ePub
pdf
Soberanías y crisis política. Irrumpiendo abajo y a la izquierda contra el Estado y el Capital
Si es justo ahora organizar la resistencia armada depende de su posibilidad; si es posible, sólo puede saberse en la práctica. RAF - Alemania
- De la dictadura del PRI
Pasada la coyuntura electoral, las distintas fracciones de clase de la burguesía han decidido respaldar la presidencia de Enrique Peña Nieto, en lo que han llamado Pacto por México. Es interesante, sin embargo, detenernos en el análisis del traspaso de poderes. A las 11:55pm del 30 de noviembre en Palacio Nacional, frente a frente se encontraron Felipe Calderón y Enrique Peña. Un cadéte del Heroíco Colegio Militar entró sorpresivamente por el lado derecho, a paso redoblado y haciendo sonar fuertemente el golpeteo de sus botas sobre el suelo, al grado que Peña Nieto por un instante se sobresaltó, despertando de su letargo. Enseguida el cadéte, que llevaba la bandera nacional, extendió la misma a las manos de Felipe Calderón, este a su vez, la tomó y se la entregó a Peña Nieto. Por su parte, Peña Nieto, con cierto gesto de incredulidad por los honores que debía presentar a la bandera (labaro patrio), la tomó y la entregó nuevamente al cadéte. Este último salió como había entrado, aunque por el lado izquierdo, su paso redoblado se escucho por varios segundos en los pasillos de Palacio Nacional. Este breve ritual de traspaso de poderes puso fin a la presidencia de Felipe Calderón y comienzo a la presidencia de Enrique Peña. Fue este, sin embargo, un ritual militar y no civil, este se llevaria a cabo horas después en el Congreso de la Unión. Los tres primeros funcionarios del nuevo gobierno que entraron en funciones fueron aquellos en los que supuestamente recaería la seguridad nacional, el secretario de gobernación, el secretario de la Defensa Nacional y el almirante secretario de la Marina Nacional, con lo cual, según los voceros del poder, se aseguraría la gobernabilidad del país en el proceso de trancisión.
Hagamos un poco de memoria. Hasta mediados del siglo XVII el Ejército Realista destacado en la Nueva España era una corporación de poca monta aunque con privilegios, poco numeroso y sobre todo disperso en un territorio muy amplio y desolado. Después de las reformas borbónicas, preocupada la monarquía por las posibles invasiones imperialistas, francesas o británicas, que se pudieran suceder, aumenta el número de efectivos, y de destacamentos, particularmente en las costas. Cuando sobreviene la guerra civil en 1810 el Ejército Realista es derrotado en las primeras batallas, sin embargo, pronto es fortalecido económica y militarmente, por lo que después de varios años de guerra logra mermar considerablemente la fuerza de los insurgentes, habiendo derrotado a Morelos, a Mina, sólo quedaban en la resistencia las guerrillas del Sur con Vicente Guerrero al mando, a quien el gral. Iturbide habría de traicionar. Un acuerdo cupular entre la Iglesia, el Ejército Trigarante y los ricos mineros y comerciantes, hace posible que se firme el Plan de Iguala en 1821 con el cual se consigue una de de dos independencias que habrían de marcar el nacimiento del nuevo Estado-Nación mexicano.
Después de 1821, el Ejército Trigarante, designado para salvaguardar la unión, la independencia y la religión católica en la nueva nación, se vio conformado por ex-insurgentes, ex-realistas, milicias provinciales y voluntarios, heterogeneidad que habría dado lugar al surgimiento dentro del Ejército, de dos logias masónicas, además de abrigar contradictoriamente, alternadamente, posiciones federalistas y centralistas, radicales, moderadas y conservadoras, republicanas y monarquistas. El gral. Santa Ana, liberal en sus primeros tiempos, conservador y monarquista después, es un fiel representante de ese Ejército mercenario, defensor de sus fueros, pero sobre todo, mal pertrechado y peor dirigido. Hacia mediados del siglo XIX amplias fracciones del Ejército hicieron alianza con la Iglesia y los conservadores para luchar contra los liberales, los cuales durante los primeros meses de la guerra de tres años, padecieron severas derrotas que los pusieron al borde de la derrota final, lo cual no sucedió por el apoyo que les brindaron los ayuntamientos populares en algunos lugares del país. Tras la derrota de los franceses y del Segundo Imperio, sobrevendrá la dictadura de Porfirio Díaz, militar liberal que con la fuerza del Ejército y de los "rurales" impuso durante 30 años la paz de las armas. Porfirio Díaz era un digno representante de ese Ejército mercenario pues había combatido eficazmente a los franceses, a los conservadores, y también a los liberales. Durante el siglo XIX se han contabilizado más de 1000 planes políticos con sus respectivos levantamientos militares que tuvieron como origen al Ejército, varios de ellos fueron golpes de estado, otras veces sólo fueron revueltas e insurrecciones. La guerra civil se mantuvo intermitentemente desde 1808 hasta 1876, año en que asume la presidencia Porfirio Díaz.
Iniciado el siglo XX, con nuevas revueltas populares, el Ejército al mando de Victoriano Huerta dio golpe de estado contra el gobierno "elegido democráticamente" de Francisco I. Madero. A partir de ese momento (1913) la guerra civil volverá a asentarse en México durante al menos una década. Los grandes ejércitos de Villa y Zapata fueron derrotados militarmente en estrategias basadadas en la guerra sucia por el Ejército Constitucionalista de Venustiano Carranza, quién básicamente, como decían en aquel entonces, nos carranceó la revolución, nos la robo. Con el triunfo de lo que ha dado por llamarse, la Revolución mexicana, se inició el cacicazgo estructural que hasta hoy sigue teniendo el Ejército. De 1917 hasta 1945 todos los presidentes fueron militares. Con Lázaro Cárdenas los militares dejaron de formar parte de la estructura institucional del PRI para pasar a ser el poder detrás del Presidente. El Ejército durante la segunda mitad del siglo XX se mantuvo, no como el garante de la unidad nacional, sino como el garante del ejércicio dictatorial del partido de estado (PRI). Recordemos así, que desde 1959 con la muerte a traición de Rubén Jaramillo, pasando por la masacre de Tlatelolco en 1968, el halconazo paramilitar de 1971, la guerra sucia de los 70's y 80's, el bombardeo contra las comunidades indígenas de Chiapas en 1994, y hasta el sexenio de las masacres de Ernesto Zedillo a finales de los años 90's, el último presidente priísta, el Ejército fue el encargado de acallar en sangre cualquier reivindicación social revolucionaria en México que ideológicamente y políticamente no coincidiera con el interés de la patria, del estado y su partido de estado. Sin olvidar que durante los últimos doce años se han confrontado en guerra civil contra los brazos armados de la oligarquía narcoempresarial, de la que han resultado muertos al menos 90 mil personas, y otras 30 mil han sido desaparecidas.
El poder del presidencialismo mexicano radica en el control que el poder ejecutivo tiene de las fuerzas armadas, no sobre la estructura interna del ejército, sino de la corporación en general, puesto que ni el poder legislativo ni el poder judicial tienen control sobre éstas, las cuales supuestamente solo responden a las ordenes del presidente, en tanto jefe supremo de las fuerzas armadas. Este signficado profundo del presidencialismo pudo ser ampliamente observado en el ritual militar de juramento a las fuerzas armadas encabezado por Peña Nieto el pasado 1 de diciembre. En un acto posterior, cuando tomó protesta a los secretarios de Marina y Defensa Nacional, Peña Nieto afirmó que “Cada mujer y hombre de estas instituciones encarna los valores de libertad, independencia y de soberanía, su valor las coloca entre las mayores instituciones de respeto entre los mexicanos”. Peña Nieto se equivoca, ni la soberanía ni la libertad de la nación descansan en el Ejército, muy por el contrario, aunque a muchos mexicanos se nos haya olvidado, la soberanía y la libertad radican escencial y originariamente en el pueblo, ahí reside la posibilidad de que el pueblo demande corregir el rumbo de la nación.
- Lucha por la soberanía, lucha contra la dominación
Las policías comunitarias dentro de una concepción amplia, son ejércitos del pueblo, mejores aun que las guerrillas que se dicen tales por al menos dos motivos, en primer lugar porque son ejercicios de defensa de la soberanía de los pueblos, para los pueblos, desde los pueblos; y en segundo lugar, porque hacen viable una seguridad pública colectiva en contextos amplios y violentos de crisis social, política, económica, etc. Es por ello también que las policías comunitarias (cheran, CRAC, EZLN) no son grupos paramilitares (en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, chihuahua, Monterrey, Sinaloa y también en las ciudades, las universidades, las escuelas), guardias blancas a sueldo de los cacíques o empresas de seguridad privada, presidentes o rectores, sino organizaciones de autodefensa popular que combaten al crimen burgués, que despoja, arrebata, roba, explota, saquea, impone, traiciona y acaba con el patrimonio cultural de nuestras comunidades.
La diferencia entre guerrilla y ejército dentro de la concepción de guerra revolucionaria está representada por dos distintos momentos, el de un inicial foco político militar que actúa como guerrilla para combatir el estado, de otro momento en donde la fuerza guerrillera llega a conformar ejércitos del pueblo que combaten en un amplio abanico de posiciones, de frentes, bloques, como parte de la guerra popular contra el estado y el capital. La guerra popular prolongada ha resultado muy prolongada y costosa para muchos pueblos, los muertos, los encarcelados, los desaparecidos se siguen contando por cientos. Un ejemplo entre los muchos esta en Colombia, donde hoy se lleva a cabo un arduo proceso de lucha política encabezado por uno de los ejércitos del pueblo que hay en Colombia, que son las Farc-Ep. Defenderse de la guerra sucia es sin embargo, el reto más grande. Por su reivindicación radical, ser partidario del foco guerrillero o el ejército del pueblo, es ilegal porque pretende romper con el orden burgués y sus instituciones mediante las armas; para muchos también ilegitimo puesto que no siempre son compartidos los dogmas y reivindicaciones que impulsan a luchar a propios y extraños en esas estructuras conformadas exprofeso para su acción en guerra.
A contraparte de esta concepción clásica, la experiencia de las policías comunitarias o ejércitos del pueblo y las juntas del buen gobierno zapatista son ejercicios políticos que continúan aportando elementos a la teoría para desarrollar concepciones estrátegicas más elaboradas y efectivas a desarrollar en la guerra revolucionaria. Las policías comunitarias son resultado de al menos dos factores, por un lado del impulso colectivo público de defensa del patrimonio cultural de los pueblos, y por otro lado, el ser un ejercicio ciudadano que reivindica la soberanía como poder popular, entendido este como el ejercicio de autoconstrucción colectiva de la autonomía y la independencia política y económica en aras de la consecución del bien común, o como dicen en sudamérica, del buen vivir. Esto mismo es la soberanía, soberanía es poder, soberanía comunitaria es poder popular. Las armas que defienden la soberanía de los pueblos y de la nación misma son las del ejército del pueblo. Históricamente esta es también la idea del ejército nacional (Iran, Cuba, Corea del norte, Venezuela), sin embargo, el ejército mexicano siempre ha sido un ejército que defiende los privilegios de la oligarquía, por estar el ejército mismo copado por familias que son parte de la oligarquía que explota este país desde por lo menos hace dos siglos. A este sentido, es importante afirmar que las policías comunitarias no son ilegales, en tanto ejercicio soberano de los pueblos y muy por el contrario conforme han ido reduciendo la comisión de crímenes, se han ido legitimando entre los distintos grupos de la sociedad, teniendo además una política preventiva y de educación popular, desarrollando proyectos económicos para la sustentabilidad de los pobladores, y principalmente, trabajando en el fortalecimiento de las identidades colectivas, y su cultura, etc., etc.
Soberanía es un lugar dentro de la lucha política que ahora poco se reivindica, sin embargo, su uso conceptual tiene una reivindicación importante. La soberanía es ante todo independencia política colectiva (tal vez podría decirse que el conjunto de autonomías individuales hace una soberanía colectiva). En 1808, en el marco de la crisis de la monarquía católica hispánica, los pueblos y ciudades conformaron juntas soberanas. La crisis global de la monarquía católica es producto de una crisis profunda, en lo militar, lo económico, lo administrativo, lo social, lo religioso y político. Esta crisis alcanzará su mayor auge con la invasión francesa a la península y la posterior abdicación del rey. Una crisis global, que además había sido abonada por la ordenación de las reformas borbónicas, mismas que habrían ocasionado en un amplio proceso el descontento y la ruptura de la relación entre la metrópoli y sus colonias. Todo ello como parte de una revolución política liberal de alcances transcontinentales.
En México, como en otras partes de latinoamérica, las poblaciones indígenas reivindicaron su soberanía ante la ausencia de Fernando VII y la imposición de Jose Bonaparte. Antes de 1808 había poco más de un centenar de ayuntamientos, después de ese año, particularmente en los periodos en que estuvo vigente la constitución de Cádiz (1812-1814, 1820-1823) la cifra se elevó al menos a 1000 ayuntamientos soberanos, la mayoría de ellos indígenas y particularmente en estados como Oaxaca con 200 cabildos por lo que no es casual que actualmente Oaxaca sea el estado con mayor número de municipios en el país. Este proceso de reivindicación de la soberanía no es posible explicarse sólo por la abdicación del rey y la imposición de Pepe Botella, entre otros factores exógenos, sino también y particularmente ha de entenderse como parte de un amplio proceso de formación de las soberanías de los pueblos desde varios decenios antes de la crisis de 1808, por lo cual se habría estado desarrollando una silenciosa revolución comunitaria que más tarde, después de la independencia, les daría a los pueblos una fuerza contractual superior a la que habían tenido en la época colonial. Fuerza que le vendría de tres aspectos interrelacionados, en primer lugar, la calidad pluriétnica de los cabildos rurales; en segundo lugar, porque la estructura del cabildo rural, basada en un complejo sistema de cargos y jerarquías internas permitió a las comunidades organizar el control de sus recursos materiales e inmateriales (lo que dio lugar a luchas internas, pero no a la desaparición misma del cabildo); y finalmente, en tercer lugar, la debilidad de los niveles políticos intermedios. Todo ello como parte de un proceso iniciado desde la conquista en el que la monarquía estableció un pacto de soberanía compartida entre la corona y sus territorios, por el que fueron establecidas amplias autonomías territoriales y corporativas como parte de un estado mixto indiano-colonial, pacto que será reivindicado para recuperar la soberanía que se creía perdida por la imposición de un rey, la inseguridad política que derivó en una amplia crisis social y militar.
como consecuencia misma de la llegada de la constitución de Cádiz de 1812 a los reinos y pueblos, y de la introducción decisiva del concepto de ciudadanía, uno de los principios básicos del liberalismo, por el cual la pertenencia individual a una identidad colectiva común, en este caso la nación, no dependía ni de la propiedad, ni de la edad, ni de la renta, sino llanamente del gozar de respeto de la comunidad a la que se pertenecía, es decir, por tener un modo honesto de vivir. Si con la constitución el indígena pasaba a ser un vecino-ciudadano entonces su comunidad y su territorio se transformaron en fuente de derechos constitucionales, al igual que todos los demás pueblos no indígenas. Por ello es que la constitución de Cádiz habría hecho a la comunidad local fuente de derechos políticos modernos, no obstante que desde la época virreynal los indígenas y sus comunidades habían adquirido ciertos privilegios corporativos como parte de las repúblicas de indios. La brecha abierta por la constitución de Cádiz a partir del concepto liberal de ciudadanía fue ensanchada por los pueblos al grado, que de una u otra manera, se apoderaron de ese concepto para defenderse de las amenazas que el liberalismo mismo encarnaba, fundando así un liberalismo corporativo o liberalismo popular, por contraposición a un liberalismo individual e individualista propio de las élites dominantes de la segunda mitad del siglo XIX, que es lo que Antonio Annino, el autor que venimos siguiendo, entre otros, identifica como la segunda etapa del liberalismo mexicano en el siglo XIX, el cual adoptó el desafío de quitar el control de la ciudadanía liberal a los pueblos organizados alrededor de los municipios constitucionales, y para eso fueron las leyes de reforma.
A decir de este mismo autor "los pueblos reivindican el cumplimiento de los derechos individuales en cuanto a propiedad y seguridad, pero el referente es otra nación, no la de los liberales, sino la de los indígenas, y es una nación histórica que por su naturaleza tiene precisamente un derecho territorial previo a las constituciones". A este respecto, el autor enumera tres características de la patria-nación que los indígenas reivindican en a inicios del siglo XIX desde el liberalismo popular, a saber: en primer lugar, la legitimidad de los títulos de ocupación sobre la tierra que se habita desde antes de la conquista española; en segundo lugar, la soberanía; y en tercer lugar, un elemento característico de este sincretismo político que reivindica una patria-nación indígena mexicana, que es su confesión católica, un elemento que será parte importante del liberalismo popular, pero no del liberalismo posterior a las leyes de reforma. No olvidemos así, que una de las ordenanzas de las Cortes había sido que la Constitución de Cádiz fuera jurada por los pueblos. Este juramento fue hecho en los pueblos tomando el modelo de las fiestas patronales: tres días de fiesta con procesiones de santos, tianguis, repiques de campanas, cohetes, peleas de gallos, desfiles varios y por supuesto, misa, en la cual el párroco ofrecía un sermón en el que resaltaba las bondades de la constitución. Por ello no nos cause extrañesa que en los aniversarios de la Policía Comunitaria de Guerrero se realicen misas católicas que buscan una especie de bendición política por parte de dios.
El constitucionalismo liberal fue sin duda alguna una gran novedad para las comunidades, pero no tanto, afirma Annino, como para romper el mundo de los valores que habían reproducido hasta entonces los vínculos de las identidades colectivas con la vida cotidiana. Por tanto, la relación entre nación y constitución se quedó en la esfera de lo sagrado católico y no transitó a la esfera de lo secular como pretendieron posteriormente los liberales de la segunda etapa, quienes lucharon por acabar con los privilegios de la iglesia y de los ayuntamientos constitucionales mismos. Estos liberales pudieron destruir la iglesia políticamente pero no a los pueblos porque sin éstos no hubieran ganado la guerra contra los conservadores y los franceses. Los pueblos y sobre todo las comunidades indígenas, interpretaron las libertades liberales como un reconocimiento de sus antiguas libertades, es decir, sus antiguos derechos sobre el territorio. Incluso yendo más alla del liberalismo mismo, como fue el caso del levantamiento popular contra juárez de Julio López Chavez el cual se manifestó con expresiones ricas de contenido cultural,libertario y utópico.
A principios del siglo XIX la retroacción de la soberanía del reino a los pueblos, con la consiguiente conformación de nuevos estados-naciones, significó a largo plazo la desestructuración misma de la otrora poderosa monarquía católica. En este sentido, debe quedarnos claro que no hubo independencias porque no había un Estado subyugado, ni siquiera colonias a la manera de las colonias inglesas o portuguesas, sino un conjunto de cuerpos políticos, de acuerdo a una idea del cuerpo humano, donde el rey era la cabeza, el "estado", y los miembros inferiores o superiores cuerpos de nivel superior e inferior, siendo los primeras, construcciones políticas de mayor complejidad y extensión, englobadoras y dominadoras, como el Reino la Nueva España y la monarquía católica misma y al mismo tiempo tolerantes de los principios políticos que les eran cosustanciales a los pueblos de indios, su autonomía, sus formas de legitimidad política y su reconocimiento; régimen político que autores como Bernardo García Martínez denominan como de dominación indirecta (o indirect rule), cuestiones que habría que discutir históricamente, ampliamente, en otro lugar.
Recordemos finalmente que en el caso de México el triunfo del Ejército Trigarante, que fue en lo fundamental una campaña política desde los territorios periféricos hacia el centro, se debió a varios factores, entre ellos al pacto entre dicho ejército, el clero, la nueva y vieja burguesía con los nuevos municipios constitucionales -algunos de los cuales eran base de las guerrillas que actuaban sin coordinación en distintas partes del país tras la derrota del ejército de Morelos, el cual se vio expresado en el Plan de Iguala. Dos años después este mismo pacto se rompería por obra de Iturbide y sus intenciones monarquistas quien reivindicaba para si el poder de legislar, proponer y aprobar leyes, desconociendo las atribuciones del Congreso al que había jurado respetar en su soberanía, la cual le había sido dada por el propio Plan de Iguala, por lo que a partir de ese momento se suceden una serie de levantamientos por medio de las cuales los municipios ponen fin al pacto de subordinación al gobierno (federal o estatal) y reivindican nuevamente su derecho a la soberanía y la rebelión. De esta manera las pugnas entre centralistas y federalistas tras la firma de la primera república federal de 1824 se deben particularmente a las constantes revueltas que los poderes regionales protagonizaron contra la instauración de un gobierno central.
Dejemos hasta ahí la historia pues esta es larga y controversial, apuntemos sin embargo ahora, las cuatro características políticas de estos ayuntamientos liberal populares que cavaron la tumba de la monarquía católica, que no era cualquier monarquía sino la monarquía heredera de un modo de civilización que reinó muchos siglos, paradigma del feudalismo mismo: la participación electoral directa para la elección de los representantes; la recaudación de contribuciones directas por parte de los ciudadanos por parte de los ayuntamientos con lo que los propios ayuntamientos se conformaban como unidades administrativas; la conformación de milicias cívicas para salvaguardar la seguridad de la población, defender la independencia de la república, la constitución de la nación y la integridad territorial del Estado, y finalmente, la impartición de justicia a nivel local.
- La irrupción de las policías comunitarias, un paso más hacia la desestructuración del Estado Mexicano a inicios del siglo XXI
El obstáculo principal contra la fuerza centrífuga del sistema político mexicano es el ejército mexicano, o el conjunto del aparato represivo, mejor dicho. Esto es así porque mediante la violencia ideológica y militar se pretende asegurar permanentemente la estabilidad del sistema de dominación, lo cual es practicamente difícil por la propia ineptitud de la clase política. La crisis ambiental, económica, social, cultural son potencias que impulsan esa fuerza centrífuga que esperamos ha de terminar con el Estado Méxicano. Las policías comunitarias, en tanto milicias cívicas para salvaguardar la seguridad de la población son ejercicios de reasunción de la soberanía que forman parte de un proyecto más grande que incluye la construcción de autonomías, la reorganización de los aparatos de justicia, la independencia administrativa y en muchos casos la independencia económica y de clase, así como el respeto a sus territorios. La conjunción entre la continuidad de las formas de lucha históricas, y las innovaciones rupturistas, insurreccionales, han contribuir ampliamente hacia la desestructuración del Estado en la lucha contra el capitalismo; pero ello será posible sólo si sabemos aprender a leer los contextos a que esas formas de lucha histórica se adaptaron. Reivindicar y actuar por la soberanía de nuestros pueblos, de nuestros territorios colectivos -con policías comunitarias, juntas de gobierno, municipios autónomos; así como la autonomía individual y de nuestros territorios individuales mediante el estudio, el trabajo, la salud, es hoy luchar contra el capitalismo, como antes fue contra el rey, el virrey y la iglesia.
1) Es factible y posible poner fin a la dominación del Estado mexicano mediante un amplio proceso de desestructuración institucional a partir del reclamo y retroversión de la soberanía de la nación a los pueblos y ciudadanos que conformamos actualmente los Estados Unidos Mexicanos.
2) Es factible y posible poner fin a la dominación de la oligarquía trasnacional que actualmente y desde hace más de un siglo saquea el territorio nacional y explota a los pueblos y ciudadanos que conformamos actualmente los Estados Unidos Mexicanos.
3) La expasión de la soberanía popular mediante la reproducción de ayuntamientos autónomos defendidos por policías comunitarias no sólo es posible y factible, sino que su manifestación son parte de una revolución comunitaria que se ha venido gestando desde los años 80's y que tiene una continuidad histórica ligada a un amplio y diverso pasado de lucha contra la explotación, la humillación, la represión y la opresión capitalista, pasada presente y futura.
4) Para que las luchas soberanistas se hermanen en una lucha común contra el estado y el capital hay que agruparnos, no como un nodo más de una red, sino como nudos de una hamaca que nos permita brindar apoyo recíproco a los nacientes procesos soberanistas que están irrumpiendo, o que buscan irrumpir pero que no cuentan con el respaldo de otras organizaciones, de otros movimientos, de otros ayuntamientos autónomos. Cuanto más se reproduzca y se renueve la experiencia de los ayuntamientos soberanos y de sus polícias comunitarias, cuanto más grande se haga la hamaca de la libertad que nos abrace y asfixie al sistema, más habremos avanzado en el proceso de desestructuración del Estado mexicano.
5) Para que estos apoyos sean efectivos es necesario que se plasmen en acciones directas, asesorías legales, talleres de capacitación, apoyo a la producción, reconocimiento y rescate de la cultura de los pueblos, acciones de autodefensa en caso de represión, medios libres comunitarios, salud y en muchos otros aspectos más. Cada quien sus modos y tiempos, pero con la mirada desde abajo y a la izquierda
6) La organización de policías comunitarias no es una receta que en todos lados funcione y que en todos lados sea digna de llamarse así. La presentación del grupo paramilitar comandado por Fredy Gil Pineda Gopar en la Sierra sur de Oaxaca como policía comunitaria debe alertarnos sobre la manipulación que el Estado, el PRI y los caciques regionales pueden hacer de la concepción de policías comunitarias para institucionalizar la violencia caciquil con la intención de impedir cualquier manifestación organizada de inconformidad en los pueblos. El paramilitar Fredy Gil Pineda Gopar, presidente municipal por segunda ocasión de Santos Reyes Nopala, es el responsable directo de la muerte de al menos una decena de compañeros campesinos indígenas que desde más de una década se vienen organizando contra los caciques, los paramilitares y contra la pobreza en sus comunidades. Apoyar esas organizaciones para neutralizar y enfrentar el paramilitarismo es urgente.
7) Avanzar en un proceso de reasunción de soberanía, es también avanzar en el proceso de guerra civil que desde hace más de 6 años se vive en México. Conformar posiciones sólidas de abajo y a la izquierda que permitan controlar amplios territorios regionales será de capital importancia para no ser derrotados en esa guerra civil que vivimos. Que nadie se tire al engaño, podemos estar en acuerdo o en desacuerdo con la lucha electoral, con la lucha armada, o con todas las formas de lucha, pero el hecho es que en México hay guerra civil, 100 mil muertos y 20 mil desaparecidos son la evidencia más contundente.
8) La crisis política que arriba se manifiesta cada seis años no tienen potencialidad para producir una ruptura profunda en el sistema político mexicano; por el contrario, la lucha por la soberanía de los pueblos tiene la potencialidad de crear coyunturas de crisis política profunda que pueden ser aprovechadas para construir nuevos mundos, nuevos sistemas sociales, justos y libertarios... o en su defecto, renovar el sistema de dominación.
9) El ejercicio de la soberanía no puede ser reducido a las policías comunitarias; la soberanía alimentaria, la soberanía educativa son frentes de lucha que combaten igualmente la dominación. Todas ellas hay que practicarlas hasta sus últimas consecuencias.
Al filo de la historia por la liberación total.
Gracias
Salud y revolución para este 2013
Presos a la calle!
Fuerza para el guerrero Kuykendall!!
