x Armando G. Tejeda

Madrid, 3 de junio. La organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) manifestó hoy su "preocupación" ante la inminente aprobación en España de la nueva ley de partidos políticos, creada ad hoc para declarar ilegal al considerado brazo político de ETA, Batasuna, coalición de varias decenas de formaciones que representa 10 por ciento del electorado vasco.

AI se suma así al alud de críticas que ha levantado la normatividad propuesta por el Ejecutivo español presidido por el conservador José María Aznar, quien hoy calificó de "perversión moral e intelectual" la carta en la que la mayoría de la Iglesia católica vasca criticó la eventual proscripción de Batasuna.

La nueva ley de partidos políticos que será votada esta semana en el Senado pretende disolver a Batasuna por considerar que forma parte del entramado "terrorista" del grupo armado separatista ETA. La normativa, que cuenta con el apoyo del gobernante Partido Popular (derecha) y de la oposición socialista, es rechazada por el resto de las formaciones, el gobierno vasco y buena parte de las organizaciones civiles involucradas en el proceso de paz en el País Vasco.

A las críticas a la normativa hoy se sumó AI. Debido a "la ambigüedad y la impresición de algunos artículos del proyecto de ley, se pudieran emprender procesos de proscripción de partidos políticos que propugnen el cambio de principios constitucionales o leyes de forma pacífica, lo que sería contrario a la Constitución española", advierte el organismo.

Ante la incertidumbre creada por la aprobación de la ley, la organización humanitaria con sede en Londres pidió al Parlamento español que en las sesiones de aprobación de la normativa se "eliminen o sustituyan" las ambigüedades por otros criterios más "precisos", para evitar que la ley atente contra los derechos de "libertad ideológica, de expresión, de asociación o de participación en los asuntos públicos".

Contra la constitución

Para AI también es preocupante que por el empecinamiento en declarar ilegal a un partido se incluyan en una ley general frases como: "utilizar como instrumentos de la actividad del partido símbolos, mensajes y elementos que representen o se identifiquen con las conductas asociadas al terrorismo", oración que podría llevar, a juicio del organismo, a la proscripción de "partidos que compartan con los grupos armados objetivos como la independencia, pero que no aboguen ni usen la violencia. Ese podría ser el caso, por ejemplo, de partidos que empleen mensajes de apoyo al reagrupamiento de presos".

Además, AI exigió al Estado español que "garantice que todas las medidas que se adopten para salvaguardar la seguridad dentro de la lucha antiterrorista sean plenamente conformes a las leyes y normas de derechos humanos y aseguren a todas las personas el disfrute pleno de todos sus derechos", en aparente alusión a las reiteradas denuncias de torturas y malos tratos contra miembros de ETA detenidos.

A su vez, el Consejo de la Juventud del País Vasco aprobó en su asamblea anual un manifiesto en el que expresa su "preocupación por la ley, ya que además de dejar sin expresión política a parte sustancial del electorado vasco, puede tensar y crispar aún más la situación social y política que vivimos".

En tanto, desde Helsinski, Aznar se refirió a la polémica surgida a raíz de la manifestación pública de la mayoría de la Iglesia vasca contra la ley de partidos y a favor del reconocimiento del derecho de autodeterminación.

Después de que los tres obispos de las diósesis vascas advirtieran el 30 de mayo, con el apoyo de cerca de 400 sacerdotes de la región, sobre las "consecuencias sombrías" que traería la proscripción de Batasuna, Aznar señaló hoy que esa petición es "especialmente desafortunada y muestra una perversión moral e intelectual grave.

"En este caso tengo que hacer un esfuerzo muy especial para no decir lo que, a veces, el corazón te puede llevar a decir, pero cuando se llega a afirmar por parte de unos obispos que lo mejor que les puede pasar a las víctimas (de los atentados de ETA) es que los criminales anden sueltos, se está ante una perversión moral e intelectual grave", sostuvo el líder conservador.

Esta postura fue reiterada por el ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Piqué -el responsable de tramitar la queja formal al Vaticano contra la prelatura vasca-, quien calificó hoy de "repugnante" la carta de los sacerdotes, y aseguró que este pronunciamiento es "motivo de preocupación de la Santa Sede", la cual, sin embargo, decidió no intervenir en respeto a la soberanía de las diócesis.

Aquí la postura de la Iglesia vasca provocó malestar en la Conferencia Episcopal Española (CEE), de la que forma parte el arzobispo castrense (figura que existe en pocos países, pero que España se mantiene desde el franquismo), José Manuel Estepa, quien convocó a una reunión extraordinaria de la Comisión Permanente de la CEE para redactar un comunicado contra la postura de sus homólogos vascos.

Desde Batasuna, el único europarlamentario de la formación, Koldo Gorostiaga, advirtió que la Unión Europea ya sentó doctrina sobre la proscripción de partidos políticos en la resolución adoptada sobre el partido kurdo Hadep de Turquía, caso que a su juicio se puede aplicar como "anillo al dedo" al caso de Batasuna.

Pero Joseba Alvarez, miembro de la Mesa Nacional de Batasuna, añadió que en caso de que se apruebe la ley de partidos, "se hará en contra del criterio de la Unión Europea."

En Venezuela, por otro lado, la organización de derechos humanos PROVEA denunció este lunes que la deportación a España el sábado pasado del presunto miembro de ETA Juan Víctor Galarza es parte de una campaña contra la comunidad vasca en Venezuela, según consignó Afp.

El director de la organización, Marino Alvarado, consideró que con esta deportación el gobierno de Hugo Chávez está "cediendo ante presiones del gobierno de España", y afirmó que aunque la policía política afirmó que Galarza estaba ilegalmente en el país, "esto es falso, ayer presentamos su pasaporte español emitido por el consulado de Caracas en 2001 y la cédula de identidad que lo acredita como residente".

Por su lado, familiares y dirigentes de la comunidad vasca protestaron hoy ante la Fiscalía General de Venezuela contra el "secuestro" de Galarza.