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Venezuela: La guarimba es la continuación de la guerra económica por otros medios
Desde el año 2013 Venezuela es víctima de una guerra económica que tiene como principal objetivo privar a la población venezolana del acceso de bienes esenciales para su vida, principalmente alimentos y medicinas.
Tres mecanismos de alteración y desestabilización económica, encabezados por grandes sectores del capital global y local, se han aplicado para forzar el debilitamiento del tejido social, económico y político de la nación.
La perturbación del mercado cambiario dirigido a producir una espiral inflacionaria que imponga costos cada vez más altos a la capacidad de compra. Sabotajes financieros y maniobras de bloqueo para impedir, en un contexto de caída de los precios del petróleo, que el Gobierno nacional obtenga los recursos líquidos necesarios para recomponer el cuerpo económico del país. La Asamblea Nacional de la mano de Julio Borges ha entregado cartas a bancos y empresas internacionales para blindar jurídicamente esta operación. Fabricar una situación de impago de deuda (default) desde EEUU con el propósito de embargar importantes activos petroleros de Pdvsa, en busca de obstaculizar la importación de alimentos y medicinas vitales para la población.
En lo coyuntural el objetivo es político en tanto y en cuanto el cuadro de asedio económico impone condiciones de agotamiento social que buscan ser capitalizados políticamente por la oposición venezolana. Además de crear las condiciones internacionales para forzar la implementación de un “canal humanitario” como formato de intervención preventiva.
En su trascendencia, el objetivo perseguido es mucho más peligroso: la ruina económica del país y el colapso del Estado-nación como condición previa para facilitar la entrega del país a las corporaciones, quienes en un contexto de agotamiento de recursos naturales y feroz competencia necesitan de un Estado con poblaciones vulnerables para imponer condiciones ventajosas para el saqueo.
Saqueos programados: balance
Desde las primeras semanas de empezada la violencia callejera, los saqueos programados (siempre posteriores a actividades convocadas por la oposición) han venido tomando un protagonismo cada vez más relevante.
Resaltan los casos de algunos municipios y ciudades periféricas de los estados Carabobo, Miranda, Lara, Táchira, Mérida y Bolívar, así como en la parroquia El Valle de la capital venezolana, donde medianos y grandes comercios, así como depósitos de medicinas y centros de públicos de salud (Hospital Materno Infantil de El Valle y CDI en Lara) y alimentos, fueron salvajemente atacados.
Según datos presentados por el presidente Nicolás Maduro, más de 500 comercios en esos estados han sufrido daños irreparables y dejando pérdidas superiores a los 50 mil millones de bolívares.
Sin embargo, otro dato refleja la intención política detrás de estos saqueos. El presidente de la red Mercal, Tito Gómez, afirmó hace pocos días que varios depósitos de esa institución utilizados por los CLAP han sido atacados en distintos estados del país. Se sustrajeron más de 15 toneladas de alimentos, generando pérdidas por el orden de los 600 millones de bolívares. También fueron incendiados varios camiones de la flota de Mercal en el estado Lara.
En cada uno de estas operaciones de saqueos existe un punto en común: el uso de bandas armadas en complicidad con actores de la MUD como combatientes de primera línea, a calco y copia de lo ocurrido en El Valle y recientemente en Táchira.
En este sentido, al igual que 2016, los centros de abastecimiento para los planes que lleva a cabo el Gobierno para atender a la población más vulnerable del país representan un objetivo militar. Impedir y paralizar por vía de estas operaciones vandálicas la recuperación económica del país es un factor clave para escalar políticamente la confrontación.
En los últimos dos días tanto en los Altos Mirandinos como en el estado Táchira más de 70 comercios fueron saqueados, aumentado el saldo ya elevado de pérdidas materiales y financieras.
Plantones, barricadas y guarimbas
En una escala inferior de confrontación, los plantones, cortes de vías, barricadas y guarimbas focalizadas, después y durante las convocatorias de la MUD, también contribuyen al cuadro de desestabilización económica. Afectando, principalmente, las rutas de abastecimiento de alimentos y de combustible, retrasando sus despachos y en oportunidades atacando directamente a camiones de carga, como el caso de Bailadores en el estado Mérida.
El uso de estos mecanismos para intentar paralizar las arterias comerciales vitales para el país coincide, a su vez, con la declaración de paro realizado por carteles del latifundio venezolano como Fedenaga en el estado Táchira y la Asociación de Ganaderos de El Vigía, estado Mérida. Una maniobra útil tanto para medir reacciones como para ir acumulando factores y actores en función de la variante económica de la agenda de golpe.
Los focos que representan mayores niveles de violencia armada contra comercios y rutas de distribución enarbolan una cartografía desplegada en los cordones productivos y poblaciones del occidente del país. Esta región concentra más del 50% de la producción y distribución de rubros alimentarios no industriales de consumo masivo esenciales para la población (carnes, vegetales, legumbres y materias primas para la agroindustria), como también las principales arterias comerciales de salida para las distintas ciudades del eje norte y oriental del país de mayor densidad poblacional.
Guerra de desgaste: el caso Táchira
El ministro de defensa Vladimir Padrino López dijo el 17 de mayo que estas acciones se enfilan como “una estrategia para caotizar al país en cuanto al abastecimiento de los alimentos, medicinas, combustible, el gas y todos los insumos para el abastecimiento nacional”. Esto en el marco de la activación de la fase 2 (envío de 2 mil efectivos de la GNB y 600 tropas especiales) del Plan Zamora para contener la violencia armada en el estado Táchira.
Específicamente en el estado Táchira estas acciones resaltan por su alto nivel de coordinación y de complicidad política con actores económicos y políticos locales y regionales, como los antes mencionados.
Factores irregulares y paramilitares en Táchira, a la luz del desmantelamiento de un campamento en el municipio Ayacucho y la captura del jefe de finanzas de la Bacrim colombiana Los Rastrojos, comienzan a adquirir visibilidad y protagonismo en el marco de estas operaciones de violencia armada contra la economía del país.
Su nivel de correspondencia con tácticas de desgaste y sabotaje focalizado hacia la infraestructura alimentaria y de salud, de rutas de abastecimiento de bienes esenciales y combustibles, además de la red de instituciones públicas, tiene en otros contextos de guerra irregular sus propias referencias.
Aunque en Táchira se evidencien con más fuerzas estas operaciones. dada la proximidad con el paramiltarismo colombiano, en el resto de las entidades acá comentadas ocurre el mismo formato pero bajo alianzas de la MUD con bandas armadas.
Como en el caso de la guerra en Nicaragua donde los factores irregulares financiados por EEUU (mediante la CIA) no tenían como objetivo la toma del poder, sino el sabotaje extremo de las líneas de defensa militar y alimentaria del país con miras a desgastar a la población y al gobierno sandinista, precipitando las condiciones previas de ruina económica y debilitamiento del tejido social necesarias para la toma del poder por parte de actores políticos alineados con EEUU.
En Venezuela ese trasplante de factores irregulares con similitud en cuanto a fines políticos con el modelo nicaragüense viene solidificándose desde el año 2000, según el investigador Darío Azzellini.
El paramilitarismo y el traslado de su portafolio de acciones bélicas hacia la infraestructura económica del país no es más que su expresión nítida como ejército privado del neoliberalismo (corporaciones estadounidenses más empresarios locales) en un contexto de guerra irregular. Modelo que al no poder imponerse por la vía política, utiliza la fuerza cruda y descarnada. Su objetivo es el Estado y sus expresiones concretas: los CLAP, centros de salud, hospitales públicos y rutas de abastecimiento alimentario y de combustible.
