Un Estado para el capital. ¿Es posible otro?

El gobierno de Javier Milei avanza sobre diversos organismos del Estado, en un recorrido con anuncios casi diarios: La reorganización y reducción de personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la privatización del ferrocarril Belgrano Cargas, que podría extenderse a otros ramales ferroviarios. Días antes se hizo el anuncio del desmantelamiento de la Casa de la Moneda, y hubo avisos de ventas de inmuebles de propiedad del Estado.

Se le suma el propósito de la transferencia a privados de la porción del espectro radioeléctrico que tiene Arsat, a lo que se le podría sumar el desguace o privatización de la empresa de tecnología satélital. Esta última privatización tiene nombre y apellido, Elon Musk, el amigo dilecto del presidente.

Aerolíneas Argentinas sigue en el tapete, en una previsión que incluye la futura derrota sindical y posterior toma por asalto de la línea de bandera, es probable que a cargo de aerolíneas latinoamericanas como Gol y Avianca.

Y aparece, todavía en rango de versión de confirmación pendiente, el propósito de efectuar privatizaciones parciales y posterior cierre en Enarsa, la empresa energética creada en los años de Néstor Kirchner. Usinas térmicas, plantas de energía eólica y gasoductos podrían formar parte del “paquete” a venderse.

Las razones esgrimidas para las privatizaciones y reducciones son los tradicionales del pensamiento ultraliberal: eliminación de gastos superfluos, combate contra la “corrupción”, mejor calidad de los servicios si se los pone a cargo de empresarios privados. Verdades a medias o falsedades completas que procuran legitimar el remate a favor de las grandes empresas.

Hay también líneas específicas de argumentación, como el propósito de debilitar a los órganos perceptores de impuestos, que en la retórica del gobierno serían los organizadores de un “robo” contra la propiedad privada y la libertad económica.

Allí se inscribe el reemplazo de AFIP por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el anuncio de la eliminación de más de 3.000 puestos en la organización tributaria.

Ajuste 2025

Recorre las comisiones de la cámara de diputados el proyecto de presupuesto para el próximo año. Presenta recortes muy fuertes en términos reales en las más diversas materias, incluidos salarios estatales, jubilaciones, obras públicas, educación, subsidios.

Es objeto de especulación si el gobierno pretende la aprobación del proyecto con pocos cambios, o bien tendrá un talante negociador que admita modificaciones sustanciales. O si prefiere que el Congreso lo rechace, para quedar en condiciones de hacer y deshacer lo que quiera con los fondos públicos durante 2025.

En paralelo corren “trascendidos” acerca de concesiones que haría el oficialismo en las controvertidas materias universitaria y jubilatoria. Claro que a cambio de reducciones en otras áreas, conforme a la doctrina oficial del “déficit cero” a cualquier precio.

Por supuesto que no entrará en esa discusión la reformulación de los ingresos, por ejemplo para eliminar exenciones y privilegios fiscales para grandes oligopolios. Habrá que ver.

Y todo, ¿para qué? Y ¿con quién?

Entre los propósitos de la política ajustadora y privatizadora se combinan varios objetivos. En primer lugar, la apertura o ampliación de oportunidades para los empresarios privados. Luego, la privación de derechos, el agravamiento de las desigualdades, la supresión o reducción al mínimo de todo lo que sean políticas sociales. Y, cómo no, el fortalecimiento del aparato de represión contra quienes protesten.

Más para los de arriba, menos para los de abajo, con el aparato estatal a la vez como actor y escenario de esa redistribución regresiva.

Ya sabemos que el gobierno contará para esas finalidades con los aliados de PRO y la “oposición” amigable de la mayoría del radicalismo (derecha) y el grueso de partidos y alianzas provinciales. Dentro y fuera del Congreso Nacional. Para el presente inmediato y con miras a las elecciones parlamentarias de 2025.

Entretanto la fuerza no gubernamental con mayor representación, el Partido Justicialista y sus aliados de Unión por la Patria (peronistas), se apresta a dar la espalda al padecimiento social. Enfrascado en una disputa por espacios de poder, sin raíces ideológicas ni programáticas.

Será bueno que los investigadores de opinión pública les pregunten a jubilados con la mínima, estatales en trance de desempleo y precarizados con salarios derruidos si prefieren a “Cristina” o a “Axel”. Está garantizado que muchas de las respuestas serán irreproducibles.

Poco y nada pueden esperar los de abajo de un sistema político en descomposición. Una alternativa popular es una necesidad imperiosa. No es un “espacio a ocupar” sino un ámbito a diseñar, edificar y militar, con voluntad y conciencia.

Entre las preguntas insoslayables que deberá hacerse esa construcción nueva escogemos hoy una: ¿Qué Estado para qué sociedad?

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