La tesis aquí defendida dice que la ilegalización de Batasuna es necesaria para asegurar la compleja y contradictoria reestructuración del Estado español; es decir, del espacio simbólico-material de acumulación del capital en lo que definen como "nación española"; reestructuración destinada a impedir que su clase dominante siga retrocediendo en la jerarquía imperialista, disminuyendo su tasa de ganancia, perdiendo poder político y siendo cada vez más incapaz de contener el descoyuntamiento de su "unidad nacional". La tesis dice que si bien esta reestructuración ya se ideó en sus objetivos irrenunciables viviendo el dictador Franco, después ha tenido que ser retocada y mejorada en varios momentos. Uno de esos retoques se inició a comienzos de 1990 y, como todos los anteriores, ha chocado con la fuerza y coherencia de la izquierda abertzale en concreto y con el proceso de construcción nacional de Euskal Herria.

El análisis de la ilegalización exige realizar, como mínimo, tres niveles de estudio cada vez más profundos hasta bucear al núcleo del problema. El primero es el más formal y superficial, se aprecia a simple vista y hace referencia al inaceptable contenido antidemocrático de la ilegalización, contenido que no se le escapa a nadie por su monstruosidad. El segundo, ya algo más oculto e interno, hace referencia al proceso subterráneo que impulsa la ilegalización y que saca a la superficie una serie de ataques represores que nos remiten al PSOE en el Gobierno de Madrid. El tercero, nos descubre la razón última de la ilegalización, nos introduce en el contenido de opresión nacional, de clase y de género del Estado español, y explica qué está sucediendo y porqué al agudizarse sus contradicciones internas.

Que el primer nivel de análisis, el de la manifiesta barbaridad antidemocrática de la ilegalización, sea el más fácil e inmediato de hacer no supone que tenga menos importancia. La tiene y mucha. Suprimir de un plumazo derechos mínimos y elementales que garantizan la participación sociopolítica y cultural de un sector social caracterizado por sus reivindicaciones y movilizaciones, es tanto como advertir y amenazar a los demás sectores, no tan activos, que pueden correr la misma suerte si algún día radicalizan sus posturas. Suprimir esos derechos al sector social que ofrece permanentemente una solución democrática a problemas históricos irresueltos, es oficializar una situación represiva, elevarla a la máxima tensión, hundir a la sociedad en un cenagal de incertidumbre, angustia y miedo. De hecho, tal situación ya existe pues el Gobierno ha cerrado periódicos, revistas y radios, ha ilegalizado organizaciones, ha detenido a centenares de personas y encarcelado a decenas, y ha dado total libertad a la tortura más salvaje y sexista. La ilegalización de Batasuna es un paso cualitativo que extiende esa dinámica a toda la sociedad. Ya en este marco, quien no quiera verse en problemas no sólo deberá demostrar ser fiel y obediente, sumiso, cuidando no cometer actos que le hagan sospechoso, convirtiéndose en su propio policía y autocensurándose, vigilándose a sí mismo sino que, sobre todo, deberá vigilar a las personas circundantes. Renacen del museo de los horrores los atroces sistemas de los sátrapas, tiranos, césares, reyezuelos, sultanes, emperadores y dictadores de todas las épocas que recelan hasta de su propia sombra.

Ilegalizando a Batasuna el Gobierno quiere demostrar fuerza, decisión y solidez pero, buceando ya al segundo nivel del análisis descubrimos que, en contra de lo que se cree desde el sentido común, un régimen es tanto más débil en su capacidad de responder a las crisis que padece cuanto menor es su adaptabilidad, maleabilidad y poder de integración. Antes incluso de que la burguesía democrática de los siglos XVII-XVIII asumiera el principio de buena y efectiva dominación sin estridencias, ya lo habían descubierto los reformadores griegos y romanos. Sin embargo, este método necesita condiciones objetivas que lo faciliten, pero esta no es la situación española, al contrario. El PP llegó al Gobierno de Madrid en una situación más deteriorada y grave para los intereses del capitalismo español que la existente en 1982, cuando el triunfo del PSOE. Conviene recordar que en la primera mitad de 1971-80, dentro del franquismo hubo alguna propuesta de adaptación a los cambios internos y externos; que a mediados de esa década claudicó la oposición y se impuso la continuidad de los pilares esenciales del poder de siempre: propiedad privada de los medios de producción, apropiación individual por la burguesía del grueso del producto del trabajo social, unidad incuestionable del Estado español y papel estratégico de las fuerzas armadas. El rey que Franco nombró fue elevado a piedra angular del montaje constitucionalista pero para finales de 1971-80, el andamiaje estaba en crisis de derrumbe, se preparaban diversos golpes de Estado, se minaba desde dentro a la UDC y, un sector negociaba las condiciones de llegada del PSOE al Gobierno de Madrid. Por no extendernos, a comienzos de 1981-90, la crisis era tremenda y, tras una serie de avatares, el PSOE llegó al Gobierno.

El PSOE pretendió cerrar el proceso de descentralización regionalista --Estado de las autonomías-- tal como se impuso inmediatamente después al 23-F de 1981. Quiso racionalizar la corrupta e ineficaz burocracia estatal. Intentó modernizar el atrasado capitalismo estatal y pretendió adecuar el nacionalismo español a las condiciones del momento. Fracasó substancialmente en las cuatro pues a comienzos de 1991-2000 la unidad nacional del Estado español no sólo no estaba asegurada sino que se resquebrajaba ante las presiones de las burguesías periféricas y el aumento de los sentimientos nacionales, culturales e identitarios. Además, el PSOE no acabó con la corrupción e ineptitud burocrática sino que él mismo se corrompió hasta la médula. Por si fuera poco, los cambios del capitalismo mundial y europeo amenazaron duramente a la burguesía española y, para colmo, tampoco pudo re-crear el desprestigiado nacionalismo español. Pese a que los últimos años de su mandato fueron de un endurecimiento represivo sistemático en esos cuatro problemas, empezó a ser atacado por la propia burguesía que le había ayudado a llegar al Gobierno. La famosa "confabulación" contra el PSOE estaba en marcha, como se demostró luego. Y el PP tenía la misión de resolver por fin lo que no habían resuelto el PSOE ni la UCD, y lo que el propio franquismo había congelado bajo un océano de sangre helada pero no había exterminado definitivamente.

Pero a comienzos de la década de 1991 el capitalismo mundial aceleró la estrategia de salida de la crisis iniciada en 1968-1973 y que, con altibajos y recuperaciones regionales y transitorias, se mantenía hasta entonces. Que esa crisis no se ha resuelto y que se ha ahondado desde entonces es algo que ahora no podemos analizar, pero que explica en parte la aceleración y en endurecimiento de la estrategia represiva del PP. La otra parte de la explicación consiste en la agudización de las contradicciones estructurales que minan al Estado español como efecto del fracaso del PSOE en solucionarlas. La ilegalización de Batasuna aparece desde ese momento como una prioridad urgente para el Estado español, prioridad ya anunciada desde 1994, sin mayores precisiones, cuando las fuerzas represivas aumentan sus ataques a EGIN, LAB, JARRAI, KAS, etc., en una dinámica acelerada desde finales de 1981-90, con el PSOE aún en el Gobierno de Madrid. Conforme avanzaba la segunda mitad de la década de 1991, con sus bruscos y en apariencia incoherentes cambios coyunturales--desde la suspensión de sus acciones por ETA durante una semana en 1996, la arremetida represiva contra EGIN y HB, la fascistada de verano de 1997, la firma del acuerdo de Lizarra-Garazi de 1998, el alto el fuego unilateral e indefinido por parte de ETA, los contactos entre ETA y el Gobierno, las provocaciones del Gobierno y del PSOE, la pasividad y marcha atrás del PNV, la paciencia de ETA y sus advertencias, los errores de la izquierda abertzale, la vuelta a la actividad armada por parte de ETA, la contraofensiva general del PP-PSOE, las elecciones en la CAV, etc.,-- pese a estos cambios, aparecía cada vez más claramente la existencia de un contexto histórico por debajo de los cambios de sus coyunturas pasajeras.

De esta forma, la ilegalización de Batasuna se convierte en la prioridad del Estado para desbloquear el parón en el que se encuentra su reestructuración. Antes de pasar al análisis detenido de este asunto hay que insistir en que es una urgencia del Estado que no sólo del PP. Se equivoca quien crea que el PSOE no hubiera llegado a una situación así. El PSOE es copartícipe consciente de y en la estrategia del PP, distanciándose un poco en la forma de la ilegalización pero no en su contenido y objetivo. Aunque el PP ha endurecido, acelerado y ampliado el sistema represivo, lo ha hecho contando con el aval del PSOE, sobre los bases ya creadas por él, recurriendo a la intelectualidad del PSOE, y movilizando a sindicatos y colectivos sociales cercanos al PSOE como UGT y a otros cercanos al IU como CCOO y un montón de ONGs. Ahora bien, que estas y otras burocracias, grupos y colectivos que hace tiempo abandonaron sus ideales y se integraron en el sistema dominante, colaboren fervorosamente en el ataque a las libertades básicas, este retroceso sólo se comprende si estudiamos la evolución histórica de las contradicciones estructurales del Estado español, lo que nos lleva al tercer nivel del análisis.

En efecto, el capitalismo español está perdiendo competitividad en la pugna caníbal con otras burguesías más poderosas. Todos los datos indican un aumento de los riesgos de definitiva periferización en la Unión Europea, lo que sería una catástrofe para la burguesía española, un desastre que cerraría toda posibilidad de recuperación sostenida y competitiva de la tasa de beneficio, que es de lo que se trata en última instancia, al menos durante otra onda o fase histórica del capitalismo mundial. Sin entrar al debate sobre si, como dice el rey que Franco nombró, la crisis española se inició en 1713 --fue antes--, sí hay que decir que la burguesía que manda sobre ese rey es consciente de que, uno, la crisis histórica existe realmente; dos, que se expresa en las contradicciones estructurales que minan a su Estado desde el siglo XVII; tres, que van creciendo desde entonces pese a las brutales y sanguinarias medidas impuestas para solucionarlas y, cuatro, que los cambios del capitalismo mundial y las crisis del Estado están agotando el tiempo de reacción. Es muy significativo que las razones del PCE y del PSOE para claudicar ante la burguesía en 1974-78 sean esencialmente idénticas a las que ahora se citan para apoyar directa o indirectamente la ilegalización de Batasuna. Entonces había que "salvar la democracia" y ahora hay que "salvar la constitución". Antes y ahora, lo que está en el fondo del problema es la continuidad del Estado español como espacio simbólico-material de acumulación de capital.

Desde el siglo XVII la incipiente y débil burguesía española ha mostrado una permanente incapacidad para tomar el poder político y lanzar una industrialización extensiva e intensiva en su territorio, industrialización endógena, autónoma y dotada de una tecnología propia y garantizada por la acumulación de un capital propio. Las cuatro contradicciones que analizamos --debilidad del Estado-nación español, tendencia al ascenso de las reivindicaciones de las naciones oprimidas, atraso congénito del capitalismo estatal e ineptitud y corrupción burocráticas-- derivan de tal incapacidad y la agudizan. Pero es en los momentos de máxima gravedad cuando las contradicciones tienden a concentrarse en dos grandes grupos de problemas explosivos en interacción mutua pero con velocidades diferentes por efecto de la ley del desarrollo desigual y combinado. Nos referimos a la opresión nacional y a la explotación de clase --la explotación de género está dentro de ambas-- de manera que, periódicamente, cuando esos bloques explosivos se interpenetran y coinciden a la vez con crisis externas, se tambalean y tiemblan las bases profundas del Estado español, y la burguesía lanza sus ejércitos a la calle. En 1931-39 se vivió una crisis así, por no retroceder en el análisis, y otra comenzó a gestarse en 1969 con su inicio político en el Consejo de Guerra de Burgos, y se oficializó con la acción armada que mató a Carrero Blanco. ETA estaba en el epicentro de ambos acontecimientos. Toda la década de 1970 estuvo marcada por la dialéctica de la interpenetración de ambas contradicciones explosivas. De entra todas las izquierda que entonces pululaban en el Estado, sólo la independentista vasca supo teorizar correctamente dicha interpenetración sintetizada en la V Asamblea de ETA al fusionar la lucha de liberación nacional con la lucha socialista del pueblo trabajador. La claudicación y la traición de casi todas las izquierdas restantes mantuvo en el poder a la burguesía española pero no resolvió el problema histórico de fondo.

La clase obrera estatal fue derrotada y la sociedad sometida a una alienación masiva y a una pasividad desquiciante. Salvo luchas aisladas y defensivas, se impuso el olvido y el sálvese quien pueda. El yuppismo y el postmodernismo fueron de la mano de la corrupción y los trepas, que han encontrado en el PP su nuevo ecosistema local y microclima de enriquecimiento, aparecen ahora como los voceros de la ética y de la democracia. Durante buena parte de la década de 1980 y la mitad de la de 1990, sólo la izquierda abertzale y algunas honrosas luchas en el Estado mantuvieron la coherencia y la dignidad, pero su heroísmo no ha sido baldío e inútil porque desde hace unos años renacen las luchas, surgen nuevos colectivos, se constata el fracaso del modelo impuesto hace un cuarto de siglo. Esta nueva oleada se produce, además, cuando las presiones exteriores sacan a la luz el fracaso en la modernización del capitalismo estatal. La burguesía y el reformismo estatales conocen el doble problema y también las burguesías regionalistas catalana y vasca, que anteponen sus intereses clasistas a cualquier otra cosa. Por su parte, la mediana burguesía vascongada, representada por el PNV y la pequeña burguesía representada en EA, esperan con egoísta codicia que la ilegalización de Batasuna engorde su bolsa de votos y de dinero. También los grupitos que fueron de izquierdas, que participaron en Lizarra-Garazi y que ahora están fuera, esperando como los buitres.

El Estado cree erróneamente que ilegalizando Batasuna derrotará definitivamente a la izquierda abertzale, aumentará la docilidad miedosa del PNV-EA-IU bajo amenaza de su ilegalización, cortará de cuajo la nueva oleada de luchas en el Estado y reestructurará su dominación por los siglos de los siglos, insertando definitivamente la "nueva España" dentro del capitalismo europeo y mundial.

EUSKAL HERRIA
2002/4/11