de Israel contra la CPI se ha basado principalmente en la vigilancia, y los fiscales han sido los principales objetivos.

Cuatro fuentes confirmaron que los intercambios privados de Bensouda con funcionarios palestinos sobre el caso de la Autoridad Palestina en La Haya fueron monitoreados de forma rutinaria y compartidos ampliamente dentro de la comunidad de inteligencia de Israel. "Las conversaciones generalmente fueron sobre el progreso de la fiscalía: presentar documentos, testimonios o hablar de un suceso - '¿Viste cómo Israel masacró a los palestinos en la última manifestación?' - cosas como esas", explicó una fuente.

La ex fiscal estaba lejos de ser el único objetivo. Docenas de otros funcionarios internacionales relacionados con la investigación fueron vigilados de manera similar. Una de las fuentes dijo que había una gran pizarra con los nombres de alrededor de 60 personas que estaban bajo vigilancia, la mitad de ellas palestinas y la otra mitad de otros países, incluidos funcionarios de la ONU y el personal de la CPI en La Haya.

Otra fuente recordó la vigilancia de la persona que escribió el informe de la CPI sobre la guerra de Gaza de Israel en 2014. Una tercera fuente dijo que la inteligencia israelí supervisó una comisión de investigación del Consejo de DDHH de las Naciones Unidas sobre los territorios ocupados, con el fin de identificar qué materiales estaba recibiendo de los palestinos, "porque los hallazgos de las comisiones de investigación de este tipo suelen ser utilizados por la CPI".

En La Haya, Bensouda y sus colaboradores fueron alertados por asesores de seguridad y a través de canales diplomáticos de que Israel estaba monitoreando su trabajo. Se puso cuidado en no discutir ciertos asuntos en las cercanías de los teléfonos. "Nos dimos cuenta de que estaban tratando de obtener información sobre dónde estábamos en el examen preliminar", dijo un ex alto funcionario de la CPI.

Según fuentes, algunos miembros del ejército israelí encontraron controvertido que la inteligencia militar se ocupara de asuntos que eran políticos y no estaban directamente relacionados con las amenazas a la seguridad. "Los recursos de las FDI se utilizaron para vigilar a Fatou Bensouda, esto no es algo legítimo para inteligencia militar", declaró una fuente. "Esta tarea [era] realmente inusual en el sentido de que se hacía dentro del ejército, pero se ocupaba de cosas que eran completamente no militares", dijo otra fuente.

Pero otros tuvieron menos dudas. "Bensouda era muy, muy unilateral", afirmó una fuente que vigiló al ex fiscal. "Era realmente una amiga personal de los palestinos. Los fiscales no suelen comportarse de esa manera. Se mantienen muy distantes".

"Si no quieres que use la ley, ¿qué quieres que use?"

Debido a que los grupos palestinos de DDHH proporcionaban con frecuencia a la oficina de la fiscal materiales sobre los ataques de Israel contra los palestinos, detallando los incidentes que querían que el fiscal considerara como parte de la investigación, esas mismas organizaciones se convirtieron en objetivos clave de la operación de vigilancia de Israel. Aquí, el Shin Bet tomó la delantera.

Además de monitorear los materiales que la Autoridad Palestina presentó a la CPI, la inteligencia israelí también supervisó las apelaciones y los informes de los grupos de DDHH que incluían testimonios de palestinos que habían sufrido ataques por parte de colonos y soldados israelíes; Israel también vigiló a esos testigos.

"Una de las [prioridades] era ver quién [en los grupos de DDHH] estaba involucrado en la recopilación de testimonios, y quiénes eran las personas específicas, las víctimas palestinas, que estaban convencidas de dar testimonio a la CPI", explicó una fuente de inteligencia.

Según las fuentes, los principales objetivos de vigilancia fueron cuatro organizaciones palestinas de DDHH: Al-Haq, Addameer, Al Mezan y el Centro Palestino de DDHH (PCHR). Addameer envió testimonios a la CPI sobre las prácticas de tortura contra prisioneros y detenidos, mientras que los otros tres grupos enviaron múltiples pruebas a lo largo de los años con respecto a los asentamientos de Israel en Cisjordania, las demoliciones punitivas de casas, las campañas de bombardeo en Gaza y los líderes políticos y militares israelíes de alto rango.

Una fuente de inteligencia dijo que el motivo para vigilar a las organizaciones se señaló abiertamente: dañan la posición de Israel en el ámbito internacional. "Nos dijeron que estas son organizaciones que operan en el ámbito internacional, participan en la campaña BDS y quieren dañar legalmente a Israel, por lo que también están siendo monitoreadas", dijo la fuente. "Por eso que nos estamos involucrando. Porque puede hacer daño a gente en Israel: oficiales, políticos".

Otro objetivo de la vigilación de los grupos palestinos era tratar de deslegitimarlos y, por extensión, a toda la investigación de la CPI.

En octubre de 2021, el ministro de Defensa israelí Benny Gantz, que es citado en varios de los testimonios que las organizaciones palestinas enviaron a la CPI, debido a su papel como jefe de gabinete durante la guerra de Gaza de 2014 y ministro de defensa durante la guerra de mayo de 2021, declaró que Al-Haq, Addameer y otros cuatro grupos palestinos de DDHH eran "organizaciones terroristas".

Una investigación de +972 y Local Call, publicada unas semanas más tarde, encontró que la orden de Gantz fue emitida sin ninguna evidencia seria que respaldase sus acusaciones; un expediente del Shin Bet que afirmaba proporcionar pruebas de sus cargos, y otro expediente de seguimiento unos meses más tarde, no convenció ni a los aliados más acérrimos de Israel. En ese momento, se especuló ampliamente, incluso por las propias organizaciones, que estos grupos eran un objetivo, al menos en parte, debido a sus actividades relacionadas con la investigación de la CCI.

Según una fuente de inteligencia, el Shin Bet, que dio la recomendación inicial de prohibir a los seis grupos, vigiló a los empleados de las organizaciones, y la información recopilada fue utilizada por Gantz cuando las declaró organizaciones terroristas. Una investigación de Citizen Lab en ese momento identificó el software espía Pegasus, producido por la firma israelí NSO Group, en los teléfonos de varios palestinos que trabajan en esas ONG. (El Shin Bet no respondió a nuestra solicitud de comentarios).

Omar Awadallah y Ammar Hijazi, que están a cargo del caso de la CPI dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina, también descubrieron que habían instalado Pegasus en sus teléfonos. Según fuentes de inteligencia, los dos fueron simultáneamente objetivos de diferentes organizaciones de inteligencia israelíes, lo que creó "confusión". "Ambos tienen doctorados muy impresionantes y se ocupan de este tema todo el día, desde la mañana hasta la noche, por eso se podía obtener (al rastrearlos) inteligencia", dijo una fuente.

Hijazi no se sorprende de haber sido vigilado. "No nos importa si Israel ve las pruebas que presentamos a la corte", dijo. "Los invito: Vengan, abran los ojos, miren lo que presentamos".

Shawan Jabarin, el director general de Al-Haq, también fue vigilado por la inteligencia israelí. Dijo que había indicios de que los sistemas internos de la organización habían sido hackeados, y que la declaración de Gantz se produjo pocos días antes de que Al-Haq planeara revelar que había descubierto el software espía Pegasus en los teléfonos de sus empleados. "Dicen que estoy usando la ley como un arma de guerra", dijo Jabarin. "Si no quieres que use la ley, ¿qué quieres que use, bombas?"

Sin embargo, los grupos de DDHH expresaron su profunda preocupación por la privacidad de los palestinos que presentaron testimonios ante el tribunal. Uno de los grupos, por ejemplo, incluyó solo las iniciales de los testigos en sus presentaciones a la CPI, por temor a que Israel pudiera identificarlos.

"La gente tiene miedo de presentar una queja [ante la CPI], o de mencionar sus nombres reales, porque temen ser perseguidos por el ejército, de perder sus permisos de entrada", explica Hamdi Shakura, abogado de PCHR. "Un hombre en Gaza que tiene un pariente enfermo de cáncer tiene miedo de que el ejército retire su permiso de entrada y bloqué su tratamiento, este tipo de cosas suceden".

Los directores de las ONG palestinas hablan con los medios de comunicación fuera de las oficinas de Al-Haq después de que el ejército israelí allanara sus oficinas, Ramallah, Cisjordania, el 18 de agosto de 2022.

"Los abogados tenían una gran sed de inteligencia"

Según fuentes de inteligencia, un uso adicional de la inteligencia obtenida a través de la vigilancia fue para ayudar a los abogados involucrados en conversaciones secretas con representantes de la oficina del fiscal en La Haya.

Poco después de que Bensouda anunciara que su oficina estaba abriendo un examen preliminar, Netanyahu ordenó la formación de un equipo encubierto de abogados del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Oficina del Abogado General Militar (la más alta autoridad legal del ejército israelí), que viajaban regularmente a La Haya para reuniones secretas con funcionarios de la CPI entre 2017 y 2019. (El Ministerio de Justicia de Israel no respondió a las solicitudes de comentarios).

Aunque el equipo estaba compuesto por personas que no formaban parte de la comunidad de inteligencia de Israel, fue dirigido por Tal Becker, asesor legal del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Justicia estaba, sin embargo, al tanto de la inteligencia obtenida a través de la vigilancia, y tenía acceso a informes de la Autoridad Palestina y de las ONG palestinas que detallaban casos específicos de violencia de colonos y militar.

"Los abogados que se ocuparon del tema en el Ministerio de Justicia tenían una gran sed de inteligencia", declaró una fuente de inteligencia. "La consiguieron tanto de la inteligencia militar como del Shin Bet. Estaban construyendo el caso de los mensajeros israelíes que fueron en secreto y se comunicaron con la CPI".

En sus reuniones privadas con funcionarios de la CPI, que fueron confirmadas por seis fuentes familiarizadas con las reuniones, los abogados se propusieron demostrar que Israel tenía procedimientos sólidos y efectivos para hacer que sus soldados rindan cuentas, a pesar del terrible historial del ejército israelí de investigar presuntas irregularidades dentro de sus filas. Los abogados también trataron de argumentar que la CPI no tiene jurisdicción para investigar las acciones de Israel, ya que Israel no es un estado miembro de la corte y Palestina no es un miembro de pleno derecho de la ONU.

Según un ex funcionario de la CPI familiarizado con el contenido de las reuniones, el personal de la CPI presentó a los abogados israelíes detalles de los incidentes en los que los palestinos fueron atacados o asesinados, y los abogados respondían con su propia información. "Al principio era tenso", recordó el funcionario.

En esta etapa, Bensouda todavía procedía a un examen preliminar antes de la decisión de abrir una investigación formal. Una fuente de inteligencia dijo que el propósito de la información obtenida a través de la vigilancia era "hacer que Bensouda sintiera que sus datos legales no eran fiables".

Según la fuente, el objetivo era "dotar a [Bensouda] de información que la haría dudar de su derecho a lidiar con este caso. Cuando Al-Haq recopila información sobre cuántos palestinos han sido asesinados en los territorios ocupados en el último año y se la pasa a Bensouda, el interés y la política de Israel es pasar su contrainteligencia y tratar de socavar esta información".

Sin embargo, dado que Israel se niega a reconocer la autoridad y la legitimidad de la corte, era crucial para la delegación que estas reuniones se mantuvieran en secreto. Una fuente familiarizada con las reuniones dijo que los funcionarios israelíes hicieron hincapié repetidamente en la CPI que "nunca podemos hacer público que estamos en contacto con usted".

Las reuniones a puerta cerrada posteriores de Israel con la CPI terminaron en diciembre de 2019, cuando el examen preliminar de cinco años de Bensouda concluyó que había una base razonable para creer que tanto Israel como Hamas habían cometido crímenes de guerra. Sin embargo, en lugar de iniciar inmediatamente una investigación completa, la fiscal pidió a los jueces del tribunal que se pronunciaran sobre si tenía jurisdicción para escuchar las acusaciones debido a "cuestiones legales y de hechos únicos y muy controvertidos", que algunos consideraron resultado directo de la actividad de Israel.

"No diría que el argumento legal no tuvo ningún efecto", dijo Roy Schondorf, miembro de la delegación israelí y jefe de un departamento del Ministerio de Justicia responsable de manejar los procedimientos legales internacionales contra Israel, en un evento en el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional en julio de 2022. "También hay personas allí que pueden ser persuadidas, y creo que, en una medida considerable, el Estado de Israel logró convencer al menos a la fiscal anterior [Bensouda], de que habría suficientes dudas sobre la cuestión de la jurisdicción para que ella se dirigiera a los jueces de la corte".

"La afirmación de complementariedad fue muy, muy significativa"

En 2021, los jueces del tribunal dictaminaron que la CPI tiene jurisdicción sobre todos los crímenes de guerra cometidos por israelíes y palestinos en los territorios palestinos ocupados, así como sobre los crímenes cometidos por palestinos en territorio israelí. A pesar de seis años de esfuerzos israelíes para prevenirlo, Bensouda anunció la apertura de una investigación criminal formal.

Pero estaba lejos de ser una conclusión inevitable. Unos meses antes, la fiscal había decidido abandonar un examen de los crímenes de guerra británicos en Irak porque estaba convencida de que Gran Bretaña había tomado medidas "validas" para investigarlos. Según los juristas israelíes de alto rango, Israel se aferró a este precedente e inició una estrecha colaboración entre la operación de recopilación de inteligencia y el sistema de justicia militar.

Según las fuentes, un objetivo central de la operación de vigilancia de Israel era permitir a los militares "abrir investigaciones retroactivamente" sobre los casos de violencia contra los palestinos que llegan a la oficina del fiscal en La Haya. Al hacerlo, Israel tenía como objetivo explotar el "principio de complementariedad", que afirma que un caso es inadmisible ante la CPI si ya está siendo investigado a fondo por un estado con jurisdicción sobre él.

Los palestinos regresan para inspeccionar sus hogares en Khan Younis después de que el ejército israelí se retirara de la zona, al sur de la Franja de Gaza, el 8 de abril de 2024.

"Si los materiales se transfirieron a la CPI, había que entender exactamente cuáles eran, para asegurarse de que las FDI los investigaran de forma independiente y suficiente para que pudieran reclamar la complementariedad", explicó una de las fuentes. "La afirmación de complementariedad fue muy, muy significativa".

Los expertos legales dentro del Mecanismo de Evaluación de Investigación de Hechos (FFAM) del Jefe de Estado Mayor Conjunto, el organismo militar que investiga los presuntos crímenes de guerra de los soldados israelíes, también estaban al tanto de la información de inteligencia, dijeron las fuentes.

Entre las docenas de incidentes actualmente bajo investigación por la FFAM se encuentran los bombardeos que mataron a docenas de palestinos en el campamento de refugiados de Jabaliya en octubre pasado; la "masacre de la harina" en la que más de 110 palestinos fueron asesinados en el norte de Gaza a la llegada de un convoy de ayuda en marzo; los ataques con aviones no tripulados que mataron a siete empleados de la ONG World Central Kitchen en abril; y un ataque aéreo en un campamento de tiendas de campaña en Rafah que provocó un incendio y mató a docenas de palestinos la semana pasada.

Sin embargo, para las ONG palestinas que presentan informes ante la CPI, los mecanismos militares internos de rendición de cuentas de Israel son una farsa. Haciéndose eco de expertos israelíes e internacionales y grupos de DDHH, los palestinos han argumentado durante mucho tiempo que estos sistemas, desde la policía y los investigadores del ejército hasta la Corte Suprema, sirven rutinariamente como una "hoja de higuera" al estado israelí y su aparato de seguridad, ayudando a "blanquear" los crímenes al tiempo que otorgan efectivamente a los soldados y comandantes licencia para continuar cometiendo actos criminales con impunidad.

Issam Younis, que fue blanco de la vigilancia israelí debido a su papel como director de Al Mezan, pasó gran parte de su carrera en Gaza, en las oficinas ahora parcialmente bombardeadas de la organización, recogiendo y presentando "cientos" de quejas de los palestinos a la Oficina del Abogado General Militar israelí. La gran mayoría de estas quejas se cerraron sin acusaciones, lo que lo convenció de que "las víctimas no pueden buscar justicia a través de ese sistema".

Esto es lo que llevó a su organización a comprometerse con la CPI. "En esta guerra, la naturaleza y el alcance de los crímenes cometidos no tienen precedentes", dijo Younis, que escapó de Gaza con su familia en diciembre, y hoy es un refugiado en El Cairo. "Y es simplemente porque la rendición de cuentas no existe".

El 7 de octubre cambió esa realidad

En junio de 2021, Khan reemplazó a Bensouda como fiscal jefe, y muchos en el sistema judicial israelí esperaban que esto pasara página. Khan fue percibido como más cauteloso que su predecesora, y se especuló que elegiría no dar prioridad a la investigación explosiva que heredó de Bensouda.

En una entrevista en septiembre de 2022, en la que también reveló algunos detalles sobre el "diálogo informal" de Israel con la CPI, Schondorf, del Ministerio de Justicia de Israel, elogió a Khan por haber "cambiado la trayectoria del barco", y agregó que parecía que el fiscal se centraría en "cuestiones más importantes" porque el "conflicto israelí-palestino se ha convertido en un tema menos apremiante para la comunidad internacional".

Mientras tanto, la opinión personal de Khan se convirtió en el principal objetivo de investigación de la operación de vigilancia de Israel: el objetivo era "entender lo que Khan estaba pensando", como dijo una fuente de inteligencia. Y aunque inicialmente el equipo del fiscal no parece haber mostrado mucho entusiasmo por el caso de Palestina, según un alto funcionario israelí, "el 7 de octubre cambió esa realidad".

El fiscal de la CPI, Karim Khan, visitó los kibutzims en Israel que estuvieron entre los lugares del ataque del 7 de octubre, diciembre de 2023.

Al final de la tercera semana del bombardeo genocida israelí de Gaza, que siguió al asalto reivindicativo de Hamas contra el sur de Israel, Khan ya estaba sobre el terreno en el cruce de Rafah. Posteriormente, realizó visitas tanto a Cisjordania como al sur de Israel en diciembre, donde se reunió con funcionarios palestinos, así como con sobrevivientes israelíes del ataque del 7 de octubre y familiares de personas que habían sido asesinadas.

La inteligencia israelí siguió de cerca la visita de Khan para tratar de "entender qué materiales le estaban dando los palestinos", dijo una fuente israelí. "Khan es el hombre más aburrido sobre el que reunir inteligencia en el mundo, porque es tan recto como una regla", agregó la fuente.

En febrero, Khan publicó una declaración enérgica en X instando efectivamente a Israel a no lanzar un asalto sobre Rafah, donde más de 1 millón de palestinos habían buscado refugio. También advirtió: "Aquellos que no cumplen la ley no deben quejarse más tarde cuando mi oficina tome medidas".

Al igual que con su predecesora, la inteligencia israelí también vigiló las actividades de Khan con los palestinos y otros funcionarios en su oficina. La vigilancia de dos palestinos familiarizados con las intenciones de Khan les dio la pista a los líderes israelíes de que el fiscal estaba considerando una solicitud inminente de órdenes de arresto contra los líderes israelíes, pero estaba "bajo una tremenda presión de los EEUU" para no hacerlo.

Finalmente, el 20 de mayo, Khan siguió adelante con su amenaza. Anunció que estaba solicitando órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant, después de encontrar que hay motivos razonables para creer que los dos dirigentes son responsables de delitos que incluyen el exterminio, el hambre y los ataques deliberados contra civiles.

Para los grupos palestinos de DDHH que Israel vigiló, Netanyahu y Gallant son solo la punta del iceberg. Tres días antes del anuncio de Khan, los directores de Al-Haq, Al Mezan y PCHR enviaron a Khan una carta conjunta pidiendo explícitamente órdenes de arresto contra todos los miembros del gabinete de guerra de Israel, lo que incluye a Benny Gantz, así como a comandantes y soldados de las unidades actualmente involucradas en la ofensiva de Rafah.

Khan ahora también debe evaluar si algún israelí que esté detrás de las operaciones destinadas a socavar la in vestigación de la CPI ha cometido delitos contra la administración de justicia. Advirtió en su mensaje del 20 de mayo que su oficina "no dudará en actuar" contra las amenazas en curso contra el tribunal y su investigación. Tales delitos, por los que los dirigentes israelíes pueden ser procesados independientemente del hecho de que Israel no sea signatario del Estatuto de Roma, podrían conllevar una sentencia de prisión.

972mag.com. Traducción: Enrique García para Sinpermiso.