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Es un error. Han dado ustedes su adhesión a una iniciativa que distorsiona la realidad de nuestro país. La Constitución española y los estatutos de autonomía derivados de ella uno para la Comunidad Autónoma del País Vasco y otro para la Comunidad Foral de Navarra- no constituyen, ni mucho menos, «lo que nos une», sino más bien lo que nos separa. Lo que nos separa radicalmente. Puesto que ambas comunidades somos, más allá de los avatares históricos, la misma: Vasconia.
Somos un pequeño país, desmembrado en tres comunidades y sometido a dos Estados.
Tres comunidades, sí. Porque una parte de nuestro país se halla fuera de la jurisdicción española, de su Constitución y de sus Estatutos, aunque no, obviamente, fuera de su jurisdicción (¿se dice así?) policial, con Tratado de Schengen o sin él: la Gendarmería francesa y la Guardia Civil española practican desde hace años un jumelage perfecto, permitiendo, por ejemplo, que 28 ciudadanos vascos fueran asesinados con total impunidad por los GAL en los años 80, o que cientos y cientos sean extraditados, expulsados o simplemente entregados a las comisarías españolas, donde, como muy bien saben ustedes o deberían saber, los ciudadanos vascos recibimos un trato exquisitamente persuasivo. Nos estamos refiriendo al extraoficial Pays Basque-Français, extraoficial porque oficialmente ni siquiera existe como tal, al estar englobado en uno de esos férreos corsés jacobinos denominados Departamentos, concretamente en el Départément des Pyrénées Atlantiques (antes des Basses Pyrénées), adjetivo cuya connotación más bien despectiva fue, bien sûr, sustituido puntual y puntillosamente por la inefable politesse parisina. De modo que somos un mini-Kurdistán. Más pequeño, aunque, como todo el mundo, también nosotros nos arrogamos el derecho a escribir con mayúsculas el nombre de nuestra nación: Euskal Herria, País Vasco, Pays Basque, Basque Country. O bien para nosotros no son más que sinónimos Navarra, Navarre, Nafarroa...
Lo que ustedes, en apoyo de la plataforma unionista pro-española de nuestro país, consideran que «nos une» es, precisamente, la raíz de nuestra desunión. La Constitución española, que no fue aprobada por la mayoría de nuestro país el año 1978 dato clave que quizá les hayan escamoteado, prohibe taxativamente el derecho a la autodeterminación de nuestro pueblo: por favor, lean su artículo VIII, donde se da carta no magna sino blanca al Ejército para que intervenga a sangre y fuego, claro está, como en Gernika, por ejemplo caso de que alguien ose atentar contra la unidad indisoluble de la nación española, única detentadora de la soberanía.
Lo mismo cabría decir, en idénticos o parecidos términos, y desde luego, en idéntico proceder, sobre el Estado francés, en lo que respecta a la parte de nuestro país bajo su jurisdicción. Chauvin era ciudadano francés; no cabe duda de que tenía y tiene alumnos aventajados a ambos lados de los Pirineos.
Y, sin embargo, este enconado conflicto político tiene solución por vías democráticas.
Nadie está tan loco aquí como para preferir la guerra a la paz, a no ser que quiera imponer la rendición incondicional a quienes deseamos que nuestro país sea reconocido y respetado como tal. Nosotros, los independentistas vascos, propugnamos una situación, a corto o medio plazo, un «escenario», como se dice ahora en la jerga política, en el cual todos los ciudadanos vascos, sin excepción ni exclusión, podamos responder a la gran pregunta tabú, formulada sencillamente de ésta o similar manera: «¿quiere usted seguir siendo ciudadano vasco-español/ francés, o prefiere ser ciudadano vasco en una Euskal Herria independiente?»... Y, nos guste o no el resultado de dicho referendum, estamos dispuestos a acatarlo. ¿Pueden decir lo mismo los ciudadanos españoles y franceses, incluidos los habitantes de nuestro país que así se consideren? Podrían decirlo, evidentemente, pero nada más lejos de su mente, hoy por hoy. ¿Quién impone a quién, entonces? ¿Quién es demócrata y quién no? Este es el nudo gordiano de la cuestión, señores, y no otro.
Podemos hablar de violencia, cierto. Aunque nuestro análisis suele ser siempre, no sólo malinterpretado, sino expresamente criminalizado. En el Estado Español, si nos permiten la metáfora, encarcelan a los meteorólogos. Si usted, analizando los milibares de presión atmosférica, la deriva de los vientos, ciclones y anticiclones, se atreve a pronosticar una borrasca en el Golfo de Bizkaia y dicha borrasca, efectivamente, se desencadena, el juez Garzón de turno, cumpliendo órdenes superiores por supuesto, le acusa de haberla producido. Son muchos los compañeros detenidos por dicho «motivo», y otros muchos lo hemos sido y lo seremos una y otra vez. No obstante, quienes firmamos este escrito formamos parte la dirección colegiada de una formación política denominada Herri Batasuna («unidad popular») todavía legal, aunque constantemente saqueada y violada por el CESID, la Policía y la Judicatura españolas, y como tal dirección, no podemos eludir la responsabilidad de informarles de ciertos hechos. Durante la tregua, la organización armada ETA cumplió escrupulosamente sus compromisos. Los estados español y francés detuvieron, en ese mismo período, a 134 ciudadanos vascos, inclusive a alguno de los miembros de la delegación que parlamentó en Zürich con los representantes del Gobierno español; 48 de las personas detenidas presentaron denuncia o alegaron públicamente haber sido torturadas por la Policía española; se produjeron 12 extradiciones o expulsiones desde diversos estados, sobre todo Francia; el militante de ETA Joselu Geresta fue arrestado, torturado, drogado y puesto en «libertad», con un chip de seguimiento instalado en su dentadura, y asesinado al cabo de una semana por sus vigilantes, con el agravante de que simularon su suicidio, de la manera más burda que jamás nadie pudiera imaginarse.
El Gobierno español, en dicho período, se jactó repetidas veces de que «el Estado no está en tregua» y siguió incumpliendo su propia legalidad en materia penitenciaria, manteniendo la dispersión de los 600 prisioneros políticos vascos en prácticamente todas las cárceles de la geografía española, y burlándose de los presos, sus familias y allegados, e incluso de las resoluciones de las diferentes instituciones así fue interpretado casi unánimemente por la sociedad vasca al decretar el traslado de un puñado de ellos desde las cárceles insulares de Canarias y Baleares a la Península, como presunto gesto magnánimo de distensión.
No seguimos, señores Grass y Saramago. Sería un insulto a su inteligencia, pretender ahora extraer conclusiones, corolarios y demás. Quedamos a su disposición para dialogar con ustedes, donde y cuando quieran. Y es ahora, al final de este escrito, cuando les queremos formular una petición: actúen en favor de la resolución dialogada de este conflicto. Ustedes, cuyo oficio consiste precisamente en oxigenar los verdaderos significados de las palabras sagradas, como libertad, democracia, pueden hacerlo. Si no, mucho nos tememos que seguiremos sumidos en la esquizofrenia colectiva, y nunca llegaremos a dilucidar, por ejemplo, si los cruzados ayudaron o no a la conquista y subsiguiente masacre de Lisboa, señor Saramago, o seguiremos llorando de rabia y aporreando, todos, nuestro respectivo tambor de hojalata, señor Grass, como Oskar Matzerath-Bronsky, desgarrados entre Danzig y Gdansk, cuando en realidad sólo queremos ser lo que somos, un país pequeño y libre, con su propia cultura, con su propio saber estar en el mundo. ¿Es mucho pedir?
Joseba Alvarez y Anjel Mari Elkano - Miembros de la Mesa Nacional de EH
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