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Tic, tac, tic, tac: cuenta regresiva del régimen de Iván Duque
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El pasado 20 de julio arrancó el último año del cuatrienio en el Congreso colombiano, y este 7 de agosto la cuenta regresiva para el Gobierno. Faltan 365 días para el cambio de Gobierno, un tiempo marcado por el proceso electoral parlamentario y presidencial. El 11 de marzo de 2022 se elegirá un nuevo Congreso, y el 29 de mayo será la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El tiempo político restante se desarrollará en clima electoral y en un ambiente altamente polarizado.
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Los próximos seis meses son definitivos para la coalición de derecha que apoya a Iván Duque, en especial para el Centro Democrático (el partido de Uribe) y el Partido Conservador, junto a los menores MIRA y Colombia Justa Libres. Una coalición con altibajos que se vio estabilizada tras la crisis de las movilizaciones de finales de 2019, sumando a Cambio Radical (liderado por Vargas Lleras) y al Partido de la U (parte del santismo). La pretensión de la coalición es usar la agenda legislativa para revertir el peor momento político de su gestión con miras a la disputa electoral. Las encuestas Celag y Datexto publicadas en junio muestran la desaprobación del gobierno superior al 76 %, y que las mayorías (75 %) simpatizan con las demandas expresadas en las protestas iniciadas en abril.
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La tarea del impulso de la agenda legislativa oficialista en el Congreso, estará a cargo del nuevo presidente del Senado, Juan Diego Gómez (Partido Conservador), y de la nueva presidenta en la Cámara Baja, Jennifer Arias (Centro Democrático), ambos congresistas de bajo perfil y con serios cuestionamientos por sus vínculos familiares o políticos con personas condenadas por paramilitarismo.
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Los principales proyectos de Ley que pretende aprobar el Gobierno son una agridulce respuesta a las demandas expresadas en las calles. De un lado reconocen, en parte, el error del proyecto del paquetazo tributario que provocó la protesta, de otro, pretenden ratificar la respuesta autoritaria y punitiva a las demandas sociales. El Gobierno envía en estas fechas al Congreso los siguientes proyectos de Ley:
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Reforma Tributaria: impacta a las empresas y al sector financiero, y pretende recaudar 15 billones de pesos (US $ 4 mil millones). Sube el impuesto a la renta para las empresas (pasa del 30 al 35 %); amplia la sobretasa al sector financiero en 3 puntos, impone controles para la evasión, y desestima ampliar la deuda pública estatal.
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Ley antivandalismo: Promueve cambios en el Código Penal para determinar nuevos tipos penales, orientados a penar la participación de la ciudadanía en las protestas con penas más severas e impedir determinadas formas de protesta.
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Reforma a la Policía Nacional: Un proyecto con la intención de fortalecer el marco jurídico que favorece a los integrantes de la fuerza pública en su actuación violenta en las protestas sociales, regulando el uso de armas no letales y un estatuto disciplinario en favor de la Policía. No incluye las recomendaciones del informe de la CIDH que sugieren trasladar la Policía del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior.
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Ley estatutaria para reglamentar la protesta social: El Gobierno insistirá en un proyecto que presentó en el 2020, que pretende "establecer reglas claras para la movilización en Colombia". Esto sería limitar los bloqueos de carreteras y calles, y ampliar las sanciones a quienes protesten con esos métodos.
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La oposición (integrada por la Alianza Verde, el Polo Democrático, la Unión Patriótica-Colombia Humana, Comunes y Mais), por su parte, presentará una agenda en conjunto con el Comité Nacional del Paro, con diez proyectos de Ley que condensan las principales demandas de los sectores movilizados.
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Renta básica de emergencia: El proyecto propone apoyar a 7,5 millones de personas con una renta básica, como medida permanente y contracíclica.
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Gratuidad de la educación superior pública: Es una demanda en contra de la privatización y financiarización de la educación. Más cupos universitarios sin costo de matrícula o aranceles.
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Fortalecer la red pública de salud: Pretende desmontar la privatización del sistema de salud y fortalecer el acceso y calidad en el servicio.
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Formalización y dignificación laboral: Un proyecto de reforma laboral, orientado a restituir derechos laborales.
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Garantías para el ejercicio de la protesta social: Busca la eliminación del Escuadrón móvil Antidisturbios-ESMAD, causante de la mayoría de las muertes en las protestas sociales y limitar el uso de armas no convencionales.
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Reforma a la Policía Nacional: El proyecto recoge las recomendaciones de la misión de la CIDH, donde se propone cambiar la formación y doctrina policial, darle un carácter civil (y no militar) a ese cuerpo de seguridad, pasar su conducción al Ministerio del Interior y enjuiciar las faltas graves y abusos policiales en la justicia ordinaria.
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Reforma y creación de un estatuto de la juventud
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Apoyo a la ruralidad: Además de exigir el cumplimiento del Acuerdo de Paz en esta materia, proponen un plan de fomento agropecuario e impedir la fumigación aérea de glifosato sobre los cultivos de uso ilícito; piden cumplir con el programa de paz orientado a la sustitución voluntaria y concertada de dichos cultivos.
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Congelar el salario de los altos funcionarios del Estado: La oposición pide congelar el salario de quienes ganen más de 3 mil dólares al mes, y utilizar esos recursos para generar fuentes de empleo y disminuir la brecha salarial, teniendo en cuenta que el 80 % de la población gana menos de 400 dólares al mes.
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Desmonte gradual del impuesto "4X1000": Un impuesto que cobra el Estado a todas las transacciones bancarias utilizado como fondo para posibles salvatajes bancarios. Fue creado con carácter temporal en 1998.
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Por otro lado, el 20 de julio se reactivaron las movilizaciones ciudadanas en todo el país: se dio un encuentro de las asambleas populares en Cali, marchas multitudinarias en las principales ciudades y el Gobierno se vio obligado a cancelar los tradicionales desfiles militares por la fecha patria.
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El discurso de Duque en la apertura del último año de legislatura en el Congreso evidenció los elementos centrales de su narrativa: 1) culpar a la polarización social por los males del país, 2) a la oposición por el estallido social y 3) deslegitimar la protesta por "vandálica" y no reconocer errores propios.
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Empezó el debate electoral. Los proyectos del Gobierno son antagónicos a los de la oposición, no hay puntos de coincidencia y los principales debates son el eco de las demandas del Paro nacional. La campaña está en la etapa de definición de listas al Congreso y de precandidaturas presidenciales. Se inician los debates en cuatro espacios políticos como se sintetiza a continuación:
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La extrema derecha (el uribismo) en crisis, se orienta por una narrativa más conservadora, punitiva y neoliberal. Tienen dos precandidatos: Tomas Uribe (hijo del expresidente Uribe) y Oscar Iván Zuluaga.
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La derecha se decanta por estigmatizar la protesta social y por ahora no ha definido aún sus candidaturas, están en búsqueda de un perfil con más experiencia en la gestión, quizás algunos de los exalcaldes de grandes ciudades: Enrique Peñaloza (Bogotá), Federico Gutiérrez (de Medellín), o Alex Char (Barranquilla).
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El progresismo, agrupado en el Pacto Histórico, se orienta por tomar las demandas expresadas en las calles para discutirlas en el Congreso, y están iniciando la campaña con Gustavo Petro a la cabeza, quien tiene un 30,3 % de intención de voto según la encuesta de CELAG, y 21 % según la encuesta de CNC. Se sumaron como precandidatos, la lideresa social afro Francia Márquez y el senador santista Roy Barreras.
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Los sectores centristas, agrupados en la Coalición de la esperanza respaldan al Comité Nacional del Paro y retoma algunas de sus demandas. Sergio Fajardo es su principal figura y precandidato con el 14, 2 % de intención de voto, según la encuesta de CELAG, y el 6 % según la encuesta de CNC, se anuncia como precandidato el senador Jorge Robledo, y el exministro santista Juan Fernando Cristo.
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El Partido Liberal está posicionando precandidaturas presidenciales que muy seguramente se integrarán a uno de los bloques opositores al Gobierno. Anunció su candidatura el senador liberal Luis Fernando Velasco llamando a la unidad de toda la oposición (sin exclusiones), y es posible que Alejandro Gaviria, exministro de salud de Santos, también anuncie su precandidatura en búsqueda de canalizar todo el voto moderado de la derecha y de sectores afines a la Coalición de la Esperanza.
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Sigue en latencia el conflicto social. El escenario social sigue siendo conflictivo, el Comité Nacional del Paro continúa planteando las demandas del Pliego nacional de 104 puntos y el pliego de emergencia, mientras el Gobierno se decantó por no dialogar con ellos y buscar desarticular la protesta social con dos leyes orientadas a legalizar los abusos represivos. El descontento social seguirá marcando la agenda de los partidos y determina el escenario para el Gobierno.
