Los terrícolas llegaron ya

La privatización del espacio parece un tema lejano, pero está muy cerca de la realidad cotidiana de todas y todos.

Un gigantesco ejército de satélites privados interfieren con los satélites para usos públicos, crean basura y nuevas formas de contaminación que afectan cielo y tierra, devastan la capa de ozono, irrumpen en el espacio de los estudios astronómicos con su contaminación lumínica de forma tal que ya nunca se podrá ver el cielo a cabalidad, producen colisiones y accidentes en el espacio y en la tierra. Pero, sobre todo, van en camino a controlar las comunicaciones teléfonicas y de Internet de todo el planeta, lo cual les da un poder sin precedente. No sólo comunicaciones civiles, también militares.

En un artículo anterior mencioné que la órbita baja de la Tierra, la franja espacial a partir de 160 km de altura, ha sido de hecho privatizada con la red satélites Starlink, de la empresa SpaceX de Elon Musk (https://tinyurl.com/wzxmcfyj). Con más de 6 mil satélites en órbita y otros 6 mil en camino, adelanta con mucho a los competidores más cercanos como OneWeb, de Airbus y el Proyecto Kuiper, de Amazon, controlada por Jeff Bezos. Entre todas las empresas en esta nueva carrera espacial, planean agregar muchos miles más de satélites de comunicación en la órbita terrestre baja.

Aunque se trata de una invasión en toda regla de la órbita común de todo el planeta, del cielo que compartimos 8 mil millones de habitantes de la Tierra, la autorización para estas llamadas constelaciones de satélites privados la otorgó, sin mucho trámite, la Comisión Federal de Comunicaciones de EEUU, la mayoría después de 2022.

Colocar los satélites en órbita requiere, además, terrenos e infraestructura en tierra, cohetes de lanzamiento y otros elementos. SpaceX, de Elon Musk y Blue Origin, de Jeff Bezos están hace años en pos de este comercio, vendiendo viajes espaciales, cohetes y construcción de bases espaciales para proveer, y luego sustituir, a la Estación Espacial Internacional, gestionada actualmente por gobiernos. Blue Origin, por ejemplo, fue contratado por la NASA para desarrollar sistemas de alunizaje y una base lunar.

No es novedad que haya contratistas privados en la exploración espacial, pero hubo un cambio notorio en 2015. Ese año, EEUU aprobó la Ley de Competitividad de Lanzamientos Espaciales Comerciales (Commercial Space Launch Competitiveness Act), diseñada promover iniciativas privadas de exploración y explotación del espacio. Esa ley establece que cualquier ciudadano puede apropiarse y comerciar los recursos que encuentre en el espacio.

Esa normativa da origen al Programa Artemisa de EEUU para promover el extractivismo espacial corporativo. La misma ley es el marco de los llamados Acuerdos de Artemisa (AA), que son internacionales. Esos acuerdos firmados en 2020 por EEUU y otros siete países, entre ellos Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, Canadá y Australia, se presentan como una iniciativa para enviar hombres y mujeres a la Luna, pero su meta real es la cooperación en el uso y exploración civil de la Luna, Marte, cometas y asteroides. En realidad, es un marco legaloide para minar el Tratado del Espacio Ultraterrestre de Naciones Unidas, que establece que ninguna nación puede reclamar como propio ningún cuerpo celeste y del cual son signatarios también China y Rusia, obviamente excluidos de los AA.

Mary-Jean Rubenstein, autora del libro Astrotopia: The Dangerous Religion of the Corporate Space Race, explica que el tratado del espacio ultraterrestre no permite la apropiación de un planeta entero, pero la normativa estadunidense de 2015 y su reflejo en los Acuerdos Artemisa, permiten la apropiación de lo que hay dentro de esos planetas.

Actualmente 41 países socios tienen AA, incluso siete de América Latina (Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay). El núcleo es viabilizar el uso comercial y la privatización del espacio y sus componentes, disimulado tras una retórica de usos pacíficos y apoyo en emergencias. La firma de estos acuerdos es condición para participar en el Programa Artemisa de EEUU.

Entre las industrias interesadas en esto están la minería espacial, la biofarmacéutica y varias ramas de industria nanotecnológica, en las cuales la microgravedad es un elemento importante para experimentos y desarrollo de productos. En la medida que se estabilicen los medios de transporte, habrá más.

Lejos de tratarse de desarrollo de la ciencia en favor del conocimiento para bien de la humanidad, son iniciativas para lucro privado, especialmente para que los supermillonarios aumenten sus ganancias, que incluso impiden las investigaciones sin fines de lucro, como los estudios astronómicos.

Paradójicamente la inversión privada en esta nueva era espacial es limitada, porque tal como ha sucedido con el desarrollo de todas las grandes innovaciones tecnológicas del siglo, se basan en la investigación y desarrollos en el sector público. Tanto SpaceX como Blue Origin reciben además cuantiosos subsidios del sector público, aunque las ganancias serán privadas.

La Jornada