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Un cuento de terror para niños: gatillos, violaciones y torturas policiales. Impunidad judicial
En apenas unas semanas, hubo por lo menos tres niños-adolescentes asesinados, en medio de un tiroteo, por armas policiales y al menos un fusilado por la espalda, desarmado y muerto de un tiro en la nuca, sin contar con el caso de una niña de 13 años violada en la comisaría y suicidada en un orfanato.
A fines de agosto, como ya escribimos en un boletín anterior, fue asesinada Sabrina Olmos, de 15 años, en una escuela en Morón, tras un tiroteo frente al colegio en el que estaba. Finalmente las pericias confirmaron que el arma asesina es de un policía.
El domingo 21 de este mes [septiembre], sucedió lo mismo con un niño de 7 años, asesinado por policías que se tirotearon entre ellos en Colonia Segovia, Mendoza. A raíz del tiroteo, en plena calle, falleció una de las policías involucradas y su hijo.
Del mismo modo, Franco Torres, otro niño de 13 años, fue asesinado por una banda de ladrones-policías el jueves 25 de este mes en Rafael Castillo. Cuatro hombres armados robaron una aseguradora, sin saber que el dueño, Juan Carlos Irazábal, era un ex policía que reconoció a uno de ellos y notó tenían un handy con frecuencia policial. Irazábal salió en su auto tras los ladrones. Éstos aparentemente confundieron el auto de Irazábal con otro de la misma marca y modelo, en que Franco y su padre iban al club a jugar al fútbol. El nene recibió un disparo mortal. La familia y los amigos del chico asesinado escracharon la comisaría que investiga el caso a pedradas y prendieron fuego a dos patrulleros, exigiendo justicia por la muerte de Franco a manos de estos verdugos.
Es que, ante tanta violencia y tanta impunidad, cuando ya nada puede devolver a la vida a Franco, es absurdo pretender que toda una comunidad dolida se quede tranquila, esperando simplemente que la justicia actúe, cuando es sabido que a los únicos que jueces y fiscales investigan y condenan es a los pobres, y que, cuando el delincuente tiene chapa de policía o de funcionario, hacen todo lo posible para cubrirlo.
De hecho, cabe aclarar que el testigo/damnificado es un viejo conocido. Juan Carlos Irazábal era oficial de la policía federal cuando, en julio de 1997, salió con su compañero Héctor Gerónimo Di Siervi a buscar a dos pibes que habían intentado asaltar a una pareja. Bajo un árbol, vieron unos pibes con gorritas de visera, y concluyeron que eran ellos. Dispararon y e hirieron de muerte a Elio Gabriel Salas, de 16 años. Cuando se acercaron, el pibe, agonizante, les dijo que llamaran a su papá. que era policía. Irazábal y Di Siervi fueron escandalosamente absueltos en un primer juicio luego anulado, y condenados a 9 años de prisión el año pasado, pero un recurso ante la Corte hizo la magia habitual y ambos policías siguen en libertad.
Ese mismo 25 de septiembre, pero en Río Negro, Pablo Alejandro Vera, de 23 años, fue fusilado cuando daba la espalda a su asesino, un policía administrativo que estaba de licencia y que está por retirarse de la fuerza, que le pegó un tiro en la nuca.
Un día antes, fue hallada muerta la niña Micaela Romero, de 13 años, en Corrientes. La chica se había fugado de su casa, ante lo cual su madre recurrió a la comisaría del menor, la mujer y asuntos juveniles. La policía la encontró y, por disposición de la jueza Irma Domínguez, la encerraron en la comisaría en calidad de detenida, donde fue violada y abusada sexualmente por varios policías. Ante esta situación, la jueza, en lo que es una muestra de impunidad y de cómo la policía y la justicia se manejan para cubrirse entre sí, envió a Micaela a un hogar de niños, donde fue encerrada en una habitación en la que la encontraron ahorcada a la mañana siguiente.
Por último, en esa misma semana el Tribunal Superior de Justicia en Neuquén redujo la condena lograda al policía Claudio Salas por el asesinato de Brian Hernández, de homicidio calificado (por ser policía y estar en uso de sus funciones) a homicidio simple. El argumento ni siquiera fue obra de su propia defensa, sino de los vocales Kohon y Cancela, en otra muestra de cómo la justicia está siempre al servicio de las fuerzas policiales, la fuerza armada del Estado.
Es el Estado, justamente, el que, más allá de quien gobierne, le asigna ese rol represor y disciplinador a la policía, y a la vez pone a su disposición todo el aparato judicial para que la maquinaria completa nunca deje de funcionar, para que se mantenga la impunidad y sigan muriendo pibes en las peores condiciones de crueldad, sin que los asesinos y los violadores paguen por esas vidas arrancadas, por esas personas torturadas y abusadas. Y los medios de comunicación, por supuesto, siempre avalando la versión de la policía y de la justicia.
Por eso es que no confiamos en el Estado y creemos que, aunque demos la pelea con las herramientas legales que están a nuestro alcance, la lucha fundamental se da en la calle, con la organización de las familias, los amigos y los vecinos.
