La mejor interpretación sobre el último auto de Baltasar Garzón imputando «integración en organización terrorista» a veintidós ciudadanos vascos la ofreció ayer el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Astarloa, al asegurar que entra «dentro de la lógica jurídica y política».

Entra en la lógica judicial porque «la ilegalización de Batasuna debe ir acompañada de la determinación y la imputación de las responsabilidades individuales de las personas que han tomado las decisiones que han llevado a que la organización, en sí misma, sea ilegalizada». Y entra en la lógica política porque «en el combate del Estado en la lucha contra el terrorismo están abiertas todas las líneas para cerrar cualquier margen de impunidad». Lo que el secretario de Estado de Seguridad está queriendo decir es que todo vale contra el independentismo vasco, puesto que él mismo mezcla el proceso de ilegalización de Batasuna, que sigue su vía en el Tribunal Supremo, con la instrucción de Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional, que teóricamente tiene otro fin. Pero como evidencia Ignacio Astarloa, todas las actuaciones son complementarias o, como sospechan muchos, están dirigidas por un mismo sujeto hacia un único fin. En cuanto al auto en sí, los 19 folios hechos públicos por Garzón vuelven a ser un tótum revolútum en el que se mezclan nombres con cuestionable criterio tanto político como histórico, pues lo mismo aparece José Miguel Beñaran Ordeñana, Argala, muerto en 1978, que Joseba Urquijo Borde, Kinito, acusado en su momento de ser confidente de la policía española. En cuanto a la labor instructora propia del juez, baste observar que el auto se basa directamente en el informe presentado por la UCI el pasado lunes, sin que Baltasar Garzón haya siquiera reparado en algunas imprecisiones flagrantes que contiene el escrito o se haya detenido a corregirlas.

Y es que tanto el juez como los dirigentes políticos que ayer se apresuraron a decir que «el auto convierte en certeza jurídica lo que era certeza moral, que Batasuna y ETA es lo mismo» no necesitan de pruebas que después puedan ser sostenidas en un juicio imparcial. La condenas ya están establecidas y surten efecto antes de que cualquier tribunal pueda dictar sentencia.

Ahora, la cuestión, una vez más, está en cómo articular los mecanismos y aunar las voluntades para pasar de la denuncia de la injusticia evidente a la superación de este estado de excepción.

22/11/02