La guerra de Bush contra los niños: ¿el peor crimen de guerra?

Con seguridad, nada de lo que el presidente Bush ha hecho en sus dos desgraciados mandatos- ni la invasión y destrucción de Iraq; ni la abolición de la larga tradición de cinco siglos del habeas corpus, ni su autorización y aliento de la tortura, ni su campaña de espionaje en el interior- puede compararse en su monstruosidad, como comandante en jefe, con el encarcelamiento de más 2.500 menores de edad.

Según los propios datos del gobierno estadounidense, eso es lo ocurrido con muchos chicos de 17 años, y más pequeños aún, que desde el año 2001 han estado detenidos como “combatientes enemigos” – en general por más de un año y a veces durante más de cinco. Al menos, ocho de esos muchachos, alguno según se sabe de sólo 10 años, han estado prisioneros en Guantánamo. Incluso han tenido allí un campo especial para ellos: Camp Iguana. Uno de ellos se suicidó a los 21 años, tras cinco años de confinamiento en Guantánamo. (Es una ironía y una tragedia que, precisamente esa víctima de la política criminal del presidente, había sido declarada inocente por el Pentágono sólo dos semanas antes de que se quitara la vida, pero nadie se molestó en comunicarle que iba a ser liberado e iba a volver a su país, Afganistán.

Digo que el comportamiento de Bush es criminal porque desde 1949, y según las Convenciones de Ginebra, firmadas y aceptadas por Estados Unidos, e incorporadas al ordenamiento legal estadounidense, los muchachos menores de 15 años son considerados “personas protegidas”, e incluso si son capturados en combate contra las fuerzas estadounidenses deben ser considerados víctimas y no soldados. En 2002, el gobierno Bush firmó y puso al día ese tratado, elevando la edad de las “personas protegidas” hasta los 18 años.

Los tratados no significan nada para este presidente, para el vicepresidente o para el resto del Gobierno, pero deberían significar algo para todos nosotros.

Pero capturar y encarcelar a muchachos no es el peor de los crímenes de guerra de este presidente cuando se trata del abuso de menores. Bajo el liderazgo de Bush como comandante en jefe, el ejército estadounidense en Iraq y Afganistán ha estado considerando a cualquier niño iraquí a partir de los 14 años potencial combatiente y lo ha tratado de acuerdo con ello: las tropas estadounidenses los han tiroteado, encarcelado y sometido a tortura como “combatientes enemigos”.

En el asalto a Faluya de los marines en 2004, los hechos fueron incluso peores. Dexter Filkins, periodista del New York Times, informó de que antes de aquel ataque, unos 20.000 marines cercaron la ciudad condenada, a la que la Casa Blanca había decidido arrasar por ser refugio de un grupo de la resistencia que había indignado a la opinión pública estadounidense al capturar, matar y mutilar los cuerpos de cuatro mercenarios que trabajaban para las tropas de EE.UU. Los residentes de la ciudad de 300.000 habitantes fueron alertados del ataque feroz y se permitió a las mujeres, niños y ancianos abandonar la ciudad y atravesar el cordón de tropas. Pero Filkin informó de que a los varones considerados en “edad de combatir”, que en este caso se estableció a partir de los 12 años se les prohibió salir, y se les obligó a volver a la ciudad para afrontar su destino.

En la carnicería que siguió, a causa de las bombas estadounidenses, el napalm, el fósforo, las armas de fragmentación antipersona y una inimaginable cantidad de ametralladoras y armas ligeras desplegadas contra la ciudad, está claro que muchos de aquellos jóvenes murieron.

Aquello fue un triple crimen. En primer lugar, fue una caso de castigo colectivo- una extendida práctica de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, prohibida por las Convenciones de Ginebra. La legislación internacionall, asimismo, garantiza el derecho a rendirse, de manera que a aquellos hombres y muchachos que intentaban salir de la ciudad, incluso aunque se sospechara que fueran combatientes enemigos, se les debería haber permitido rendirse y haberlos mantenido prisioneros hasta que se pudiera establecer su inocencia. Los menores de edad, por su parte, eran “personas protegidas” para las que la ley estipula que sean tratados como víctimas de guerra y protegidas de todo daño.

Pero fueron tratados con enemigos que había que destruir.

Por esos crímenes, el presidente debería ser procesado por el Congreso y comparecer ante un tribunal como criminal de guerra.

Pero tras ver cómo este Congreso declina su responsabilidad de defender la Constitución, tengo pocas esperanzas en que vaya a hacerlo. Pero no pierdo la ilusión de que, una vez que Bush abandone la presidencia, algún juez de otro país- quizás, España o Canadá o Alemania- haga uso de la doctrina de la jurisdicción universal para acusarle de crímenes de guerra, y si abandonara el país para dar alguna lucrativa conferencia, ordene su arresto, como ocurrió con el ex dictador Augusto Pinochet, detenido a petición de un juez español mientras visitaba el Reino Unido.

Por sus abusos, encarcelamiento y asesinato de niños, este presidente debería comparecer ante un tribunal acusado de crímenes de guerra.