La persecución a la expresión política de la izquierda abertzale en el Estado español ha sido una constante desde 1979, cuando se prohibió su incripción en el registro, hasta 1998, cuando la Mesa Nacional en pleno fue a prisión. Sin embargo, en el último año el ataque ha crecido cuantitativa y cualitativamente con un fin declarado:la ilegalización.

Al socaire del 11 de setiembre, el Estado español puso en marcha una intensa y extensa dinámica de persecución a Batasuna que incluye medidas de ahogo económico, registros de sedes, detenciones de responsables y, como colofón, el intento de ilegalización. Estos son los episodios más significativos de los últimos seis meses:

16 de octubre de 2001 - El presidente español, José María Aznar, anuncia el objetivo de tratar de incluir a Batasuna en la «lista de organizaciones terroristas de la UE».

8 de noviembre - Jaime Mayor Oreja, vicesecretario general del PP y ex ministro de Interior, asegura que Batasuna «forma parte de ETA» y «vive en una aparente legalidad», y avanza que el Ejecutivo de Madrid «busca resquicios legales» para poder actuar contra ella.

19 de noviembre - PP y PSOE comienzan a debatir las posibilidades de ilegalizar a Batasuna en el marco del pacto impulsado por José Luis Rodríguez Zapatero. Arnaldo Otegi anuncia que su formación «tiene todo atado y bien atado» para el caso de que este ataque se lleve a cabo.

27 de noviembre - El Gobierno del PP anuncia cambios legales para impedir a Batasuna cualquier tipo de subvenciones electorales. Daría así carácter legal a unos impagos que ascienden a cerca de cinco millones de euros desde los comicios estatales de 1982 a los de 1996.

28 de noviembre - El eurodiputado Graham R. Watson confirma que la UE no tiene ninguna intención de incluir a una formación política legal en la «lista de organizaciones terroristas». El Ejecutivo del PP se conforma con poder hacerlo en el futuro, en alguna de las revisiones semestrales.

20 de febrero de 2002 - Los representantes del PP y el PSOE en el pacto anti-ETA acuerdan impulsar una modificación de la Ley de Partidos con el objetivo de ilegalizar a Batasuna. Además, plantean otras medidas como el bloqueo de cuentas de actividades «relacionadas con el entorno terrorista». El PSOE no plantea objeciones.

7 de marzo - La Policía española entra en cuatro herriko tabernas de Batasuna ­dos de Donostia, una de Bilbo y otra de Gasteiz­ en el marco de una operación del juez Baltasar Garzón contra Segi.

17 de marzo - Mayor Oreja subraya que la modificación de la Ley de Partidos «es la medida política más relevante de los últimos tiempos» y se pregunta «si es posible que una organización política que tenga en sus filas a más de cien personas con procesos pendientes, encarceladas o que nunca condenen el terrorismo sea un grupo político más».

21 de marzo - El responsable de Finanzas de la Mesa Nacional, Jon Gorrotxategi, y Mikel Corcuera, empleado de esta formación, son detenidos en la frontera entre los estados belga y francés por llevar en su coche 200.000 euros. La jueza especial Laurence Le Vert les imputa «asociación de malhechores» porque, en función de su filiación política, entiende que el dinero que portaban puede estar relacionado con ETA.

30 de marzo - Jokin Aranalde, coordinador de Batasuna en Tolosaldea, es detenido en el marco de una redada policial en esta localidad y otras cercanas. Tras tres días en comisaría, tras los cuales denuncia múltiples maltratos incluso de carácter sexual, queda finalmente en libertad bajo fianza. Mientras tanto, la sede de Batasuna en Tolosa, Herri Biltokia, queda precintada.

15 de abril - El portavoz del Gobierno de Gasteiz, Josu Jon Imaz, afirma que José María Aznar y su gobierno «echan un capote» a Batasuna al promover su ilegalización. «Ni sus estrategas más optimistas imaginaban una situación tan favorable», indica.

19 de abril - El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de Ley de Partidos destinado a excluir a Batasuna tras recibir el informe aprobatorio del Consejo General del Poder Judicial ­pese a las reticencias formales de los vocales nombrados por PSOE, IU y CiU­ y del Consejo de Estado. El PSOE anuncia que presentará enmiendas al texto en las Cortes. Su discrepancia principal es la disconformidad con que 50 diputados o senadores puedan bastar para promover la ilegalización de la formación abertzale.

22 de abril - La Fiscalía General del Estado anuncia una querella contra el parlamentario abertzale en Gasteiz, Jon Salaberria, por una intervención en el pleno referida a la lucha armada de ETA. Días antes había hecho lo mismo contra Arnaldo Otegi, portavoz de Batasuna, al que acusa de gritar «Gora ETA» en la celebración del Aberri Eguna.

23 de abril - El ministro de Justicia español, Angel Acebes, afirma que Batasuna debe ser puesta fuera de la ley porque, según sus datos, tiene a 400 miembros a los que relaciona con ETA.

24 de abril - Batasuna da a conocer que ha detectado una vigilancia policial permanente sobre sus sedes y que al menos cuatro coches pertenecientes a miembros de la Mesa Nacional o militantes han aparecido forzados en las últimas semanas, por lo que estima que «no es de extrañar que en los próximos días se articule alguna nueva operación policial contra nuestra formación».

26 de abril - Acebes asegura que el PP ya ha cerrado un acuerdo con el PSOE sobre la fórmula para ilegalizar a Batasuna, aunque el partido de José Luis Rodríguez Zapatero ni lo confirma ni lo desmiente, y cargos del PSE expresan escepticismo sobre los efectos que tendría esta medida.

28 de abril - Los dirigentes de Batasuna alertan de una operación policial próxima «que va a golpear a Batasuna de forma masiva», y la relaciona con la propuesta de construcción nacional dada a conocer el día anterior en Bilbo. Sitúa este operativo «en las próximas horas o días». Juan José Ibarretxe elude dar su opinión a este respecto porque «se trata de hipótesis».