México: Un año de la victoria de AMLO

El 9 de julio tuvieron lugar dos hechos sintomáticos de la dinámica acelerada en la que se está desarrollando el comienzo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hechos ocurridos precisamente en los días en que se cumplía el primer aniversario de su contundente victoria electoral cuyas consecuencias han y están cimbrando el establishment político burgués tradicional del país. La renuncia de Carlos Urzúa como el jefe de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la detención y encarcelamiento de Juan Collado por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), personaje controversial conocido como “el abogado defensor de los poderosos” (por ejemplo de los ex presidentes Peña Nieto, Salinas de Gortari y del charro mayor del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps) acusado de ser el centro de gigantescas operaciones financieras fraudulentas. Acontecimientos aparentemente desvinculados por completo, que no obstante se unen en las corrientes que atraviesas el escenario en que se desarrolla aceleradamente la llamada “Cuarta Transformación” histórica del gobierno de AMLO.

Crisis en las finanzas públicas

El primero de estos acontecimientos que se difundió como el más importante por mucho en todos los medios fue la renuncia de Carlos Urzúa, como jefe de la poderosa entidad gubernamental que maneja las finanzas del gobierno. Urzúa era hasta ese día un cercano amigo de AMLO desde hace más de dos décadas, siempre entre la primera fila de sus colaboradores, encargado de la política económica. La razón concreta de la renuncia no se conoce exactamente aunque el propio AMLO señaló que el presupuesto gubernamental para el 2020 presentado por Urzúa, un plan que según el presidente podía haber sido propuesto por José Antonio Meade o Agustín Carstens o sea los gurus financieros neoliberales de Peña Nieto y Calderón, pudo haber sido muy bien una de sus causas.

Urzúa aludió otros motivos posibles de su renuncia en una breve pero explosiva declaración pública. Señaló discrepancias con el presidente en materia económica (por ejemplo discrepancias sobre una reforma fiscal que el presidente se niega realizar), decisiones de política económica sin sustento (la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabaco), imposición de funcionarios sin conocimiento de la Hacienda Pública, presiones de influencias y para coronar este rosario de cargos lanzó la acusación de la existencia en la SHCP de conflicto de interés de funcionarios.

En su primera entrevista inmediatamente posterior a su renuncia Urzúa fue más explícito e incluso llamó por su nombre al personaje central responsable del “conflicto de intereses” dentro del gobierno de AMLO: Alfonso Romo. Y añadió de manera contundente: “Ideológicamente Romo es un hombre de extrema derecha y en términos sociales oscila entre el Opus Dei y los Legionarios de Cristo. ¿Cómo un hombre así que llegó a admirar a Pinochet y a Marcial Maciel, acabó no sólo siendo amigo de López Obrador, sino incluso siendo el jefe de la Oficina del Presidente? […] lo que no puedo entender es que López Obrador lo tenga en su gobierno.” (Proceso, 14.07.2019)

Estas son razones más creíbles de la renuncia de Urzúa. Nadie puede creer que la política económica puesta en práctica en lo que va del gobierno estuviera en contradicción con los propósitos del presidente. Más bien lo que surge con evidencia es que las contradicciones de un curso económico improvisado, “voluntarista” según Urzúa, sin un plan bien estructurado ha hecho crisis. Por una parte las recetas neoliberales del renunciante, que AMLO aceptó sin sonrojarse y que llevó a extremos no aceptable por el propio Urzúa, chocaron con las promesas de campaña y la inclinación desaforada por el asistencialismo del presidente que ha conducido al gobierno a superar con creces la austeridad y los recortes ejercidos por los gobiernos neoliberales de Calderón y Peña Nieto: caída de la inversión pública, miles de desempleados gubernamentales, cierre de instituciones tradicionales de asistencia y cultura, en una palabra, subejercicio escandaloso de los recursos fiscales. Estamos de hecho ante el intento de AMLO de culpar de su política económica a un chivo expiatorio quien, por su parte, no desaprovechó la oportunidad para denunciar vicios y conflictos ya muy evidentes en el joven gobierno.

De hecho la renuncia de Urzúa no es algo inesperado. Sin duda es la que más destaca junto a la de Germán Martínez el ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero no son las únicas pues en estas últimas semanas se han dado más de diez renuncias parecidas de funcionarios y funcionarias de los niveles más altos de las instituciones gubernamentales. La desazón en las filas del gobierno obradorista con los días que pasan, se hace más y más evidente pues son demasiadas las contradicciones que se acuerpan tanto en el gobierno propiamente dicho como en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el supuesto partido, que en realidad no lo es, que agrupa a los obradoristas.

El propio AMLO lo reconoció en su intervención de aceptación de la renuncia de Urzúa cuando declaró: “Como se están llevando a cabo estos cambios, se cimbra, rechina y hay a veces incomprensión o dudas o titubeos, incluso al interior del mismo gobierno, del mismo equipo, pero nosotros tenemos que actuar con decisión y con aplomo”. Y añadió: “no se puede poner vino nuevo en botellas viejas […] no más de lo mismo, tenemos que acabar con la corrupción con la impunidad, tenemos que hacer valer la austeridad republicana, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”. (Reforma, 10.07.2019)

Arturo Herrera, subsecretario de la SHCP quien sustituirá a su mentor y ex jefe Carlos Urzúa, se comprometió a mantener la meta del superávit del uno por ciento del PIB y a presentar el plan de Pemex los próximos días. Herrera es un personaje tan idóneo como Urzúa para “satisfacer a los mercados”, dogma central de los economistas neoliberales. Textualmente lo dijo el mismo así: “Quiero pensar que los mercados querían mucho al Doctor Urzúa, pero que también me quieren a mi”. (Reforma, 10.07.2019). Así AMLO, sustituye a Urzúa por quien fuera vicepresidente por América Latina del Banco Mundial y busca seguir quedando bien con los banqueros y con los sectores patronales que no han jalado parejo y se han abstenido de realizar las inversiones necesarias para lograr hacer realidad los deseos del presidente de lograr un crecimiento del 4.0% de la economía este año. Muy lejos de ello. Al contrario, la lentitud del ritmo de crecimiento de la economía en los primeros siete meses del gobierno ha prendido las señales de alerta de que incluso se pueda estar gestando una recesión este año. Esta situación preocupa manifiestamente a las altas esferas gubernamentales.

El caso de Pemex

El mismo Urzúa reconoció que una de las principales diferencias con AMLO se refiere a la situación de Petróleos Mexicanos (Pemex), la cual es muy delicada por su enorme endeudamiento. Para él el proyecto de la refinería de Dos Bocas es poco realista en las actuales condiciones. El gobierno ha decidido construir la refinería con los recursos propios, o sea de Pemex, pues no hubo propuestas que se presentaran en las licitaciones para su construcción. El cálculo oficial de su costo es de en 8 mil millones de dólares y de tres años su construcción. He aquí las palabras de Urzúa: “la gran mayoría de las empresas señalan que no se puede hacer por menos de 15 mil millones de dólares y la mayoría de expertos consideran que no puede hacerse en tres años. […] El problema de este gobierno es su voluntarismo”. (Proceso, ibidem.)

Es público y notorio que la situación de Pemex es crucial para las finanzas del gobierno y para la política social del obradorismo. Pero AMLO no ha cambiado ni un ápice el verticalismo característico de los círculos oficiales en el mundo del trabajo. El super corrupto líder sindical petrolero Romero Deschamps sigue entronizado en su puesto sembrando el terror y la corrupción en las filas de los trabajadores. Es imposible que la compañía con creces más importante del país pueda recomponerse sin la participación colectiva, democrática y auto-gestionada de sus trabajadores, por completo aherrojados y silenciados por la bota del charrismo.

La crisis de Morena

Para completar una situación en extremo compleja a la que se ha llegado en el primer año de la victoria electoral del obradorismo, se debe tener en cuenta la crisis que ya se trasluce en el partido oficial que tiene la mayoría abrumadora en las dos cámaras del Congreso federal: Morena.

Enrumbado hacia su próximo Congreso Nacional del 20 de noviembre, las fricciones y las claras pugnas por la dirección del partido son evidentes. Se discute la naturaleza misma del partido, su institucionalidad y organicidad, su posición ante el gobierno de su fundador, caudillo y jefe indiscutible, en una palabra su existencia misma como partido pues hasta la fecha no ha logrado conformarse propiamente como tal. Por ejemplo, su órgano oficial, Regeneración, no se publica desde hace casi un año.

El escándalo provocado en estos mismos días en Baja California es una muestra muy clara de la diferenciación existente en las filas de este “partido-movimiento-aparato electorero” que busca su identidad en el curso de estas pugnas por su dirección, se trata de lo sucedido con la “Ley Bonilla” así llamada por el apellido del gobernador electo del estado, el morenista Jaime Bonilla. En junio pasado los bajacalifornianos votaron mayoritariamente por Bonilla, un político muy cercano a AMLO, para que fuera gobernador para un periodo de dos años.

Sin embargo el 8 de julio el Congreso estatal (con una mayoría del PAN) aprobó una reforma constitucional para ampliar el periodo del aún gobernador electo a cinco años. El repudio generalizado a la “Ley Bonilla” se hizo sentir de inmediato no sólo a nivel local sino también nacional. El mismo AMLO marcó su distancia con respecto a ella pero en Morena hubo quienes la apoyaron, entre ellos la secretaria general en funciones de presidenta del Comité Nacional, Yeidkol Polevnsky. Fue una situación en que se mostró el ADN del ancien régime que todavía empapa a la política de la “Cuarta Transformación”. Los tres partidos burgueses principales estuvieron comprometidos: Morena con Bonilla al frente, el PAN con los diputados que votaron mayoritariamente la ley comandados por el gobernador todavía en funciones Francisco Vega y el PRI cuya complicidad le permitió mantener a uno de sus miembros como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

La pugna interna en Morena está forjando un ala derechista encabezada por la secretaria general y presidenta en funciones Yeidkol Polevnsky y una de izquierda con su dirigente Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional, ambas en franca lucha por la presidencia del partido en noviembre próximo.

La pugna con la “mafia del poder”

Ante tantos conflictos y contradicciones es obvio que en la población comienzan a darse lenta pero inexorablemente corrientes de insatisfacción y una caída también lenta pero constante de la popularidad de AMLO. La muletilla inevitable expresada en sus discursos cuando descarga en la herencia de años de malgobierno de la “mafia del poder” la dificultad que enfrenta su gobierno ante los cambios o su completa ausencia, muletilla repetida infinitas veces por sus partidarios más fieles de que en meses no se pueden superar los problemas gestados en décadas, comienza a perder credibilidad. Por ejemplo, el hecho de que en los primeros cinco meses de 2019 hubo 14 135 asesinatos la cifra más alta de todos los tiempos, que decenas de mujeres siguen siendo asesinadas todos los meses, son hechos que contrastan fuertemente con la propaganda del régimen sobre la Guardia Nacional constituida supuestamente para luchar por la seguridad del país que sin embargo su primera tarea ha sido la de actuar como asistente de la “border patrol” de Trump persiguiendo a los migrantes centroamericanos, caribeños y hasta africanos que buscan llegar a la frontera con EEUU.

Esta situación ha transformado por completo la tradicional política migratoria mexicana como consecuencia del catastrófico acuerdo de AMLO con Trump en el que el primero se comprometió, ante el chantaje de la Furia Naranja de imponer fuertes aranceles a las importaciones nacionales, a que México se convertiría en la práctica en “tercer país seguro” para impedir la llegada de migrantes a EEUU. Porfirio Muñoz Ledo, el presidente morenista de la Cámara de Diputados ha declarado, como muchos más, abiertamente su oposición a esta capitulación del gobierno de AMLO ante Trump, llegando a decir que el acuerdo ha convertido a nuestro país “en una jaula”.

Si tanto son culpables los miembros de la “mafia del poder” de los problemas y tribulaciones del pueblo mexicano, ¿por qué se les ha perdonado? Si tanto obstaculizan la “Cuarta transformación” obradorista, ¿por qué no se les castiga, por qué no se les llama a rendir cuentas? He aquí otra contradicción que se agrava con el tiempo y que es muy posiblemente la causa del terremoto que está sacudiendo ya los más altos niveles de los poderosos grupos alrededor de los ex presidentes Salinas de Gortari y Peña Nieto, del líder charro Romero Deschamps, de numerosos altos políticos y ex funcionarios de los gobiernos de toda la República, líderes priistas, panistas y perredistas, todos ellos vinculados a casos de corrupción y narcotráfico que son o han sido clientes del “abogado defensor del poder”. Se trata de Juan Collado, uno de esos personajes “intocables” que llegó hasta los cuernos de la luna durante el sexenio del ex presidente Peña Nieto y que hoy está encarcelado acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de ser el promotor y centro de una red de lavado de dinero y delincuencia organizada de alcance internacional.

De hecho la FGR ya había comenzado a desenredar las redes de poderosos grupos políticos comprometidos en negocios fraudulentos con motivo de las investigaciones de los sobornos de la compañía brasileña Odebrecht a los directivos de Pemex, empezando por su presidente Emilio Lozoya durante el sexenio de Peña Nieto. Con motivo de la orden de aprehensión a Lozoya, éste se fugó hace varias semanas y actualmente es buscado por la Interpol a petición de la Fiscalía mexicana. Pero el encarcelamiento preventivo por seis meses de Collado, sin derecho a fianza, plantea cuestiones que ya no es posible de eludir en referencia a las relaciones mafiosas de numerosos personajes y grupos pertenecientes a la élite del poder mexicana. Las posibles consecuencias de este acontecimiento todavía son difíciles de aquilatar, pero una cosa sí es segura serán enormes y tendrán una gran importancia política.

Así, en el primer aniversario de la victoria electoral apabullante de AMLO, después de transcurridos los primeros siete meses de su gobierno, el país se encuentra en una situación política preñada de conflictos sociales que se agravan y con una élite del poder erizada con pugnas interburguesas de grandes dimensiones.

Muchos escenarios se perfilan en el próximo futuro, complejos y contradictorios como son, es muy difícil precisar todavía su carácter por la novedad de la situación y la rapidez con la que se están dando los cambios y los acontecimientos. Una cosa, no obstante, es segura entre el mar de incertidumbres: la población mexicana, en especial sus sectores empobrecidos y de trabajadores comienzan a moverse y a ocupar las calles, todavía desorganizada y caóticamente. Esa es en última instancia lo que explica y trasciende a las pugnas actuales en la élite del poder nacional. De ese cúmulo de contradicciones que se entretejen en el vasto territorio que se extiende desde Tijuana en Baja California a Tapachula en Chiapas en el seno de las reservas profundas de las masas populares se está gestando una situación inédita, nueva, cuyas repercusiones concretas son difíciles de pronosticar pero sin duda su impacto transformará de una manera u otra el panorama actual político de México.

Sinpermiso