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Contexto y coyuntura en el estado español
Iñaki Gil de San Vicente
1.- SIGNIFICADO DE UN DEBATE INSIGNIFICANTE.
2.- DEBILIDADES HISTÓRICAS Y RETROCESO INTERNACIONAL.
3.- INCAPACIDAD DE REACCIÓN Y ENDURECIMIENTO INTERNO.
4.- NACIONALISMO, MILITARISMO E IMPERIALISMO ESPAÑOL.
5.- PERIFERIA, UNIÓN EUROPEA Y ORDENACIÓN
CAPITALISTA.
6.- DERROTA HACIA EL ESTE Y MIEDO HACIA EL OESTE.
7.- ALTA BURGUESÍA EUROPEA Y DOBLE OPCIÓN ESPAÑOLA.
8.- RESUMEN.
1.- SIGNIFICADO DE UN DEBATE INSIGNIFICANTE.
Podemos decir que el clima y expectación creados por lo que se anuncia como un posible debate sobre el "patriotismo constitucional" entre el PSOE y el PP, es el anuncio de algunas pequeñas disputas futuras, si llega a verlas, pero a la vez también un reflejo y síntesis de todos los problemas estructurales que afectan al Estado español y que, en el actual contexto mundial, europeo y propiamente español, se agudizan a tope. Debate inicialmente abierto con anterioridad, desde febrero del 2001, cuando alguna ministro del PP citó por primera vez el "patriotismo constitucional" en un acto público, y oficializado internacionalmente por el rey que Franco nombró en su discurso del 25 del octubre pasado en Utrech, en el que calificaba a la derrota de los Habsburgo en 1713, e inclusive la pérdida de Gibraltar, como fecha del inicio de un ciclo histórico de crisis y convulsiones en la "identidad nacional española" que debe acabar en la actualidad con el "nuevo patriotismo" constitucional, cohesionador de la "nueva unidad de España". Debate ya oficializado en el Estado el 29 de octubre cuando Aznar ordenó crear una ponencia al respecto dirigida por dos sendos representantes del PP en Catalunya --Piqué-- y en Vascongadas --María San Gil--. A la vez, Mayor Oreja ha lanzado la tesis del "deber de los vascos para con España", es decir, las obligaciones materiales, sociales, culturales, políticas y éticas, que los vascos, según el PP, tenemos hacia España en agradecimiento a todo lo que ésta se ha desvelado y sacrificado por nosotros. Para ello, el PP y el PSOE deben acabar con la "comodidad" (sic) de que disfrutan no sólo la izquierda abertzale sino también los autonomistas del actual gobiernillo de Gasteiz.
No es casualidad el que este aparente debate empiece tenuemente ahora, cuando el PP comprende que tardará mucho en encontrar un sucesor seguro a Aznar para las próximas elecciones; ahora que, de nuevo y como a finales de los setenta, el capitalismo estatal vuelve a confirmar sus impotencias estructurales y su atraso histórico con el capitalismo europeo; ahora que la Unión Europea entra definitivamente en la fase cualitativa de su constitución; ahora que, en el interior del Estado, pilares básicos del nacionalismo más vetusto y feroz están siendo zarandeados por las transformaciones externas e internas; ahora, que el PSOE ha elaborado su documento de reforma del Senado --"Impulso Autonómico y Fortalecimiento del Estado de las Autonomías"-- sin tocar en absoluto nada substancial de la "unidad española", y vaciando el globo del "federalismo asimétrico", que el propio Maragall se ha encargado en realizar. Aún y todo así, los problemas internos de las "baronías regionales" del PSOE siguen en pie, pues el documento citado ha sido puesto a disposición de esos poderes internos. Recordemos que uno de los problemas más acuciantes a los que se enfrentó Felipe González y su camarilla en la segunda mitad de los setenta fue la de acabar con esa idea dentro del PSOE e imponer la disciplina madrileña. No podemos hacer un seguimiento de cómo este regionalismo ha malvivido en las catacumbas del partido pero, significativamente, ha mantenido alguna presencia práctica mediante el poder regional y hasta autonomista de las diversas baronías que recobraron su fuerza con la crisis post-felipista y ante las que la camarilla de Zapatero está teniendo dificultades en disciplinar.
Desde esta perspectiva comprendemos mejor que a finales de 1991 algunos intelectuales del PSOE leyeran con mucha atención el texto de Jürgen Habermas sobre el tema, una adecuación a otro suyo de 1989 en el que actualizaba la inicial tesis de Dolf Sternberg lanzada en la Alemania occidental de 1979. En enero de 1992 Laborda, presidente del Senado, proponía la idea al debate político oficial buscando alguna solución al caos e impotencia de esa institución para resolver el desbarajuste creciente del llamado "Estado de las autonomías" que debía tener en el Senado su cámara de "representación". El PP, que ya era entonces el representante oficial de la alta burguesía española consciente del agotamiento del PSOE, las propias corrupciones y crisis de este partido y la evolución socioeconómica general, estos y otros factores, presionaron para frenar la reflexión propuesta por Laborda pero, dentro de la intelectualidad y de algunas baronías regionales del PSOE, la idea fue germinando subterráneamente y empezó a despuntar al exterior tras la derrota electoral de comienzos de 1996, como posible altenativa de "modelo nacional español" al que estaba aplicando el PP. Y para 1998 era defendida explícitamente por intelectuales del Foro de Ermua, como J. M. Portillo en un texto colectivo sobre la decisiva importancia de la educación, de la enseñanza y de la reelaboración de la historia como métodos para erradicar la "diversidad desagregada" (sic) del nacionalismo vasco mediante una "diversidad integrada en un universo multicultural".
Comprendemos así que este debate, por un lado, no resuelve nada estratégico
ni nuevo en la sangrienta historia del nacionalismo español, y por otro
lado, busca dar una nueva excusa ideológica al capitalismo español
en estos momentos contextuales para soldar una nueva férrea disciplina
interna que garantice el esfuerzo descomunal que se está imponiendo a
las clases y naciones oprimidas por el Estado, y a sus mujeres, para cumplir
el triple objetivo del bloque de clases dirigentes -- alma y cerebro de España--
en la actualidad: reafirmar la "unidad nacional española" dando
el salto de un nacionalismo típico de finales del siglo XIX y mediados
del XX a un imperialismo interno acorde con las necesidades del siglo XXI; que
España no quede condenada a la periferia europea, obsesión del
PSOE y ya miedo pánico del PP por sus efectos nefastos para el beneficio
burgués durante todo un ciclo de acumulación capitalista, y que,
además, pueda mantenerse como un subimperialismo sobre todo en Latinoamérica
y Marruecos. Aunque los tres objetivos básicos y otros secundarios que
no podemos exponer, son relativamente autónomos en su evolución,
no es menos cierto que mantienen una dialéctica interna decisiva.
2.- DEBILIDADES HISTÓRICAS Y RETROCESO INTERNACIONAL.
El bloque de clases dominante en el Estado comprendió la excepcional transcendencia de la agudización de estas contradicciones históricas mucho antes de que estallase la crisis económica actual, e incluso antes de que se advirtieran sus primeros e inquietantes síntomas en 1999, sin hacer ahora mayores precisiones. De hecho, el esfuerzo del PSOE por asentar la tesis del "patriotismo constitucional" según envejecía la década de los noventa buscaba precisamente eso, y además en una cada vez más débil fase de expansión económica que, aún y todo así, pese a ese crecimiento anterior, no había impedido que entre finales de 1999 y comienzos del 2000, el 53,6% de las familias del Estado reconocieran pasar dificultades para llegar al final del mes, y sólo un tercio de su población podía dedicar algún dinero al ahorro, según la encuesta sobre Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística, conocida a finales de marzo del 2000. En condiciones de pobreza absoluta y relativa como estas, eran claras las ventajas que el poder obtendría modernizando la ideología patriotera e interclasista del nacionalismo español, adaptándola a las nuevas exigencia. Según empeoraba la situación socioconómica dicha necesidad y dicha ventaja todavía aparecían más claras. El 3 de abril de ese mismo año el Banco de España reconocía la tendencia al descenso de la tasa de beneficios empresariales que si en 1998 había sido del 5,1% había caído al 3,9% en 1999. Ese mismo mes abundaron las advertencias sobre el agotamiento de la competitividad económica y conforme transcurrían los días se sucedían los estudios sobre las razones de fondo, estructurales, de la desaceleración económica. Una de ellas era --es-- el secular atraso tecnológico del capitalismo español, y así el 21 de mayo se supo que España había retrocedido hasta el onceavo puesto tecnológico dentro de la UE, y que incluso le superaban Brasil y Sudáfrica, por citar algunos países del "tercer mundo". Otra de ellas era --es-- el descontrol del IPC, problema tan grave que el prestigioso diario económico Cinco Días editorializaba el 13 de mayo del 2000 con este título: "El IPC nos separa de Europa".
Pero, siempre dentro de la prensa oficial, una de las críticas más
rigurosas apareció el 24 de agosto del 2000 también en Cinco Días,
realizada por Antonio Gutiérrez Vegara y que no nos resistimos a reproducir
parcialmente: "Invertir una pequeña parte de los elevados beneficios
obtenidos, evitando el riesgo en actividades intensivas en capital y tecnología,
es una tendencia muy arraigada en el capitalismo español que siempre
ha condicionado negativamente la productividad del trabajo. Unas veces provocando
su crecimiento pasivo, por ejemplo en periodos de ajuste del aparato productivo
o de reestructuración industrial, mediante la destrucción masiva
de empleo, y otras, generando una especie de productividad ineficiente con la
proliferación de trabajo precario en ciclos expansivos". Con otras
palabras, el autor citado está diciendo que es el cegato e irracional
egoísmo capitalista español, incapaz de controlar su gula de beneficios
inmediatos sin reparar en sus consecuencias a medio y largo plazo, lo que le
lleva a no mantener una adecuada tasa de inversión en capital fijo y
constante, en tecnología y en cualificación de la fuerza de trabajo,
en mantener buenas relaciones laborales y sindicales, empleos estables y bien
remunerados, etc.; de este modo, esa burguesía se come el pan de hoy
pero también el de mañana y pasado mañana. Y el autor añadía:
"Este desajuste entre inversión y empleo se viene dejando sentir
en el actual período de crecimiento. En 1997 ya se observó la
tendencia a la baja en la productividad con un incremento de sólo el
0,8%, siguió aminorándose al año siguiente con el 0,6%
y ha pasado a ser negativa en 1999 (-0,8% ). Es lo que pone de manifiesto el
Consejo Económico y Social (CES) en su Memoria sobre la situación
socioeconómica y la laboral de España en 1999 , que cuestiona
por "insuficiente, el ritmo de inversión en capital físico,
humano, tecnológico y público de la economía española"".
Ahora bien, la gravedad histórica del problema de la inexistencia de
una burguesía dispuesta a invertir más, a ahorrar hoy para asegurar
el mañana, a arriesgar en inversiones costosas y de largo alcance en
altas tecnologías e incluso a llegar a acuerdos interclasistas con el
sindicalismo reformista para ilusionar al movimiento obrero e integrarlo mejor,
en vez de aplastarlo y humillarlo, esta incapacidad se extiende a la mediana
y pequeña burguesía, y de aquí a las burocracias administrativas
regionalistas --las comunidades regionales -- precipitada y artificialmente
creadas a finales de los setenta para contrarrestar la fuerza reivindicativa
vasca y catalana, y en menor medida gallega, de manera que, con los años,
se formó una inoperante y corrupta casta burocrática regionalista
cargada de deudas, fracasos e incumplimientos de plazos y ritmos en las tareas
programadas. El problema era tan grave que ya el 12 de marzo del 2000, las autoridades
europeas por boca del Ecofin advertían al Gobierno del PP de la urgencia
de contener el excesivo gasto autonómico. Muy significativamente, el
23 de mayo la CEOE exigía centralizar y controlar desde Madrid la "unidad
del mercado español" reduciendo la "pluralidad de normas autonómicas",
y el ministro Rajoy calificaba de "letal para el Estado" el gasto
autonómico. Por fin, y tras una intensa campaña propagandística,
el 29 de diciembre de ese año, el Gobierno elaboraba un proyecto de ley
para controlar desde Madrid los gastos autonómicos.
De este modo, se confirmaba una vez más la dialéctica entre la desidia burguesa, el retraso económico y tecnológico, la corrupción estructural, la crisis del Estado autonómico y el latente o descarado desprestigio de la política institucional. Como veremos, estos factores recurrentes en la historia española vuelven a estar muy activo en la actualidad. Ahora bien, el PP, aprovechando que el Manzanares para por Madrid y con la excusa de las advertencias de Bruselas sobre el despilfarro autonómico, comprensible además de otras causas también desde la corrupción, el amiguismo y la picaresca habitual de la sociedad española, aprovechando todo esto y llevando al agua a su molino españolista endureció su centralismo pero mirando no tanto al saneamiento de las cuentas sino a la limitación y retroceso de los estatutos de autonomía catalán, vascongado y navarro, utilizando la creciente demagogia imperialista interna para ocultar el deterioro de las condiciones de vida. En efecto, en abril de ese año se había estancado la venta de libros; el 3 de junio se conoció que el Estado había descendido al octavo puesto en la escala de desigualdad social en la UE según el Informe del Desarrollo Humano 2000, y, por no extendernos en la repetición de los datos sobre la precariedad laboral en ascenso "hacia el pleno subempleo" como había denunciado en Cinco Días J. M: Zufiaur el 1 de marzo del 2000, el 8 de enero del 2001 el INE reconocía que la mitad de las familias carecían de medios para tener una calefacción adecuada.
Pero, además de lo visto, la evolución económica seguía empeorando, limitando así la capacidad de maniobra del Gobierno. El 23 de enero se supo que el diferencial de inflación entre España y los 11 Estados-euro se había duplicado en sólo un año, y que en el 2000 el incremento de los precios había sido del 4% en el Estado español frente al 1,4% en los restantes. Sin embargo, las noticias irían agravándose hasta llegar al fatídico mes de julio del 2001, cuando se conocieron dos demoledores informes sobre el retroceso del Estado español en el ranking mundial. Según el más influyente club de empresarios del mundo, el Foro Económico Mundial, España había retrocedido del décimo al decimosexto puesto; y según el Informe sobre el Desarrollo Humano 2001, sólo había alcanzado la categoría de "países líderes potenciales" junto a México, Chipre, Portugal, Rumania, Grecia, Argentina, Eslovaquia y otros. Una característica de estos y otros informes es que, con sus diferencias obvias, integran múltiples variables entre las que destacan la inversión en I+D, educación básica y universitaria, sanidad, infraestructuras, edad poblacional, alimentación, etc. Por ejemplo, en un problema tan importante para la economía capitalista como es la reproducción física de la fuerza de trabajo, el Estado español, con la tasa más baja del mundo --1,1 hijo por familia-- es el que menos dinero dedica en la UE a incentivar la natalidad. Otra característica es el estudio de la seriedad y eficacia en y de las administraciones públicas, el cumplimiento de los plazos y ritmos en programas e inversiones, etc. Pues bien, recientemente se ha sabido que a fecha del 31 de agosto de este año el Gobierno sólo había realizado el 28% del total de inversiones programadas para el 2001. Desbarajustes de esta cuantía no pasan desapercibidos a las instituciones internacionales.
Tampoco pasan desapercibidos otros informes como el publicado en junio del 2001 por la OCDE y que demostraba que entre 1995 y 1998 la inversión en educación había bajado en el Estado español del 5,53% al 5,30%, cuando la media en la OCDE era del 5,75%. Ciertamente el verano y otoño de este año han sido terribles en malas noticias. En agosto los "síntomas de congelación" eran incuestionables, y para septiembre el cómputo interanual de nuevas sociedades mercantiles descendió un 13,97% con respecto a septiembre de 2000, según datos del INE. En total se constituyeron 7.133 empresas, frente a las 8.291 de 1999. Son varias, como hemos visto, las causas del retroceso, pero ahora destacamos la de la muy reducida inversión en I+D que en 1999 sólo había sido del 0,89%, la tercera por la cola en la UE, mientras que en Grecia fue del 0,51% y en Portugal del 0,76%, con la salvedad de que el país luso aplicó una política planificada en I+D globalmente más racional y superior a la española, que puede terminar relegándole al penúltimo puesto, como lo reconoce el informe de noviembre del 2001 del Eurostat. No sería sorprendente que ocurriera porque el PP tiene algo más que desidia hacia el I+D, tiene también falsa palabra pues, como ha criticado el científico Grisolía el 13 de noviembre, el PP ha incumplido la promesa que le dio de aumentar un 2% la inversión en investigación científica, dejándola, según este investigador de fama mundial, en un 0,9%.
Pero los españoles no deben preocuparse porque su alma no corre peligro a pesar de los cuatro bloques de datos que manos a reseñar, de entre los muchos disponibles. El primero hace referencia a las cifras catastróficas del paro conocidas en octubre y que confirman un aumento, como mínimo, del 3,46% con respecto a septiembre, y un aumento interanual del 0,64%, como mínimo. El segundo hace referencia a que, de nuevo, el FMI y la inmensa mayoría de economistas volvían a advertir a finales de octubre que el capitalismo español seguirá retrocediendo y hundiendo a la baja las promesas del Gobierno, tendencia real que el propio Rato ha tenido que aceptar aunque quitándole gravedad. El tercero, muestra cómo el Instituto General de la Administración del Estado, dependiente de Hacienda, ha reconocido que mientras que la presión fiscal ha subido del 33,7% en 1996 al 35,7% en el 2000, pese a esa mayor entrada de dinero en las arcas públicas, sin embargo el gasto público ha descendido del 43,7% al 39,8% en las mismas fechas, es decir, que mientras que el Estado se ha enriquecido básicamente a costa de los impuestos de las masas trabajadoras, han descendido por el contrario los gastos sociales y las inversiones públicas, en detrimento precisamente de esas masas y en beneficio de la burguesía; y, el cuarto, muestra las cifras aportadas por Eurostat con los datos de las cuentas de 1998, las más recientes, según las cuales España es el tercer país por la cola que menos porcentaje del PIB destina a gasto social para desempleo, ayudas a discapacitados, asistencia social en general, etc., con el 15%. Le sigue Portugal con un 13% e Irlanda con un 9,1%, cuando el promedio de la UE alcanza el 18,2%. Pese a lo anterior, los españoles no deben preocupare, como decimos, porque a comienzos de noviembre el PP ha aumentado un 22% el gasto en educación católica. Pobres e ignorantes, pero cristianos.
Todos sabemos que una de las causas de la alienación religiosa radica en el miedo a lo incontrolable, a lo que al ser exterior a uno, es siempre una fuerza omnipotente y voluble, sobre la que no se puede ejercer ningún control. Es por esto que la religión tiende a crecer en franjas sociales en momentos de crisis, desorden y descontrol. Seguramente por eso, el PP ha aumentado el gasto en droga religiosa. Las cifras del IPC de noviembre confirman lo positivo que es para el Gobierno es a alienación porque aunque es cierto que la inflación ha bajado al 3%, no es menos cierto que han sido factores exteriores, exógenos, los que lo han logrado, que no la política económica interna del PP. Han sido la fuerte desaceleración económica mundial, inicio de la actual recesión, y el bajón de los crudos, antes que factores secundarios endógenos, los que lo han logrado. Pero el problema de fondo sigue siendo el mismo e incluso más grave porque la inflación subyacente, la que mide el componente estructural y decisivo del IPC durante un año, se ha disparado al 3,7%, nivel desconocido desde mayo de 1996. Una vez más vuelve a aparecer la objetiva debilidad substantiva del capitalismo español, un capitalismo dependiente de fuerzas externas, siempre incontrolables en los momentos cruciales, como el actual. Situación alarmante que, tras un análisis desapasionado y frío de los resultados, llevaba a la Editorial del importante periódico económico Cinco Días del 15 de noviembre a reconocer que: "Esto lleva a dos preocupantes conclusiones. Por un lado, los precios sólo bajan si la economía española modera su crecimiento o, lo que es lo mismo, más crecimiento parece posible sólo si crea inflación. Por otro, para que el IPC baje, también son imprescindibles factores externos".
No nos debe sorprender, por tanto, que el debate formalista y hueco sobre el "patriotismo constitucional" aumente conforme transcurren los días y reaparece con toda su crudeza la debilidad estructural del capitalismo español y, por tanto, de su Estado. Los cambios acaecidos durante este último cuarto de siglo no afectan sólo a la vetustez de la antidemocrática constitución vigente, sino sobre todo a la estructura misma del Estado y en especial al cemento ideológico, nacionalista español e interclasista burgués además de patriarcal, que mal que bien ha legitimado el orden impuesto a finales de los setenta. El PSOE fue consciente mucho antes que el PP de que era la totalidad de las estructuras del Estado las que sufrían las acometidas de los cambios internos y externos, y, como hemos visto, para comienzos de 1992 había una propuesta seria de debate reformista para cambiar algunas cosas sin que nada importante cambiase. El PP ha tardado mucho más en darse cuenta y, a remolque, quiere cerrar e impedir cualquier posibilidad de una reforma algo seria. Como partido representante de una clase parasitaria y anacrónica, tiene el mismo miedo al futuro que la minoría a la que representa, y los mismos complejos y frustraciones, necesidades inconscientes de autoridad fuerte y liderato caudillil que las masas alienadas que le dan el voto. La impotencia del PSOE y el miedo del PP determinan que el debate sobre el "patriotismo constitucional" aparezca realmente como lo que es, un recurso a la demagogia y a la retórica destinado a cimentar en lo posible otra nueva unidad nacional española en un período en el que se han reabierto las llagas estatales.
3.- INCAPACIDAD DE REACCIÓN Y ENDURECIMIENTO INTERNO:
Sin embargo y muy esclarecedoramente, es en estos momentos cruciales cuando reaparece otra falla estructural de la alta burguesía española cual es su muy reducida capacidad de adaptación rápida a los cambios objetivos y objetivos. Lo, problemas y crisis parciales que se han sucedido desde finales del 2000, con las vacas locas, errores sanitarios y hospitalarios, fracasos estruendosos en la negociación de la pesca con Marruecos, irrupción incontenible de las corrupciones dentro del PP, etc., han demostrado la total ausencia de reflejos y de iniciativa del Gobierno. Pero las blandas e inconsistentes críticas del PSOE e IU al PP, también han confirmado las limitaciones de la oposición de su majestad. Bastante más significativa es, sin embargo, la crítica de la CEOE de finales de octubre, en boca de J. M. Cuevas, su presidente, a los riesgos del inmovilismo económico del Gobierno del PP y su obsesión por lograr el famosos "déficit cero" cuando todo demuestra la urgencia de cambiar de política. Frente a todo ello, el Gobierno ha respondido, de un lado, con la soberbia y altanería típica de los viejos hidalgos y nobles arruinados que ocultaban sus fracasos tras una verborrea amenazante, y, de otro lado, con la deliberada táctica de manipular, embrollar y suprimir los sistemas contables y estadísticos básicos de manera que cada vez sea más difícil saber la situación real de la economía y del Estado, algo que el PSOE ni imaginó hacer aunque él fue el primero en cambiar, embrollar y manipular las definiciones de empleo para suavizar las cifras reales del paro. Sin embargo, el PP ha ido mucho más lejos, y se empecina en manipular aún más la estadísticas pública al cambiar la Encuesta de la Población Activa. Es la política de la avestruz.
Las primeras críticas serias contra ese comportamiento suicida a medio y largo plazo, aunque muy rentable a corto, ya las hizo a comienzos de abril del 2000 J. Mota demostrando que se había debilitado tanto el rigor estadístico en tres áreas como ocupación y empleo, sector exterior y déficit del sector público, que se debía hablar de la existencia de "estadísticas sin valor de diagnóstico". No hace falta que nos extendamos en demostrar que semejante corte oficial del sistema estadístico y de diagnóstico tiene como objetivo inmediato impedir cualquier diagnóstico crítico que afecte a pilares decisivos del orden estatal, y también poner a disposición del PP una enorme capacidad de mentira y manipulación propagandística a corto plazo. Con los meses posteriores, esta táctica ha aumentado hasta llegar a posponer, abortar o hacer inservibles sesiones parlamentarias, ralentizar y retrasar mucho tiempo la divulgación obligada de informaciones y estudios, etc. Pero el escándalo ha estallado con los Presupuestos para el 2002 que han sacado definitivamente a la superficie todas las marrullerías e ilegalidades realizadas para ocultar la verdadera situación del Estado. No es sorprendente, pues, que un conocido economista se preguntase el 28 de octubre: "frente al dogma del déficit cero, la pregunta de cuál es en realidad el nivel de déficit público en nuestro país, dado que cada vez hay más partidas que se sacan del presupuesto, que no tienen control, y cuyo monto es casi imposible de cuantificar".
El objetivo de semejante comportamiento es acelerar la aplicación de la estrategia de la alta burguesía española. No nos debe sorprender, por tanto, que una organización empresarial tan poco dudosa de separatismo como el catalán Círculo de Economía, formado por 1000 empresarios y altos ejecutivos, protestase públicamente a finales de octubre contra la concentración de poder en Madrid, y propusiese una descentralización entre varios focos de poder dentro del Estado. Conviene recordar, para hacernos una idea de la evolución de los acontecimientos, que el actual ministro Piqué, encargado junto con María San Gil por Aznar para elaborar la ponencia oficial del PP del "patriotismo constitucional", fue presidente del Círculo de Economía en 1995 y 1996, y que fue este mismo Círculo el que el 6 de abril del 2000 lanzó duras críticas contra el muy tímido bilingüismo regionalista catalán, sosteniendo que el uso de esa lengua perjudicaba la llegada de trabajadores inmigrantes y proponiendo una "flexibilización". Cambios y críticas similares se han producido en Andalucía, donde M. Chavez ha denunciado también a finales de octubre la política de arrinconamiento y marginación de su comunidad impuesta por Madrid. Y un estudio del PSOE hecho público el 23 de octubre demuestra que Hacienda ha reducido en un 40% la previamente pactada y aceptada financiación de las autonomías por lo que la Generalitat catalana podría perder más de 20.000 millones sobre los 60.000 millones anunciados, y también Castilla y León, Murcia, Galicia, Rioja, Aragón y Extremadura. Otro estudio más reciente del PSOE ha desvelado que, por otro lado, se van a dejar de pagar 85.000 millones-pts. de los algo más de los 350.000 pactados con el Gobierno del PP hace cuatro meses. Aragón, por ejemplo, bajará de 12.000 a 7.000, Baleares de 18.000 a 14.000, etc.
Las quejas y protestas que empiezan a acumularse sobre el despacho de Aznar no serían muy inquietantes para la alta burguesía si no estuvieran asentadas en otra quiebra de la "nación española" cual es la "cuestión militar". En contra de la propaganda oficial el absentismo y las deserciones han sido una constante en la historia militar española, llegando en momentos críticos a cifras de escándalo. Realmente, lo que está debajo de esa constante es la extrema debilidad del referente nacionalitario español en su esencia decisiva y crucial, la de matar y morir por España. Deberíamos analizar aquí con bastante más detalle los tres, como mínimo, problemas sociohistóricos que aparecen cuando estudiamos las relaciones entre la formación del Estado-nación burgués y la formación frecuentemente anterior de un aparato militar que, de múltiples formas, adelanta y crea parte de la ideología nacionalista burguesa, pero nos limitamos a citarlos: resistencia de las masas trabajadoras al servicio militar burgués, excisión de la "unidad nacional" del ejército en los contextos de lucha de clases, y "traiciones nacionales" de la burguesía estatal cuando esa lucha de clases se interrelaciona con luchas interestatales. En las situaciones en las que el Estado burgués oprime a otras naciones en su interior, estas tres cuestiones se complejizan y amplían mucho más de modo que, periódicamente, dicho Estado puede sufrir verdaderas crisis estructurales en uno de sus aparatos decisivos como es el Ejército.
El hundimiento del servicio militar obligatorio en la segunda mitad de los años noventa sólo se explica recurriendo a la evolución del proceso contradictorio descrito, y a la reaparición de esa quiebra estructural; pero el problema es más grave de lo esperado porque la profesionalización del Ejército está sufriendo grandes retrasos por el alto absentismo de las tropas profesionales, como se reconocía oficialmente en octubre del 2000, cuando los médicos debían controlar a los soldados pues en algunas unidades de Cádiz se llegó al 30% y en Córdoba al 15%. A comienzos de noviembre del 2001 se ha sabido que en este año ha habido más bajas que altas. Si el ministro de defensa, Trillo, ha reconocido en marzo de este año que está a favor de reclutar extranjeros es porque la situación es alarmante. De facto se trata de volver al sistema de contratación de mercenarios, sistema anterior a los ejércitos nacionales burgueses --ejércitos tardofeudales y absolutistas-- aunque siempre estos han mantenidos pequeñas unidades de mercenarios especializados y brutalmente sanguinarios. Por otra parte, el "defensor del pueblo" (?), Mujika Herzog, afirmaba el 27 de octubre del 2001 que la Guardia Civil sufre un serio desgaste psicológico y moral, exigiendo mejores sueldos y más presupuesto. Sin embargo, todo indica que el Gobierno se orienta a impulsar la privatización de muchos servicios de vigilancia al haber congelado y hasta reducido las partidas presupuestarias para la represión realizada por los cuerpos estatales.
4.- NACIONALISMO, MILITARISMO E IMPERIALISMO ESPAÑOL:
Para contener este problema creciente, el Gobierno del PP ha recurrido a una generalizada ofensiva españolizadora, especialmente en el educativo, universitario, cultural, histórico, etc., es decir, sobre lo que condiciona e influye en la creación y evolución de identidades, referentes y sentimientos colectivos, sobre todo los de los pueblos oprimidos. Esta ofensiva ha sido tan estudiada ya que no vamos a extendernos en ella por ausencia de espacio; pero también ha intentado otras tres soluciones que guardan una relación directa con la anterior. Una de ellas, y por seguir con la "cuestión militar", consiste en prestigiar en lo posible al Ejército profesional, relacionándolo con otros e integrándolo en operaciones exteriores para aumentar, de paso, su prestigio interno. Pero semejante plan sufrió un rotundo fracaso en 1997 en lo relacionado a crear un "mando español" porque la OTAN impuso una estructura de mando que partía en dos al Estado, y el orgullo español tuvo que contentarse con un mando de tercer nivel, subregional, en Madrid subordinado a Nápoles en el Mediterráneo y a Lisboa en el Atlántico. Después, todos los comportamiento serviles de agradar a los EEUU no sirvieron apenas de nada hasta que Bush decidió relanzar la "guerra de las galaxias" necesitando a la península como base operativa. Mientras tanto, el PP, con el apoyo del PSOE, mandó el Ejército a Kosovo en una decisión tomada en octubre de 1998 y ejecutada el 23 de marzo de 1999 con un costo de 17.377 millones-pts. Como hemos visto, esta aventura no mejoró su prestigio interno sino al contrario. Del mismo modo, tras el 11 de septiembre pasado, el PP ha vuelto a ponerse incondicionalmente a la órdenes de EE.UU, y sólo IU en voz de W. Meyer, responsable de defensa de la coalición, ha sometido a una crítica suave ese servilismo.
Otra solución es la de intentar aumentar la presencia del capitalismo español en el mercado mundial, sobre todo en el latinoamericano y norteafricano, relacionada con la tercera --decisiva-- que veremos luego que busca evitar que el Estado sea desplazado a simple periferia en la UE. No podemos separar artificialmente estos diversos componentes porque se apoyan entre sí --por ejemplo, los intereses del Estado francés de desplazar al español en las relaciones con Marruecos a costa el pueblo saharaui son inseparables de sus acuerdos con Alemania para asegurar que esta superpotencia mantenga relaciones preferentes con París a pesar de su expansionismo incontenible hacia el este-- aunque sí haremos algunas distinciones. El PP, como todo gobierno burgués, ha hecho esfuerzos intensos por facilitar el expansionismo subimperialista español. Ya desde 1996 decidió utilizar la deuda externa como trampolín para sus inversiones en los países deudores, y se lograron realizar inversiones en Jordania, Marruecos, Madagascar, El Salvador, etc., pero aunque en octubre de 1997 esa deuda se acercaba a los 4 billones-pts e intervenían en el montaje ONGs creadas al efectos, el plan no dio buenos resultados.
En 1999 la inversión exterior llegó a 6,82 billones-pts, un aumento del 242% con respecto al año anterior, y de esa cantidad Latinoamérica absorbía el 63,10% del total. Pues bien, si debemos hablar de subimperialismo español en el mundo teniendo en cuenta su posición retrasada en la lista de potencias capitalistas, como hemos visto antes, en Latinoamérica sí es verdadero imperialismo pues, con los datos actuales, sólo es superado por EE.UU. En 1999 el 18% del PIB estatal provenía de la expoliación imperialista de los pueblos amerindios. Pero el PP aumentó su apoyo al expansionismo exterior como respuesta obligada al giro hacia el este europeo del imperialismo alemán. En junio del 2000, por ejemplo, el Estado organizó reuniones de 154 empresas con las autoridades de Polonia para facilitar la penetración del capital español en aquella parte neurálgica del este europeo. Sólo 11 meses después, en junio del 2001,y ante el dramático retroceso del Estado español en el proceso europeo, el Gobierno del PP volvió a organizar otra reunión con las autoridades polacas, incluida una visita del rey que Franco nombró. Tal retroceso, que analizaremos a continuación, está llevando al desasosiego e inquietud extrema al PP, como unidad fanática, consciente de que debe redoblar y unificar sus esfuerzos para evitar el desastre. Un ejemplo nos lo ha dado el 15 de noviembre Jiménez de Parga, Presidente del Tribunal Constitucional español, al unir de manera indisoluble la fuerza dictatorial interna en el Estado, aplaudiendo las restricciones a las libertades democráticas en los EE.UU, con el futuro inmediato de los intereses españoles en el exterior, sobre todo en Latinoamérica y en Europa: "se nos respetará más" ha afirmado con la anacrónica arrogancia de los tercios de Flandes.
5.- PERIFERIA, UNION EUROPEA Y ORDENACION CAPITALISA:
Efectivamente, y entrando a la tercer y realmente decisiva solución, lograr un mayor respeto por otras burguesías sólo es posible si el capitalismo español recorta la distancia que le separa de la "Europa de primera velocidad", brecha que pese a sus fluctuaciones se mantiene irreducible. Debemos insistir en que es una brecha no sólo económica sino global, es decir, que expresa el grado de evolución del capitalismo como totalidad de relaciones sociales y fuerzas productivas. Y aquí radica la gravedad del problema porque, desde una perspectiva histórico-mundial, vemos que tras algo más de un siglo, es decir, desde finales del siglo XIX hasta ahora, se ha reducido el número de países capitalistas realmente poderosos, quedándose en el camino varios que sí disponían de recursos para llegar a serlo --Argentina y Brasil, por ejemplo-- y "sobreviviendo" muy pocos; y si alargamos la mirada hacia el final del siglo XVIII vemos que todavía existían más países --por ejemplo México-- que se codeaban frontalmente con los EE.UU, por no hablar de India frente a Gran Bretaña en el XVII. Quiere esto decir que, en la carrera capitalista por la hegemonía transitoria, cada vez son menos los Estados que consiguen mantenerse en el pelotón de cabeza, y que cuando un Estado se descuelga, queda algo rezagado, tiene que hacer un doble o triple esfuerzo para recuperar el terreno perdido. Hasta el presente, la experiencia histórica muestra que no ha existido ningún Estado que habiéndose quedado rezagado haya podido recuperar --siempre dentro del sistema capitalista, insistimos en este punto crucial-- al cada vez más reducido grupo, que ni siquiera pelotón, de escapados. Precisamente, uno de los miedos más incontrolables de la burguesía japonesa es ver cómo no logran recuperarse de la profunda crisis que les pudre desde hace casi una década.
El caso español es mucho más alarmante que el japonés por razones simples de entender, y que no vamos a exponer ahora. EEUU, Alemania, Gran Bretaña, Estado francés, etc., tienen hacia Japón un "respeto" que jamás tendrán con España. Al contrario. Un ejemplo entre los muchos existentes, lo encontramos en el risible ridículo internacional cosechado por Aznar en el segundo trimestre del 2001, cuando tuvo que tragarse públicamente sus arrogantes exigencias frente a Alemania y frente a los resultados de la Cumbre de Niza de mediados de diciembre del 2000 y sus coletazos posteriores, como la reunión en Bruselas del 21 de ese mes, donde el Estado español sufrió una derrota casi estratégica. Primero, España quería ser equiparada en poder a los "cuatro grandes", y fracaso siendo equiparada a Polonia, que partía en peores condiciones y no tenía a su favor la Declaración del Tratado de Amsterdam. Se quedaba así sin apenas capacidad de bloqueo en el Consejo de todas aquellas decisiones que no le interesasen. Segundo, tuvo que aceptar perder en el 2005 uno de sus dos comisarios, reduciéndose su capacidad de presión en un 50%. Tercero, tuvo que aceptar una pérdida de su peso relativo en el Parlamento Europeo, consintiendo una reducción de 64 a 50 diputados, siendo el país que más escaños pierde proporcionalmente. Cuarto, no consiguió detener por un período largo la expansión de Alemania hacia el este con el peligro cierto de drásticas reducciones en fondos estructurales y de cohesión, fondos que consigue mantener hasta el 2007-2013, pero sólo con carácter de promesa. Quinto, se enemistó con Portugal ya que apoyó decisiones que afectaban duramente al país luso, dañando muy seriamente cualquier posibilidad de una política de alianzas del sur europeo frente al desplazamiento del poder al noreste y, por no extendernos, sexto, fue penosa la imagen de cerril impotencia dada por la delegación española. En síntesis, comparando el inicial peso relativo del Estado, la parca e insegura cuantía de lo obtenido y lo mucho de lo perdido, España fue el país que más perdió en Niza.
La vencedora fue Alemania y muy astutamente, el Estado francés, que ya llevaba bastante tiempo proponiendo a Berlín soldar una alianza duradera, aceleró tanto su acercamiento a Alemania que el citado 21 de diciembre en Bruselas los franceses remataron la derrota española dificultando aún más sus ya muy difíciles condiciones de bloqueo en el Consejo. La reacción del PP fue el enfurecimiento más rabioso e infantil de su postura que pueda imaginarse. Tras lamerse las heridas y engañar y manipular en el Estado, presentando como victoria la derrota, bien pronto se lanzó a un enfrentamiento directo y suicida con Alemania en todos los frentes, pero especialmente en intentar retrasar la entrada de países del este en la UE y en lograr que los fondos estructurales y de cohesión dejaran de ser una promesa y se convirtieran en una realidad ya asegurada. Además, amenazó al gigante teutón con vetar durante mucho tiempo su propuesta para controlar la fuerte inmigración clandestina del este. Tal altanería agotó la paciencia alemana. Para abril del 2001 el choque era frontal, pero el PP había cometido el inmenso error de subestimar el poderío de Berlín y la solidez de sus alianzas estratégicas y, a la vez, sobrestimar la supuesta fuerza española. A comienzos de mayo la derrota española estaba asegurada, y el 12 de ese mes la Comisión Europea y el Estado francés dieron su apoyo oficial a Alemania, dejando sola a España sobre todo en las dos cuestiones estratégicas para los españoles como son retrasar lo más posible la expansión al este y obtener garantías de que se seguirán recibiendo los fondos de ayuda, es decir, pasar de promesa a ley.
6.- DERROTA HACIA EL ESTE Y MIEDO HACIA EL OESTE:
A la fuerza ahorcan. Desde el 13 de mayo hasta comienzos de junio, España aceptó la derrota definitiva, pero ello no impidió que el 10 de julio Alemania y Francia firmasen un acuerdo estratégico --"unión a dos"-- por el que los alemanes tendrán en cuenta a los franceses en su expansión al este. Y como las malas noticias nunca van solas, el 14 de ese mes Polonia tenía el descaro --¿apoyada por Alemania y Francia?-- de anunciar su enfrentamiento con el Estado español en el reparto de los fondos europeos. No habían servido de nada las visitas españolas en el 2000 y lo que se llevaba del 2001. Y Polonia representa en este conflicto al resto de países del este que quieren recibir esas ayudas. A finales de otoño, el 13 de noviembre, la Comisión Europea ha confirmado que reúnen condiciones para entrar en la UE en el 2004 nada menos que 10 de los 13 países que lo han solicitado. Antes de que finalice el 2002 Chekia, Chipre, Malta, Hungría, Polonia, Estonia, Lituania, Letonia, Eslovaquia y Eslovenia habrán concluido los trámites definitivos, y sólo tres, Bulgaria, Rumania y Turquía, se quedan fuera. Pero esta última dictadura sangrienta no entra por motivos políticos que no por razones económicas. Es decir, bastará algún lavado de cara ocultando la sangre kurda y de los opositores internos, para que Alemania pueda entrar a saco en el mercado turco, ansiado por el imperialismo alemán desde la segunda mitad del siglo XIX.
El palo no puede ser peor para España porque, además, viene reforzado por las duras críticas alemanas contra la "cultura del subsidio" española, como la define despectivamente la prensa germana. Alemania, y otros varios Estados, levantan cada vez más la voz contra sus desproporcionadas aportaciones a los fondos estructurales y de cohesión, y dicen ya abiertamente que esos fondos deben repartirse más equitativamente, es decir, también hacia el este. Pero es que el "este" es mucho más que los países citados, sobre todo es Rusia, a quien la UE ya había asegurado a mediados del 2000 su espíritu colaborador y de ayuda. Pero, a otro nivel, el "este" llega incluso a Japón y su área de influencia. Recordemos que en enero del 2001 la UE mantuvo una reunión muy importante con representantes japoneses y de otras economías asiáticas para elaborar un plan anticrisis financiera en previsión del agravamiento de la crisis en EE.UU. A la reunión no acudió ningún representante yanki lo que suscitó los comentarios alarmistas de la prensa estadounidense.
Sin embargo, pese a su innegable gravedad, ésta es sólo una parte del problema porque la otra es la apenas conocida expansión hacia el oeste, o sea, hacia el eje Atlántico-norte, Canadá y EEUU. Ocurre que, con razón por la fuerza atractora del mercado del este y la cualificación de su fuerza de trabajo, nos olvidamos de otro proceso expansivo, más oculto pero también decisivo, como es el de la alianza financiera y de altas tecnologías de Alemania, Gran Bretaña y Estado francés hacia el oeste. Mientras que la vía hacia los mercados eslavos, magiares y turcos está mayormente impulsada por el capital industrial y agrario, y en menor media por el financiero e I+D, aunque también, la expansión hacia el oeste la dirigen los financieros y las altas tecnologías. Aquí tendríamos que analizar el papel de la Gran Bretaña dentro de la UE, tema importante en sí mismo pero que desborda nuestra temática, aunque sí hay que decir que, de un lado, la burguesía británica está deseando entrar cuanto antes y, por otro lado, las presiones para su integración en la UE le vienen también del Japón, de las grandes empresas niponas que buscan desesperadamente poder desligarse del agujero negro que para ellas es EE.UU. Por ejemplo, en agosto del 2000 la primera transnacional de productos electrónicos, Matsushita, advirtió que cerraría sus empresas en el Reino Unido si no recibía garantías de una entrada en la UE, aunque para entonces ya sabría que en mayo de ese año se había formado la "macrobolsa" Londres-Frankfurt negociada desde julio de 1998. También sabría que desde marzo del 2000 se había creado otra bolsa europea también muy grandes mediante la fusión de las bolsas de París, Bruselas y Amsterdam.
Estos y otros pasos poco conocidos permitieron que proyectos ya discutidos una o dos décadas entraran en su fase resolutiva. Lo decisivo es uniformar, simplificar y reducir los costos de las hasta entonces muy heterogéneas, embrolladas y costosas tramitaciones estatales necesarias para crear nuevas empresas, para controlar los grupos financieros, para abaratar y facilitar en suma la centralización y concentración del capital financiero, evitando que fluya a los EEUU por sus ventajas en estas cuestiones. Significativa importancia tiene la especialización de tareas entre Londres, como sede oficial, y Frankfurt como sede en nuevas tecnologías. Pero aún más importancia tiene el hecho de que este impresionante poder está oficialmente fuera de las injerencias controladoras del Parlamento europeo ya que las decisiones se tomarán entre la Comisión, el Consejo de ministros y las transnacionales europeas. No hace falta mucha imaginación para comprender lo difícil que lo tiene la débil burguesía financiera española para ser tratada de igual a igual, "con respeto", por esa horda de hambrientos tiburones pese a que el gobierno español facilitó la petición de la bolsa de Madrid para ser aceptada en la "macrobolsa" angloalemana, y que, con esa excusa, ha impuesto una mayor centralización estatalistas de las bolsas "regionales".
7.- ALTA BURGUESÍA EUROPEA Y DOBLE OPCIÓN ESPAÑOLA:
Tampoco el Estado español dispone apenas de recursos para negocia o presionar, y mucho menos para chantajear o amenazar a las grandes transnacionales europeas que campan a sus anchas por entre los despachos de Bruselas, sin verse sometidas a los controles ridículos del Parlamento europeo. Conviene saber que, por ejemplo, el presupuesto de Siemens equivale al PIB de Irlanda, y el de Daimler-Benz al de Malasia. Hay transnacionales que directamente dirigen la política de cientos de cargos, como hace la Bayer, con casi 400 de sus 150.000 trabajadores elegidos representantes regionales o locales, a los que la transnacional reúne una vez al mes para dictarles qué intereses de su empresa deben defender en su quehacer político, al margen de lo que piensen o deseen sus electores. No hace falta que nos extendamos en las "ayudas" de estas grandes empresas a los partidos conservadores y derechistas europeos, con la industria político-mediática y educativa, etc., pero sí debemos decir algo sobre el invisible pero enorme poder de las organizaciones empresariales europeas como la Transatlantic Business Dialogue (TABD), la Europa-BIO, que agrupa empresas relacionadas con la biotecnología y la ingeniería genética, o la UNICE que es una reagrupación de confederaciones patronales estatales con todas sus fuerzas pero también debilidades.
La más importante, la que cohesiona y representa a la voluntad estratégica de la alta burguesía europea que se está formando en respuesta a la centralización de capitales exigida por el desarrollo incontenible de la ley de valor, esta organización es el European Round Table of Industrialist (ERT), formada por las 46 transnacionales europeas más fuertes. Fundada en 1983 cuando era manifiesta la presión del proceso de centralización de capitales y exigiendo a las grandes empresas una urgente adaptación, explota a más de 5 millones de trabajadores y tiene como objetivo básico facilitar el aumento de la tasa de beneficios de sus asociados. Para ello se reúne en privado, sin la presencia de sindicatos y de organizaciones sociales de cualquier tipo, con las altas instancias de la UE, sin someterse a ningún control del Parlamento europeo. El poder de la ERT es tal que J. Delors reconocía a finales de marzo del 2001 que tuvo que pedir su ayuda para asegurar "la creación del mercado único europeo". La razón era muy simple, mientras que la UNICE tenía poca efectividad al ser una mera confederación de asociaciones estatales, que de un modo u otro defienden los intereses de sus burguesías, la ERT defiende directa y abiertamente los intereses de la alta burguesía, la que ya ha superado las limitadas fronteras de sus respectivos Estados-cuna.
Desconocemos el peso real de la alta burguesía española en la ERT, pero imaginamos que será reducido. Esta cuestión es muy importante porque permite comprender las bazas decisivas de cada Estado a la hora de las negociaciones invisibles, entre pasillos y fuera del Parlamento europeo. Comprendemos que mucha gente de izquierda siga creyendo que el poder radica, si no en el Parlamento, sí en el Consejo y en la Comisión, pero se trata de una creencia con parcial verosimilitud pues, por fuera de estas dos instituciones, maquinan y presionan las asociaciones empresariales y las grandes transnacionales. Esa creencia se basa, además de en una trasnochada teoría superficial del poder, también en una ilusa e inocente credulidad en lo que dice la prensa oficial. Por ejemplo, se han gastado océanos de tinta divagando sobre las tres propuesta --alemana e inglesa en los extremos y francesa en la mitad-- de organización interna europea --federal, estatalista o mixta-- pero sin denunciar que realmente ninguna de ellas ha precisado con algún de talle cual sería su modelo concreto y tampoco ha avanzado crítica o matización alguna a las otras dos propuestas, de modo que se divaga sobre abstracciones infladas de vacío por la prensa. Y es que el contexto mundial, europeo y estatal aconseja no ser minucioso en aquellas cuestiones que dependen de los movimientos económicos de fondo y esperar a que las tendencias se asienten un poco más para poder avanzar luego algunos proyectos superestructurales.
Tal precaución siempre necesaria es tanto más importante al prever los grandes objetivos del Estado español para su medio año de presidencia. Aunque hace unos meses Aznar dijo en Barcelona que impulsaría las redes de transporte, la liberalización energética, la mejora de los mercados financieros, la flexibilidad laboral y la mejora de la formación y educación, no hay que ser muy lince para comprender los problemas que van a crear esas ideas tan vagas en otros Estados, tema al que no ponemos tampoco entrar ahora. Hay que decir que Aznar sí tiene muy claro utilizar estos meses para intentar, de un lado, debilitar lo más posible el proceso ascendente de concienciación nacional vasca, utilizando a la UE como uno de los argumentos para reforzar el imperialismo español dentro de sus fronteras estatales; de otro lado, destruir organizativamente y debilitar política y moralmente a la izquierda abertzale y a las fuerzas progresistas y democráticas vascas; además, frenar en lo posible o condicionar la expansión al este al mantenimiento de las ayudas europeas; a la ve, ayudar a la gran burguesía a que se siente en los círculos de poder empresarial y en la expansión financiera y tecnológica al oeste, y, por último, utilizar estos objetivos en e reforzamiento de su imperialismo latinoamericano, sus relaciones con Marruecos y su anexión de Gibraltar o, al menos, un acuerdo con Gran Bretaña.
En estas condiciones, es coherente la apuesta del PP por EEUU y el Reino Unido, y más recientemente también por la Italia de Berlusconi. Mientras que el PSOE, por razones que no podemos exponer, ha intentando mantener siempre una doble vía en la que el peso fundamental lo jugaba la locomotora alemana y europea, sin olvidar a los EEUU, el PP se ha entregado atado de pies y manos a los EEUU. Su acercamiento a Gran Bretaña puede ser más circunstancial y limitado, no por voluntad propias sino por la demostrada astucia diplomática del Gobierno Blair, capaz de negociar con el diablo cualquier cosa necesaria para el decadente imperialismo británico. En el fondo, lo que aquí se está produciendo es una nueva emergencia al exterior de la doble opción internacional que periódicamente, en los momentos de crisis, se ha debatido dentro del bloque de clases dominante. Desde la decadencia iniciada a finales del siglo XVI, el poder español ha debatido, frecuentemente con guerras civiles, una opción u otra siempre dentro de los contextos estructurales y de largo alcance existentes en ese período.
Brevemente expuesto, podríamos decir que es la tradicional burguesía española, vitalmente franquista y que sólo aceptó al PSOE mientras cumplía con fidelidad los dos imperativos categóricos de, uno, soldar la "unidad nacional" debilitada por los "excesos autonomistas" y, otro, asegurar la entrada al Mercado Común Europeo entonces --a comienzos de la década de 1981/90-- no garantizada del todo básicamente por no haberse infringido una derrota aplastante del movimiento obrero; esta burguesía, repetimos, es la necesitada de mantenerse a la sombre de los EEUU al ser consciente de sus muy limitados recursos para la dura competencia dentro de la UE. Burguesía que se caracteriza, como hemos visto, por supeditar la inversión en capital fijo y en tecnología a la ganancia inmediata, despreocupándose por el futuro mediato y lejano. Una burguesía que sólo muy tardíamente ha criticado la obcecación cegata del PP en el "déficit cero", pero que tampoco se esfuerza en corregir las quiebras estructurales que arrastra desde hace decenios. Podríamos decir, además, que son las fracciones más modernas de esta burguesía las que podrían apoyar, bajo determinadas condiciones y exigencias imperativas, a un PSOE renovado que impulsase otro acercamiento a la UE y una relación menos servil con EEUU.
Tendremos que tener presente estas diferencias para interpretar en su momento las posibles discrepancias formales en el debate sobre el "patriotismo constitucional" entre el PP y el PSOE. Todavía no se ha producido ningún choque digno de mención porque ambos partidos se mueven en las indefiniciones más insustanciales, y en la práctica, lo que es decisivo, las diferencias son realmente inexistentes. Hasta donde llegan nuestros conocimientos, el grueso, por no decir la totalidad, de lo escrito sobre el "patriotismo constitucional" procede de intelectuales socialistas o cercanos, y apenas de intelectuales del PP, si es que los hay. Sin embargo, comparando lo poco sque unos han dicho con lo suficiente que sí han dicho los otros, y sobre todo, comparando sus mínimas diferencias prácticas sí podemos aventurarnos a adelantar las "diferentes" concepciones del "patriotismo constitucional" del PP y del PSOE.
Los primeros, el PP, lo definirán --lo hacen ya-- como el definitivo cierre de una época de crisis histórica y comienzo de una era eterna de "unidad española", en la que las regiones y, a lo sumo, nacionalidades --nunca ya naciones, porque calificarlas como tal fue un "error y concesión injustificable" en 1978-- reencuentren su identidad colectiva primigenia pero definitivamente modernizada y adaptada a los tiempos mediante la constitución. De ahí, de ese redescubrimiento de su pasado común de donde mayor Oreja extrae la inquisitorial tesis de la "obligación moral" de los vascos para con España, su cuna y ancestro originario. La tesis de que "los vascos son los primeros españoles en la historia", permite al "patriotismo constitucional" del PP imponernos a la fuerza una obligación estricta y total al abarcar hasta la ética, y por tanto no sólo política, de españolidad. Lógicamente, todas las restantes naciones oprimidas --gallegos y catalanes-- pero también todos los pueblos con lengua e identidad cultural diferenciada --los españoles las llaman dialectos regionales-- que quieran dar el paso constructivo a una nación libre y progresista, todas ellas quedan a la vez, automáticamente, bajo la misma "obligación moral".
Los segundos, el PSOE, ofrecen varias definiciones que no podemos resumir aquí, pero de las que sí podemos extraer un resumen que permite decir que su versión del "patriotismo democrático" se caracteriza, primero, por afirmar la necesidad de un nuevo nacionalismo español que supere los "errores" y/o "limitaciones" de los precedentes; segundo, un nacionalismo civil, político y multicultural, antes que étnico, popular y unicultural; tercero, un nacionalismo integrador y tolerante, aglutinador, antes que desintegrador, excluyente e intolerante; cuarto, un nacionalismo español, por supuesto, pero a su vez integrado en el sentimiento de "ciudadanía europea", y en su Constitución, cuando la haya, y, por último, un nacionalismo no patrimonializado por ninguna clase social o partido político, sino expresión del pacto de la ciudadanía multicultural de la nación española. Ahora bien, estas bonitas palabras pierden su encanto cautivador cuando les cae la primera gota de realidad, y en este caso les ha caído el diluvio universal del documento "Impulso Autonómico y Fortalecimiento del Estado de las Autonomías" del PSOE, que deja sin tocar las genéticas prohibiciones antidemocráticas características de la Constitución impuesta a los pueblos oprimidos.
De cualquier modo, e insistimos en esta cuestión clave, estas diferencias son secundarias y accesorias pues lo primario y substancial es la identidad nacionalista, o mejor decir, imperialista, de ambos partidos. No se entiende nada de la historia y del presente del Estado español como cárcel de pueblos, como espacio material y simbólico de acumulación de capital, al margen de las constantes que las llamadas "izquierdas" y la derecha han mantenido sobre la "unidad nacional" de y en la valoración del capital. Y tampoco nada de su futuro, es decir, de los objetivos próximos y lejanos, aunque estos últimos, los lejanos, no preocupen apenas a la burguesía como clase, pero sí a la "izquierda" en cuanto curioso y sorprendente intelectual orgánico del capital y de su Estado, papel que el PSOE cumple con esforzado celo y vocación.
En realidad, los objetivos inmediatos solamente son las necesidades tácticas urgentes impuestas por la agudización de las contradicciones genético-estructurales que vuelven a minar la estabilidad del bloque de clases dominante en el Estado. Son crisis periódicas que nacen de la no conclusión de una revolución burguesa victoriosa que asegurase los mecanismos internos de reproducción ampliada del capitalismo estatal, esto es, una reproducción basada en primera y decisiva instancia en las propias fuerzas internas, en la cohesión estato-nacional y burguesa, y sólo después, en la necesidad del expansionismo imperialista exterior pero como consecuencia de la fuerza expansiva interior y previa. En el caso español, como en otros que no podemos analizar, sucede lo contrario, que la alta burguesía necesita de decisivas ayudas exteriores para asegurar su continuidad en el poder interior y para mantener a su capitalismo en una segunda fila, es decir, para que no descienda a la periferia europea, que es lo que se juega en la actual cuarta reordenación continental.
Pues bien, para concluir, el actual inicio de debate sobre el "patriotismo constitucional" es sólo una forma mistificada y espúrea de ocultar las esenciales identidades imperialistas entre el PP y el PSOE a la hora de, en el contexto mundial vigente, intentar solucionar el negativo impacto que sobre el capitalismo estatal tienen las cuatro fallas genético-estructurales de España como espacio simbólico-material de acumulación de capital: débil unidad estato-nacional, retraso estructural económico y tecnocientífico, corrupción congénita y crisis de legitimidad recurrente. En el contexto mundial actual, estas cuatro crisis que se arrastran en su conjunto desde comienzos del siglo XVIII, por no rastrear cada una de ellas por separado, vuelven a recuperar su naturaleza sistémica y sinérgica, con el efecto cualitativamente negativo que implica. Desde entonces y hasta el presente, los dos más serios intentos burgueses por solucionar esos problemas --las dos repúblicas y su muy corta existencia-- han fracasado; y los intentos del bloque de clases dirigente, basados en la represión militar brutal y sanguinaria bendecida por la Iglesia y apoyada por la prensa y determinadas burguesías extranjeras, aun habiendo triunfado sobre millones de cadáveres y naciones machacadas, a la larga no han logrado resolver los problemas, simplemente los han pospuesto y agudizado. El "patriotismo constitucional" es, así, la preparación y justificación ideológicas de una nueva --otra más, en el fondo-- "solución" desesperada que el PP aplicará fanáticamente y que el PSOE matiza ya con su documento de reforma del Senado y de integración de las autonomías y regiones sin cambiar el sistema constitucional en sus bases centralistas. En este sentido, el PSOE ha mostrado más oportunismo que el PP al asumir que las autonomías pueden tener alguna pequeña representación europea pero siempre dentro e la disciplina del Estado.
EUSKAL HERRIA
2001-11-19
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