ePub
pdf
La pandemia y la ineptitud del régimen boliviano revitalizan al MAS de Evo Morales
Con la pandemia de coronavirus que azota al planeta, los disturbios en EEUU y la crisis económica mundial ya casi olvidamos de que hace más de siete meses se produjo un golpe de Estado en Bolivia con la anuencia de Washington y que tenía por meta acabar el Gobierno popular de Evo Morales.
Ahora resulta que la ineptitud y la inmoralidad del Gobierno de Jeanine Áñez, envuelto en la corrupción pública y nepotismo, dieron un empuje inesperado al resurgimiento del evismo y masismo, cuando faltan apenas dos meses para las elecciones en el país.
El último sondeo realizado en marzo pasado ubicó al exministro de economía del Gobierno de Evo Morales, Luis Arce, del MAS, como favorito con 33,3% de las preferencias, seguido del expresidente (2003-2005) Carlos Mesa Gisbert (18,3%) y Jeanine Añez (16,9%).
Y no se podía esperar otro resultado después de que la dictadura transformó a Bolivia, de ser un país con una economía modelo, en un país de mendigos suplicando préstamos al Fondo Monetario Internacional (FMI).
La economía golpeada por la pandemia está colapsando, igual como las instituciones públicas bolivianas. La tasa de desempleo está creciendo y ha afectado especialmente al sector de microempresas, donde ya alcanzó el 45%. La represión se convirtió en pan de cada día, los derechos humanos son constantemente suprimidos bajo la consigna oficial de "cárcel a quien se oponga", el uso de falsos positivos hicieron que lentamente Bolivia empezara su descenso al pasado, donde la desigualdad, la injusticia y el racismo imponían sus reglas.
Debido a la mala gestión gubernamental no se ha logrado concretar ni siquiera un plan coherente para combatir el coronavirus, cuya expansión no ha sido controlada hasta ahora. Un enorme déficit de respiradores y material de biodiversidad en medio de denuncias de corrupción en la compra de los equipos médicos han agravado la situación sanitaria en el país. La mayoría de los hospitales bolivianos que atienden pacientes con coronavirus están al borde de colapso. En Cobija (norte del país) familiares de pacientes contagiados han denunciado que al menos una decena de ellos murieron en las calles por falta de atención.
El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, lo confirmó diciendo que "la gente muere en las calles". Por su parte, el jefe de la Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud, Virgilio Prieto, advirtió que Bolivia está "peligrosamente camino a una pandemia explosiva, teniendo al día más de 1.000 infectados y 70 fallecidos".
El 70% de los infectados están registrados en los Departamentos de Santa Cruz, Beni y Cochabamba. Según Página Siete Digital, en Cochabamba, La Paz, Santa Cruz las autoridades ordenaron la habilitación de fosas cuarteles y hasta morgues transitorias debido al aumento de muertos. El cementerio de Cochabamba dejó de operar y las funerarias no tienen sitio donde dejar los cuerpos.
Las municipalidades distribuyeron bolsas plásticas mortuorias que son impermeables y no permiten que salgan líquidos ni olores para que los muertos permanezcan en sus casas hasta cuatro días antes de ser trasladados a su destino. La situación llegó a tal extremo que los vecinos de uno de los barrios de Cochabamba bloquearon una calle con el ataúd de una persona que murió con síntomas de coronavirus hace siete días y cuyo cuerpo ya estaba en descomposición. (Página Siete, 5 de julio 2020).
En la ciudad de El Alto, en el departamento de La Paz, ubicada a 4.000 metros sobre el nivel del mar, no hay un cementerio, ni un horno crematorio, ni morgue y ni un terreno donde dejar los cuerpos. En total, en Bolivia, según la estadística oficial de coronavirus, para el primero de julio suman más de 38.000 pacientes positivos y 1.320 fallecidos. Es tal la desesperación de las autoridades que el Servicio Departamental de Salud (SEDES) de Chuquisaca que anunciaron la distribución de dióxido de cloro, publicitado como "sustancia milagrosa" para combatir el coronavirus.
Resulta que la democracia, en cuyo nombre los opositores a Evo Morales y a su Movimiento al Socialismo (MAS), apoyados por varios sectores de la clase media y algunas organizaciones indígenas, hicieron un golpe de Estado con la asesoría de Washington, de su servil Organización de Estados Americanos (OEA) y con la complicidad de Bruselas, se convirtió enseguida en una dictadura del Gobierno de facto con ansias de perpetuarse en el poder.
La presidenta designada por la élite boliviana, Jeanine Áñez, y su Gobierno de transición decidieron usar el pretexto de pandemia para aplazar las elecciones presidenciales. Al comienzo, los golpistas lograron postergar los comicios presidenciales del 22 de enero pasado, la fecha establecida por la Constitución tras la renuncia de Evo Morales, al 3 de mayo pasado.
Un nuevo intento del Gobierno de usar estudios epidemiológicos para posponer elecciones indefinidamente fracasó después de que la presidenta del Senado -donde el MAS tiene mayoría-, Eva Copa, amenazó a la presidenta interina con encargarse ella misma de cumplir con la promulgación de la ley, tal como establece la Constitución Política del Estado, si Áñez no lo hacía en un plazo de 10 días. Esta amenaza fue apoyada también por el líder del Partido Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa.
Posteriormente, por iniciativa del MAS, que por primera vez desde el golpe de Estado actuó de una manera unida, el Gobierno de Áñez tuvo que aceptar el compromiso y la prórroga de las elecciones del 3 de mayo, estableciendo el plazo de 90 días para la realización de comicios, es decir, el 2 de agosto de 2020.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, decidió que era momento de recuperar la credibilidad institucional y remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley que establecía la convocatoria de las elecciones para el 6 de septiembre próximo. La Asamblea aprobó esta ley mientras que la presidenta trató de hacer todo lo posible para aplazar su promulgación.
Áñez intentó no promulgar la Ley 691 de Postergación de las Elecciones Generales 2020 para el próximo 6 de septiembre bajo el pretexto de la pandemia que, según los cálculos de su Gobierno, afectaría para aquella fecha unos 130.000 bolivianos. Advirtió también que los comicios traerán "violencia de los violentos" salvajes, evistas y masistas quienes "aprovechando la cuarentena se están organizando políticamente y vuelven con el palo en la mano para dividir al país con violencia".
No obstante, sus argumentos no convencieron a nadie y el clamor popular exigiendo "elecciones ya", promovido por el MAS y la Comunidad Ciudadana (CC), que se proyectaron como principales actores políticos en el país, obligaron al Gobierno de facto a firmar la Ley 691, anunciando las elecciones presidenciales para el próximo 6 de septiembre. Las organizaciones campesinas e indígenas, los principales actores políticos del MAS, se reagruparon en un Pacto de Unidad advirtiendo al Gobierno de no crear trabas para los comicios y la Central Obrera Boliviana (COB) lanzó un ultimátum: "elecciones en septiembre o convulsión social".
Lo único que le queda a la derecha desunida de Bolivia frente al avance del Movimiento Al Socialismo es tratar de formar una coalición para enfrentar al partido de Evo Morales quien declaró recientemente que "por instrucciones de Donald Trump, Carlos Mesa de la Comunidad Ciudadana y Jeanine Áñez, candidata de Juntos acordaron un pacto para ir juntos en las elecciones del 6 de septiembre con los asesores que apoyaron la campaña de Sánchez de Lozada". (El Deber, 4 de julio 2020).
El expresidente Morales escribió también en su twitter que "se viene la alianza entre quien, antes de enfrentar a las transnacionales, pedía limosnas [Carlos Mesa cuando era presidente entre 2003 y 2005], y quien, en medio de la pandemia y antes de salvar vidas [Jeanine Áñez] hace negociados hasta con los respiradores".
A su vez, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, que es ideólogo y la mano derecha de la presidenta, precisó que "Áñez hará (sic) sorpresas en los próximos días haciendo muy buenas propuestas al candidato Carlos Mesa de la Comunidad Ciudadana".
Asustado por la preeminencia del MAS, el Gobierno transitorio de Áñez arrancó una campaña para inhabilitar al candidato del MAS a la presidencia, el exministro de economía Luis Arce Catacora, iniciando una demanda judicial por un supuesto desfalco al Fondo Indígena y por las irregularidades para la compra de software y bienes inmuebles para el Fondo de Pensiones.
Para la derecha todo vale si la meta es perpetuarse en el poder y terminar con el pogresismo aunque sea de "carácter conservador", como consideró el estudioso James Petras en 2006 al proyecto de Evo Morales de "crear un capitalismo normal en Bolivia".
Entonces no es de extrañar que los golpistas, siguiendo las instrucciones del encargado de negocios de la embajada norteamericana en La Paz, Bruce Williamson, harán todo los posible para prevenir la participación del candidato del MAS, Luis Carlos Arce, y su segundo, David Choquehuanca, en los comicios del próximo 6 de septiembre.
Todo dependerá de la voluntad del pueblo boliviano y de su sabiduría, aunque, como decía Antón Chejov, "cada ser humano tiene cabeza pero no todos la necesitan".
