¿Tenían que ser tan graves los incendios de Los Ángeles?

Sigo viendo un video de un McDonald's que se incendia en Los Ángeles. Las palmeras en llamas son azotadas por vientos extremos. De los arcos dorados saltan chispas. Parece una imagen sacada del libro de Mike Davis de 1998 Ecology of Fear: Los Angeles and the Imagination of Disaster [La ecología del miedo: Los Ángeles y la imaginación del desastre].

Al escribir allí sobre un incendio ocurrido cinco años antes, Davis sostenía que si los habitantes del sur de California parecían «no estar preparados para esta prueba de fuego», la región no tenía excusa. «Las conflagraciones de 1993 se produjeron por caminos sombríamente familiares», recuerda, «para los que no habían faltado presagios».

En el caso de los incendios que arrasan Los Ángeles desde principios de este mes, es demasiado pronto para saber con exactitud qué los provocó. Pero los presagios fueron abundantes.

Durante décadas, los activistas medioambientales estuvieron gritando a los cuatro vientos que el sur de California sería cada vez más vulnerable a mayores y más graves incendios forestales a medida que las temperaturas globales siguieran subiendo. Pero, a pesar de su insistencia, apenas se avanzó. En 2019, la frase «Green New Deal» estaba en todas partes, como forma tímida de resumir una serie de propuestas para que el gobierno federal tomara medidas drásticas para detener el cambio climático, convirtiendo la infraestructura energética de la nación y creando millones de empleos en el proceso. Hoy en día, el eslogan puede parecer una curiosa reliquia de una época pasada, como aquellos botones de Whip Inflation Now (WIN, Ataquemos la inflación ahora) de Gerald Ford.

El colapso institucional comienza a nivel federal, con años de parálisis de la política climática, y se extiende en cascada a través del gobierno estatal de California hasta el condado (provincia) y el ayuntamiento de Los Ángeles. Aún no tenemos una visión completa de cómo se produjeron estos incendios, pero sabemos, por ejemplo, que la incapacidad del gobierno estatal para obligar al monopolio energético con ánimo de lucro PG&E a asegurar adecuadamente sus líneas de transmisión hizo que el estado sea mucho más vulnerable a incendios similares.

También sabemos que en una ciudad, un condado y un estado históricamente reacios a redistribuir su considerable riqueza mediante impuestos progresivos, los servicios públicos se han resentido. Hubo un intenso debate sobre qué cifras representan con mayor exactitud los cambios en el presupuesto del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) en el año fiscal 2024-2025. Los defensores de la alcaldesa Karen Bass insisten en que un presupuesto mucho menor este año que el año pasado no debería contarse como un «recorte» porque el LAFD recibió un impulso presupuestario para hacer frente a gastos particulares el año anterior. El interventor municipal de Los Ángeles, Kenneth Mejía, no está de acuerdo. Mientras tanto, si se solicitó más dinero pero aún no se entregó, ¿debería considerarse como un aumento? ¿Qué pasa con los recortes en el pago de horas extras del LAFD y la incapacidad del departamento para cubrir nuevos puestos?

Se mire por donde se mire, lo que está claro es que el LAFD carecía de personal suficiente y que este año fiscal disponía de varios millones de dólares menos de lo que esperaba. El 4 de diciembre, la jefa de bomberos de la ciudad, Kristin Crowley, advirtió en una carta que estos recortes habían «limitado gravemente la capacidad del departamento para prepararse, entrenarse y responder a emergencias a gran escala, incluidos los incendios forestales». Poco más de un mes después, 130.000 residentes huyen de las llamas que se propagan.

Un artículo del derechista New York Post relacionaba los recortes con el gasto adicional en servicios para los sin techo. (El momento es bastante sorprendente para la insinuación del Post de que la ciudad debería ser menos generosa con los sin techo, dado que tantos angelinos se han convertido ellos mismos en sin techo de la noche a la mañana). Mientras tanto, el periódico progresista Intercept vinculó los recortes presupuestarios a la financiación adicional de la policía. Seguramente se podrían contar muchas otras historias conectando los puntos presupuestarios de esta manera, pero la aburrida verdad es que el dinero es fungible. Los fondos que no se destinan a la lucha contra los incendios no «van» a ninguna otra partida del presupuesto: sencillamente el gobierno no los recauda por las bajadas de impuestos a los ricos. Y en una ciudad, un estado y un país más sanos y menos desiguales, se podría financiar generosamente todo un conjunto de servicios públicos.

El equivalente de Crowley en el condado de Los Ángeles, el jefe de bomberos Anthony Marrone, confirmó en rueda de prensa que ni el condado ni «los 29 departamentos de bomberos de nuestro condado» estaban «preparados para este tipo de desastre generalizado». Podrían haber hecho frente a «uno o dos grandes incendios de matorrales», pero no tienen nada parecido al personal necesario para contener rápidamente cinco incendios de este tipo. La capacidad de extinción de incendios del condado se vio mermada por años de recortes y presupuestos ajustados, incluso cuando el cambio climático aumentó el riesgo de incendios.

Mientras tanto, cientos de presos fueron contratados para ayudar a combatir los incendios por mucho menos que el salario mínimo. El salario mínimo del estado de California es de 16 dólares la hora. El salario mínimo municipal de Los Ángeles es de 17,28 dólares. Los salarios de los bomberos de la ciudad rondan los 30 dólares de media. Pero estos presos bomberos cobran entre 5,80 y 10,24 dólares al día, aunque te aliviará saber que «pueden ganar un dólar más por hora cuando responden a una emergencia activa». Es difícil imaginar un símbolo más sombrío de nuestro literalmente ardiente paisaje infernal del capitalismo tardío que un lugar que es el hogar de tanta riqueza lujosa y ostentosa trayendo a presos bomberos para que arriesguen sus vidas por menos dinero diario de lo que sus equivalentes libres ganarían en una hora (si la ciudad hubiera estado dispuesta a pagar por algunos más de ellos).

Nada de esto tiene por qué ser así. Podríamos haber tenido un Green New Deal de verdad en 2019, o mejor aún, décadas antes, cuando los hechos sobre el cambio climático antropogénico ya estaban bien establecidos. Podríamos eliminar los monopolios privados como PG&E que toman atajos para obtener beneficios. Podríamos tomar decisiones mucho más planificadas y deliberadas sobre la densidad de viviendas para minimizar los peligros que plantea la «combinación letal de propietarios de viviendas y maleza» sobre la que Mike Davis escribió en el libro Ecology of Fear (Ecología del miedo), en un capítulo provocativamente titulado The Case for Letting Malibu Burn (En favor de dejar que arda Malibú).

Desde luego, no necesitamos dejar los seguros contra incendios en manos de empresas con ánimo de lucro que exigieron que el gobierno les permita seguir subiendo las primas a medida que aumentaba la amenaza de incendios forestales y, cuando no consiguieron lo que querían, se limitaron a dar de baja a 1600 asegurados en Pacific Palisades en 2024. Y cualquier gobierno de una zona tan propensa a los incendios forestales como Los Ángeles en la década de 2020, podría haber establecido una prioridad seria para la financiación adecuada de la protección contra incendios.

Los incendios forestales son anteriores tanto al cambio climático como a la política de austeridad. Sin embargo, ambos exacerban enormemente sus riesgos. Sería un error culpar de todo esto a la «naturaleza» o condenar en general a la propia civilización humana como una plaga para la naturaleza. Una de las funciones básicas de una sociedad organizada es minimizar los peligros que suponen los estragos de la naturaleza para sus miembros. Desde el punto de vista sociológico y ecológico, la nuestra fracasó estrepitosamente.

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