Los seis refugiados políticos paraguayos siguen presos en Argentina

Pérez Esquivel, luego de escucharlos atentamente y compartir unos mates prometió ayudarles. Los dirigentes campesinos que se encuentran en la cárcel de alta seguridad de Marcos Paz, son Agustín Acosta, Roque Rodríguez, Arístides Vera, Simeón Bordón, Basiliano Cardozo y Gustavo Lezcano. Los mismos fueron detenidos en abril del año pasado en territorio argentino, donde ingresaron legalmente a solicitar protección al ACNUR, por la persecución de la que son objetos de parte del gobierno de su país. El Comité de Elegibilidad para los Refugiados (CEPARE) les otorgó inmediatamente el refugio político temporal.

Sin embargo, aún con el estatus de refugiados, fueron detenidos por la policía argentina, luego que el gobierno paraguayo librara captura internacional con código rojo.

La justicia paraguaya los acusa del secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del ex presidente de la república Raúl Cubas (1998-1999), ocurrida en setiembre del 2004. El juez de garantías Pedro Mayor Martínez, quien atiende el caso, denegó por dos veces consecutivas la prisión preventiva solicitada por la fiscalía, argumentando que no existían pruebas en contra de los citados. La fiscalía apeló la medida y el juicio pasó a la cámara de apelaciones, organismo controlado por el oficialista partido colorado. La cámara concedió la apelación y rápidamente el gobierno paraguayo solicitó la extradición. El juez Lijo de la Argentina, en diciembre del año pasado, sin muchos trámites, en un irregular y accidentado juicio otorgó la extradición aún reconociendo que no existían pruebas en contra de los seis dirigentes acusados.

El magistrado argentino decía en su dictamen que aun cuando no existan méritos para conceder la extradición, el paraguayo es un gobierno soberano y democrático con la solvencia suficiente para juzgar a los hoy procesados.

Las cosas de palacio van despacio

La medida fue apelada por los abogados de FIDELA, organismo de DDHH que los defiende en Argentina, y el caso pasó a la corte suprema, que debería expedirse este año(!).

La detención de los seis paraguayos ha generado una gran solidaridad de organizaciones políticas, de derechos humanos y sociales, y de personalidades como el periodista Osvaldo Bayer.

El sonado secuestro y crimen de Cecilia Cubas sacudió las más altas esferas del gobierno paraguayo, porque según la opinión pública, están involucrados en el hecho varios miembros de organismos de seguridad del estado y encumbrados dirigentes del partido oficialista. Los campesinos detenidos en Argentina, serían solo los chivos expiatorios de esta oscura trama.

Por el caso ya fueron condenados 12 personas, a entre 5 y 35 años de prisión. Tres de ellos pertenecen al Partido Patria Libre (PPL) y los otros provienen de la dirigencia campesina. No obstante, la conclusión del juicio es que ninguno de los autores materiales del crimen fueron detenidos hasta ahora, hecho que incrementa aún más las dudas sobre la actuación de la justicia paraguaya.

Por su parte, sectores de izquierda y organismos de DDHH acusan de que el caso está enmarcado dentro del plan de persecución política orquestada por el estado para reprimir a dirigentes sociales y políticos.

Los campesinos hoy detenidos

Los campesinos detenidos hoy en la Argentina son pequeños productores de Caaguazú y San Pedro, los departamentos más pobres del país, y provienen de organizaciones campesinas de base como el Movimiento Agrario y Popular, que lucha por conquistar un pedazo de tierra para el campesino pobre. Son miembros además de comunidades cristianas de base, adheridos a la Teología de la Liberación. El movimiento campesino es el sector que más represión ha sufrido en los 18 años de apertura política en el Paraguay.

Según organismos de DDHH, 79 campesinos ya fueron asesinados por las fuerzas policiales y más de 1.000 están procesados. La lucha social en este país está criminalizada por el gobierno y todo el territorio nacional está virtualmente sitiado por fuerzas militares instalados en zonas rurales consideradas altamente conflictivas. Hace unas semanas, la cámara de diputados aprobó una ley antiterrorista que apunta a criminalizar aún más la lucha social. En los últimos años, como consecuencia del ascenso de la lucha social, las medidas represivas en contra del movimiento popular recrudecieron. produciéndose nuevos enfrentamientos entre campesinos y policía.

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