Una trama oscura sacude Brasil

“Ahora nadie podrá negar que hubo un plan de golpe de Estado para no dejarnos asumir la presidencia de la nación”, dijo el presidente brasileño Lula da Silva, el jueves 28 de noviembre en Brasilia, justamente a pocos metros de donde, el 8 de enero de 2023, una turba bolsonarista había invadido el Congreso e intentado tomar el Palacio del Planalto (sede presidencial) para derrocar su Gobierno.

Aquella revuelta –conocida como el Asalto a la Plaza de los Tres Poderes– había sido la última acción desesperada del plan al que se refería Lula en su discurso. La conspiración, pergeñada varios meses antes por un sector de altos mandos de las Fuerzas Armadas, iba mucho más allá de un golpe de Estado. El objetivo era que el entonces presidente, el ultraderechista Jair Bolsonaro, se mantuviera en el poder y para eso se planificaron los asesinatos de Lula, de su vicepresidente, Geraldo Alckmin, y del juez de la Corte Suprema de Justicia, Alexandre de Moraes.

Los detalles de la confabulación cívico-militar se encuentran en un informe de 800 páginas realizado por la Policía Federal luego de dos años de rastrear mensajes en celulares y computadoras; de allanamientos, de interrogatorios y de seguimiento de pistas que indefectiblemente terminaban en oficinas o cuarteles y que señalaban a Bolsonaro como el jefe de la banda.

“Las pruebas obtenidas a lo largo de la investigación demuestran de manera inequívoca que el entonces presidente, Jair Messias Bolsonaro, planificó, actuó y tuvo control directo y efectivo sobre los actos de ejecución llevados a cabo por la organización criminal que pretendía lograr un golpe de Estado (…), hecho que no se consumó por circunstancias ajenas a su voluntad”, dice el informe.

Bolsonaro es el primer militar en la historia de Brasil en ser investigado por la Justicia por querer dar un golpe de Estado.

Aunque aún no se conoce hasta dónde pueden llegar las conexiones profundas del intento golpista y magnicida, la hipótesis más firme indica que esa “circunstancia ajena por la que no se consumó”, en realidad, se debe a una confrontación interna de las FF.AA. Los crímenes no se habrían podido ejecutar porque los entonces comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea no apoyaban el plan.

El teniente brigadier Carlos de Almeida Baptista Júnior, excomandante de la Fuerza Aérea de Brasil, declaró a la policía que el entonces jefe del Ejército, general Marco Freire Gomes, advirtió a Bolsonaro que si intentaba un golpe, suspendiendo la Constitución mediante decretos, iba a tener que arrestarlo. En cambio, el excomandante de la Armada, el almirante Almir Garnier Santos, no solo respaldó el golpe sino que le ofreció sus tropas a Bolsonaro. Garnier Santos se negó a declarar ante la policía.

Operación Puñal Verde y Amarillo

“Para ejecutar al presidente Lula, se tuvo en cuenta su vulnerable estado de salud y sus frecuentes visitas al hospital y se contempló la posibilidad de utilizar veneno o productos químicos para provocar un colapso orgánico”, dice el informe policial divulgado con la autorización de la Justicia brasileña.

El plan –que tiene reminiscencias de los golpes militares sudamericanos del siglo pasado– fue bautizado “Puñal verde y amarillo” (la alusión a un asesinato y a la bandera de Brasil son obvios). Se discutió en la casa de un defensor confeso de la dictadura militar brasileña, el general (R) Walter Souza Braga Netto, quien fue jefe de gabinete y ministro de Defensa durante el gobierno de Bolsonaro y su compañero de fórmula en las elecciones en las que buscaba su reelección. El magnicidio se terminó de diseñar el 12 de noviembre de 2022, luego del triunfo de Lula en el balotaje. Con total impunidad, el documento que contenía los pasos del atentado se imprimió en el Palacio del Planalto cuando todavía lo ocupaba Bolsonaro.

Otros jerarcas acusados son el general Augusto Heleno Ribeiro Pereira, exministro de Seguridad; Anderson Torres, expolicía y exministro de Justicia, detenido también por liberar la zona el 8 de enero de 2023 para el Asalto a la Plaza de los Tres Poderes, y Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal, al que pertenece Bolsonaro. Entre los 37 imputados (25 de ellos militares) hay un solo extranjero: el comunicador argentino Fernando Cerimedo, creador del portal La Derecha Diario, quien participó en las campañas presidenciales de Bolsonaro (2018) y Javier Milei (2023).

Otro hombre clave fue el general Mario Fernandes, a quien se le atribuye una de las posiciones más radicales del grupo golpista. Fernandes era secretario general interino de la Presidencia y dirigía el comando de elite “Kids Pretos” (Chicos Negros, llamados así por usar pasamontañas de ese color), especializados en infiltración y desestabilización.

Una de las pruebas contra Fernandes es un audio donde el militar da detalles de cómo sería la emboscada contra el juez De Moraes y admite que Bolsonaro está al tanto de la conspiración.

Hasta el momento hay cinco cabecillas presos, cuatro militares y un policía. La semana pasada, mientras en Río de Janeiro se llevaba a cabo la Cumbre del G20, fueron detenidos el mencionado Mario Fernandes, Hélio Ferreira Lima, Rafael Martins de Oliveira, Rodrigo Bezerra de Azevedo y el policía Wladimir Matos Soares, quien fuera guardaespaldas de la expresidenta Dilma Rousseff y, en el momento de golpe fallido, integrante de la seguridad de Lula.

Los Kids Pretos

Según el plan operativo “Puñal Verde y Amarillo” (PVA), muchas acciones criminales –incluidas las ejecuciones de Lula, Alckmin y de Moraes– iban a ser llevadas a cabo por los Kids Pretos, apodo que reciben los soldados egresados del comando de Operaciones Especiales del Ejército Brasileño. Este comando tenía también a su cargo establecer una “Oficina de Gestión de Crisis Institucional” para hacer frente a las repercusiones institucionales de los crímenes.

Bolsonaro negó estar al tanto del PVA. Sin embargo, su ex edecán y hombre de máxima confianza, el teniente coronel Mauro Cid, confesó, después de tres horas de interrogatorio, que su jefe participó en la elaboración del plan para matar a Lula y dar un autogolpe. Luego de estar un mes preso, el valiente militar Cid se acogió al beneficio de “delación premiada” por lo que su pena de cárcel quedó reducida.

PVA tenía cinco centrales dedicadas a difundir noticias falsas, incitar a los militares, buscar salidas jurídicas, ejecutar acciones golpistas y realizar labores de inteligencia. Las órdenes de Bolsonaro “impregnaron todos los núcleos organizativos, pero él actuó directamente en el núcleo responsable de desinformación contra el sistema electoral”, según la investigación.

Lazos peligrosos

Entre los 37 imputados por la Policía Federal de Brasil está Fernando Cerimedo, argentino, especialista en manipulación mediática de redes y propagación de noticias falsas. Está acusado de integrar la célula “Desinformación y ataques al Sistema Electoral”, una de las cinco del operativo PVA y la única que respondía directamente a Bolsonaro.

El argentino, que tiene lazos cercanos con Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, cumplió desde ese lugar un rol fundamental en estos «nuevos» golpes del siglo XXI: la instalación de la idea de fraude electoral, paso previo y necesario para crear un clima golpista. La similitud con la atmósfera creada en las últimas elecciones en Venezuela y en las de Bolivia (2019), previas al golpe contra Evo Morales, no es coincidencia.

El 4 de noviembre de 2022 se propagó por las redes un video denunciando supuestos desperfectos de las urnas electrónicas que logró sembrar dudas en la opinión pública brasileña. Según el arrepentido Mauro Cid, “el autodenominado Gabinete del Odio (GDO, del que Cerimedo era parte) buscaba, a través de milicias digitales y multicanales, propagar la idea de que las elecciones presidenciales de Brasil fueron fraudulentas, animando a sus seguidores a resistir frente a cuarteles e instalaciones de las F.FAA. y crear el entorno adecuado para la intervención de las fuerzas militares”.

La investigación sobre el complot fue entregada, la semana pasada, al procurador general brasileño Paulo Gonet, quien deberá decidir en los próximos 15 días si remite o no la denuncia a la Corte Suprema. Por otra parte, en Argentina, el juez federal Daniel Rafecas ordenó la aprehensión contra 61 bolsonaristas que se encontraban prófugos y condenados por participar en el golpe de Estado fallido. Cosa que seguramente no se llevará a cabo.

Revista Acción