La insoportable sostenibilidad de la deuda

En el caso de Argentina, estamos a las puertas de una nueva renegociación. Es entonces una buena oportunidad para reflexionar sobre los posibles caminos a seguir.

"Lo que siempre ha quedado firme es que hay deuda, y hay que honrar la deuda. Que ni siquiera implica deshonrar a quienes la contrajeron, incluso embargando sus bienes por varias generaciones. Evidentemente, el que las hace no las paga. Más allá de los sortilegios de la macroeconomía, la microeconomía, los defaults, los dios lo pague, o los "anda a cantarle a Gardel", la realidad es que hemos, han, permitido ser gerenciados durante cuatro años por un equipo de pesadillas. Hoy impune, esperemos que por tiempos muy breves. La culpa la tiene el chancho, y obviamente quien le da de comer. No haber decretado un solo paro general en 4 años se parece bastante a dar de comer al chancho."
"La maldición de Tejada Gómez", Alfredo Grande

I

Luego de la crisis de 2001, el capitalismo argentino pareció reencontrarse con la posibilidad de un patrón de crecimiento sostenido. El ajuste brutal en 2002 recreó las condiciones para la acumulación de capital en territorio argentino. Esas condiciones eran fundamentalmente aumentar: (a) la super-explotación de la fuerza de trabajo activa en el mercado laboral, (b) la super-explotación de la fuerza de trabajo en tareas de reproducción y cuidado, y (c) la super-explotación de los bienes comunes. Sobre la base de bajas remuneraciones, pobres condiciones de trabajo, sobrecarga de trabajo en los cuerpos de las mujeres en los hogares y territorios, y saqueo a través de la sojización, la megaminería y la producción de hidrocarburos, el capitalismo nacional recuperó por un tiempo sus bríos.

Agotado el impulso inicial, una crisis transicional sobrevino. A partir de allí, los sectores dominantes necesitaban construir una nueva hegemonía pero necesitaban tiempo. Al tiempo lo compraron con un nuevo ciclo de endeudamiento que se inició en el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (CFK) con el acuerdo con los acreedores estatales en el 'Club de París'. El gobierno de Cambiemos aceleró la marcha pero el tiempo se agotó. En 2018 la economía argentina entró en una nueva crisis de sobre-endeudamiento externo y la crisis transicional se extendió, profundizando la agonía del capitalismo vernáculo. Ni siquiera la ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI) pudo evitar la debacle (y tal vez la aceleró).

II

El gobierno entrante a fines de 2019 (liderado por el presidente Alberto Fernández, AF) llegó con el mandato autoimpuesto de reestructurar la deuda pública (en particular, la deuda externa) con el fin último de recuperar la capacidad de acumulación capitalista. Consiguió un ministro de Economía con credenciales en tal sentido: Martín Guzmán, estudioso de los más recientes procesos de reestructuración de la deuda pública en el mundo. Guzmán aclaró de entrada que la proyección de corto plazo es evitar la cesación de pagos y para eso se iniciaría un proceso inmediato de discusión con los acreedores privados internacionales y el FMI.

Según los estudios de Guzmán, la renegociación de la deuda pública parte de establecer los criterios de su sustentabilidad. En tal sentido, el FMI asume que la contracara de la deuda externa es siempre una combinación de déficit fiscal (más gastos que ingresos públicos) y déficit externo (insuficiencia de dólares, provocada por el exceso de gasto público). De esa forma, la respuesta a la crisis de endeudamiento debe ser el ajuste fiscal (la 'austeridad' fiscal, como la llaman pomposamente). En los últimos dos años del gobierno de Macri la apuesta del FMI fue apoyar con más crédito al gobierno a cambio de un ajuste fiscal brutal que condujo a la economía al abismo en que aún se encuentra.

Desde la visión del ministro de Economía, el accionar del FMI fue erróneo pues olvida (como siempre lo hace) del efecto negativo que el ajuste fiscal tiene sobre la actividad económica. Los recortes aceleran la recesión y consecuentemente caen más los ingresos públicos, y el déficit y las necesidades de endeudamiento aumentan. Esto acrecienta la inestabilidad, hace aún más insostenible (impagable) el nivel de deuda existente y la crisis se acentúa. Además, Guzmán interpreta que si bien la deuda hay que pagarla, los acreedores saben que han asumido un riesgo importante al prestarle a la Argentina. Es decir, asumieron que existe una probabilidad no despreciable de que la deuda no se pague en tiempo y forma. Estos elementos conducen a Guzmán a pensar que el ajuste fiscal -que según él, hay que hacer- debe ser más moderado y progresivo en el tiempo de lo que el FMI propone, y que la renegociación de la deuda externa debe incluir, como parte de la discusión al menos, la prolongación de los plazos de pago y la posibilidad de reducción en el capital e intereses a pagar. Dicho esto, Guzmán también reconoce que el costo social y político del ajuste fiscal excesivo puede ser considerable y que por ello, el ajuste debe tener en cuenta la necesidad de consolidar la gobernabilidad.

III

El análisis teórico del ministro aporta elementos interesantes para problematizar la renegociación de la deuda y entender la política económica en estas primeras semanas. Sin embargo, el actual ministro muestra sus cartas pero también sus olvidos o prejuicios teóricos y políticos.

A nuestro entender, los acreedores del Estado argentino no sólo sabían a quién le prestaban sino también tenían claro en qué condiciones lo hacían. Los créditos recibidos han sido muy discutidos en términos de su (i) legalidad de origen: la deuda que proviene de la dictadura militar, la deuda con el FMI en violación a su estatuto constitutivo, el endeudamiento sin aprobación parlamentaria. También sabían que las emisiones de deuda fueron en muchos casos negocios de los funcionarios que las autorizaron, de los bancos que la colocaron en el mercado financiero y de algunos agentes financieros particular (como el Fondo de Inversión Black Rock, por ejemplo). Sabían que esa deuda en dólares se emitía sin necesidad real para el Estado argentino, y más aún: sabían que los recursos serían usados para financiar la fuga de capitales y no para solucionar los acuciantes problemas que enfrenta el Pueblo. Es decir, los acreedores sabían que buena parte de la deuda en cuestión es una 'deuda odiosa', ilegal e ilegítima. Por ello, los acreedores externos saben que antes que empezar a renegociar esa deuda, el Estado argentino debería investigarla y depurarla de negocios espúreos, que son muchos. El ministro Guzmán también lo sabe, al igual que el presidente.

No hacer esa investigación previa supone ratificar una política económica que provoca un gigantesco 'riesgo moral'. Esto es: el Estado se endeuda de manera irregular, innecesaria y a la postre excesiva (insostenible), los acreedores prestan sabiendo esto, pero sabiendo también que siempre están cubiertos por fuerzas políticas en el Estado dispuestas a encarar las medidas necesarias para pagar esa deuda, y seguir endeudándose. En esas condiciones, el gran capital financiero internacional sabe que puede seguir prestándole a la Argentina, pues tendrá privilegios como acreedor frente al conjunto del Pueblo cuyas demandas pueden siempre esperar.

Como dijimos, de manera realista (keynesiana) la estrategia oficial asume que los costos del ajuste fiscal son muy grandes en términos de crecimiento y por lo tanto hay que tener una estrategia más progresiva, pausada. Sin embargo, la referencia a los costos sociales y políticos es más bien vaga y limitada. El ajuste se realiza con cargo a quienes 'pueden' pagar sin distinciones de clases y condición: una docente se equipara al gerente de una multinacional, une empleadx públicx es igual a un gran empresario. Es más, sectores siempre privilegiados estarán exentos del ajuste (bancos, mineras, petroleras). La protección a los sectores más empobrecidos es bastante limitada cuando se la compara con el esfuerzo que deben hacer enormes sectores de las clases populares trabajadoras. Más aún, cuando se la compara con las transferencias periódicas que se hacen a los acreedores: la ley de Emergencia aprobada ya libera más de cuatro mil de millones de dólares para hacer frente a los pagos de deuda de los próximos meses; el plan Argentina Hace recientemente anunciado dispondrá sólo de unos 150 millones de dólares a lo largo de tres meses. Los únicos privilegiados son...

IV

El ajuste tiene, sin embargo, otras dimensiones invisibilizadas en el discurso oficial. Lo más evidente ha sido el recorte inminente y la reestructuración al sistema de seguridad social. Cada vez con más claridad, se explicita que el conjunto de les jubilades (mayormente trabajadorxs, disfrazades de manera confusa como 'clases medias') y sus familias (fundamentalmente, las mujeres en ellas) deberán hacer mayores esfuerzos para garantizar el cuidado de les mayores. Insistimos: se empiezan a instalar los argumentos para una reforma previsional regresiva pero 'fiscalmente sustentable' (volveremos sobre este debate en otra oportunidad).

En el caso de quienes son trabajadorxs en el mercado de trabajo, en su mayoría están ocupadxs en formas irregulares e informales. Ese es el principal medio a través del cual opera la super-explotación de la fuerza de trabajo en las economías dependientes. Estxs trabajadorxs precaries están entre les principales golpeadxs por las políticas de ajuste tanto sea por el recorte de gastos públicos o las mayores cargas impositivas (el aumento en el pago del monotributo -modalidad de contratación típicamente precarizadora- es un ejemplo de esto) o, más en general, por la imposibilidad de ampliar los gastos en áreas relevantes debido a las restricciones fiscales impuestas por el pago de la deuda espuria.

Junto a estas personas, se encuentran las familias y comunidades. Dentro de ellas, las mujeres son quienes desarrollan la mayoría de las tareas de reproducción y cuidados (incluídas los mencionados cuidados a adultxs mayores). El ajuste fiscal directa o indirectamente aumenta la carga de trabajo -mayormente no remunerado- que ellas deben realizar para garantizar la reproducción social: producir los alimentos con menos dinero y menos tiempo, atender con poco y menos a les enfermxs, afrontar el trabajo que supone garantizar que las familias y comunidades se mantengan en pie aun frente a la crisis permanente en los territorios, cuidar de los bienes comunes y luchar contra su saqueo. Ellas sufren una doble super-explotación, tanto en el mercado de trabajo (con empleos más precarizados) y en los territorios. El desvío de recursos públicos hacia el pago de la deuda aumenta de manera inconmensurable el trabajo invisibilizado pero fundamental que ellas realizan. La defensa de los intereses del gran capital transnacional tienen esta contracara.

Por último, cabe señalar que detrás del pago de la deuda está una política económica orientada a garantizar la producción y apropiación local de divisas internacionales para hacer frente a los pagos. Esa faceta de la sustentabilidad de la deuda se expresa en la promoción y protección de los proyectos extractivistas: la defensa estatal del extractivismo sojero, de la megaminería contaminante, del fracking para la extracción de gas y petróleo, el avance de la minería del litio. Todas estas actividades son fuertemente subsidiadas, sostenidas y protegidas con recursos, legislación y fuerzas de seguridad con el fin último de garantizar la producción de dólares. La contracara, los enormes costos sociales y ambientales productos de la destrucción de las comunidades y bienes comunes: ¿cuánto vale el agua contaminada y gastada? ¿Cuánto cuesta la salud de las poblaciones enfermas por el saqueo? ¿Cuál es el costo de la militarización de la sociedad y la judicialización de la protesta (la ley antiterrorista sigue allí)? Otros tantos costos ocultos detrás de la renegociación de la deuda.

V

Estos y otros costos se evidencian en un proceso de renegociación de la deuda que sólo busca garantizar las condiciones de repago y -sobre todo- reendeudamiento futuro. ¿Es realmente posible hacer sostenible la deuda odiosa acumulada? ¿Es realmente posible continuar con proyectos de desarrollo capitalistas dependientes si comenzamos a incluir en la ecuación los costos sociales y ambientales mencionados?

Los costos sociales y ambientales son soslayados en la medida en que las luchas populares no pueden transformarlos en costos políticos y económicos. Las movilizaciones recientes en Mendoza y la histórica lucha de los pueblos originarios y campesinos en defensa de los territorios y otros bienes comunes como el agua, dan cuenta de su relevancia societal. El desarrollo reciente, incipiente, de una nueva institucionalidad orientada a la promoción de los derechos de las mujeres y la transformación en la organización de las estructura de los cuidados y la reproducción, así como la creación en el mismo ministerio de Economía de una nueva dirección de "Economía y Género", dan cuenta de esto también.

Estos procesos abiertos chocarán de lleno con las contradicciones de la estrategia gubernamental discutida. Sólo las luchas colectivas podrán determinar hasta dónde podremos poner las condiciones para -y sobre todo los límites de- la estrategia de desarrollo que el gobierno entrante pretende configurar. Sólo de nuestras luchas podrá surgir el proyecto societal que ponga la reproducción de la vida en su centro.

* Este texto fue concluido el 15 de enero de 2020. Gracias a Melina Deledicque por su atenta lectura y discusión.
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