La renta de la tierra en el centro de la disputa

El ciclo de los commodities suele ser desencandenante de tensiones sociales y políticas. Es el caso de la suspensión de las exportaciones de maíz, una confrontación menor que puso de relieve, una vez más, el peso de la renta agraria en el país.

Un ciclo alcista

Desde agosto de este año se registra una sostenida tendencia al alza de la cotización de los commodities. Está centrada en la soja pero alcanza al conjunto de los productos primarios que se negocian en los mercados mundiales.

Estos precios son resultado de la combinación de varios factores: la rápida recuperación de la economía china (crecerá 2% este año y 8 el próximo) que junto con la India están empujando la demanda. Bajos stocks de soja a nivel mundial, especialmente en EEUU que no tiene ya saldos exportables. Recortes en las estimaciones de producción en América del Sur (Argentina / Brasil) por efectos climáticos (puede cambiar ya que esta semana llovió en la zona núcleo). Debilidad del dólar y su contrapartida bajas tasas de interés lo que hace que los fondos especulativos se vuelquen a los mercados de commodities. Así la soja alcanzó los 523 dólares la tonelada, el maíz los 203 y el trigo 248, la carne también subió mucho, mientras que el petróleo cotizó a 58 dólares el barril.

Bienes salario

El envión que tomó el precio del maíz en diciembre pasado hizo que la secretaría de Comercio alertara al ministerio de Agricultura que esos precios estaban impactando en la estructura de costos de la industria procesadora (avícola, porcina, aceitera y feedlotera) que tienen este grano como insumo básico y trasladaban automáticamente ese aumento a precios.

Se volvía a plantear así el ya viejo problema del capitalismo argentino: la exportación de bienes salario. Cuanto más se exporta de determinados productos, más suben los precios en el mercado interno que impactan en el costo de vida. Es lo que hace necesario algún mecanismo técnico que garantice el abastecimiento interno y desacople los precios internacionales de los locales. Esto es así desde hace décadas pero se agravó desde la última dictadura militar por la deuda externa y la necesidad adicional de dólares.

La escalada

Una resolución ministerial canceló las exportaciones de maíz por 60 días, la respuesta de los productores fue un paro de comercialización de 72hs. El paro resultó más simbólico que otra cosa, mientras que la medida gubernamental devino cuasi abstracta. Los compradores se retiraron del mercado, los productores no se vieron demasiado afectados y los que tenían stock disponible estaban suficientemente cubiertos financieramente como para esperar que se cumplieran los 60 días.

El gobierno abrió entonces una instancia de negociación con el Consejo Agrario Argentino (CAA) que expresa los intereses de las 57 cámaras del sector y donde las multinacionales exportadoras pisan fuerte. Se partía de la idea que el 90% del maíz disponible ya estaba liquidado por lo que no estaba garantizado el consumo interno. Sin embargo en esa negociación un documento presentado por la CAA demostró sorpresivamente que había unos 10 millones de toneladas de la cosecha vieja, que por razones no explicadas no estaban debidamente computadas (¿tal vez para exportarlas en negro?), estas garantizaban el abastecimiento interno hasta la cosecha nueva, incluso quedaba un saldo exportable.

El ministerio levantó la prohibición de exportar y puso un cupo de 30.000 toneladas diarias para vender localmente. Los productores rechazaron el cupo y se negaron a levantar la medida de fuerza. El gobierno desando lo andado y finalmente acordaron con la Mesa Intersectorial del Maíz, que funciona al interior de la CAA, garantizar ventas por 1.000.000 de toneladas mensuales.

En paralelo se iniciaron discusiones con la cadena maizera para propuestas alternativas como un fideicomiso propuesto por el gobierno destinado a lograr el desacople de los precios internos de los internacionales u otras variantes propuestas por el sector maizero consistente en diversos instrumentos para garantizar que el “mercado interno tenga stock y precio”. También utilizar un fondo de garantía (FOGAR) para que los productores cobraran en tiempo y forma. Ocurre que lo que se vende para exportación se liquida a los 7 días mientras que en el mercado interno las procesadoras pagan a 40 días o más. Finalmente el paro se levantó 10 horas antes del plazo fijado. Veremos cómo se resuelve la implementación y el seguimiento.

El saldo

Luego de 13 días el saldo del conflicto semeja un empate. El gobierno logró, merced a la presión de cerrar las exportaciones, que aparecieran 10 millones de toneladas no contempladas hasta ese momento y logró que se discutan ciertas condiciones técnicas para garantizar el abastecimiento interno y mejorar el precio y las condiciones financieras de los productores. Una suerte de Comité de Seguimiento controlará que los acuerdos se pongan efectivamente en práctica. También el 31 de diciembre redujo retenciones para las economías regionales e instaló el criterio para productos industriales de que a mayor valor agregado menos derechos de exportación.

Por su parte los productores celebraron el final del conflicto como un triunfo, por lo que entienden ha sido un retroceso del gobierno y consideran “cumplido su objetivo”. Para algunos fue un papelón del gobierno que desalienta inversiones. En reralidad el paro fue una medida defensiva no solo por el maíz sino que entendían que este curso podría continuarse con la carne y el trigo, y su objetivo final no era otro que bloquear todo tipo de regulaciones y avances del Estado sobre las actividades agrarias y en defensa de la sacrosanta propiedad privada.

El gobierno desplazó de las negociaciones a la Mesa de Enlace y logró que Coninagro no se sumara al paro, privilegió al CAA y a la Mesa del Maíz. En tanto que la Mesa de Enlace buscó ampliar su área de influencia. Así el Foro de Convergencia Empresarial -80 entidades empresarias más importante del país- y la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa, se sumaron a los postulados de los productores llamando la atención sobre “el rumbo estatizador que lleva adelante el gobierno”. Citando como ejemplos la intervención en el servicio de Tecnologías de la Información y la Comunicaciones; la eliminación del aumento a la medicina prepaga y los riesgos de una amplia reforma del sistema de salud; el congelamiento de las tarifas de electricidad y gas y de precios de alimentos y servicios. Todo afectaría al crecimiento y a las inversiones.

La potencia oculta

Este nuevo conflicto rememoró –claro que en menor escala- aquella disputa por la distribución de la renta en 2008, con las consecuencias sociales y políticas ya conocidas, que aún están presentes. Como acotara en aquel momento, este tipo de conflictos no es más que la superficie de un fenómeno mucho más profundo. La evidencia de que esa potencia oculta que es la renta de la tierra (dijera Karl Marx) había regresado para ocupar el lugar del que fuera desplazada 70 años atrás.

Aquel regreso, que amplificado se extiende hasta nuestros días, ya no tendrá vuelta atrás. Es resultado de que el gran capital, sobre todo financiero, ingresó a la actividad forzando “la industrialización agraria”. Junto con las innovaciones tecnológicas en la siembra, riego, cosecha y almacenaje se impusieron criterios de eficiencia, productividad, rentabilidad y competencia propios de las grandes empresas. Hoy nuestro país es unos de los grandes exportadores de granos y oleaginosas –detrás de EEUU y Brasil- constituyendo el mayor clúster productivo del mundo.

En su artículo del domingo pasado en página 12 “Como relacionarse con el poder económico” Alfredo Zaiat retoma la idea de Juan C. Portantiero del empate hegemónico y las tensiones estructurales que provoca. Más allá de discutir la actualidad o no de este empate lo cierto es que la nota concluye afirmando que hasta ahora no se ha constituido “…una alianza política, social y económica que permita romper ese empate”.

No pareciera que con simples medidas regulatorias, con tender puentes o abrir canales de diálogo buscando administrar las relaciones, se pueda hacer entrar en razones al bloque dominante.

Carnes
“En los últimos 12 meses, y contra una inflación interanual del 36 por ciento, el precio del novillo en Liniers subió un 75 por ciento y el novillito un 77. Mientras que la vaca gorda lo hizo 71 y la conserva 63. Por lo menos hasta fin de noviembre pasado, la suba no obedecía a una restricción de la oferta sino que tanto la demanda doméstica como para exportación estaban muy firmes.

En el último gobierno de CFK solo el 7% de la carne faneada era destinado a la exportación, bajo el gobierno Macri ese porcentual trepó al 25% (el consumo interno bajó a 50 ks. por habitante por año), al cierre del 2020 lo destinado a exportación llegó al 30%. Como el stock vacuno y la faena no han variado, los exportadores disputan un pedazo importante al consumo lo que eleva los precios. Como además los chinos se llevan los cortes más baratos y los animales de menor calidad, terminan levantando el piso de los precios.

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Fuentes: artículo del consultor ganadero Guillermo Iriarte y comentarios del analista Guillermo Cieza.

* Integrante del colectivo EDI –Economistas de Izquierda
La Haine