Operación silencio para que los militares no denuncien prácticas macabras del Ejército

Un cerco de amenazas y presiones se cierne sobre los militares colombianos que están denunciando los falsos positivos y actos de corrupción en el Ejército: los quieren acallar y surge una interrogante: ¿qué información tienen?

El 18 de mayo, el diario estadounidense 'The New York Times', publicó en su primera página de la edición dominical, un reportaje en el cual denunció la existencia de formatos y órdenes emitidas por el actual comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, en los cuales exigía a sus hombres duplicar todos los resultados, variables que incluían capturas y desmovilizaciones, y se pedía duplicar el número de bajas.

Para muchos esas directrices podrían revivir la macabra práctica que terminó con el asesinato de más de 3.700 jóvenes inocentes, en su mayoría campesinos, que hace una década fueron presentados como guerrilleros muertos en combate.

El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, confirmó que entre enero de 2016 a abril de 2019, han sido asesinados 479 líderes sociales en todo el país y 982 recibieron amenazas entre abril del 2018 y abril de 2019. En las zonas con mayores índices de asesinatos y amenazas existen disputas entre actores ilegales protegidos por militares y paramilitares, por el control de las economías ilegales como la extracción ilegal del oro y el narcotráfico.

Aunque inicialmente el Ministerio de Defensa y el gobierno del ultraconservador Iván Duque trataron de defender el tema, ante el escándalo internacional que se desató, el Ejército retiró esas directivas dos días después de la publicación del diario estadounidense.

“Esto es por orden del comandante del Ejército, mi general Nicacio Martínez, por todo lo que ha pasado en estos días y para saber quiénes están detrás de todo esto”, dijo un oficial que iban a interrogar, citado de urgencia junto con otros 14 militares –que se encontraban en distintos lugares del país– a la sede de la segunda División de la ciudad de Bucaramanga.

Las razones que les dieron para citarlos el pasado 22 de mayo fueron distintas, pero la realidad era una sola: saber quiénes contaron a algunos medios, en particular a The New York Times, sobre unas polémicas directrices que exigían doblar los resultados en el Ejército y que podrían ser la semilla para volver a las épocas de los fa,lsos positivos.

“Cuando llegamos nos dimos cuenta que era para algo raro. Ahí fue que nos dijeron que nos iban a hacer unas entrevistas y después polígrafos a todos. No entendíamos qué era lo que estaba pasando o qué teníamos que ver con ese tema”, explicó uno de ellos “En el lugar había un componente grande de oficiales y suboficiales de contrainteligencia quienes realizaron algunas entrevistas a los que estaban.

Todo eso había sido coordinado el día anterior por mi general (Eduardo) Quirós (comandante del Comando de Apoyo de Contrainteligencia) que fue el que los llevó”, contó el uniformado a la revista Semana, sin revelar su nombre por motivos de seguridad como la mayoría de los entrevistados en este informe debido a las amenazas y a las posibles represalias.

Uno de los sargentos encargados de las entrevistas le dijo al oficial sentado frente a él: “Tenemos instrucciones claras de mi general Quirós de agotar todos los recursos para dar con los responsables. Mientras yo estaba en una operación, me dejaron anónimos y sufragios en la puerta de mi casa en los que decían que iban a matar a toda mi familia si hablaba”.

Aunque hacia afuera la tormenta por el escándalo amainaba, dentro de las filas militares “Se desató una cacería impresionante. Nos preguntaban quiénes de nosotros eran los que habían hablado con los periodistas y como parte de toda esa cacería nos hicieron esas entrevistas”, contó uno de los uniformados que estuvo esa mañana en la unidad militar de Bucaramanga.

Lo que estaba ocurriendo dentro de esa instalación castrense se filtró. El director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, la PÑrocuraduría de la Nación, varios medios de comunicación y periodistas comenzaron a preguntar por redes sociales por qué los tenían reunidos en esa sede y las razones por las cuales ocurría esa “cacería” para intentar dar con las fuentes de la información.

Simultáneamente el comandante de la Segunda División del Ejército, general Mauricio Moreno, emitió un comunicado en el que afirmó que “las versiones publicadas en diferentes medios y redes sociales, sobre supuestas indagaciones para ‘identificar fuentes’ relacionadas con una publicación o sobre supuestos usos de polígrafos, no son ciertas y tampoco tienen fundamento de ninguna especie”.

La revista Semana publicó testimonios, audios, videos y fotografías que demuestran que sí los congregaron y varios fueron interrogados. Habló con más de 20 militares que han recibido todo tipo de amenazas, ellos y sus familias, por tratar de contar la verdad.

Este episodio es solo la punta del iceberg de una estrategia de silenciamiento y persecución a muchos militares que buscan denunciar varios hechos graves que vienen ocurriendo y que van desde ejecuciones extrajudiciales hasta actos de corrupción, pasando por las confesiones que están haciendo varios militares ante la Justicia Especial para la Paz (JEP) por lo que sucedió en la época de los falsos positivos hace más de una década.

Soldados entrenados para torturar

Desde que se destapó el escándalo de los falsos positivos en el país, a mediados de la década pasada, muchos apuntaron a señalar como una de las principales causas del fenómeno a las directrices militares o resoluciones que privilegiaban el pago de recompensas para obtener prebendas al interior del Ejército, incluidos ascensos, por el número de muertes o de bajas.

La más cuestionada fue la directiva ministerial número 29 del Ministerio de Defensa en el año 2005 (firmada por el entonces ministro Camilo Ospina Bernal) que derivó en el asesinato de cerca de 3.700 civiles que fueron presentados como bajas de la guerrilla en operaciones militares. Esa directiva fue derogada pero tuvo sus efectos y para el senador y excandidato presidencial Gustavo Petro fue la política de seguridad oficial que llevó al asesinato sistemático de personas inocentes.

Las revelaciones del NYT sobre una serie de directivas de la actual comandancia del Ejército, impartidas a comienzos de este año, encaminadas a aumentar el número de ataques, capturas, rendiciones y muertes en combate, llevó a Petro a asegurar que la tesis de que una política civil elaborada desde el Ministerio de Defensa pueda provocar los falsos positivos es incompleta.

Para el congresista centroizquierdista, una de las causas pasa por la doctrina y el entrenamiento militar. “No solo basta una resolución militar o una cartilla sino hay algo más allá que desata estos hechos”. Petro denunció que los soldados son entrenados para torturar.

Petro reveló una serie de videos que muestran la última fase del entrenamiento de la escuela de lanceros en Leticia, Amazonas, en los “Laboratorios Experimentales de Resistencia –LER-, en donde uno de los ejercicios de entrenamiento se han capturado una serie de oficiales que creen que han sido capturados por la guerrilla del ELN y son llevados a una especie de campamento ficticio donde son salvajemente torturados durante días y semanas.

Los entierran vivos, los golpean con armas contundentes, los someten a vejámenes, los humillan ejercen supuestos guerrilleros que son en realidad soldados y agreden a sus propios compañeros.

Las amenazas

“Tengo compañeros, amigos, que perdieron la libertad, sus familias y todo su patrimonio pagando abogados por culpa de haber cumplido esas órdenes en el pasado (falsos positivos). Yo no estoy dispuesto a tener ese destino y prefiero pedir el retiro a cumplir lo que nos están pidiendo, afirmó un militar, con más de 20 años de carrera.

“Se desató una cacería impresionante, en el lugar (la sede de la II división) había un componente grande de oficiales y suboficiales de contrainteligencia quienes alcanzaron a realizar algunas entrevistas”. Otro uniformado, herido en combate, contó que “a mí me hicieron llegar a mi celular fotos de los seguimientos a mis hijos menores de edad en el colegio. También de mis padres, que ya son personas mayores”, afirmó mientras enseñaba las fotos de esos seguimientos.

Otro militar, desplegado en el sur del país y al mando de más 4.000 hombres, dijo que “Los teléfonos son intervenidos incluso pagando a gente de las salas de interceptación de la propia Fiscalía para chuzar ilegalmente las comunicaciones para saber qué hablamos y con quién”. “Los seguimientos son permanentes. Usted no se puede mover de su oficina a su casa sin que tenga un par de tipos siguiéndolo para ver con quién habla o con quién se reúne”, dijo otro uniformado.

Al percatarse de que mientras hablaba con el periodista era víctima de seguimiento, decidió enfrentar a uno de estos personajes arma en mano y, tras un breve cruce de palabras de grueso calibre, se logró establecer su identidad. El hombre que hacía el seguimiento (con un compañero en moto) terminó confesando que era parte de “grupos especiales de contrainteligencia”, que tienen la misión de identificar y presionar a los que están contando lo que pasa.

Ante la magnitud del cerco y las presiones, la magistrada de la sala de reconocimiento y verdad de la JEP, Catalina Díaz, dijo que integrantes de la fuerza pública que están confesando lo que saben ante la justicia transicional y denunciando a sus superiores han sido amenazados de muerte, “Han sido amenazados, seriamente amenazados, a tal punto que hemos decretado medidas cautelares debido a que la propia JEP, en el estudio de riesgo, confirmó que estaban en una situación extraordinaria”, dijo la magistrada.

CLAE