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138 detenidos en dos meses y medio, entre ellos 82 incomunicados
El balance represivo de lo que va de año que presentó el día
16 de marzo Gestoras pro-Amnistía arroja un saldo de 138 detenidos, de
los que 92 están en la calle, tras conocerse ayer que los cuatro jóvenes
arrestados el jueves en Iruñea quedaron en libertad. En la presentación,
que corrió a cargo del coordinador nacional del organismo Julen Zelarain,
estuvieron algunos de los detenidos, familiares de varios encarcelados, la mujer
del escultor Juan Gorriti y el ex jugador de la Real Sociedad Iker Sarriegi,
cuyos domicilios registró la Guardia Civil, e Igor Eguren, de la plataforma
por la libertad de Pepe Rei. Zelarain tachó de «barbaridad»
la cifra de 138 detenidos en dos meses y medio, entre ellos 82 incomunicados,
y consideró «especialmente preocupante» el balance de marzo,
con 68 arrestos en 15 días.
«Cuando se producen detenciones, tratan de dar una imagen de eficacia
policial, con el fin de legitimar las medidas represivas y hacer creer que son
válidas para solucionar el conflicto», destacó, para denunciar
acto seguido que «se habla muchas veces del número de detenidos,
pero pocas veces de cuántos quedan en libertad».
Tras destacar que 58 personas han denunciado haber sufrido amenazas, malos tratos y torturas en dependencias policiales, 26 en manos de la Ertzaintza, subrayó que «el Gobierno no es el único responsable, hay algunos agentes y responsables políticos que, ante esta impunidad, cierran los ojos, se tapan los oídos y no abren la boca». Responsabilizó a la Audiencia Nacional de ser «el motor de este caballo desbocado de represión» y citó las operaciones contra Zabaltzen, Pepe Rei y Haika.
Asimismo, mostró su preocupación por el hecho de que «no
se ve ni rastro de la presunción de inocencia», por lo que concluyó
que «hoy en día el que un ciudadano vasco sea detenido es sinónimo
de criminalización». En ese sentido, censuró que el consejero
de Interior de Lakua, Javier Balza, haya vertido acusaciones contra varios de
los detenidos «sin que se haya celebrado juicio alguno».
Ibarretxe, «ni una gestión»
En cuanto a la presencia policial en Euskal Herria, Gestoras la cifró en 23.000 agentes, a lo que habría que añadir «otros mil guardias civiles que se han incorporado a los GAR y 150 agentes del Cesid».
La situación de las cárceles y el informe de Alvaro Gil Robles también centraron las críticas de Zelarain. Tras recordar que 91 presos deberían estar en la calle con las tres cuartas partes de la condena cumplidas, denunció que «Ibarretxe no ha hecho ni una gestión sobre la situación de los presos desde que accedió al Gobierno vascongado». Respecto al segundo, calificó su informe de «vergonzoso» y opinó que «es un intento de legitimar la violencia del Estado».
Por su parte, Josu Beaumont, coordinador de Gestoras en Nafarroa, recalcó que «la ofensiva de los estados español y francés contra Euskal Herria es la más grave y violenta de los últimos años». Consideró necesario superar el marco jurídico-político actual para solucionar el conflicto, por lo que llamó a secundar la huelga convocada para el 10 de abril por EH, así como a acudir a la manifestación de Bilbo en solidaridad con Haika.
107 ciudadanos han sido detenidos en 22 días
El balance represivo de estas tres últimas semanas arroja unos números muy elocuentes. 106 ciudadanos vascos y uno francés Philippe Berre, al que implican en el robo de 1.600 kilos de explosivos en Grenoble han sido detenidos desde el pasado 22 de febrero hasta el día 15 de marzo, de los que 67 ya se encuentran en libertad. A ello hay que sumar los numerosos registros de viviendas y locales realizados tras los arrestos.
Las últimas cinco detenciones se produjeron el 15 de marzo. Según informó Gestoras pro-Amnistía, el militante de Haika Alejo Moreno, tras presentarse voluntariamente en la Audiencia Nacional, ingresó en la prisión de Soto del Real. El joven gasteiztarra se presentó ante el juez Baltasar Garzón después de que agentes de la Policía española acudieran a su domicilio con la intención de detenerle en la madrugada del pasado día 6 de marzo, dentro de la operación desarrollada contra la organización juvenil.
Por otra parte, la Policía española detuvo, bajo acusaciones
de «amenazas terroristas y lesiones graves», a los jóvenes
iruindarras Xabier M.G., Rubén M.I., Fernando L.S. y Fermín Beaumont.
La Audiencia Nacional rechazó hacerse cargo del caso y lo dejó
en manos del Juzgado de Iruñea, en el que declararán hoy. Fuentes
conocedoras del caso indicaron a GARA que los cuatro jóvenes estarían
detenidos a raíz de un altercado en un bar.
Por contra, el vecino de Lizarrabengoa Jexus Mari Reparaz quedó ayer
en libertad después de que fuera encarcelado el 23 de febrero tras recurrir
el fiscal la libertad condicional a la que accedió tras estar 20 años
preso.
García Gaztelu, Haika, refugiados...
La larga cadena de arrestos llevada a cabo en estas tres semanas se inició el mismo día del atentado registrado en Martutene. La Policía francesa detuvo en Angelu a Xabier García Gaztelu y a Esteban Robidart, mientras que la española arrestaba a Jorge Macarrón en Bilbo y a Oiher Andueza en Durango.
El día siguiente se saldó con la detención de 19 personas, la mayoría practicadas por la Ertzaintza en el gaztetxe de Ordizia. La operación empezó con el arresto del vecino de Villabona Iñigo Guridi, al que el consejero de Interior de Lakua, Javier Balza, presentó como miembro del «comando Ttotto» de ETA. La misma imputación realizó sobre Eñaut Lerma, detenido en Asteasu dos días después, al que la jueza de la Audiencia Nacional Teresa Palacios dejó en libertad bajo fianza días más tarde.
El día 6 de marzo la Policía española llevó a cabo otra amplia operación. Bajo la acusación de «integración en organización terrorista» y por orden de Baltasar Garzón, 15 responsables de Haika fueron detenidos y, posteriormente, encarcelados. El mismo camino siguió otro portavoz de la organización, Asier Tapia, al día siguiente, después de que leyera un comunicado de denuncia.
Tras el atentado que costó la vida al ertzaina Iñaki Totorika en Hernani el día 8, la Ertzaintza detuvo a Jon Zubiaurre y a Asier y Aitor García acusados de estar implicados en la acción. Este último quedó en libertad después, mientras que Zubiaurre y Asier García denunciaron torturas.
Las acusaciones de pertenencia o colaboración con ETA se repitieron en los casos de Gregorio Vicario, Beñat San Sebastien, Philippe Berre, Zorion Zamakola, Lander Etxeberria y Xabier Arregi. Además, han sido arrestados decenas de jóvenes acusados de participar en acciones de kale borroka y algunos refugiados. La mayoría quedó en libertad sin pasar ante el juez.
«Salto represivo»
El coordinador nacional de Gestoras pro-Amnistía, Juan Mari Olano, tras invitar a la sociedad vasca a expresar su apoyo a Haika en la manifestación de mañana en Bilbo, señaló ayer en un comunicado que la operación contra la organización juvenil constituye «el último capítulo del salto represivo emprendido por el Gobierno español contra el movimiento que trabaja y lucha por la liberación nacional».
«La única apuesta del PP ante el contencioso es policial, apuesta que pretende destruir nuestro presente y futuro», añadió.
Por otra parte, la Audiencia Nacional acordó ayer su competencia para juzgar a seis jóvenes acusados de participar en actos de kale borroka, cuatro de ellos menores de edad, que deberán quedar a disposición del Juzgado Central de Menores de este trubunal. Los abogados de los jóvenes habían solicitado remitir la causa a juzgados vascos.
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