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Ataque a Gestoras pro-Amnistía: Operación política de Estado
El Gobierno español ha entendido que el momento que vivimos exigía una operación encaminada a bloquear a una organización del movimiento independentista vasco, y para ello el Ministerio del Interior ha fabricado el basamento teórico a través de la Unidad Central de Inteligencia de la Comisaría General de Información de la Policía, y el juez Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional le ha puesto su firma. Nos hallamos ante una operación política y no meramente penal, que llega después de una continuada campaña de propaganda cuyo objeto es justificar todo tipo de acción represiva contra la izquierda abertzale. Por eso, en este contexto, nada les importa a las autoridades españolas ni al juez que firma las órdenes de detención que algunos de los argumentos empleados hayan sido ya desautorizados por la propia Audiencia Nacional. Ni siquiera le sonroja al ministro del Interior, Mariano Rajoy, tratar de presentar en rueda de prensa como un delito la entrega de un escrito ante el consulado mexicano pidiendo que se ponga fin a la expulsión de ciudadanos vascos.
La operación desarrollada contra las trece personas detenidas ayer todas ellas con actividades públicas vuelve a adolecer de las fallas legales que se han detectado en anteriores actuaciones del juez dentro del macrosumario 18/98. Se observa, por ejemplo, que a cada uno de los detenidos no se le atribuye un delito concreto, sino que es la actividad de Gestoras pro Amnistía la que se considera ilegal y se procede a actuar contra los que se considera sus dirigentes. Esta forma de instrucción ya ha sido considerada inapropiada por la Audiencia Nacional y expertos juristas, hasta el punto de que en Euskal Herria instituciones como el Gobierno de Lakua y dirigentes de partidos y sindicatos de amplia representación dudan de la fiabilidad del juez Baltasar Garzón, habiéndose generalizado el término de «garzonada» para definir este tipo de actuaciones arbitrarias.
El problema radica en que no se trata de que exista un juez visionario o que instruye mal, sino que su actuación obedece a una estrategia de Estado que tiene como fin la criminalización de una opción política concreta, lo que se traduce en que se impone una interpretación de la legalidad que cierra cualquier vía de realización a las aspiraciones de amplísimos sectores de Euskal Herria. Las llamadas «garzonadas» se vienen produciendo impunemente desde hace más de tres años, y cuando la Sala Cuarta de la Audiencia Nacional llega a enmendar su actuación el daño ya está producido. Por eso, se ve como necesario que todos cuantos critican este tipo de operaciones, contribuyan también a buscar fórmulas para poner coto a la estrategia que las sustenta.
Editorial Gara
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