Palestina, vacunas, apartheid (I)

Uno. El coronavirus no sólo exacerbó el racismo y la xenofobia israelí añadiendo otro nivel a la precariedad de las vidas palestinas bajo la ocupación militar −sirviendo incluso como oportunidad para acelerar el proyecto colonial de asentamientos−, sino que dio lugar al surgimiento de un nuevo “apartheid médico”. Curiosamente tras el desastroso manejo inicial de la pandemia (tres lockdowns, ataques a libertades de sus propios ciudadanos), Israel emergió como un “campeón mundial de vacunación per capita”.

Inoculaba a su población a un paso de hasta 150 mil dosis al día, logrando vacunar en breve con ambas dosis a casi dos de sus 9 millones de habitantes. Pero la negación de las vacunas a los palestinos en Cisjordania ocupada y en Gaza bloqueada, demostraba que su redoblada guerra al virus era al mismo tiempo su vieja guerra a Palestina.

Dos. La Cuarta Convención de Ginebra (artículo 56) estipula la responsabilidad del ocupante por la salud e higiene de la población ocupada, con referencia particular a enfermedades contagiosas y epidemias. Israel viola aquí el derecho internacional, al igual que el otro artículo de la convención que prohíbe la transferencia de la población civil del ocupante al país ocupado.

Desde 1967 −sin parar− expande asentamientos ilegales. Y al mandar vacunas a territorios ocupados los destina, en concordancia con su racismo institucional, sólo a colonos, excluyendo a 2,7 millones de palestinos de Cisjordania y a otros 2 millones en Gaza. Según los funcionarios israelíes, las responsables por ellos son las mismas autoridades palestinas (vide Oslo), mientras el que realmente está a cargo de estas áreas −en todos los sentidos− es Israel. Esta postura es un perfecto caso de negación de la responsabilidad, un paradigma necropolítico identificado por A. Mbembe precisamente en el caso de Gaza, que igual es un ejemplo de una larga historia israelí de usar la medicina como arma al ir mutilando su sistema de salud. ¿La mejor palabra para todo esto? El ­coronaapartheid.

Tres. Resulta sintomático que justo −aunque sin mencionar las vacunas− B’Tselem, un reconocido organismo israelí de DDHH, emitiera un reporte sin precedente en que confirma lo que algunos estudiosos (I. Pappé et al.) argumentaban desde hace tiempo: Israel no es “una democracia con la ‘ocupación temporal’ adjuntada a ella”, sino “un solo régimen del apartheid desde el río Jordán hasta el Mediterráneo donde un grupo de gente (los judíos), ejerce una supremacía racial sobre el otro (los palestinos)”.

Esta supremacía y “toda la ingeniería demográfica bajo este apartheid” está, según B’Tselem, aplicada a través de: a) la negación de derechos políticos y civiles: mientras colonos israelíes en territorios ocupados gozan de todos los derechos y están sujetos a leyes civiles, los 5 millones de palestinos (sin contar los que son ciudadanos de Israel) están sujetos a leyes militares y desprovistos de ellos; b) la expropiación de tierras para más asentamientos, y c) la limitación del libre movimiento: muros, puntos de control, carreteras y túneles sólo para los israelíes.

Cuatro. Debido a la distribución desigual de vacunas entre países ricos y pobres, la propia OMS advirtió de la existencia de un “apartheid mundial vacunal”. Nuevamente, la desigualdad entre Israel y Palestina es paradigmática. Israel compró 10 millones de dosis de la vacuna Oxford-AstraZeneca, 8 millones de Pfizer y 6 millones de Moderna, pagando entre 28 y 62 dólares (!) la dosis, −mientras por ejemplo EEUU pagaba 19,50 dólares−, y Palestina no ha podido comprar ninguna (ni de Rusia o China), esperando sólo recibir algo de la OMS mediante el sistema Covax destinado a países pobres.

En el mismo tiempo Tel Aviv rechazó un pedido informal de la OMS para vacunar al menos a los trabajadores de salud palestinos por no ser su responsabilidad (sic), al igual que los pedidos de las autoridades palestinas de compartirles al menos 10 mil dosis para el mismo fin −saboteando de paso los esfuerzos palestinos de luchar contra el virus y destruyendo clínicas de campo destinadas al Covid-19−, sólo para luego transferir 5 mil.

Cinco. La exclusión de la población palestina ocupada del programa de la vacunación, demuestra que el apartheid israelí no es sólo un sistema de leyes raciales como Basic Law o muros (el control de los cuerpos), sino uno que permea hasta el nivel celular y médico (M. Foucault) −con los funcionarios israelíes refiriéndose desde hace tiempo a los palestinos como una enfermedad− y donde la negación de vacunas hace la mancuerna con la cuestión demográfica −una de las preocupaciones fundacionales del sionismo−, volviéndose un nuevo componente biopolítico de la ingeniería demográfica imperante (vide B’Tselem).

Uno que no busca reducir activamente el número de la población indeseada, pero que se abre oportunistamente a la posibilidad de su reducción −el viejo objetivo estratégico del racismo israelí en Palestina−, por una enfermedad natural de la cual la ­población dominante, que ejerce la supremacía racial en el territorio ­disputado (Palestina), queda mejor protegida. ¿Maquiavelismo? ­¿Perversidad? ¿Crimen? Seguro hay un par de más palabras para hablar de esto.

@MaciekWizz