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La querella de los ascensos militares o la agonía del régimen
La tenaz insistencia en la petición de ascensos en las FFAA que ha derivado en una denuncia penal del ministerio de defensa contra la presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Eva Copa, por incumplimiento de funciones, se ha convertido en un episodio que encubre un conjunto de problemas mucho más complejos que la sola decisión de naturaleza política, administrativa o jurídica que hace al derecho de coroneles o generales a quienes quieren convertir en hombres de “gatillo fácil”. El ascenso es solo la punta del iceberg. El país está viviendo las horas más sombrías de un nuevo golpe de Estado, artero por donde se lo vea, cuyo objetivo es prorrogar la gestión del gobierno hasta lograr un supuesto control de la pandemia que podría servir como una rentable bandera electoral. Entretanto, se pretende instalar o darle forma al Estado Policial favorable a la clase dominante y a sus aliados extranjeros dispuestos a subastar el patrimonio nacional. Se trata de construir un renovado proyecto político que maximice el robo como política de Estado y minimice el Estado como estrategia de ajuste en favor de un capitalismo asfixiado y jaqueado por los efectos perversos de la pandemia. Las señales son inequívocas: asalto estatal, desmantelamiento de las empresas e industrias y ajustes represivos apoyados en una delirante danza de millones que fluyen sin control al sector de seguridad policial-militar. Empero, el bloque represivo enfrenta algunas dificultades.
