29 de mayo de 2002. Amnistía Internacional volvió a mostrar ayer su preocupación por los casos de torturas y malos tratos a detenidos que se producen en el Estado español y la impunidad con la que se llevan a cabo. Por ello, insistió en la necesidad de adoptar medidas garantistas como la grabación en vídeo de los interrogatorios policiales a los detenidos. Andrés Krakenberger, portavoz del grupo de Gasteiz de AI, destacó que la grabación es una garantía mutua para el interrogado y el interrogador, porque evita las torturas y también la posibilidad de falsas denuncias contra las fuerzas policiales.

El Informe de Amnistía Internacional vuelve a reflejar, un año más, las «denuncias de torturas infligidas por agentes de la Guardia Civil o la Policía a presuntos miembros de ETA detenidos en régimen de incomunicación en virtud de la ley 'antiterrorista'».

Andrés Krakenberger, ex presidente de AI en el Estado español y portavoz del grupo de Gasteiz, mostró la preocupación por la impunidad de la que gozan los torturadores. Reiteró, por ello, las recomendaciones que ya han venido haciendo con anterioridad organizaciones intergubernamentales como el Comité para la Prevención de la Tortura. Entre estas medidas se encuentran la retirada de la extensión del periodo de incomunicación de los detenidos y la grabación con videocámaras de los interrogatorios.

De la grabación en vídeo destacó que es una medida de fácil aplicación que además constituye una garantía mutua para el detenido y sus interrogadores, puesto que defiende al primero de posibles malos tratos y a los segundos de falsas denuncias. Krakenberger explicó que es posible dotar a las videograbadoras de seguros técnicos que registren la posible manipulación de las imágenes.

Amnistía Internacional no acierta a entender la negativa de las autoridades a admitir este tipo de recomendaciones.

La grabación de los interrogatorios es una medida que viene demandándose de antiguo. En diciembre de 1985, un informe del Gobierno de Lakua ya recomendaba la instalación en dependencias policiales de «un circuito cerrado de TV sin voz en el centro de interrogatorio con la grabación correspondiente y vigilancia de un oficial». La propuesta se dirigió a Madrid, que la desoyó. Con el despliegue de la Ertzaintza, dicha medida tampoco fue adoptada por la Policía autonómica.

Las medidas recientemente propuestas por el TAT también recogían la solicitud de la grabación. EA llevó los nueve puntos al Parlamento de Gasteiz, donde se rechazaron para adoptar en su lugar una declaración genérica contra la tortura.

El informe de AI describe las torturas denunciadas por detenidos y señala que éstas fueron también recogidas en directo por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura en entrevistas personales. Los casos que destaca a modo de ejemplo son los padecidos por Iratxe Sorzabal y Unai Romano.

AI vuelve a denunciar también este año los indultos a miembros de las FSE condenados por torturas. Destaca además la medalla concedida a Melitón Manzanas. Todo ello, unido al «laxo cumplimiento de las penas, la deficiente calidad de los informes forenses y la perpetuación del régimen de incomunicación, contribuye a crear un clima de impunidad».

El caso Marey y los atentados de ETA

La «guerra sucia contra ETA» vuelve a figurar entre las preocupaciones de Amnistía Internacional, puesto que «varios de los responsables de delitos cometidos» siguen sin ser procesados.

Especial mención le merece el caso del secuestro y detención ilegal de Segundo Marey. Relata AI que el Tribunal Constitucional desestimó el recurso contra la sentencia presentado por 11 de los 12 condenados, entre los que figuraban el ex ministro del interior José Barrionuevo y el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera. Esta decisión «supuso que las penas de prisión de ambos quedaran definitivamente fijadas en tres años y cuatro meses, tiempo al que previamente habían quedado reducidas. Sin embargo ­destaca el informe­ el 30 de mayo se les permitió, al igual que a otros tres altos cargos del Ministerio del Interior, abandonar la prisión cuando llevaban nueve horas internos, y no se preveía que fueran a cumplir más periodos de privación de libertad».

El informe recoge también que «el grupo armado vasco Paria Vasca y Libertad (ETA) continuó con su campaña de homicidios y atentados con bomba». Apunta que mató a 15 personas durante el 2001, 8 de ellas civiles, entre las que destaca al director financiero de "El Diario Vasco", Santiago Oleaga, y al juez José María Lidón.

«La continua campaña de homicidios de ETA encontró una intensa respuesta policial, política y judicial», según señala el informe. Y añade que «el acuerdo que firmaron en octubre los gobiernos de Francia y España en la ciudad francesa Perpiñán permitió la extradición temporal de presuntos miembros de ETA que cumplían condenas en Francia a fin de que también pudieran ser juzgados por delitos cometidos en territorio español». Resalta la entrega, en diciembre, de Josetxo Arizkuren Ruíz. Defensa de la soberanía como pertenencia a ETA

El informe de AI refleja que «se vio con preocupación el hecho de que las autoridades hubieran interpretado como apoyo o pertenencia a ETA algunos casos de compromiso con el concepto de soberanía vasca». Y apunta que «siguen abiertos varios procesos judiciales contra miembros de grupos nacionalistas vascos presuntamente relacionados con ETA».

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