Las fuerzas represivas británicas gozan de impunidad tras el conflicto norirlandés

Un informe confirmó que las fuerzas de invasión británicas tuvieron impunidad pese a estar involucradas en innumerables violaciones de DDHH en el marco del Conflicto de Irlanda del Norte, conocido por algunos como "Los Problemas" ("The Troubles", en inglés), que tuvo lugar desde finales de la década de 1960 hasta 1998. Fue principalmente un conflicto político y religioso entre nacionalistas católicos, que buscaban la reunificación con la República de Irlanda, y unionistas protestantes, que querían que ese territorio irlandés permaneciera como parte de Reino Unido.

La investigación titulada Legado amargo: impunidad del Estado en el Conflicto de Irlanda del Norte fue realizada por el Centro Noruego de DDHH (NCHR) con sede en la Universidad de Oslo, que convocó a un panel compuesto por expertos internacionales, a petición de dos grupos de DDHH de Irlanda del Norte: el Comité sobre la Administración de Justicia (CAJ) y el Centro Pat Finucane (PFC).

Miles de muertes

El conflicto de aquellos años implicó violencia sectaria y disturbios civiles, así como violenta represión por parte de las fuerzas de seguridad británicas. Miles de personas fueron asesinadas durante ese periodo por diversos actores, incluidos grupos paramilitares leales (británicos); las fuerzas de seguridad de Reino Unido (policía y ejército) y, en menor medida, grupos armados republicanos (irlandeses). "Un número desconocido, pero elevado, de ataques fue cometido por paramilitares que actuaron en connivencia con el Estado británico", subraya el informe, que calcula que 3.720 personas murieron y 47.541 resultaron heridas, siendo el 54% y el 68% civiles, respectivamente.

El Acuerdo de Viernes Santo de 1998 puso fin al conflicto, manteniendo a Irlanda del Norte como parte de Reino Unido con el consentimiento de su población. Incluyó disposiciones para liberar prisioneros, desmilitarizar, reformar la policía y adoptar el Convenio Europeo de DDHH. Sin embargo, no estableció una comisión de verdad u otros mecanismos de justicia. El Estado transfirió la responsabilidad de la recuperación de la verdad a las familias y a las ONG en lugar de a sí mismo. "El Estado demostró ser un aliado no confiable para establecer la verdad, 'perdiendo' habitualmente pruebas, tardando mucho en encontrar testigos y luchando en los tribunales para que se retrasen los plazos", apunta el documento.

"Fracaso institucional"

El Panel enfatiza que, primero, la impunidad estatal es generalizada en el sentido de que los asesinatos, la tortura y los tratos inhumanos por parte del Estado implicaron un gran número de víctimas. Segundo, es sistémica porque esos hechos tuvieron lugar en múltiples lugares y durante varias décadas y tercero, fue y sigue siendo sistemática porque el Estado no cumplió ni cumple con su responsabilidad de investigar los casos de manera oficial, exhaustiva y transparente.

Se estima que durante el conflicto, alrededor de 30.000 personas (casi todas republicanas) fueron encarceladas por el Estado como miembros de grupos armados no estatales (en su mayoría eran sólo manifestantes), mientras que sólo un puñado de actores estatales fueron encarcelados. En ese sentido, el informe advierte que hay una enorme brecha en los procesamientos que garantiza la impunidad para las fuerzas de seguridad involucradas en asesinatos y violaciones de DDHH.

"Las pruebas presentadas en el informe muestran que la responsabilidad por las violaciones de DDHH cometidas por agentes estatales durante el conflicto no puede atribuirse a 'unas pocas manzanas podridas'”, señalan los expertos. No está claro hasta qué punto la impunidad del Estado es deliberada, pero se sabe que surgió por diseño y con intención.

La abogada argentina experta en DDHH y justicia transicional, María José Guembe, fue una de las participantes del panel convocado por el NCHR. En diálogo con Página/12, la integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) dijo que le sorprendió el modo en que se obstaculizaron las investigaciones de todos los crímenes sin que hayan existido leyes que garantizaran la impunidad, como las hubo en nuestro país.

"Durante el conflicto las investigaciones se vieron afectadas por la falta de independencia de los tribunales y por decisiones procesales como la de no permitir la participación de los familiares de las víctimas ni hacer lugar a ninguna prueba ofrecida por ellos", explicó. "Terminado el conflicto muchos vicios de las investigaciones anteriores sirvieron para mantener la impunidad: declaraciones de imputados que resultaron inválidas, acusados cuyas identidades no pudieron ser repuestas porque se habían 'perdido' las actas que resguardaban los datos de identidad, pruebas que ya no se podían producir, entre tantos otros vicios", detalló.

"La conducta estatal durante el conflicto y con posterioridad forma parte de un patrón recurrente en el colonialismo. Cuando garantizan la impunidad de los soldados que actuaron hace 50 años están protegiendo a los que están activos en la actualidad y que participan en diversos conflictos en diversas partes del mundo", añadió la abogada.

Ley de Legado y Reconciliación

En 2014, se llegó a un nuevo acuerdo, el Acuerdo de Stormont House (SHA), entre los gobiernos británico e irlandés y los principales partidos de Irlanda del Norte. Propuso crear dos nuevos organismos: una Unidad de Investigaciones Históricas (HIU) para investigar muertes no resueltas relacionadas con el conflicto, y una Comisión Independiente de Recuperación de Información (ICIR) para que las víctimas y los sobrevivientes obtengan información privada sobre las muertes de familiares.

Sin embargo, el gobierno británico no cumplió con varias de estas obligaciones en virtud de la SHA y en su lugar aprobó en 2023 la Ley de Legado y Reconciliación, que puso fin a partir del 1 mayo de este año a todas las investigaciones que aún estaban en curso. En reemplazo, la Ley estableció la creación de la Comisión Independiente para la Reconciliación y la Recuperación de Información (ICRIR) para examinar los casos heredados, aunque sin facultades de acceso a documentación reservada y sin ningún apoyo de las víctimas ni las organizaciones de DDHH.

Sobre esto, el panel precisa: "La Comisión tendrá un mandato de investigación mucho más débil que el de los órganos judiciales y policiales a los que reemplaza. A pesar de ello, tiene la facultad de conceder inmunidad condicional a autores de delitos graves relacionados con el conflicto".

En oposición a la nueva ley, el Gobierno irlandés presentó una denuncia ante el Tribunal Europeo de DDHH (TEDH) contra Reino Unido a principios de este año. Al respecto, Guembe indica que la Corte Europea intervino en muchos casos en los que se denunciaba la impunidad de los crímenes estatales durante el conflicto y, en el marco de esos procesos, Londres se había comprometió a implementar una serie de mecanismos especiales para investigar y, en su caso, sancionar a los responsables, así como para proveer medidas reparatorias para las víctimas. "La República de Irlanda fue parte de esos compromisos, por eso hoy denuncia el incumplimiento", explica.

"Si bien Gran Bretaña nunca implementó esos mecanismos, se pusieron a disposición de las víctimas algunos otros que, sin ser tan adecuados ni eficaces, empezaban a dar algunos resultados preocupantes para el Estado británico. Y por eso se dictó esta ley que garantiza la impunidad", apunta la experta del CELS. Y remarca: "La denuncia del estado irlandés favorece la situación de las víctimas y sus organizaciones, que esperan que la amnistía se retrotraiga. El escenario es difícil pero no imposible".

NCHR