Los bienes comunes contra y más allá del capitalismo

Resumen

Este ensayo contrasta la lógica que subyace a la producción de «bienes comunes» con la lógica de las relaciones capitalistas, y describe las condiciones bajo las cuales los «bienes comunes» se convierten en las semillas de una sociedad más allá del Estado y el mercado. También advierte contra el peligro de que los «bienes comunes» puedan ser cooptados para proporcionar formas de reproducción de bajo costo, y analiza cómo se puede prevenir este resultado.

Introducción

El término «bienes comunes» se está convirtiendo en una presencia omnipresente en el lenguaje político, económico e incluso inmobiliario de nuestro tiempo. Tanto la izquierda como la derecha, neoliberales y neokeynesianos, conservadores y anarquistas, utilizan el concepto en sus intervenciones políticas. El Banco Mundial lo ha adoptado en abril de 2012, exigiendo que toda investigación realizada internamente o financiada por sus subvenciones sea «de acceso abierto bajo licencia de derechos de autor de Creative Commons, una organización sin fines de lucro cuyas licencias de derechos de autor están diseñadas para dar cabida al acceso ampliado a la información que ofrece Internet» (Banco Mundial, 2012). Incluso The Economist, defensor del neoliberalismo, le ha dado la espalda en su elogio a Elinor Ostrom, la decana de los estudios sobre los bienes comunes, como lo indica el panegírico en su obituario:

A Elinor Ostrom le parecía que el mundo contenía un gran cuerpo de sentido común. La gente, abandonada a su suerte, encontraría formas racionales de sobrevivir y sobrevivir. Aunque la tierra cultivable, los bosques, el agua dulce y las pesquerías del mundo eran finitos, era posible compartirlos sin agotarlos y cuidarlos sin luchar. Mientras otros escribían con tristeza sobre la tragedia de los bienes comunes, viendo únicamente la sobrepesca y la sobreagricultura en un caos de codicia, la señora Ostrom, con su risa fuerte y sus trompos aún más ruidosos, ofrecía una imagen alegre y contraria. Economista, 2012)

Por último, es difícil ignorar el uso prodigioso de la palabra «común» o «bienes comunes» en el discurso inmobiliario de los campus universitarios, los centros comerciales y las comunidades cerradas. Las universidades de élite que exigen a sus estudiantes el pago de tasas de matrícula anuales de 50.000 dólares llaman a sus bibliotecas «bienes comunes de información». Es casi una ley de la vida social contemporánea que cuanto más se atacan los bienes comunes, más se los celebra.

En este artículo examinamos las razones de estos acontecimientos y planteamos algunas de las principales preguntas a las que se enfrentan hoy los comuneros anticapitalistas:

¿Qué queremos decir con "bienes comunes anticapitalistas"?

¿Cómo podemos crear, a partir de los bienes comunes que nuestras luchas generan, un nuevo modo de producción que no se base en la explotación del trabajo?

¿Cómo podemos evitar que los bienes comunes sean cooptados y se conviertan en plataformas sobre las cuales una clase capitalista en decadencia pueda reconstruir su fortuna?

Historia, capitalismo y bienes comunes

Partimos de una perspectiva histórica, teniendo presente que la historia en sí misma es un elemento común, aun cuando revele las formas en que hemos sido divididos, si se narra a través de una multiplicidad de voces. La historia es nuestra memoria colectiva, nuestro cuerpo extendido que nos conecta con un vasto mundo de luchas que dan sentido y poder a nuestra práctica política.

La historia nos muestra que el «bien común» es el principio según el cual los seres humanos han organizado su existencia durante miles de años. Como nos recuerda Peter Linebaugh, casi no hay sociedad que no tenga los bienes comunes en su núcleo (Linebaugh, 2012). Incluso hoy en día, los sistemas de propiedad comunal existen en muchas partes del mundo, especialmente en África y entre los pueblos indígenas de América Latina. Por lo tanto, cuando hablamos del principio de «lo común», o de los comunes, como formas imaginarias o existentes de riqueza que compartimos, no solo hablamos de experimentos a pequeña escala.

Hablamos de formaciones sociales a gran escala que en el pasado eran continentales, como las redes de sociedades comunales que existían en la América precolonial, que se extendían desde el actual Chile hasta Nicaragua y Texas, conectadas por una amplia gama de intercambios económicos y culturales. En Inglaterra, la tierra comunal siguió siendo un factor económico importante hasta principios del siglo XX. Linebaugh estima que en 1688, una cuarta parte de la superficie total de Inglaterra y Gales era tierra comunal (Linebaugh, 2008). Después de más de dos siglos de cercamientos que implicaron la privatización de millones de acres, según la undécima edición de la Enciclopedia Británica, la cantidad de tierra comunal restante en 1911 era de 1.500.000 a 2.000.000 de acres, aproximadamente el 5 por ciento del territorio inglés. A fines del siglo XX, la tierra comunal todavía representaba el 3 por ciento del total del territorio ((Naturenet, 2012).

Estas consideraciones son importantes para disipar la suposición de que una sociedad basada en los bienes comunes es una utopía o que los bienes comunes deben ser proyectos de pequeña escala, incapaces de proporcionar la base de un nuevo modo de producción. Los bienes comunes no sólo han existido durante miles de años, sino que elementos de una sociedad basada en la comunidad todavía están a nuestro alrededor, aunque están bajo ataque constante, ya que el desarrollo capitalista requiere la destrucción de las propiedades y relaciones comunales.

Con referencia a los «cercamientos» de los siglos XVI y XVII que expulsaron al campesinado de la tierra en Europa -el acto del nacimiento de la sociedad capitalista moderna-, Marx habló de acumulación «primitiva» u «originaria». Pero hemos aprendido que no se trata de un asunto puntual, limitado espacial y temporalmente, sino de un proceso que continúa hasta el presente.Midnight Notes Collective, 1990). La «acumulación primitiva» es la estrategia a la que siempre recurre la clase capitalista en tiempos de crisis cuando necesita reafirmar su control sobre el trabajo, y con la llegada del neoliberalismo esta estrategia se ha extremizado, de modo que la privatización se extiende a todos los aspectos de nuestra existencia.

Vivimos en un mundo en el que todo, desde el agua que bebemos hasta las células y los genomas de nuestro cuerpo, tiene un precio y no se escatiman esfuerzos para garantizar que las empresas tengan derecho a cercar los últimos espacios abiertos de la Tierra y obligarnos a pagar para acceder a ellos. No sólo se apropian tierras, bosques y pesquerías para usos comerciales en lo que parece una nueva «apropiación de tierras» de proporciones sin precedentes. Desde Nueva Delhi y Nueva York hasta Lagos y Los Ángeles, el espacio urbano se está privatizando, se está prohibiendo la venta ambulante, sentarse en las aceras o estirarse en una playa sin pagar. Se construyen represas en los ríos, se talan los bosques, se embotellan aguas y acuíferos y se ponen en el mercado, se saquean los sistemas de conocimiento tradicional mediante regulaciones de propiedad intelectual y las escuelas públicas se convierten en empresas con fines de lucro. Esto explica por qué la idea de los bienes comunes ejerce tal atractivo en nuestra imaginación colectiva: su pérdida está expandiendo nuestra conciencia de la importancia de su existencia y aumentando nuestro deseo de aprender más sobre ellos.

Los bienes comunes y la lucha de clases

A pesar de todos los ataques que han recibido, los bienes comunes no han dejado de existir. Como ha sostenido Massimo De Angelis, siempre ha habido bienes comunes «fuera» del capitalismo que han desempeñado un papel clave en la lucha de clases, alimentando la imaginación radical y los cuerpos de muchos comuneros.De Angelis, 2007). Las sociedades de ayuda mutua del siglo XIX son ejemplos de ello (Bieto, 2000). Más importante aún, constantemente se crean nuevos bienes comunes. Desde el movimiento del «software libre» hasta el de la «economía solidaria», está surgiendo todo un mundo de nuevas relaciones sociales basadas en el principio del compartir comunitario (Bollier y Helfrich, 2012), sostenidos por la constatación de que el capitalismo no tiene nada que darnos excepto más miseria y divisiones.

De hecho, en un momento de crisis permanente y constantes ataques a los empleos, los salarios y los espacios sociales, la construcción de bienes comunes -"bancos de tiempo", huertos urbanos, agricultura apoyada por la comunidad, cooperativas de alimentos, monedas locales, licencias de "creative commons", prácticas de trueque- representa un medio crucial de supervivencia. En Grecia, en los dos últimos años, cuando los salarios y las pensiones se han reducido en promedio un 30 por ciento y el desempleo entre los jóvenes ha alcanzado el 50 por ciento, han aparecido diversas formas de ayuda mutua, como servicios médicos gratuitos, distribuciones gratuitas de productos por parte de los agricultores en los centros urbanos y la "reparación" de los cables eléctricos desconectados porque no se pagaron las facturas.

Sin embargo, las iniciativas de creación de espacios comunes son más que diques contra el asalto neoliberal a nuestro sustento. Son las semillas, la forma embrionaria de un modo de producción alternativo en ciernes. Así es como deberíamos ver también los movimientos de ocupantes ilegales que han surgido en muchas periferias urbanas, signos de una creciente población de habitantes de las ciudades «desconectados» de la economía mundial formal, que ahora se reproducen fuera del control del Estado y del mercado.(Zibechi, 2012).

La resistencia de los pueblos indígenas de las Américas a la continua privatización de sus tierras y aguas ha dado un nuevo impulso a la lucha por los bienes comunes. Mientras que el reclamo de los zapatistas en favor de una nueva constitución que reconozca la propiedad colectiva ha sido desatendido por el Estado mexicano, el derecho de los pueblos indígenas a utilizar los recursos naturales de sus territorios ha sido sancionado por la Constitución venezolana de 1999. También en Bolivia, en 2009, una nueva Constitución ha reconocido la propiedad comunal.

Citamos estos ejemplos no para proponer que nos apoyemos en el aparato legal del Estado para promover la sociedad de los bienes comunes que reclamamos, sino para destacar cuán poderosa es la demanda que surge de las bases para la creación de nuevas formas de socialidad organizadas según el principio de la cooperación social y la defensa de las formas ya existentes de comunalismo. Raquel Gutiérrez (2009). Como ha demostrado Raúl Zibechi (2012), las «guerras del agua» de 2000 en Bolivia no habrían sido posibles sin la intrincada red de relaciones sociales que proporcionaban los ayllu y otros sistemas comunales que regulaban la vida entre los aymaras y los quechuas.

Las iniciativas de mujeres de base han desempeñado un papel especial en este contexto. Como ha demostrado una creciente literatura feminista,1 Debido a su precaria relación con el empleo asalariado, las mujeres siempre han estado más interesadas que los hombres en la defensa de los bienes comunes de la naturaleza y en muchas regiones han sido las primeras en manifestarse contra la destrucción del medio ambiente: contra la tala de árboles, contra la venta de árboles con fines comerciales y contra la privatización del agua. Las mujeres también han dado vida a diversas formas de puesta en común de recursos, como las «tontinas», que han sido una de las formas más antiguas y extendidas de banca popular que existen. Estas iniciativas se han multiplicado desde la década de 1970, cuando, en respuesta a los efectos combinados de los planes de austeridad y la represión política en varios países (por ejemplo, Chile, Argentina), las mujeres se han unido para crear formas comunales de reproducción, que les permitieran estirar su presupuesto y al mismo tiempo romper la sensación de parálisis que producían el aislamiento y la derrota.

En Chile, después del golpe de Pinochet, las mujeres establecieron cocinas populares -comedores populares- que cocinaban colectivamente en sus barrios, proporcionando comidas para sus familias, así como para las personas de la comunidad que no podían permitirse alimentarse por sí mismas. de comunismoa las mujeres que montaban los comedores. Fisher (1993). De diferentes maneras, esta es una experiencia que a lo largo de los años 1980 y 1990 se ha repetido en muchas partes de América Latina. Zibechi (2012) informa que miles de organizaciones populares, cooperativas y espacios comunitarios, que se ocupan de la alimentación, la tierra, el agua, la salud, la cultura, en su mayoría organizados por mujeres, han surgido también en Perú y Venezuela, sentando las bases de un sistema cooperativo de reproducción, basado en valores de uso y que opera de manera autónoma tanto del Estado como del mercado. También en Argentina, frente al casi colapso económico del país en 2001, las mujeres dieron un paso adelante «comunizando» las carreteras y los barrios, llevando sus ollas a los piquetes, asegurando la continuidad de los cortes de ruta, organizando también asambleas populares y consejos municipales.

También en muchas ciudades de EEUU, como por ejemplo Chicago, está creciendo una nueva economía bajo el radar de la formal, ya que, en parte por necesidad y en parte por necesidad de recrear el tejido social que la reestructuración económica y la «gentrificación» han desgarrado, las mujeres en particular están organizando diversas formas de comercio, trueque y ayuda mutua que escapan al alcance de las redes comerciales.

Cooptación de los bienes comunes

Ante estos acontecimientos, nuestra tarea consiste en comprender cómo podemos conectar estas diferentes realidades y cómo podemos garantizar que los bienes comunes que creamos sean verdaderamente transformadores de nuestras relaciones sociales y no puedan ser cooptados. El peligro de cooptación es real. Durante años, una parte del establishment capitalista internacional ha promovido un modelo más suave de privatización, apelando al principio de los bienes comunes como remedio al intento neoliberal de someter todas las relaciones económicas al dictado del mercado. Se ha dado cuenta de que, llevada al extremo, la lógica del mercado se vuelve contraproducente incluso desde el punto de vista de la acumulación de capital, impidiendo la cooperación necesaria para un sistema de producción eficiente. Testigo de ello es la situación que se ha desarrollado en las universidades estadounidenses, donde la subordinación de la investigación científica a los intereses comerciales ha reducido la comunicación entre los científicos, obligándolos a mantener el secreto sobre sus proyectos de investigación y sus resultados.

El Banco Mundial, deseoso de aparecer como un benefactor mundial, incluso utiliza el lenguaje de los bienes comunes para dar un giro positivo a la privatización y mitigar la resistencia esperada. Haciéndose pasar por el protector de los «bienes comunes globales», expulsa de los bosques y selvas a las personas que los habitaron durante generaciones, mientras que permite el acceso a ellos, una vez convertidos en parques de caza u otras empresas comerciales, a quienes pueden pagar, con el argumento de que el mercado es el instrumento más racional de conservación.También las Naciones Unidas han afirmado su derecho a gestionar los principales ecosistemas del mundo -la atmósfera, los océanos y la selva amazónica- y abrirlos a la explotación comercial, siempre en nombre de la preservación del patrimonio común de la humanidad.

El comunalismo es también la jerga que se utiliza para reclutar mano de obra no remunerada. Un ejemplo típico es el programa de la Gran Sociedad del Primer Ministro británico Cameron, que moviliza las energías de la gente para programas de voluntariado destinados a compensar los recortes en los servicios sociales que su administración ha introducido en nombre de la crisis económica. En una ruptura ideológica con la tradición que Margaret Thatcher inició en los años 80 cuando proclamó que «no existe tal cosa como la sociedad», el programa de la Gran Sociedad instruye a las organizaciones patrocinadas por el gobierno (desde guarderías hasta bibliotecas y clínicas) a reclutar artistas locales y jóvenes que, sin remuneración, participarán en actividades que aumenten el «valor social», definido como la cohesión social y, sobre todo, la reducción del costo de la reproducción social.

Esto significa que las organizaciones sin fines de lucro que ofrecen programas para personas mayores pueden calificar para algún financiamiento gubernamental si pueden crear «valor social», medido de acuerdo con una aritmética especial que tiene en cuenta las ventajas de una sociedad social y ambientalmente sostenible inserta en una economía capitalista (Dowling, 2012). De esta manera, los esfuerzos comunitarios para construir formas solidarias y cooperativas de existencia, fuera del control del mercado, pueden utilizarse para abaratar los costos de reproducción e incluso acelerar los despidos de empleados públicos.

Bienes comunes productores de mercancías

Un problema de otro tipo para la definición de los bienes comunes anticapitalistas lo plantea la existencia de bienes comunes que producen para el mercado y están impulsados por el «afán de lucro». Un ejemplo clásico son las praderas alpinas no cercadas de Suiza que cada verano se convierten en campos de pastoreo para las vacas lecheras, que suministran leche a la enorme industria láctea suiza. Las asambleas de productores lecheros, que son muy cooperativos en sus esfuerzos, gestionan estas praderas. De hecho, Garret Hardin no podría haber escrito su «Tragedia de los bienes comunes» si hubiera estudiado cómo llegaba el queso suizo a su frigorífico (Red, 1981).

Otro ejemplo que se cita a menudo de producción de bienes comunes para el mercado son los organizados por los más de 1.000 pescadores de langosta de Maine, que operan a lo largo de cientos de millas de aguas costeras donde millones de langostas viven, se reproducen y mueren cada año. En más de un siglo, los pescadores de langosta han construido un sistema comunal de reparto de la captura de langosta sobre la base de divisiones acordadas de la costa en zonas separadas gestionadas por «bandas» locales y límites autoimpuestos sobre el número de langostas que se pueden capturar. Este no siempre ha sido un proceso pacífico. Los habitantes de Maine se enorgullecen de su individualismo rudo y los acuerdos entre diferentes «bandas» han fracasado ocasionalmente. La violencia ha estallado entonces en luchas competitivas para ampliar las zonas de pesca asignadas o superar los límites de captura. Pero los pescadores han aprendido rápidamente que tales luchas destruyen la población de langosta y con el tiempo han restaurado el régimen de bienes comunes.(2004).

Incluso el departamento de gestión pesquera del estado de Maine ahora acepta esta pesca basada en bienes comunes, prohibida durante décadas por ser una violación de las leyes antimonopolio (Caffentzis, 2012). Una de las razones de este cambio de actitud oficial es el contraste entre el estado de la pesca de langosta en comparación con el de la «pesca de fondo» (es decir, la pesca de bacalao, eglefino, platija y especies similares) que se lleva a cabo en el Golfo de Maine y en Georges Bank, donde el Golfo se conecta con el océano. Mientras que la primera en el último cuarto de siglo ha alcanzado la sostenibilidad y la ha mantenido (incluso durante algunas crisis económicas graves), desde la década de 1990, una especie tras otra de peces de fondo ha sido sobrepescada periódicamente, lo que llevó al cierre oficial de Georges Bank durante años.

En el centro de la cuestión están las diferencias en la tecnología utilizada en la pesca de fondo y la pesca de langosta y, sobre todo, la diferencia en los sitios donde se realizan las capturas. La pesca de langosta tiene la ventaja de tener su recurso común cerca de la costa y dentro de las aguas territoriales del estado. Esto hace posible delimitar zonas para las bandas locales de langosteros, mientras que las aguas profundas de Georges Bank no son fácilmente susceptibles de una partición. El hecho de que Georges Bank esté fuera del límite territorial de 20 millas ha significado que los forasteros, utilizando grandes arrastreros, pudieron pescar hasta 1977, cuando los límites territoriales se extendieron a 200 millas. No se les pudo mantener fuera antes de 1977, lo que contribuyó de manera importante al agotamiento de la pesquería. Finalmente, la tecnología bastante arcaica que emplean uniformemente los pescadores de langosta desalienta la competencia. En cambio, a principios de los años 90, las «mejoras» en la tecnología de la pesca de fondo -»mejores» redes y equipos electrónicos capaces de detectar peces de forma más «eficaz»- han causado estragos en una industria que está organizada según el principio de acceso abierto («consigue un barco y pescarás»).

La disponibilidad de una tecnología de detección y captura más avanzada y más barata ha chocado con la organización competitiva de la industria que se regía por el lema: «cada uno contra cada uno y la Naturaleza contra todos», lo que ha desembocado en la «tragedia de los bienes comunes» que Hardin imaginó en 1968. Esta contradicción no es exclusiva de la pesca de fondo en Maine. Ha afectado a las comunidades pesqueras de todo el mundo, que ahora se ven cada vez más desplazadas por la industrialización de la pesca y el poder de los grandes arrastreros, cuyas redes de arrastre agotan los océanos.Los pescadores de Terranova se han enfrentado a una situación similar a la de los de Georges Bank, con resultados desastrosos para el sustento de sus comunidades.

Hasta ahora, los pescadores de langosta de Maine han sido considerados una excepción inofensiva que confirma la regla neoliberal de que los bienes comunes sólo pueden sobrevivir en circunstancias especiales y limitadas. Sin embargo, visto a través de la lente de la lucha de clases, el bien común de langosta de Maine tiene elementos de un bien común anticapitalista, ya que implica el control de los trabajadores de algunas de las decisiones importantes relativas al proceso de trabajo y sus resultados. Esta experiencia constituye, por tanto, una formación inestimable, que proporciona ejemplos de cómo pueden funcionar los bienes comunes a gran escala. Al mismo tiempo, el destino de los bienes comunes de langosta sigue estando determinado por el mercado internacional de productos del mar en el que están insertos. Si el mercado estadounidense se derrumba o el estado permite la perforación petrolera en alta mar en el Golfo de Maine, se disolverán. Los bienes comunes de langosta de Maine, por tanto, no pueden ser un modelo para nosotros.

Los bienes comunes como "tercer sector": ¿una coexistencia pacífica?

Si bien los bienes comunes para el mercado pueden considerarse vestigios de antiguas formas de cooperación laboral, también existe un creciente interés por los bienes comunes en una amplia gama de fuerzas socialdemócratas que se preocupan por los extremos del neoliberalismo y/o reconocen las ventajas de las relaciones comunales para la reproducción de la vida cotidiana. En este contexto, los bienes comunes aparecen como un posible «tercer» espacio además del Estado y el mercado, e igual a ellos. Como lo formulan David Bollier y Burns Weston en su análisis de la «gobernanza verde»:

El objetivo general debe ser reconceptualizar el Estado/Mercado neoliberal como una «triarquía» con los Bienes Comunes (Estado/Mercado/Bienes Comunes) para realinear la autoridad y el abastecimiento en formas nuevas y más beneficiosas. El Estado mantendría sus compromisos con la gobernanza representativa y la gestión de la propiedad pública, al igual que la empresa privada seguiría siendo dueña del capital para producir bienes y servicios vendibles en el sector del Mercado.Bollier y Weston, 2012, pág. 350).

En la misma línea, una amplia variedad de grupos, organizaciones y teóricos consideran hoy los bienes comunes como una fuente de seguridad, sociabilidad y poder económico. Entre ellos se encuentran los grupos de consumidores, que creen que la «propiedad común» puede permitirles obtener mejores condiciones de compra, así como los compradores de viviendas que, junto con la compra de su vivienda, buscan una comunidad como garantía de seguridad y de una gama más amplia de posibilidades en cuanto a espacios y actividades. Muchos huertos urbanos también entran en esta categoría, ya que el deseo de alimentos frescos y alimentos cuyo origen se conoce sigue creciendo. Las residencias de vida asistida también pueden concebirse como formas de bienes comunes. Todas estas instituciones, sin duda, responden a deseos legítimos. Pero el límite y el peligro de tales iniciativas es que pueden generar fácilmente nuevas formas de cercamiento, ya que los bienes comunes se construyen sobre la base de la homogeneidad de sus miembros, a menudo produciendo comunidades cerradas, que brindan protección frente al «otro», lo opuesto de lo que el principio de los bienes comunes implica para nosotros.

Redefiniendo los bienes comunes

¿Qué se puede calificar entonces de «bienes comunes anticapitalistas»? A diferencia de los ejemplos que hemos analizado, los bienes comunes que queremos construir tienen como objetivo transformar nuestras relaciones sociales y crear una alternativa al capitalismo. No están destinados únicamente a proporcionar servicios sociales o a actuar como amortiguadores contra el impacto destructivo del neoliberalismo, y son mucho más que una gestión comunitaria de los recursos. En resumen, no son vías hacia el capitalismo con rostro humano. O bien los bienes comunes son un medio para la creación de una sociedad igualitaria y cooperativa o corren el riesgo de profundizar las divisiones sociales, creando refugios para quienes pueden permitírselos y, por lo tanto, pueden ignorar más fácilmente la miseria que los rodea.

Los comunes anticapitalistas, por tanto, deberían concebirse como espacios autónomos desde los que recuperar el control sobre las condiciones de nuestra reproducción y como bases desde las que contrarrestar los procesos de cercamiento y desenredar cada vez más nuestras vidas del mercado y del Estado. Por eso difieren de los defendidos por la Escuela de Ostrom, que los imagina en una relación de coexistencia con lo público y lo privado. Idealmente, encarnan la visión a la que han aspirado marxistas y anarquistas pero que no han logrado hacer realidad: la de una sociedad formada por «asociaciones libres de productores», autogobernadas y organizadas para asegurar no una igualdad abstracta sino la satisfacción de las necesidades y los deseos de las personas. Hoy sólo vemos fragmentos de este mundo (de la misma manera que en la Europa medieval tardía tal vez sólo hayamos visto fragmentos del capitalismo), pero los comunes que construyamos ya deberían permitirnos ganar más poder con respecto al capital y al Estado y prefigurar embrionariamente un nuevo modo de producción, que ya no se construya sobre un principio competitivo, sino sobre el principio de la solidaridad colectiva.

¿Cómo alcanzar este objetivo? Algunos criterios generales pueden ayudar a responder a esta pregunta, teniendo en cuenta que en un mundo dominado por las relaciones capitalistas, los bienes comunes que creamos son necesariamente formas transicionales.

Los bienes comunes no se dan, se producen. Aunque decimos que los bienes comunes están a nuestro alrededor -el aire que respiramos y los idiomas que utilizamos son ejemplos clave de riqueza compartida-, sólo a través de la cooperación en la producción de nuestra vida podemos crearlos. Esto se debe a que los bienes comunes no son esencialmente cosas materiales sino relaciones sociales, prácticas sociales constitutivas. Por eso algunos prefieren hablar de "comunalidad" o "lo común", precisamente para subrayar el carácter relacional de este proyecto político. (Linebaugh, 2008). Sin embargo, los bienes comunes deben garantizar la reproducción de nuestras vidas. La dependencia exclusiva de bienes comunes «inmateriales», como Internet, no es suficiente. Los sistemas de agua, las tierras, los bosques, las playas, así como diversas formas de espacio urbano, son indispensables para nuestra supervivencia. Aquí también lo que cuenta es la naturaleza colectiva del trabajo reproductivo y los medios de reproducción involucrados.

Para garantizar nuestra reproducción, los bienes comunes deben implicar una riqueza común, en forma de recursos naturales o sociales compartidos: tierras, bosques, aguas, espacios urbanos, sistemas de conocimiento y comunicación, todos ellos para ser utilizados con fines no comerciales. A menudo utilizamos el concepto de lo común para referirnos a una variedad de bienes públicos que con el tiempo hemos llegado a considerar como nuestros, como las pensiones, los sistemas de atención sanitaria y la educación. Sin embargo, existe una diferencia crucial entre lo común y lo público, ya que este último es gestionado por el Estado y no está controlado por nosotros. Esto no significa que no debamos preocuparnos por la defensa de los bienes públicos. El público es el lugar donde se almacena gran parte de nuestro trabajo pasado y nos interesa que las empresas privadas no se apropien de él. Pero en aras de la lucha por los bienes comunes anticapitalistas es crucial que no perdamos de vista la distinción.

Uno de los desafíos que enfrentamos hoy es conectar la lucha por lo público con las luchas por la construcción de lo común, de modo que se refuercen mutuamente. Esto es más que un imperativo ideológico. Reiterémoslo: lo que llamamos «lo público» es en realidad riqueza que hemos producido y debemos reapropiarnos de ella. También es evidente que las luchas de los trabajadores públicos no pueden tener éxito sin el apoyo de la «comunidad». Al mismo tiempo, su experiencia puede ayudarnos a reconstruir nuestra reproducción, a decidir (por ejemplo) qué constituye una «buena atención sanitaria», qué tipo de conocimiento necesitamos, etcétera. Aun así, es muy importante mantener la distinción entre lo público y lo común, porque lo público es una institución estatal que presupone la existencia de una esfera de relaciones económicas y sociales privadas que no podemos controlar.

Los bienes comunes requieren una comunidad. Esta comunidad no debe seleccionarse en función de una identidad privilegiada, sino en función del trabajo de cuidados que se realiza para reproducir los bienes comunes y regenerar lo que se toma de ellos. Los bienes comunes, de hecho, implican obligaciones tanto como derechos. Por lo tanto, el principio debe ser que quienes pertenecen a los bienes comunes contribuyan a su mantenimiento: por eso (como hemos visto) no podemos hablar de «bienes comunes globales», ya que éstos presuponen la existencia de una colectividad global que hoy no existe y tal vez nunca existirá, ya que no creemos que sea posible o deseable. Por lo tanto, cuando decimos «No hay bienes comunes sin comunidad», pensamos en cómo se crea una comunidad específica en la producción de las relaciones por las que se crea y se sostiene un bien común específico.

Los bienes comunes requieren regulaciones que estipulen cómo se debe usar y cuidar la riqueza que compartimos, siendo los principios rectores el acceso igualitario, la reciprocidad entre lo que se da y lo que se toma, la toma de decisiones colectiva y el poder desde la base, derivado de habilidades probadas y cambiando continuamente a través de diferentes sujetos dependiendo de las tareas a realizar.

El acceso igualitario a los medios de (re)producción y la toma de decisiones igualitaria deben ser la base de los bienes comunes. Esto debe enfatizarse porque históricamente los bienes comunes no han sido los mejores ejemplos de relaciones igualitarias. Por el contrario, a menudo se han organizado de una manera patriarcal que ha hecho que las mujeres desconfíen del comunalismo. Hoy también, muchos bienes comunes existentes discriminan, sobre todo en función del género. En África, como la tierra disponible se está reduciendo, se introducen nuevas reglas para prohibir el acceso a personas que no pertenecían originalmente al clan. Pero en estos casos las relaciones no igualitarias son el fin de los bienes comunes, ya que generan desigualdades, celos y divisiones, proporcionando una tentación para algunos comuneros a cooperar con los cercamientos.

Conclusiones

En conclusión, los comunes no son sólo el medio por el cual compartimos de manera igualitaria los recursos que producimos, sino un compromiso con la creación de sujetos colectivos, un compromiso con el fomento de intereses comunes en todos los aspectos de nuestra vida. Los comunes anticapitalistas no son el punto final de una lucha por construir un mundo no capitalista, sino su medio. Porque ninguna lucha logrará cambiar el mundo si no organizamos nuestra reproducción de manera comunitaria y no sólo compartimos el espacio y el tiempo de reuniones y manifestaciones sino que ponemos nuestras vidas en común, organizándonos sobre la base de nuestras diferentes necesidades y posibilidades, y del rechazo a todos los principios de exclusión o jerarquización.

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Referencias

Ver Referencias, notas y enlaces en el original: https://academic.oup.com/cdj/article/49/suppl_1/i92/307214

Fuente (en inglés): https://watermark.silverchair.com/bsu006.pdf

Video (2016): Commons against and beyond capitalism? Interview with Silvia Federici and George Caffentzis https://youtu.be/REliNI4z_wI?si=14-4jeg4-9UnW4BK

otro video relacionado: https://youtu.be/REliNI4z_wI?si=14-4jeg4-9UnW4BK

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