Venezuela: Prometeo desencadenado

El martes 21 de junio, en el Palacio de Miraflores, se produjo un encuentro público entre el presidente Nicolás Maduro y militantes de las organizaciones que integran la plataforma Movimiento de Pobladores y Pobladoras, a saber: Comités de Tierras Urbanas, Movimiento de Inquilinos e Inquilinas, Movimiento de Trabajadoras Residenciales Unidas por Venezuela, Campamentos de Pioneros y Pioneras, y Movimiento de Ocupantes de Edificios Organizados de Venezuela.

El encuentro, que reunió a más de dos mil personas, estuvo precedido de una movilización popular que partió de Parque Carabobo, a unas catorce cuadras de la sede de la Presidencia de la República.

Destacó la participación de integrantes de varias Asambleas de Viviendo Venezolanos y Venezolanas (AVV), organizaciones no incorporadas formalmente a la plataforma, pero con disposición de sumarse a un frente común de lucha por el derecho a la vivienda.

De igual forma, resultó muy significativa la presencia de un numeroso contingente de compañeros y compañeras provenientes de Barquisimeto, capital del estado Lara, donde recientemente han ocurrido sucesivos intentos de desalojos arbitrarios, sobre todo en el centro de la ciudad, y que han sido impedidos por la organización popular. Voceros del movimiento han denunciado que estos episodios prefiguran una arremetida de mafias inmobiliarias.

En apariencia modesta en términos cuantitativos –al menos para los estándares venezolanos–, la movilización constituyó un importante triunfo no solo para Pobladores y Pobladoras, sino en general para el conjunto del movimiento popular. Esto por dos razones, principalmente: en primer lugar, por tratarse de una manifestación de carácter autónomo. En palabras de la vocera de la plataforma Iraida Morocoima, durante la reunión con el Presidente: “Este encuentro lo buscamos nosotros”. En segundo lugar, porque se produce en un momento caracterizado por la debilidad del mismo movimiento popular.

De hecho, la jornada del 21 de junio fue la resultante de un intenso y profundo debate en el seno de la plataforma durante los meses previos, en el que fue recurrente el balance autocrítico. En la memoria de la militancia de Pobladores y Pobladoras pesa mucho el hito que significó, para la consolidación de la organización, y para que muchas de sus propuestas fueran luego traducidas en leyes y políticas públicas, la histórica reunión sostenida con el presidente Chávez, el 8 de enero de 2011. Once años después, y tras años de desencuentros con las instituciones, durante los cuales el apoyo se redujo casi a cero, prevalecía un enorme consenso respecto de la necesidad de sortear obstáculos y propiciar un encuentro directo con el Presidente. Pero, ¿cómo lograrlo?

Hacía falta, en primer lugar, ordenar las cosas puertas adentro. Identificar las debilidades a lo interno del movimiento. Subrayar las fortalezas, que sirven siempre como puntos de apoyo. Procesar las diferencias de manera constructiva. Reconstruir la confianza. Insuflar de ánimos a la militancia de base desesperanzada. En resumen, crear las condiciones que hicieran posible la rearticulación de fuerzas. Logrado esto, al menos en buena medida, y con un mes de antelación, se acordó una fecha para la movilización de calle. Esto último, la necesidad de retomar la calle, expresaba una de las aspiraciones más sentidas de la militancia de la plataforma.

Dicho de otra manera, sin este proceso de rearticulación de fuerzas a lo interno no hubiera sido posible ni la movilización de calle ni la posterior reunión en Miraflores. De allí la importancia, una vez más, de traer a colación aquello que, en política, no se ve. Sin lugar a dudas, tal proceso constituye una importante referencia para todo el movimiento popular.

Las demandas, o más bien los objetivos políticos inmediatos de la movilización fueron los siguientes:

- Defensa y blindaje de todos los terrenos y edificios recuperados en revolución, su transferencia en propiedad colectiva y comunal, y el reimpulso de la regularización de la tenencia en los barrios.

- Freno de los desalojos arbitrarios.

- Aprobación de una ley para el reimpulso de la producción autogestionaria de vivienda.

- Condena a toda acción de criminalización del pueblo que lucha.

- Defensa de todas las leyes que fueron construidas junto al comandante Chávez en pro de alcanzar la justicia social.

- Comunalización de las ciudades, lo que implica la transferencia de medios para la producción social de la ciudad y en la ciudad, tanto en los terrenos y edificios recuperados para las viviendas permanentes o transitorias, como para la transformación integral de los barrios populares, sus servicios, la industrialización comunal y sistemas constructivos del poder popular, a través del reimpulso de la Gran Misión Vivienda Venezuela, en la perspectiva de la construcción de un nuevo modelo de ciudad para la vida.

Todos estos asuntos fueron abordados, en mayor o menor medida, durante el encuentro con el Presidente. Iraida Morocoima, la primera vocera del movimiento en tomar la palabra, recalcó la necesidad de “escuchar bien al pueblo”, y en particular a ese “pueblo que está en la calle” y que sufre “las consecuencias de la crisis”. Además, recalcó: “No le venimos a decir que cambie al ministro. Le venimos a decir que ponga a todos los ministros al servicio del movimiento popular”, porque “al pueblo se lo baipasean cada vez que les da la gana”. En par de oportunidades demandó: “que el Estado coloque los medios”, “dennos los medios, que aquí se va a construir la revolución”. Insistió en que “las políticas que estamos planteando son para todos”, para el conjunto del pueblo venezolano, y no solo para el movimiento.

Terminó afirmando: “Si se voltea… se lo vamos a decir a Chávez… Mande con el pueblo”.

Nélida Cordero, del Movimiento de Trabajadoras Residenciales Unidas por Venezuela, hizo hincapié en la defensa de la Ley Especial para la Dignificación de las Trabajadoras y Trabajadores Residenciales, del 6 de mayo de 2011, y planteó la necesidad de aprobar el correspondiente reglamento de ley, pendiente desde entonces. Relató que, recientemente, algunos funcionarios se habían mostrado favorables a modificar el contenido de la ley, a lo que respondió con firmeza: “Si ustedes tocan la ley será por encima de mi cadáver”. Por último, intercedió en favor de varias trabajadoras residenciales, algunas de ellas de muy avanzada edad, para quienes solicitó la asignación de una vivienda.

El último vocero en tomar la palabra, Juan Carlos Rodríguez, concentró su intervención en el estatus de un conjunto de instrumentos jurídicos. En líneas generales, planteó las demandas del movimiento en tres órdenes: 1) las leyes ya aprobadas no pueden ser objeto de reforma; 2) ratificación pública, por parte del Presidente, de la vigencia de estas leyes; y 3) necesidad de implementar, sin más demoras, los mecanismos que establecen algunas de estas leyes.

Así, por ejemplo, a propósito de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas (2011), manifestó al Presidente: “Necesitamos que usted ratifique que eso todavía está vigente”.

Respecto de la Ley Especial de Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra en los Asentamientos Urbanos o Periurbanos (2011), que tiene como sujeto a los Comités de Tierras Urbanas, explicó que se sigue postergando su aplicación en el caso de las tierras privadas. En cuanto a la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas (2011), no ha sido posible avanzar en la definición de protocolos, responsabilidad que recae en el Tribunal Supremo de Justicia. Sobre la Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda (2011), que afecta a las AVV, se refirió a la existencia de “miles de terrenos que todavía no han sido transferidos a las organizaciones”, particularmente en el caso de terrenos privados. Además, argumentó la necesidad de discutir y sancionar tres iniciativas legislativas de más reciente data: una Ley de Producción Autogestionaria del Hábitat Popular, iniciativa del propio movimiento, y que incluye el reconocimiento de diversas formas de propiedad, entre ellas la propiedad colectiva y comunal; Ley Orgánica por el Derecho a la Ciudad (iniciativa de la AN), y la Ley Orgánica de las Ciudades Comunales, propuesta por el propio Presidente.

Adicionalmente, reiteró la demanda de “transferencia de medios de producción”, así como la aprobación de recursos para la recuperación de maquinarias a disposición del movimiento, y propuso la creación de una fábrica de insumos para la construcción, que llevaría por nombre Prometeo.

Más allá de la receptividad del Presidente frente a este conjunto de demandas, de las instrucciones dadas a varios ministros y ministras en plena reunión, y de los avances que puedan producirse a partir de esta, lo que por supuesto es sumamente importante, no podemos dejar de destacar lo que, a nuestro juicio, constituyó lo central de la jornada: el encuentro del Movimiento de Pobladores y Pobladoras con el Presidente volvió a dejar en claro la imperiosidad necesidad de la rearticulación del pueblo organizado, de la movilización de calle, y el extraordinario valor de la interpelación popular.

En una reunión de balance realizada una semana después del encuentro, con presencia de varias decenas de militantes del movimiento, el mismo Juan Carlos Rodríguez hablaba de Prometeo, la figura mítica: aquel que había tenido la osadía de robar el fuego a los dioses para compartirlo con los seres humanos, tras lo cual había recibido el castigo de permanecer encadenado eternamente. Se trata, decía Juan Carlos, palabras más, palabras menos, de atizar y compartir el fuego con todos y todas, para despertar una fuerza que está dormida, para romper la inercia y lograr pasar a la ofensiva. Se trata, en suma, de que Prometeo logre romper sus cadenas.

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