La violencia narco se apodera de Chiapas

Durante muchos años, el sureño estado mexicano de Chiapas se creyó libre de la violencia que había asolado el otro extremo del país. Pero ya no es así. Con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación enzarzados en una feroz disputa por el control de la frontera con Guatemala y su lucrativo comercio de emigrantes y mercancías, la violencia producida por ese conflicto amenaza con desencadenar un polvorín de luchas sociales entre una población fuertemente armada.

En un artículo reciente argumentas que los sospechosos habituales en Chiapas siempre están ahí: los caciques locales, la industria extractiva, los grupos paramilitares, el capitalismo y el racismo. Pero lo que está ocurriendo ahora está siendo causado también por otros factores. ¿Cuáles son?

Hace 30 años vivíamos en una situación semifeudal en la que los grandes rancheros no solo dominaban sus territorios, sino también la política estatal. Controlaban las elecciones, controlaban la economía.

Lo que hizo el movimiento zapatista lo cambió todo: las relaciones sociales, nuestra forma de vernos los unos a los otros. Fue un gran salto en términos de participación política y presencia pública. Y trajo consigo una serie de nuevas dinámicas. Históricamente, Chiapas siempre ha sufrido la ausencia del Estado y de sus instituciones. Y eso se tradujo en que la gente tomara el asunto en sus propias manos. Los rancheros solían hacerlo por la fuerza, contratando a matones armados que resolvían las cosas a balazos. Ahora las cosas se han vuelto más horizontales... todo el mundo tiene armas. La dinámica no ha cambiado; solo se ha vuelto más uniforme.

Es decir, las transformaciones provocadas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) fueron para bien, pero también para mal en otros términos. No a propósito, pero desencadenaron una serie de circunstancias que crearon nuevos retos y perspectivas.

¿Cuáles son esas circunstancias?

En primer lugar, la idea de concebir a la gente de los pueblos como sujetos políticos, como miembros activos del ámbito político y económico. Antes, el uso de la palabra «indio» como insulto era algo normal y cotidiano. O el ejemplo que se suele utilizar: los indígenas tenían que bajarse de la acera para que pasaran los blancos. Y fue a partir de 1994 cuando esto cambió y estos pequeños cambios se sumaron a una transformación cultural para todos.

Ahora bien, también existe otra dinámica desde los años 90 y principios de los 2000 de mirar a Chiapas exclusivamente desde la perspectiva del zapatismo. Cuando venían grandes visitantes extranjeros, siempre era para ver a los zapatistas con sus pasamontañas, sus armas y sus desfiles. El resto de la población parecía no importar, no resultar interesante en absoluto. Así que armarse se convirtió en una cuestión estética, un deseo de los habitantes del campo de ser más, de ser mejores, de ser guays. Tener armas te situaba en un nivel diferente.

Esto creó un terreno sólido para que se estableciera el crimen organizado, porque todo el mundo tenía armas, y entonces --también debido a la ausencia del Estado-- muchos conflictos comunitarios empezaron a resolverse mediante la fuerza de las armas. Conflictos que a menudo eran muy simples, desde asuntos familiares hasta disputas por los límites entre terratenientes y municipios. Y entonces se instalaron en esas zonas personas vinculadas al crimen organizado y, con ellas, el tráfico de drogas, la trata de seres humanos, el control del alcohol y la prostitución.

En tu artículo también mencionas dos factores que me parecieron interesantes: la eliminación por parte del gobierno de López Obrador de los fideicomisos federales que los gobiernos anteriores habían utilizado de forma discrecional para cooptar a grupos locales, y la entrega de beneficios de programas sociales directamente a los individuos, sin necesidad de intermediarios. ¿Puedes hablar un poco de esos dos factores?

Chiapas subsiste con recursos federales. Y estos recursos se han distribuido de manera discrecional durante muchos años. Un gobernador de los años 80, Juan Sabines, era famoso por llevar a todas partes un ayudante con un maletín. Simplemente lo abría, sacaba fajos de billetes y los repartía, y esa era su forma de resolver los problemas en todo el estado. Este método se repitió con más fuerza después de 1994 para contener la insurgencia zapatista. Muchas organizaciones además del EZLN ya tenían presencia en el estado. Y sin participar en la lucha armada, también se sumaron a la protesta por mejores condiciones. Y la forma de controlarlas era repartiendo dinero.

Entonces empezaron a dividirse, porque si te presentabas con otro nombre, te daban la misma cantidad de dinero. Así que estas grandes organizaciones se fragmentaron en mil pequeñas. Para financiarlas, el gobierno de Ernesto Zedillo creó tres fideicomisos que no formaban parte de ningún programa formal, por lo que no rendían cuentas ni informaban de los resultados. Los líderes de las organizaciones recibían fajos de billetes y, tras sacar una buena parte para ellos, se la repartían.

Después de 2018 ocurren dos cosas: en primer lugar, el gobierno de López Obrador se deshace de los fideicomisos. Eso significa que ya no hay forma de controlar las acciones que se llevaron a cabo para obtener esos recursos. Al mismo tiempo, la política de AMLO de programas de transferencia directa hizo innecesarios a esos intermediarios. Así que en muchos lugares decidieron tomar represalias bloqueando el padrón de prestaciones federales para que la gente no pudiera acceder a esos recursos: ni pensión, ni becas, nada.

Obviamente, esto provocó una crisis de liderazgo en las organizaciones. Toda su capacidad de negociación y movilización, todo lo que habían aprendido en los últimos treinta años, ya no les servía. Y en muchos casos, no en todos, estos líderes y organizaciones se trasladaron a lugares más oscuros. Algunos se convirtieron en grupos de presión a sueldo. Cuando un pueblo de las tierras altas quería imponer algo, aparecían con sus armas. En las ciudades, se dedicaron a vender protección. Empezaron a aparecer carteles en los escaparates de San Cristóbal, Comitán y Tuxtla Gutiérrez que decían: «Este negocio está protegido por...» y el nombre de la organización aparecía junto a imágenes del Che Guevara, el Subcomandante Marcos o Lucio Cabañas.

Otro factor innegable es la pandemia. De la noche a la mañana, miles de trabajadores domésticos, del sector gastronómico y del turismo fueron echados a la calle. ¿Cuál fue el efecto de eso?

Tras el levantamiento de 1994 se produjo una gran migración de personas de las Tierras Altas a San Cristóbal. Lo que era esencialmente un pequeño pueblo se convirtió en una ciudad de más de 130.000 habitantes. Y la mayoría se asentó en la parte norte. Desde el principio, el resto del San Cristóbal tradicional, viejo y blanco, ha tenido todo tipo de prejuicios hacia esa zona. Pero la base de trabajo de todos sus hoteles, restaurantes y servicios turísticos procede de allí. Entonces llegó la pandemia y la cuarentena, y dijeron: «Todos tienen que marcharse». A nadie le dieron ninguna indemnización, ni siquiera la promesa de que su puesto de trabajo seguiría allí cuando todo acabara. Así que 2020 fue muy duro porque, recordemos, muchos de ellos no estaban en el censo de beneficiarios y no podían acceder a los programas federales.

Algunos intentaron volver a sus pueblos, pero había mucha resistencia a los forasteros a los que se consideraba propagadores del contagio. Otros intentaron buscar formas distintas de ganar dinero y, a veces, eso significaba salirse de la ley. De nuevo, no en todos los casos; hubo miles que hicieron esfuerzos increíbles para sobrevivir, vendiendo o trabajando en lo que podían. Pero afectó a muchos. Aparecieron estas bandas, que la prensa llama «los motonetos», pero que en realidad son como veintidós bandas diferentes. Y lo que tenían como fuente de ingresos, como ocurría en todo el mundo, eran las entregas a domicilio en moto.

Estos jóvenes desechados y estigmatizados se convirtieron en los que llevaban el pan a casa. Los padres y los abuelos dejaron de ser los cabezas de familia, o al menos tuvieron que tratar a sus hijos en igualdad de condiciones. Esto trastornó por completo la dinámica familiar.

Otra clave de todo esto es la cuestión de los emigrantes. Junto con sus actividades tradicionales, los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación se disputan actualmente el lucrativo mercado del tráfico de migrantes. Y dada la afluencia masiva de migrantes procedentes del sur, este parece ser un problema que no está totalmente bajo el control de México.

Por supuesto. Y esos flujos continuarán hasta que cambie el sistema económico mundial. Quienes conocen el asunto dicen que Chiapas siempre estuvo controlado por el cártel de Sinaloa, y que era una zona libre por donde pasaban las mercancías de todos sin conflicto. Ahora el cártel de Jalisco ha entrado en la lucha por el control de la zona fronteriza. Y eso significa pelearse por el control de cada uno de esos pequeños pueblos, porque eso les permite controlar rutas, ver quién pasa, confiscarles lo que tengan y matarlos o desaparecerlos.

También lo hacen con personas que no tienen nada que ver con ninguno de los dos grupos, para sembrar el terror y asegurarse de que los pueblos deciden estar con uno u otro bando. Y además del tráfico de personas, pasan muchos productos ilícitos diferentes, desde coches hasta vacas. No puede reducirse simplemente a una cuestión de drogas.

Casi en el trigésimo aniversario de su levantamiento, los zapatistas han anunciado la desaparición de su estructura civil, que incluye los municipios autónomos y las Juntas de Buen Gobierno. ¿Por qué ahora?

En respuesta al fracaso del proceso legislativo en 2001, el EZLN apostó por la construcción de facto de un gobierno autónomo --«Si no nos dan una ley que nos otorgue la autonomía, lo hacemos nosotros»--, que es de donde surgieron las Juntas de Buen Gobierno. Pero finalmente se rompieron, por varias razones. En 2012, el estado de Chiapas decidió permitirles participar en el gobierno local sin tener que ceder o renunciar a su autonomía. Pero eso significó la expulsión inmediata del zapatismo. Luego, cuando llegó la pandemia, muchos territorios zapatistas no vieron salida a sus apuros económicos.

Estos dos procesos, de 2012 y 2020, hicieron mella en la estructura de las Juntas de Buen Gobierno. Se vieron obligadas a expulsar a muchos de los suyos que solo intentaban sobrevivir. Así que han decidido dar un nuevo enfoque a los Gobiernos Autónomos Locales (GAL), que pueden decidir colaborar con municipios, partidos u organizaciones. Esto implicará sin duda una modificación de toda la estructura zapatista. Pero tal y como estaban las cosas, los números iban disminuyendo. El mayor municipio zapatista, Polhó en Chenalhó, dejó de ser zapatista hace varios años. Luego están los cercanos a la frontera, que tienen que enfrentarse a los narcos todos los días. Aunque los zapatistas no han usado las armas desde 1994, continúan armados, y así es como defienden sus comunidades.

Pero cuando llegó el crimen organizado, lo hizo con más armamento y un elemento de crueldad nunca visto. La diferencia de poder de fuego es muy grande, y los zapatistas no van a empezar a disparar contra los cárteles, porque perderían. Todo esto les ha obligado a admitir que no podían seguir de esa manera. Y esto ha provocado otra transformación en el movimiento zapatista, que ha tenido que adaptarse como siempre. Algo que les ha caracterizado a lo largo de su historia es esta capacidad de adaptación, de pasar de un movimiento armado a pacificador a un movimiento autónomo. Y esta nueva forma va a permitir interacciones con el resto de las comunidades con las que conviven y en torno a las que se mueven.

Este era uno de los principales problemas de la estructura autónoma tal como se concibió originalmente: les obligaba a no participar en ninguna forma de gobierno oficial y les aislaba de sus comunidades. Así que ahora van a ver cómo reconstruir esa dinámica.

¿Y dónde está Morena en todo esto? Controla la gobernación y, junto con sus aliados, la legislatura estatal y la mayoría de los municipios. ¿Qué pasa con los partidos políticos?

En Chiapas realmente no existe una izquierda electoral como tal. La presencia del zapatismo hizo que durante mucho tiempo la gente de izquierda, sobre todo los jóvenes, no participaran en la lucha electoral. Después, cuando se formó Morena en Chiapas, muchos jóvenes sí participaron. Pero cuando llegó el momento de seleccionar a los candidatos para 2018, aparecieron los viejos cuadros del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido «Verde» y se quedaron con todo, desplazándolos.

Luego, los más jóvenes se aislaron, decepcionados de la vida partidista, y muchos se fueron, dejando a Morena en manos de los chapulines [N. del E.: gente que salta de un partido a otro]. Esta gente viene de larga data: durante la revolución eran archiconservadores, pero una vez que los grupos revolucionarios empezaron a ganar, dijeron: «Ah, sí, somos revolucionarios y siempre lo hemos sido». Este cambio de máscara les resulta muy fácil. Cuando el PRI estaba en el poder, todos eran del PRI, independientemente de su ideología. Y cuando cambió al PRD, todos se fueron al PRD. Lo mismo pasó con los llamados Verdes. Ahora todos están en Morena; son la misma gente, y realmente no hay esa presión juvenil que exija una transformación.

Aquí solo se trata de adaptarse a los tiempos. Así que es muy difícil pensar en Morena Chiapas en términos de cómo se ha desarrollado Morena en otras partes del país. Por ejemplo, el candidato de Morena a gobernador este año [Eduardo Ramírez Aguilar] fue secretario de gobernación del gobernador del Partido Verde, Manuel Velasco, que es nieto de un exgobernador priísta. Es la misma línea, las mismas familias que han estado gobernando Chiapas desde el siglo pasado o antes.

AMLO ha intentado minimizar lo que ocurre en Chiapas, señalando, por ejemplo, que ocupa el vigésimo sexto lugar de treinta y dos estados en cuanto a homicidios por cada cien mil habitantes. ¿Es esto un control de daños, una negación de la dinámica imperante, o más bien una forma de ganar tiempo para aplicar su estrategia de pacificación?

Si nos atenemos a las cifras, tiene razón. Pero las cifras no siempre cuentan toda la historia. Cuando ha habido enfrentamientos en San Cristóbal, los cadáveres tienden a desaparecer. La gente llega, recoge a sus muertos y se los lleva. También es cierto que lo que podríamos llamar delincuencia común --asaltos, robos de coches y allanamientos-- sigue siendo, afortunadamente, poco frecuente en el estado. Y por eso no hay muchas muertes. Hay mucha violencia, mucha presencia de armas, muchos tiroteos, pero eso no se registra en el número de homicidios.

Y el otro aspecto es el control de daños que mencionas. Decir: «Lo tenemos todo bajo control, es solo un hecho aislado en ciertas regiones». Pero no es solo una percepción, sino un hecho documentado por varias organizaciones de Chiapas que los grupos armados están disparando contra la gente en al menos la mitad del estado, lo cual es brutal. Así que creo que hay un elemento de negación, y me resulta muy extraño, especialmente a la luz del hecho de que el presidente está planeando venir a vivir aquí una vez que deje el cargo.

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