|
Los guardias civiles Dorado y Bayo, con 71 años
de condena por secuestro y asesinato, gozan de permisos
|
El juez Garzón autoriza su excarcelación pese a procesarles
por el «caso Oñederra»
Los guardias civiles Enrique Dorado y Felipe Bayo disfrutan ya de
permisos carcelarios, a pesar de estar cumpliendo sendas condenas de 71
años y 8 meses de prisión por el secuestro y muerte de Joxean
Lasa y Joxi Zabala. Baltasar Garzón les comunicó ayer su
procesamiento por el «caso Oñederra».
Los guardias civiles Enrique Dorado y Felipe Bayo, que cumplen sendas
condenas de 71 años y 8 meses de prisión por el «caso
Lasa-Zabala», disfrutan ya de permisos carcelarios, según
fuentes jurídicas y penitenciarias citadas ayer por Efe.
Dichas fuentes señalaron que un juez de Vigilancia Penitenciaria
de Madrid ha concedido un permiso de excarcelación de seis días
al primero de ellos, que cumple condena en Alcala-Meco, mientras que Bayo,
ingresado en la prisión militar de Alcalá de Henares, se
ha beneficiado ya de varios permisos.
El Tribunal Supremo les condenó en julio de 2001, junto al general
de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo, el ex gobernador
civil de Gipuzkoa, Julen Elgorriaga y el teniente coronel Angel Vaquero
por el secuestro y la muerte en 1983 de los refugiados Joxean Lasa y Joxi
Zabala.
Sin embargo, ambos están clasificados en segundo grado penitenciario
al igual que Galindo lo que les permite solicitar hasta 36 días
de permiso al año, en periodos máximos de seis días.
En coincidencia con estas excarcelaciones, el juez Baltasar Garzón
comunicó ayer a los dos ex agentes de Intxaurrondo su procesamiento
en el «caso Oñederra», donde se investiga la autoría
de tres atentados cometidos en Ipar Euskal Herria que costaron la vida
a tres refugiados y a un joven de Ziburu.
El representante de la acusación popular, Teodoro Mota, solicitó
prisión incondicional para ambos ante la posibilidad de una fuga
al disfrutar ambos de los permisos penitenciarios. Citó, además,
la alarma social y la gravedad de los hechos.
Garzón, no obstante, decidió mantener su situación
de libertad por entender que «no existen datos o elementos objetivos
que hagan pensar que puedan eludir la acción de la Justicia».
Gara
|