Nuevamente el juez-showman español Baltasar Garzón demuestró el pasado 31 de julio su fobia paranoica hacia todo vasco que luche por la independencia y el socialismo.

Por enésima vez ha procesado a 31 miembros de la organización socialista e internacionalista EKIN "por pertenencia o colaboración con ETA", su argumento preferido, por no decir el único en el que se ampara para estas ilegalidades dirigidas desde el Ministerio de Interior y las emisoras de radio de sectores reaccionarios de este supuesto país democrático.

No le basta a este líder de la in-justicia española, que a los tres o cuatro meses de encarcelar a varios miembros de EKIN, sus "argumentos y suposiciones" sean rebocados por instancias superiores de la misma judicatura española. Este elemento aprovecha esos meses de secuestro carcelario para torturar a los ilegalmente detenidos, amenazar, amedrentar y vejar a sus familiares y dejar en manos de los torturadores profesionales de la policía española a estos luchadores por la soberanía y el socialismo de Euskal Herria.

Y todo esto sucede el mismo día en que el País titula que "Garzón ordena el ingreso en prisión del ex militar argentino Adolfo Scilingo". Este titular, acompañado por el de las detenciones a los militantes vascos, pretende demostrar que Garzón es enemigo de todo lo "antidemocrático". Pero esconden la verdadera táctica del gobierno: eclipsar el procesamiento de 31 militantes de izquierda con la intención de encarcelar a un militar genocida argentino.

Estas acciones resultan muy estimulantes para la izquierda parlamentaria, y sobre todo para la derecha más reaccionaria, que lejos de importarle lo que le suceda a un militar tercermundista, disfruta viendo entrar en la cárcel a decenas y decenas de "terroristas". La casi total impunidad de la que disfrutan los genocidas latinoamericanos hace caer en la trampa a muchos pseudo-izquierdistas, que llegan a creer en la bondad de Garzón. Y aplauden incondicionalmente sus operaciones, olvidando lo inteligente que es encarcelar a un anciano militar en sudamérica para lograr legitimizar la brutal represión judicial que dirige sobre la izquierda vasca.

La obsesión persecutoria inquisidora no termina ahí, este elemento también ha fijado su mirada en dos parlamentarios de EH, Josu Ternera y Jon Salaberria y solicita se les investigue "como máximos responsables" de la organización EKIN.

Los "delitos" que les quiere imputar a los dos parlamentarios son la participación de estos en reuniones de EKIN y su presencia en el proceso de fusión entre las asociaciones juveniles Jarrai y Gazteriak, con lo cual conculca una vez más uno de los derechos, que él como juez supuestamente juró defender, que incluye la más que prostituída constitución de ese país.

Entre los 31 procesados, que bajo el estado paranoico de este títere, llegó a considerarlos como "comisarios políticos de ETA", seis permanecen encarcelados, figuran Alegría, el abogado de Gestoras Pro Amnistía José María Matanzas, la ex portavoz de Jarrai Ane Lizarralde y el ex edil de EH en Berriozar (Navarra) Jaime Iribarren, estos dos últimos en prisión. Todos estas personas son militantes activos que trabajan por el socialismo, el feminismo y el ecologismo radical para Euskal Herria. Algo que el gobierno central del PP no puede tolerar de ninguna manera.