La política argentina y los barcos sin rumbo

En los últimos días se ha sabido de negociaciones para llegar a un congelamiento de precios y salarios por un lapso que podría ser de tres meses. Esto en medio de la inflación creciente con su correlato de pérdida de poder adquisitivo; la recesión económica, el incremento de la pobreza. Pese a todo, aún se sigue pensando en el salario como una variable a “contener”, a partir de su consideración como un factor causante de la inflación.

Es a esta altura una broma cruel que se piense en inmovilizar una “foto”, compuesta de precios emergidos de una fuerte escalada, en particular en bienes de primera necesidad; y salarios que han “corrido de atrás” con retraso creciente. El cuadro empeora a la vista del completo fracaso de la última tentativa de control: “Precios justos” hundidos frente a la omnipotencia del poderío oligopólico.

Sólo el sector sindical que funge como semioposición a la conducción de la CGT se ha diferenciado al respecto. Dirigentes de camioneros, metalúrgicos, mecánicos y otros gremios incluso presionan por un aumento de suma fija, que socorra a los sectores menos favorecidos. Eso entre los trabajadores sujetos a convenios colectivos. Los “informales” seguirían a la intemperie.

Un gobierno al que se supone con una propensión a la redistribución progresiva del ingreso, por su origen peronista, lleva asumida hace tiempo la política de ajuste. Ceñida entre otros elementos a las restricciones salariales y de programas sociales. El peronismo actual se desenvuelve como garante político y social de ese retroceso.

Ese propósito disciplinador lo lleva a poner en juego su predominio sobre el sindicalismo tradicional para garantizarlo. Al que en los últimos años se suma su posición hegemónica en dirección a una porción decisiva de los movimientos sociales que agrupan a desocupados y precarizados.

Derecha: Mientras tanto, en “Juntos por el Cambio”

Desde la oposición de derecha se pone el acento una y otra vez en sostener un programa de reforma laboral regresiva.

Se apunta contra las indemnizaciones por cese de la relación laboral. Se supone que debería reemplazárselas por algún tipo de “seguro contra despido” que no signifique una erogación para el empleador.

Asimismo se propicia la supresión de compensaciones por enfermedad, accidente u otras contingencias, a las que las patronales descalifican como generadoras de la “industria del juicio”.

Al mismo tiempo se proponen ir contra los planes sociales, a los que sugieren reemplazar con alguna modalidad parecida al seguro de desempleo. Eso con el propósito de que incluya una limitación temporal en su vigencia. Y a que cese si el “beneficiario” del plan respectivo no acepta cualquier oferta de trabajo que se le brinde.

Es probable que haya complicidad en todo esto de al menos una parte de la burocracia sindical, siempre dispuesta al entendimiento con las patronales y con los gobiernos del signo que sean. Y los movimientos sociales afines al actual oficialismo vienen en avance con una cultura organizacional similar, de acomodo permanente.

No cuesta trabajo imaginar que esas dirigencias burocráticas ya estarán en aprontes para erigirse en contracara “negociadora” de un futuro gobierno de “Juntos por el Cambio”. El enfoque corporativo del conflicto social no conoce de firmezas ideológicas ni de lealtades perdurables. De hecho, ya circulan con insistencia las versiones de que las negociaciones por la “reforma laboral” se hallan en curso.

En medio de luchas despiadadas por las candidaturas nacionales y locales, la coalición de derecha muestra día tras día que carece de consensos internos. Excepción hecha del propósito al que nos referíamos, de facilitar un avance más franco e integral contra las condiciones de vida y los derechos de trabajadores y pobres. Hablar de un “proyecto nacional” o incluso de un “programa de gobierno” parece incluso desubicado o ingenuo en las actuales circunstancias.

El desconcierto es tal que el actor de reparto fogoneado para traccionar hacia la derecha todo el debate económico, se ha convertido en “presidenciable”. La supuesta división del electorado en “tres tercios” ya se tornó un lugar común de los análisis electorales. Y no por casualidad menudean los editoriales y columnas en medios conservadores que desvalorizan la propuesta de “dolarización”. Y dan la alerta sobre el “salto al vacío” que supondría un triunfo de Javier Milei.

Peronismo: El Frente de Todos a la deriva

Entretanto, la conducción del “movimiento obrero” verbalizó el apoyo a la candidatura del actual ministro de Economía, mientras realizaba un deslucido y tardío acto por el primero de mayo. La dirigencia sindical que padecen lxs trabajadorxs argentinxs siempre se supera a sí misma: respalda ahora al postulante que acompañó a un brutal retroceso de los salarios.

El oficialismo aparece desdibujado, sin capacidad de presentar ninguna acción exitosa en el campo de las urgencias que sufre la mayor parte de la población. Prueba del desaguisado son los avances y retrocesos en torno a la ubicación de Cristina Fernández de Kirchner frente al proceso electoral.

De renunciante a cualquier postulación a gran electora, de esto último a posible candidata de unidad. Lo único cierto es la prolongación de la incertidumbre y la carencia de un reemplazo que sea portador de un prospecto electoral aceptable. El “operativo clamor” se alza y se diluye de una semana a la otra. Se pretende erigirla en “salvadora” de una propuesta irrescatable. La desorientación y el desánimo son lo único que permanece.

Un lema tradicional del peronismo gobernante, que incita a votarlo para impedir el advenimiento o el regreso de la derecha ha quedado vaciado de sentido. Su gobierno se comporta en muchos aspectos como una genuina fuerza de derecha. O al menos no ha tenido aptitud o voluntad de revertir ningún aspecto del cuadro dejado por la gestión presidencial que transcurrió entre 2015 y 2019.

A comenzar por la mansa aceptación de las gigantescas hipotecas del endeudamiento con los acreedores privados y del monumental préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI). Los niveles de pobreza y de deterioro del salario real existente en diciembre de 2019, denunciados con justicia como escandalosos, se han sostenido y agravado a lo largo del gobierno del Frente de Todos (FdT). Completa el cuadro el hecho de que el crecimiento del PBI a lo largo de 2022, estimado en más de un 5%, no tuvo ningún correlato de mejoría de esos indicadores.

“Redistribución regresiva”, que le dicen. La misma que se supone es patrimonio de gestiones económicas reaccionarias.

La carencia de proyecto alternativo se manifiesta en el respaldo persistente a la política económica encarnada por el ministro Sergio Massa, hecha de reverencia al Fondo y de ataque frontal contra los intereses populares. A falta de una propuesta diferente optaron por someterse a quien prometía evitar una catástrofe. La que de todos modos se produce en cámara lenta.

Las proyecciones hoy se acercan a un 120% anual de inflación y a un 3% o más de caída de la actividad económica para 2023. ¿Qué propuesta electoral puede apuntar al éxito en esas condiciones?

El peronismo se encuentra frente a un espejo que no registra antecedentes, al menos desde 1983: Un gobierno justicialista dividido e impotente, con indicadores económicos desastrosos y sin posibilidades de articular un discurso atractivo para sus bases sociales.

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No escasean los análisis que consideran que Argentina se encuentra frente a una “crisis de representación” muy difícil de revertir. Cabe la observación de que el hundimiento de un sistema de partidos y coaliciones mayoritarios implica el afianzamiento de alternativas de reemplazo. Por ahora se visualiza sobre todo el declive de aquello a lo que Javier Milei descalifica como “casta”. No despunta un horizonte diferente.

Entretanto tiende a acentuarse la mezcla de apatía e indignación que aqueja a vastos sectores. El crecimiento de la abstención electoral es uno de los cauces posibles de la misma. Quizás también se concrete la elevada intención de voto que hoy se asigna la propuesta de ultraderecha.

Queda por verse si comienzan a consolidarse las corrientes situadas más a la izquierda, impugnadoras de más larga data y con certeros fundamentos del sistema político existente. Al que apuntan en tanto que expresión de un orden social asentado en la injusticia y desigualdad crecientes.

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