La justicia de Maidan

Palabras como democracia, valores europeos, Estado de derecho, libertades individuales o justicia han sido en esta última década algunos de los principales argumentos del discurso de Kiev que, apoyada por sus socios y gran parte de la prensa occidental, ha querido utilizarlas para presentarse como el país que construye un modelo opuesto al ruso. En este tiempo, cada transgresión, exceso o crimen ruso ha sido utilizado para defender a la nueva Ucrania, un Estado nuevo que se construía precisamente para huir de ese modelo.

Por el camino han quedado las prohibiciones de partidos, cierre de medios, acoso a cualquier movimiento o persona opositora, desapariciones, agresiones, exaltación de la extrema derecha y su uso por parte del Estado para reprimir a grupos incómodos, aspectos, todos ellos, ignorados mientras se defendían los grandes progresos democráticos que estaba realizando el régimen ucraniano.

En estos años desde el irregular cambio de Gobierno que se produjo en Kiev, un golpe de estado disfrazado de revolución democrática, los poderes occidentales han defendido a capa y espada a Ucrania a pesar de su falta de voluntad de resolver el caso de las muertes de Maidan, su rechazo a solucionar un problema político, el de Donbass, por una vía que no fuera militar o su negativa rotunda a implementar el acuerdo de paz de Minsk que había firmado. Todo exceso, transgresión o crimen ha sido concienzudamente justificado, ocultado o borrado de la memoria con el objetivo de crear, de forma totalmente imaginaria, un país modélico en el que todo son progresos.

Especialmente sangrante ha sido y sigue siendo el caso de la masacre de Odessa. El 2 de mayo de 2014, casi medio centenar de personas murieron en el interior de la Casa de los Sindicatos de la ciudad a causa de un incendio provocado por el lanzamiento de cócteles Molotov desde el exterior contra un edificio al que una masa de miembros de grupos de extrema derecha y hoolingans del fútbol había bloqueado las salidas laterales. Atrapados en el edificio, la única salida para aquellos grupos de activistas partidarios de la federalización, entre los que había comunistas, anarquistas, remanentes del Partido de las Regiones y nacionalistas rusos, era saltar por las ventanas.

Solo cuando la tragedia estaba ya consumada, cuando era evidente que en el edificio se había producido una masacre sin que las autoridades intervinieran para paliar la situación, algunas personas que se encontraban en el exterior ayudaron a las personas atapadas a descender, utilizando un andamio, del primer piso del edificio. Hasta entonces, activistas de extrema derecha habían agredido, en ocasiones apaleado, a quienes habían logrado escapar del incendio.

Pese a que los acontecimientos se habían producido ante los ojos de la prensa -Odessa era uno de los focos informativos para la prensa europea en aquel momento debido a las protestas prorrusas- y que había quedado constatada la forma en que el edificio se había incendiado y existían imágenes de ultranacionalistas disparando contra quienes se habían refugiado en la Casa de los Sindicatos, todas las personas detenidas aquellos días formaban parte del bando anti-Maidan, sin que se haya producido en estos diez años ninguna detención de la parte nacionalista.

Ucrania detuvo a víctimas de la Casa de los Sindicatos y personas acusadas de participar en los disturbios que se habían producido aquella mañana del lado prorruso, ninguna del lado nacionalista ucraniano. Y durante años, el caso del 2 de mayo, que nunca buscó resolver lo ocurrido y castigar a los culpables de las muertes, se alargó ante el intento ucraniano de castigar a las víctimas.

Durante más de tres años, el caso del 2 de mayo fue el ejemplo de la forma en que la Ucrania post-Maidan utilizó la justicia como herramienta para castigar a sus oponentes, hubiera o no pruebas contra ellos. Detenidos en los días posteriores a la masacre, los acusados fueron mantenidos en prisión provisional, herramienta utilizada por las autoridades para castigar a unos acusados que eran consientes de que no podrían condenar. El escaso seguimiento mediático que se realizó al caso no es casualidad. Las irregularidades eran tan flagrantes que ningún medio con un mínimo rigor podría defender la actuación del régimen ucraniano durante un proceso en el que la ausencia de pruebas fue la nota dominante.

El 27 de noviembre de 2015, más de un año y medio después de las detenciones, los jueces del caso prorrogaron la detención, pero firmaron la orden que permitía que los acusados esperaran al juicio en arresto domiciliario. Entre esos acusados que debían ser excarcelados estaba el ciudadano ruso Evgeny Mefedov que, junto a Sergey Dolzhenkov, era ya la persona más conocida del caso. La única evidencia contra Mefedov, residente en Odessa, era apenas un cuadro de las grabaciones de las cámaras de seguridad, algo escasamente admisible para justificar la gravedad de los hechos de los que Ucrania le culpaba.

Como el resto de acusados, Mefedov logró que su familia pagara la fianza, pero ni aun así fue excarcelado.  En uno de los muchos ejemplos del poder de la extrema derecha en Ucrania, fue la intervención del Praviy Sektor (Sector derecho) la que impidió que la medida, que ya había sido firmada, se llevara a cabo. Miembros del grupo entonces liderado por Serhiy Sterneko -que ahora se presenta como una figura respetable y parece encaminarse a una carrera política que, a juzgar por sus contactos, es posible que sea prolífica- vestidos de camuflaje irrumpieron en los juzgados para convencer a los jueces para que modificaran las medidas preventivas contra los acusados por el caso 2 de mayo. La presión de la extrema derecha tuvo el efecto esperado y los jueces modificaron su postura y los acusados continuaron en prisión.

Casi dos años después, en septiembre de 2017, todos los acusados fueron declarados inocentes en un proceso que Ucrania había alargado hasta la extenuación y en el que ya había conseguido castigar a los acusados por medio del uso interesado de la prisión preventiva. La amenaza de una nueva irrupción del Praviy Sektor en los juzgados fue suficiente para mantener en prisión a los acusados hasta ser exculpados. Aunque no es el único caso de uso de la prisión preventiva como castigo contra personas a las que Ucrania era consciente que no podía condenar al carecer de prueba alguna, el caso del 2 de mayo es, sin duda, el más claro tanto por los años que se emplearon como el número de personas a las que afectó.

La justicia ucraniana no se resignó a la derrota y detuvo, en la misma sala en la que minutos antes habían sido declarados no culpables, a Mefedov y Dolzhenkov, ya entonces las caras más visibles del caso. La nueva acusación era aún más absurda: separatismo y amenaza a la integridad territorial de Ucrania por los cánticos que se produjeron en un acto en el que acudieron en Nikolaev días antes del 2 de mayo, un homenaje a quienes liberaron la ciudad de la ocupación nazi.

No fue hasta el 16 de mayo de 2019 cuando los jueces firmaron la orden de libertad bajo fianza a la espera de juicio. Para entonces, ambos acusados conocían ya que habían sido incluidos en las listas de intercambio de prisioneros de una guerra en la que no habían participado. Dolzhenkov, ciudadano ucraniano, aceptó a instancias de su madre, que no vio otra salida para su hijo, ser entregado a la RPD, una forma de destierro de un ciudadano que nunca pudo ser condenado. Mefedov, ciudadano ruso, fue enviado a Rusia en un intercambio en el que Rusia recuperó también al periodista Kiril Vyshinsky, otro caso de acusación absolutamente fabricada. Era septiembre de 2019, por lo que Mefedov había pasado más de cinco años en prisión preventiva y casi cuatro desde que su familia pagó la fianza que debía permitirle salir de prisión a la espera del juicio en el que sería declarado inocente.

Aunque el caso siempre estuvo claro, han tenido que pasar diez años para que un tribunal lo ratifique. El 16 de mayo, el Tribunal Europeo de DDHH publicaba su decisión en el "Caso Mefedov contra Ucrania", en el que enumera la detención, las prórrogas de las medidas restrictivas, el pago de la fianza, la absolución y la posterior detención. El tribunal declara lo obvio: la ilegalidad de la prórrogada detención entre el 26 de marzo y el 24 de mayo de 2015, realizada sin pruebas, la ilegalidad de la decisión de no excarcelar al acusado tras el pago de la fianza en 2015 y la violación de los derechos de Mefedov debido a la "larga e injusta detención".

Debido a que el recurso se limitaba inicialmente al caso del 2 de mayo, el tribunal no entra a valorar la legalidad de la detención de 2017. Aun así, se trata de la primera sentencia que da la razón a uno de los acusados del caso de la masacre de Odessa, mantenidos en prisión de forma ilegal, aunque no casual. Ucrania siempre fue consciente de los actos de sus autoridades políticas y judiciales y, cuando precisó del uso de la fuerza, utilizó a la extrema derecha para garantizar que el castigo que buscaba contra esos acusados continuara.

El Tribunal Europeo de DDHH exige a Ucrania el pago de la ridícula cantidad de 3900EUR a Evgeny Mefedov como compensación por la actuación ilegal del Estado ucraniano y la violación de sus derechos, una cantidad que difícilmente puede compensar los años que el ciudadano ruso vivió en prisión de forma absolutamente irregular. La cantidad no puede tampoco considerarse un elemento disuasorio para un Estado, el ucraniano, que se ha mostrado dispuesto a explotar las posibilidades de la prisión preventiva para castigar a personas a las que sabe que no puede condenar.

Sin embargo, lo irrisorio de la compensación no oculta la victoria de Mefedov contra el país que no pudo condenarle. Eso sí, al igual que el caso, sus abusos y su resolución, también este fallo ha pasado completamente desapercibido en los medios, protegiendo así a Ucrania de cualquier acusación de abuso de la justicia como herramienta política contra cualquier tipo de oposición no nacionalista.

Ucrania no es el único país de la zona que acostumbra a abusar de la prisión preventiva como castigo contra personas contra las que no se ha molestado en presentar ninguna prueba. Desde el 28 de febrero de 2022, Pablo González se encuentra encarcelado en un país de la Unión Europea, Polonia, que hasta el momento no ha presentado cargos y, por supuesto, tampoco evidencia alguna contra el periodista.

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