La Tablada: El inicio del fin de la impunidad

El represor Alfredo Arrillaga recibió por sexta vez una condena a prisión perpetua. La que escuchó ayer fue por haber violado los derechos humanos en democracia. El militar fue el jefe del operativo represivo de recuperación del cuartel de La Tablada, tras el ataque del Movimiento Todos por la Patria (MTP) en enero de 1989. La condena del Tribunal Oral Federal 4 de San Martín cerró el primer juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos por el Ejército en aquel procedimiento, que incluyó la tortura, el fusilamiento y la desaparición de militantes luego de haberse rendido.

Apenas el presidente del tribunal terminó de leer la sentencia, el joven nicaragüense Daniel Alexander Díaz Padilla se levantó de su asiento con los ojos húmedos y alzó bien alto el cartel con la foto de su padre, José Díaz. Los sobrevivientes y familiares de las víctimas que colmaban la sala soltaron la tensión acumulada en cuatro meses de juicio, aplaudieron y cantaron “a donde vayan los iremos a buscar”. El TOF 4 encontró a Arrillaga coautor responsable de homicidio agravado por alevosía de Díaz, uno de los cuatro militantes del MTP que permanecen desaparecidos, pero no lo consideró un crimen de Estado como pedía la querella. Sin embargo, concedió a su familia la reparación simbólica. El pedido de cárcel común fue diferido hasta que la sentencia quede firme. “Lo esperábamos, tenemos la verdad de nuestro lado”, murmuró muy emocionado Díaz a PáginaI12.

El primer juicio por las víctimas de La Tablada –habrá otros por los demás casos con parte de las pruebas nuevas surgidas durante este debate oral y público– culminó entre abrazos interminables, lágrimas, puños en alto y gritos de “presentes, ahora y siempre”. Liliana Mazea, abogada de la querella, cargó la mochila durante nueve años desde que el juez federal de Morón, Germán Castelli, determinó que fueron delitos de lesa humanidad los crímenes contra los militantes del MTP, pasando por la Corte Suprema y de regreso a primera instancia para juzgar a Arrillaga. “Estoy satisfecha con la condena a prisión perpetua pero entiendo que fue un acto terrorista del Estado en un Estado de derecho. Si no es un crimen de Estado no sé qué será, no es de derecho interno como si un carnicero mata a un verdulero sino estaría prescripto”, dijo Mazea a PáginaI12. 

El 23 de enero de 1989 José Alejandro “Maradona” Díaz había sido herido en la cabeza y permaneció en los calabozos del regimiento donde estaban los soldados y los desertores. A uno de ellos, de apellido Miranda, le dijo que si moría fuera a su casa a decirle a su madre que murió combatiendo. El fotógrafo, por entonces freelance, Eduardo Longoni había subido a una terraza y con su teleobjetivo captó las ocho imágenes que fueron prueba esencial: el momento en que el teniente Carlos Naselli controla a Díaz, rodilla al piso y con los brazos detrás de la nuca, mientras Iván Ruiz también se rendía tendido boca abajo. Ambos permanecen desaparecidos, al igual que Francisco “Pancho” Provenzano y Carlos Samojedny. Ni una palabra pronunció Arrillaga sobre el destino de sus restos.

El represor Alfredo Arrillaga es retirado tras escuchar su condena.

“Es la primera vez que un poder del Estado reconoce a un familiar de una víctima el derecho a la reparación simbólica. Es importante desde lo jurídico y reconoce el daño que causaron”, manifestó Eduardo “Coco” Lombardi a este diario. “También es fundamental que el tribunal dijo que todas las denuncias realizadas sean copiadas y enviadas a los jueces respectivos. Ahí está el accionar del juez federal Gerardo Larrambebere, el Estado Mayor y el personal de inteligencia tal como lo pedimos, será un gran impulso para la instrucción de todo lo que queda por juzgar”, agregó.

El presidente del tribunal Matías Mancini, flanqueado por Alejandro de Korvez y Eduardo Rodríguez Eggers, rechazó el pedido del defensor público, Hernán Salvo, de quitar los carteles con las fotos de los militantes desaparecidos porque dijo sentirse “intimidado”. El defensor pidió la absolución al decir que no hubo un plan para exterminar a los militantes del MTP, que ninguna prueba así lo indica. En sus últimas palabras, Arrillaga dijo sobre el líder del MTP ya fallecido: “Gorriarán Merlo abandonó a su tropa, no hubo dignidad”, se consideró víctima de una “política revanchista y vengativa”, dijo ser parte de los “los kelpers argentinos, de los 500 muertos de un genocidio disfrazado de ley biológica”, y se permitió citar a Montesquieu y a Eugenio Zaffaroni. Sobre los testigos dijo que son “resentidos del Ejército” y cerró diciendo: “Soldado, si tu vida estuvo en peligro no te arrepientas”. 

La ex SIDE tenía documentos y llegaron antes del fin del debate. El querellante Pablo Llonto indicó que ubican a Díaz como “abatido” en 18 menciones. Es decir, el Estado siempre supo que no se había fugado. También aseguró que en esos mismos archivos ahora desclasificados “hay 4 NN y 27 muertos”. Este juicio había comenzado en diciembre y logró torcer la versión oficial que decía que militantes torturados y desaparecidos se habían fugado. Todo gracias a dos testigos que admitieron que habían sido obligados a mentir. También expuso otras responsabilidades tanto de represores como de la justicia, todos elementos de prueba para profundizar las investigaciones de los otros casos, Provenzano, Ruiz y Samojedny y sus compañeros fusilados y torturados en enero de 1989. Finalizado el juicio, afuera del tribunal Nora Cortiñas dijo en la radio abierta del Diario del Juicio que “los juicios tienen el valor ético y de compromiso con los que quedaron sometidos en ese horror, la perseverancia del pueblo y la que tenemos entre nosotros, mirarnos a los ojos y caminar para el mismo lado”.

Página 12