Macron encubre la raíz de los disturbios de las 'banlieues'

Francia vuelve a estar en llamas. Menos de dos meses después de las grandes jornadas de movilización contra el retroceso de las pensiones de Macron, aprobado mediante decretazo, el territorio galo nos vuelve a dejar habituales imágenes de vehículos o edificios incendiados, de saqueos de tiendas o de duros enfrentamientos con los represores.

Aunque los disturbios también han estallado en las grandes ciudades, la contestación se ha centrado en las banlieues (barrios periféricos pobres) al haber sido el espacio de vida y escenario del asesinato del joven Nahel a manos de la policía. La larga historia de abusos policiales en banlieues (como las muertes de los jóvenes Zyed y Bona en 2005 o el caso Théo en 2017) y una mayor intolerancia ante las actuaciones policiales tras, por ejemplo, el movimiento de los chalecos amarillos, han abonado un terreno fértil para un estallido social. A estos se sumaban otros descontentos más arraigados, como el provocado por el retroceso de las pensiones y su consubstancial crisis de legitimidad democrática.

Cabe subrayar que las muertes por tiros de la policía son un verdadero problema en Francia y que solo entre 2021 y 2022, 44 personas han muerto de esta manera. Esto es más que entre 2010 y 2015 inclusive, un año marcado por el contexto terrorista. Desde la reforma legal de 2017, que favoreció el recurso a las armas de fuego en casos de no cooperación en los controles según la apreciación de cada policía, los agentes han matado, en cinco años, cuatro veces más personas por resistencia a la autoridad que en los veinte años anteriores.

A esto hay que añadirle que los controles de identidad son muy a menudo discriminatorios según la apariencia racial y las personas no-blancas tienen muchas más posibilidades de convertirse automáticamente en sospechosos y por ende también en víctimas. Esta doble vara de medir en el trato policial entre población racializada y el resto genera un fuerte sentimiento de injusticia en las banlieues que se refuerza con la relación casi antagónica con el Estado que instaura esta sospecha policial. Allí donde la retirada del Estado social o la degradación progresiva de los servicios públicos se nota día a día, la policía es el agente del Estado con el que más interaccionan los residentes y confirma la imagen que estos tienen del Estado en términos más generales.

Hay que recordar que en los últimos cinco años las banlieues han vivido en primera persona el abuso, primero, del estado de excepción tras los atentados de París y Niza que se integró en el derecho común y, segundo, del estado de urgencia con la pandemia. Y al mismo tiempo, estos habitantes ven como el régimen niega la existencia de las violencias policiales o del racismo institucional del que son víctimas. Los adolescentes que protestan conocen íntimamente estas prácticas, saben que en cualquier momento las víctimas mortales pueden ser ellos y luchan por un Estado que respete su existencia. Este sentimiento de injusticia compartido que canaliza demuestra que se trata de una cólera política.

Si estas realidades son negadas por parte del poder político, es en gran parte por la mano que tienen los principales sindicatos de policía sobre el Ejecutivo desde Nicolas Sarkozy. El bloque sindical mayoritario, Alliance-UNSA Police, publicó un comunicado el 30 de junio con una clara retórica belicista de extrema derecha, reflejando un imaginario colonial y racista, haciendo gala de su lógica corporativista y amenazando con desobedecer al régimen si este no satisface sus demandas. Y es que entre hoy y 2005 existen diferencias en el clima político y la primera reacción gubernamental.

En 2005 el Ministerio del Interior de Sarkozy mostró todo su interés en lanzar más leña al fuego como forma de precampaña electoral securitaria. Recordemos que Sarkozy negó que los policías persiguieran violentamente a los dos jóvenes que murieron electrocutados y llamó chusma a los jóvenes que se manifestaban y participaban entonces en los disturbios.

En 2023 tenemos un vídeo que echa por tierra la primera versión policial de legítima defensa. En parte por ello, las primeras reacciones del régimen han pasado por considerar “inexcusable” la muerte del joven Nahel y por pedir una vuelta a la calma. Sin embargo, rápidamente ha tachado de “injustificables” los numerosos disturbios urbanos y ha movilizado una retórica basada en señalar las violencias y denunciar a los “alborotadores”, una categoría que desprovee a los jóvenes de reivindicaciones políticas. El régimen ya parece haber dejado atrás la fase de la “comprensión”, tal vez aupados por el 69% de la opinión pública que, según los grandes medios, parece condenar los disturbios, y ha pasado a la ofensiva con una estrategia clásica de criminalización, despolitización e infantilización de una protesta legítima.

Macron ha salido a culpar a los videojuegos y a las redes sociales de las luchas de los jóvenes, en lo que es una clásica búsqueda de un chivo expiatorio que evita ahondar en las causas reales. La influencia de las pantallas explicaría los malos comportamientos de esos otros considerados menores intelectuales, como los adolescentes, los parados o la clase trabajadora. La perniciosa influencia del consumo audiovisual como causa de violencia no se ha demostrado nunca. Insistir en ello solo sirve para, conscientemente o no, dejar de lado los factores de violencia estructurales, como la marginación en las banlieues.

La idea de que las redes sociales o los videojuegos hacen que los desplazados “actúen” reproduce el desfasado modelo de la aguja hipodérmica de Harold Dwight Lasswell: los receptores que se exponen a las redes son pasivos y estas los convierten fácilmente al “radicalismo”. Ante esta supuesta violencia “por mimetismo”, Macron ha amenazado con censurar las redes sociales, pero sobre este tipo de maniobras de distracción, el catedrático de sociología Fermín Bouza ya describía sus inocuos resultados: “Al tiempo que los buenos ciudadanos que quieren mejorar las cosas se entretienen en estas censuras (…), las causas reales de la violencia permanecen intocadas y se desarrollan sin freno alguno políticas fuertemente inductoras de desigualdad y, cómo no, de violencia”.

Por otra parte, el Ministro de Justicia Éric Dupond-Moretti, que ha dicho que el rol del Estado no es educar a los niños, ha detallado cuál debe ser la respuesta penal del régimen contra los autores de las violencias urbanas y especialmente contra los padres de los menores: dos años de prisión y multas de 30.000 euros o talleres de responsabilidad parental para aquellos que no ejerzan la patria potestad. Hablando de “responsabilidad parental”, el ministro estigmatiza directamente a los padres de los jóvenes de barrios pobres y se permite reprimir a aquellos que, a sus ojos, no cuiden de sus hijos adecuadamente.

Señalar a las redes o a los videojuegos, y a los padres forma parte de una misma estrategia para responsabilizar todo salvo a las propias acciones y políticas del régimen. Las revueltas urbanas dejan así de ser un problema político con causas y soluciones abordables desde el campo de la política para ser un problema privado, de valores y de educación parental.

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