Reconstrucción oligárquica (neoliberal) versus Poder popular

Dos horas después del simulacro sísmico de las once de la mañana en recuerdo del siniestro de 1985, nos cayó encima el desastre social, político y “natural” del 19 de septiembre de 2017. El Estado no fue capaz -se demostró por completo- de desplegar el papel de protección y seguridad social, ni siquiera de tipo protocolaria. La respuesta de la sociedad lo desbordó. Su raquitismo (del Estado), en razón de la fuerza de los intereses que ha asumido propios del gran capital y sus impulsos vitales centrados en verdes ganancias, lo han despojado de cualquier capacidad racional gubernamental. El Estado persigue de un modo predominante el proceso de acumulación y reproducción de los grandes capitales. Ha quedado claro desde 1985 que los siniestros “naturales” junto con los esenciales mecanismos de protección social no son relevantes para la construcción, dinámica y reproducción de los patrones de acumulación y sus modalidades de inversión y apropiación de riquezas.

La historia se repitió, pero esta vez con gran dosis de vergüenza.

No solo se evidenció lo que ya sabíamos, sino también ya es contundente el derrumbe de la capacidad instrumental del Estado por establecer el principio básico de una Cultura de Prevención (en un territorio sísmico y además con historia trágica) en el conjunto de la sociedad y su transmutación en exclusivo comando de representación “global” y dirección hegemónica del gran capital. En el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, el peso de los capitales especulativos-inmobiliarios y de las constructoras desplazó toda planificación adecuada para prevenir desastres en casos de sismos.

El final de la antigua política social en tanto fuente de legitimidad política (ya extinta) dio paso a la gigantesca ola de vulnerabilidad social y a la propensión al desastre y a la violencia en la sociedad. En la era neoliberal, el gran capital se ha abierto camino demoliendo a su paso los mecanismos de defensa y salvaguarda de lo colectivo, rompiendo con ello los tejidos sociales. En este sentido, “aumentó la vulnerabilidad ante catástrofes naturales” y “quedó de manifiesto el colapso de la seguridad humana en el país” (John Saxe-Fernández: http://www.jornada.unam.mx/2017/09/28/economia/035a1eco). Las necesidades concretas de la población, se ven desplazadas por la forma de acumulación privada de capital vigente en México, y el Estado ha sido el mediador de esto. Ejemplo de ello es que desde el año 2000 a nuestros días los gobiernos mexicanos han enviado por concepto de deuda externa a los bancos internacionales 30 mil millones de dólares anuales, esto es, el equivalente a más de 500 mil millones de pesos al año, al tipo de cambio actual de 18 pesos por dólar. (http://www.jornada.unam.mx/2014/11/23/economia/029n1eco), mientras que, por otro lado, estos gobiernos tan sólo han generado un micro-ahorro de 9 mil millones de pesos en un Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y 6 mil millones de pesos de un Bono catastrófico con el Banco Mundial, ello sin un átomo de humanitarismo alguno. No obstante, el campeón del endeudamiento público, Enrique Peña Nieto, le habla inerte a la sociedad mexicana sin el más mínimo reparo: “los recursos del Fonden no son infinitos”.

El papel del Estado y el gran capital en la reconstrucción

La terrible ironía en la relación sísmica 1985/2017 se presenta cuando descubrimos que las mismas estructuras oligárquicas que fundaron las bases de construcción de la sociedad mexicana a partir de la década de los años ochenta, ahora se presentan de nuevo en la llamada etapa de “reconstrucción” que pretende hegemonizar y dirigir el Estado oligárquico en México, esto es, la lumpenburguesía mexicana de la mano del Estado y a espaldas de la sociedad.

Como se ha evidenciado, se trata de una “reconstrucción” del país con la persistencia invariante de los fundamentos económicos del neoliberalismo ortodoxo. Una “reconstrucción” a la usanza neoliberal: superávit primario, “gasto austero”, disciplina fiscal, recortes presupuestales, concentración de capitales, selección privilegiada de sectores económicos y empresas, mayor financiarización y endeudamiento público, Estado mínimo, privatización, superexplotación del trabajo y precarización laboral, exclusión social, centralización política y profundización de la violencia estatal envuelta en una narrativa auto-legitimatoria del Estado de Derecho, transparencia y rendición de cuentas.

Esta fatal ironía pone en evidencia que tanto el Estado como el gran capital, vinculados en una relación extremadamente inescindible y que define actualmente al Estado mexicano como oligárquico y clasista, se encuentran a años luz de “representar” la solución a una reconstrucción sustantiva de nuestra sociedad. Por el contrario, en tanto son parte del problema, o mejor, en tanto son el núcleo del problema de modo estructural y sistémico, están imposibilitados de edificar el bienestar de la vida en común con centro en las necesidades y derechos sociales.

Ante esto se requiere elevar la marea de las múltiples fuerzas sociales y su prodigiosa praxis solidaria hacia la articulación de un poder popular que logre involucrarse en todos y cada uno de los programas de reconstrucción sustantiva de nuestro país, desde su diseño activamente social hasta el ejercicio práctico de la nueva cimentación y edificación profundamente democrática y popular. Esto necesariamente atraviesa por la necesidad de habilitar fuertes modificaciones en el diseño económico social para desmantelar el carácter privado de la gran empresa y su orientación hacia la demanda del exterior, terminar con la devastadora desarticulación del tejido productivo y poner fin a la privatización de la riqueza generada socialmente. Y así lograr establecer como motor de la vida social la racionalidad democrática de la necesidad social.

Los saldos de la construcción de la estructura neoliberal han instuarado la extrema desigualdad

La construcción de la sociedad mexicana bajo el neoliberalismo ha arrojado cifras escalofriantes. Cuatro empresarios locales han logrado concentrar el 10% del PIB, toda vez que el 1% de la población mexicana ha podido acumular un tercio de la riqueza nacional, así como el 10% de la población del país concentra dos tercios de su riqueza. Para el caso de las compañías mexicanas, vale señalar que tan solo el 10% de éstas concentran el 93% de los activos físicos, cuando el otro 90% (pymes) concentran muy pocas unidades de bienes de capital (máquinas y equipo).

Ante esta situación surgen las preguntas sobre ¿quiénes dirigirán la reconstrucción? ¿Hacia quienes estará dirigida? O mejor, ¿puede denominarse reconstrucción a la repetición de un proceso centrado en privilegios que vuelve a producir precariedad, vulnerabilidad y exclusión?

La “reconstrucción” neoliberal: una etapa del capitalismo del “shock”, hegemonizado por una lumpenburguesía dependiente

Ante las polémicas desatadas por fondos, bolsas y acumulados de dinero con los cuales se podría o no hacer frente al desastre, es necesario hacer conmensurable el muy disminuido estimado oficial del valor monetario de los daños. Por tanto, es importante preguntarse sobre ¿cómo dimensionar la suma de 38 mil millones de pesos que según el supuesto balance preliminar del gobierno mexicano equivale a los daños ocurridos por los dos sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 en los rubros de infraestructura educativa, destrucción de vivienda y patrimonio histórico-cultural? Veamos algunos datos que permitan captar la dimensión del problema y ver el plan de auténtica austeridad neoliberal que plantea el Estado oligárquico para la reconstrucción.

Al deslegitimado Instituto Nacional Electoral (INE) se le tiene presupuestado para el año de 2018 poco más de 25 mil millones de pesos (25,015mp). Por su parte, los partidos políticos en su conjunto captarán alrededor de 6 mil 800 millones de pesos del presupuesto público, más aún, considerando la suma anual que inyecta el financiamiento privado a los partidos, esta cantidad puede multiplicarse por seis, alcanzando así el bolsón de más de 40 mil millones de pesos.

Según la carcomida Procuraduría General de la República (PGR), existe una investigación contra Javier Duarte García ex gobernador del Estado de Veracruz por el robo de “al menos” 35 mil 421 millones de pesos proveniente de transferencias estatales y federales en el periodo 2010-2016. (http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/04/20/cuanto-dinero-robo-javier-duarte-veracruz)

Estos dos elementos tan solo permiten ubicar la proporción dineraria que puede gestionar un gobernador o un instituto político nacional, o incuso el valor monetario del cinismo legislativo. Todo ello frente a la desolación y los desastres tan graves como los que atraviesan grandes y pequeños pueblos y comunidades del país.

Más aun, es interesante saber el valor de la filantropía aristocrática en un país dependiente de capital extranjero -y dependencia implica entre otras cosas, dotar de todas las facilidades (políticas, económicas y culturales) a los capitales externos para que enclaven aquí sus negocios e insuflen vida al ciclo de acumulación-. Dos ejemplos: tan solo las poderosas trasnacionales petroleras afincadas en nuestro territorio donarán en conjunto menos de un millón de pesos (http://www.jornada.unam.mx/2017/09/30/politica/004n1pol). Si tomamos en consideración la cantidad de riqueza que los capitales trasnacionales transfieren por concepto de ganancias a sus empresas matrices, este donativo es ominoso, pues vemos que sólo en el año de 2013 repatriaron a sus países 18 mil millones de dólares, esto es, un promedio de 20 mil millones de dólares anuales en la última década.

Si hablamos de los bancos, todos privatizados, es bueno saber que en el solo mes de agosto de 2017 las instituciones que operan en el país elevaron a 88 mil 900 millones de pesos el total de sus utilidades. Aún más, el 75% de este monto (más de 66 mil millones de pesos) fue acumulado y concentrado exclusivamente en las manos de cinco bancos.

Según la OCDE, con la privatización de Telmex, la empresa impuso tarifas monopólicas, por lo que tan sólo entre 2005 y 2009 los mexicanos pagamos 25 mil millones de pesos de más en cada uno de esos años a este emporio (http://www.proceso.com.mx/504522/cuando-las-super-elites-pagan-impuestos). Asimismo, en el segundo trimestre de 2017, la riqueza de Slim propietario de la empresa, creció 65 mil 907 millones de pesos, mismos que se agregaron a su patrimonio personal. De este modo, de acuerdo al monto de su riqueza personal (83 mil 439 millones de dólares en el año de 2017 equivalentes a 1 billón 500 mil millones de pesos aproximadamente) este empresario podría pagar más de 37 veces los daños de los dos sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre estimados por el gobierno mexicano en 38 mil millones de pesos. (http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2017/08/06/fortuna-slim-hila-tres-trimestres-crecimiento)

Ahora bien, de acuerdo a los espectaculares anuncios (no del todo comprobados) de los propios empresarios mexicanos, éstos han venido invirtiendo alrededor de 30 mil millones de dólares anuales durante el actual gobierno (2013-2016). (http://www.jornada.unam.mx/2016/06/10/politica/013n1pol) Al mismo tiempo, estos multimillonarios han transferido a cuentas bancarias del exterior una suma de 101 mil 992 millones de dólares en el periodo 2013-2017, equivalentes a 2 billones de pesos aproximadamente. (https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201705261069479870-america-latina-transferencias-bancarias/). De este modo, esta enorme riqueza que concentran los “dueños del país” contrasta con los mil quinientos millones de pesos que reunieron los grandes empresarios en su pálido fideicomiso denominado paradójicamente “Fuerza México”. ¡Esto es, una proporción de 0.07% de tan solo sus cuentas en el exterior respecto al fideicomiso empresarial!

Frente a quienes no pagan impuestos y encima buscan disminuir el ISR, perseguir una reforma fiscal regresiva con IVA en alimentos y medicinas y cabildean por la deducibilidad completa de las prestaciones laborales (las que no pueden precarizar), cabe la pregunta ¿qué tipo de “coordinación” y “reconstrucción” existiría con ellos? Para muestra un botón. La empresa cementera de Lorenzo Zambrano CEMEX, con presencia en más de 30 países, encerraba en el año de 2009 adeudos fiscales de 38 mil 443.41 millones de pesos por concepto de “impuestos diferidos”, justamente la cantidad estimada por el gobierno sobre los daños de los pasados sismos. (http://www.jornada.unam.mx/2009/11/03/index.php?article=026o1eco&section=economia). Así también, cabe destacar que, según reportes de la Secretaría de Hacienda, los grandes capitales privados adeudaban al fisco para ese mismo año la cantidad de 453 mil millones de pesos, al tiempo que la mitad de ese monto se concentraba en 60 corporativos que cotizan en la Bolsa Mexicanas de Valores. (http://www.jornada.unam.mx/2009/11/02/economia/020n1eco)

Asimismo, hay que considerar la enorme transferencia de riqueza existente que se realiza en el pago de la deuda pública. Actualmente el débito público gira en torno a 10 billones de pesos, alrededor del 50% del PIB. Como el gobierno mexicano ha subordinado la mitad del PIB a la esfera enajenada de la financiarización parasitaria, el gran capital (nacional y extranjero) despoja y expropia el gasto social. Pues sólo para 2018 el superávit primario se estima en 0.9% del PIB, esto es, 197 mil millones de pesos transferidos a los acreedores financieros (nacionales y extranjeros). Los recortes al gasto público señalados en los estimados de Hacienda para 2016 y 2017 fueron de alrededor de 250 y 300 mil millones de pesos en aras de lo que los señores de la austeridad denominan “equilibrio fiscal”. ¿Cuántos FONDEN caben en el “equilibrio fiscal” del Estado oligárquico? No obstante, el guardián del capital financiero en México y candidato presidencial del Ejecutivo, José Antonio Meade Kuribreña, le indica al Legislativo “respetar los compromisos de responsabilidad fiscal”, ya que -chantaje catastrófico- “hacerlo de forma distinta abonaría calamidades financieras a las naturales”.

Por último, no puede dejar de mencionarse que, con el gobierno de Enrique Peña Nieto, la subordinación de la mitad de la riqueza nacional al endeudamiento público y por tanto la hipoteca de nuestro futuro se elevó en un 65% (4 billones de pesos), cuando la economía en el mismo periodo crece menos de 2%. ¡Que alguien explique esta proeza de los negocios! Más aun, hay que señalar que de este mismo endeudamiento público que se ha llevado a cabo en el gobierno de Enrique Peña Nieto, alrededor del 70% (3 billones de pesos), está destinado a ¡pagos de intereses de la propia deuda! (http://www.jornada.unam.mx/2017/04/03/opinion/022o1eco) ¡A esto llaman subordinarse a los “compromisos de responsabilidad fiscal”!

La reproducción del desastre

En suma, desindustrialización y maquiladoras de exportación, salarios por debajo del mínimo vital (superexplotación del trabajo), entrega de riqueza petrolera y minerales, régimen hacendario sustentado en privilegios, bonanza financiera con débito público, constituyen los rasgos principales de un Estado oligárquico, esto es, un Estado en interés exclusivo de una minoría. Sobre estas bases de producción y acumulación de la riqueza, el futuro de cualquier orden de protección social está condenado a reproducir de modo estructural vulnerabilidades sociales y angustia a los desastres próximos, caldo de cultivo del irracionalismo y violencia social.

La posición del gobierno mexicano de subestimar la “reconstrucción” sobre la base de manipulados cálculos establecidos en 38 mil millones de pesos, se explica por su interés de blindar -por encima de la reconstrucción social- la “disciplina fiscal” junto con sus dogmas de ajuste y austeridad, dejando el margen de maniobra de esta nueva etapa de reconstrucción a los recortes de las partidas presupuestales en sí ya recortadas, sin considerar la poderosa palanca del Estado como agente de inversión, consumo y propietario colectivo.

Por tanto, por medio de este contraste es posible observar el carácter oligárquico y clasista del Estado Mexicano y el orden económico-social vigente. El discurso neoliberal y las correspondientes políticas macroeconómicas y de austeridad, lo que hacen es proteger los intereses del gran capital que sobreexplotan fuerza de trabajo, devastan el medio ambiente (minería a cielo abierto, fracking, despojo territorial, contaminación del aire, oleoductos, termoeléctricas, siembra transgénica, etcétera), asesinan o censuran disidentes y transfirieren elevadas cuotas de valor a los centros capitalistas.

Ante esto, existe la imperiosa necesidad de transformar el modelo de acumulación de riqueza para beneficio de lo social y no de manos privadas que viven de la apropiación de la riqueza y no tienen interés en una reconstrucción social sustantiva sino en lucrar política y económicamente con el actual desastre social. Permitir que la reconstrucción social sea confiscada y dirigida por los capitales privados es una contradicción en los términos. Empresarios y gobierno demandan “transparencia”, mientras eluden la cuestión central: reconstrucción democratizada, colectivizada, ejercicio de derechos sociales y colectivos, toma de decisiones emanadas de las fuerzas populares (comités públicos, asambleas comunitarias), planes, diseños y deliberaciones de la sociedad.

Existe la necesidad de disputarle al Estado oligárquico y a la lumpemburguesía el monopolio de la reconstrucción “social”, esto es, otorgarle nuevos sentidos a la reproducción social de la vida en común, lo cual pasa por la reorientación social de la riqueza privatizada.

En general estas líneas intentan mostrar tres elementos. En primer lugar, la riqueza necesaria para hacer frente a una reconstrucción sustantiva está presente, no obstante, la organización política de su producción, apropiación y consumo está centrada en el beneficio privado de una oligarquía, esto es, alrededor del 3% de la sociedad.

En segundo lugar, la “ayuda humanitaria” de la lumpenburguesía en proporción a lo que acumulan es una nulidad, aunque de utilidad mezquina para empujar un nuevo ciclo de valorización. A través del modelo económico de acumulación y reproducción de un capitalismo dependiente, construido de la mano del poder político del Estado, se ha hecho del país y de sus riquezas un botín de exclusividad oligárquica. A la hora de la “contingencia” -el Estado no deja de subrayarla como exclusivamente “natural”, esto es, propagando una impotencia política y social- destaca su único impulso vital, la búsqueda de ganancias y el prevalecimiento del orden y del dominio, de ahí la premura oficial (despolitizadora) por la “normalización” de la vida social.

Por último, resulta crucial construir una alternativa frente al modelo económico, colocando como prioridad central la necesidad social: trabajo, vivienda, agua, soberanía alimentaria, educación, salud, protección y seguridad social, transporte, espacio público, comunicación, medio ambiente; lo cual automáticamente pone en cuestión a los poderes oligárquicos, el autoritarismo, los privilegios, los procesos de privatización, el monopolio de lo público, en suma, el Estado oligárquico neoliberal.

En este sentido, la reconstrucción no puede ser sino verdaderamente democratizada. De lo contrario, se profundizará el rezago social, serán concentrados los apoyos, se acentuará la inseguridad y vulnerabilidad bajo el poder de los capitales, se especulará con los precios de los insumos productivos, estarán dirigidos por la gran empresa los planes de vivienda (diseños, tipo de materiales, localizaciones, etc.), se deteriorará el medio ambiente con las toneladas de escombros, continuará la impunidad, se subordinará el “apoyo” a permanentes mecanismos de endeudamiento familiar, se excluirá una cantidad enorme de familias damnificadas, se reproducirá la usurpación y despojo del gasto social, se construirán desde arriba los diseños y normas de urbanización y vivienda, cerrarán escuelas, se profundizará la “autonomía de gestión” de la escuela pública (privatización), continuará oscilando entre la precariedad y la sobrevivencia la remuneración de los trabajadores de la construcción, acentuarán su exclusión y devastación las regiones y comunidades del sur, etcétera.

Las capas tectónicas de la política mexicana se mueven con fuerza. El radical divorcio Estado de clase/sociedad acentúa sus tensiones y contradicciones en esta nueva etapa. El verticalismo político que subyace a la reconstrucción oligárquica viene siendo profundamente cuestionado. La praxis solidaria de la juventud y la prodigiosa acción del trabajo social y colectivo empujan al campo de la organización y lucha por los derechos sociales. Las fuerzas sociales y el poder popular comprenden el desafío.

7 de octubre de 2017.
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