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Hemos conocido en estos días la desgraciada noticia de la muerte de un ser humano: Antonio Fonseca. Era un ser humano africano, negro, guineano, inmigrante, persona. Ya llevaba algún tiempo por aquí, parece que había pasado por diversos lugares del Estado español malviviendo por pobre, trapicheando y trabajando por hambre, tratando de sobrevivir por marginado. Si hubiera sido rico no habría tenido tantos problemas, todo hubieran sido facilidades, aun siendo inmigrante.
No ha muerto de muerte natural, ha muerto matado. Ha sido asesinado en dependencias policiales con evidentes muestras de tortura; asesinado a sangre fría por prácticas habituales de las «FOP» del Estado español. Torturas no reconocidas, ni por la Policía Nacional, ni por el gobierno.
Siento dolor y repulsa por este hecho que es contrario a las leyes españolas, a los derechos de los inmigrantes y a los Derechos Humanos. Antonio Fonseca deja esposa y dos hijos. Y siento decir que no he visto carteles denunciando el hecho, ni pintadas, ni manifestaciones. Tampoco ha habido concentraciones en los ayuntamientos de pueblos y ciudades, ni pancartas, ni declaraciones de los profesionales de la política. No he visto programas especiales en la televisión. Los líderes políticos no se han acercado a la desconsolada familia a darle el pésame, ningún obispo ha celebrado su funeral.
Dicen que van a investigar el hecho y, si procede, depurar responsabilidades. Pero este pueblo tiene experiencia en esas lides y sabemos lo que eso significa, máxime teniendo en cuenta las declaraciones acusatorias que Gobierno y Policía han hecho contra quien ya no puede defenderse. ¿Serán condecorados los responsables directos de las torturas infligidas al ser humano guineano o serán castigados por no haberlo hecho sin que se notase? Recuerdo al hoy presidente del Gobierno español decir sobre el GAL que el problema era lo mal que lo habían hecho.
Más preguntas: ¿Serán acusados y detenidos los responsables de las «Fuerzas de Orden Público» de Lanzarote o sólo los números que designen ellos como responsables? ¿Será acusado y detenido el delegado del Gobierno en la Comunidad Canaria? ¿Será acusado y detenido el ministro Mayor Oreja como máximo responsable de la institución policial?
Insisto en lo de prácticas habituales: según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía han sido asesinados en los seis primeros meses de este año 150 inmigrantes. Los datos del Defensor del Pueblo de Andalucía cifran en 1.500 los inmigrantes muertos y desaparecidos en los cinco últimos años.
En este país hay demasiada violencia por todas partes, practicada en muy diversas formas. Y la violencia institucional no es ni menor ni menos grave, sino la más repudiable por ser ejercida desde el poder. Hoy las gargantas de mi pueblo no han vibrado por muchos muertos matados.
Rodolfo Izal Elorz Villava (Nafarroa), agosto 2000
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